STC16382-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16382-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-10-000-2021-00853-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de diciembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (01) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Jos\u00e9 Alejandro, Juan Antonio, Mar\u00eda Clemencia y Aurelio Castilla Hern\u00e1ndez frente a la sentencia del 13 de septiembre de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que \u00c1ngela y Mar\u00eda Jos\u00e9 Castilla Orozco le instauraron al Juzgado Diecinueve de Familia de Bogot\u00e1, extensiva a los intervinientes en el proceso de alimentos con radicado n\u00b0 110013110019-2010-00668-00. <\/p>\n
1. Las gestoras pidieron que se ordenara i). \u00abla entrega del (\u2026) dep\u00f3sito Judicial No. 220417632 del 8 de febrero de 2018 por la suma de $15\u00b4700.000.oo\u00bb que fue constituido como garant\u00eda de alimentos futuros, ii). \u00abel pago de los [otros] t\u00edtulos pendientes por pagar\u00bb, y iii). el reconocimiento de \u00ablos alimentos a que t[ienen] derecho hasta los 25 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
En sustento, adujeron ser beneficiarias de la cuota de alimentos fijada en el proceso objeto de revisi\u00f3n a cargo de sus abuelos paternos ya fallecidos. Relataron que el 8 de febrero de 2018 los herederos de los obligados constituyeron dep\u00f3sito judicial por $15\u00b4700.000 a fin de garantizar alimentos futuros de las accionantes y como requisito para levantar la medida cautelar que pesaba sobre un inmueble que garantizaba la mesada. Manifestaron que a \u00f3rdenes del despacho, y en su favor, se encuentran 11 t\u00edtulos judiciales. De la falta de entrega de los rubros se\u00f1alados, derivaron la lesi\u00f3n a sus derechos fundamentales. <\/p>\n
De otra parte, narraron que con el fin de sufragar sus gastos universitarios impetraron dos libelos ejecutivos que fueron rechazados por la agencia encartada (10 mar. y 3 sep. 2021), prove\u00eddos que acusaron por esta senda porque, a su parecer, lesionaron su derecho de alimentos. <\/p>\n
2. El Juzgado Diecinueve de Familia de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que desestim\u00f3 las peticiones de entrega del dep\u00f3sito de garant\u00eda de alimentos futuros en prove\u00eddos del 23 de julio de 2019 y 3 de septiembre hoga\u00f1o. Indic\u00f3 que ante las demandas ejecutivas de las gestoras profiri\u00f3 autos de rechazo el 10 de marzo y 3 de septiembre de 2021. Lo anterior tras considerar que la discusi\u00f3n sobre cuota alimentaria a cargo de los causantes debe ser ventilada al interior de su respectivo juicio sucesorio. <\/p>\n
El Juzgado Tercero de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 hizo un relato de sus actuaciones surtidas en la fase de ejecuci\u00f3n del litigio cuestionado y pidi\u00f3 la improcedencia del resguardo. Por su parte, el Juzgado Veintiuno de Familia de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que en ese despacho no se tramita el proceso objeto de revisi\u00f3n. <\/p>\n
El Banco Agrario se\u00f1al\u00f3 que \u00abse evidenciaron dep\u00f3sitos judiciales constituidos, donde figura como Demandante y\/o Demandada la se\u00f1ora MARIA CLAUDIA OROZCO GONZALEZ con C.C. 51.904.307, los cuales se encuentran en estado, pagados, cancelados por conversi\u00f3n, fraccionamiento y pendiente de pago, con corte al 01 de septiembre de 2021\u00bb. Pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del sumario por falta de legitimaci\u00f3n por pasiva. <\/p>\n
Las apoderadas de las promotoras se manifestaron frente a los hechos, una de ellas coadyuv\u00f3 la petici\u00f3n constitucional y la otra pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite. De otro lado, el apoderado de los ejecutados en el pleito acusado se pronunci\u00f3 a los hechos denunciados y pidi\u00f3 la improcedencia de la salvaguarda. <\/p>\n
3. La primera instancia deneg\u00f3 el amparo en lo que respecta a los t\u00edtulos judiciales pendientes de pago tras considerar que las gestoras no acudieron a reclamarlos ante el despacho querellado. En lo referente al dep\u00f3sito de garant\u00eda futura de alimentos, predic\u00f3 que las censoras no recurrieron el auto que deneg\u00f3 su entrega (23 jul. 2019) y destac\u00f3 la ausencia de inmediatez; sin embargo, concedi\u00f3 el amparo en lo que respecta al prove\u00eddo que rechaz\u00f3 el \u00faltimo libelo ejecutivo (3 sep. 2021) porque, a su juicio, carec\u00eda de motivaci\u00f3n frente a los herederos de los causantes obligados a la mesada alimentaria. <\/p>\n
4. Los recurrentes criticaron que el fallo ordenara al juzgado pronunciarse sobre su participaci\u00f3n en el ejecutivo porque, a su parecer, la obligaci\u00f3n alimentaria recae sobre la sucesi\u00f3n de los abuelos de las gestoras y no sobre los herederos. Reiteraron los argumentos de su escrito de intervenci\u00f3n en la primera instancia del resguardo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Estudiados los reclamos tutelares se impone la revocatoria del fallo objetado y, por ende, el fracaso del amparo porque sobre algunas de las providencias acusadas se extra\u00f1a el requisito de inmediatez y sobre otras se echa de menos el presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
2. En lo que respecta a la pretensi\u00f3n consistente en que se ordene al despacho accionado entregar el dep\u00f3sito de garant\u00eda de alimentos futuros por valor de \u00ab$15\u00b4700. 000.oo\u00bb, se observa que las gestoras elevaron dicha petici\u00f3n al juzgado, quien la desestim\u00f3 en auto del 23 de julio de 2019, de lo que emerge con facilidad que desde la \u00e9poca de esa providencia hasta la interposici\u00f3n del amparo (26 ago. 2021) han transcurrido m\u00e1s de los seis meses que la jurisprudencia constitucional ha establecido como t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de este mecanismo excepcional. No en vano, esta Sala ha reiterado que: <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la improcedencia del auxilio frente a ese particular se torna evidente, pues como en casos similares se ha dicho, \u00abno se entiende por qu\u00e9 si la amenaza o violaci\u00f3n del derecho era tan perentoria, no se acudi\u00f3 al mecanismo constitucional con anterioridad. Como consecuencia de ello, permitir un excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una reclamaci\u00f3n constitucional contra una providencia judicial, puede afectar adem\u00e1s el principio de seguridad jur\u00eddica; de tal manera que la inmediatez sea claramente una exigencia ineludible en la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales\u00bb (Sentencia T-879 de 2012 reiterado SU184\/19) (resaltado de ahora). <\/p>\n
Con todo, del informe de la agencia encartada emerge que en prove\u00eddo del 3 de septiembre hoga\u00f1o se desestim\u00f3 una vez m\u00e1s la solicitud de entrega del t\u00edtulo en comento, sin que dicha determinaci\u00f3n haya sido objeto de reparo por parte de las gestoras, de lo que se colige su incuria frente a la posibilidad que tuvieron de reprochar la decisi\u00f3n que por esta senda cuestionan, por lo que se hace ostensible el desconocimiento del car\u00e1cter subsidiario y excepcional que caracteriza a este tipo de tr\u00e1mite constitucional. No en vano, sobre la desidia que se pone de presente, ha reiterado esta Sala que: <\/p>\n
Es decir, cont\u00f3 con la oportunidad de exponerle al juzgado acusado las razones de su inconformidad y reclamarle en pro de sus intereses y no lo hizo; por el contrario, dej\u00f3 fenecer el t\u00e9rmino procesal que le fuera otorgado para que pudiera rebatir tal resoluci\u00f3n y as\u00ed le fuera revisado su descontento, sin que este camino pueda convertirse en un medio alternativo para revivir las oportunidades desaprovechadas, cuesti\u00f3n que cercenar\u00eda los principios nodales que edifican este mecanismo constitucional. Por tanto, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el reproche expresado, dado el car\u00e1cter residual de este resguardo, que impone el agotamiento previo de los instrumentos de defensa previstos al interior del tr\u00e1mite; de otra manera, se convertir\u00eda en una ruta para renacer las etapas clausuradas, cuesti\u00f3n que se contrapone a la acci\u00f3n de amparo. (Sentencia STC7560-2018). Subrayas resaltadas. <\/p>\n
En suma, se frustra el resguardo en lo que respecta a las decisiones que denegaron la entrega del t\u00edtulo judicial rese\u00f1ado (23 jul. 2019 y 3 sep. 2019) por el desconocimiento de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
3. En lo referente a la entrega de los dem\u00e1s dep\u00f3sitos judiciales que se encuentran a \u00f3rdenes del juzgado encartado y en favor de las accionantes -seg\u00fan inform\u00f3 el Banco Agrario-, tambi\u00e9n tropieza el auxilio como quiera que en autos del 29 de junio y 8 de octubre de 2018 el despacho judicial dispuso: \u00abH\u00e1gase entrega a la demandante de los dineros correspondientes a cuota de alimentos convertidos desde la Oficina Judicial de Apoyo para los Juzgados de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencia de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, revisado el expediente y las manifestaciones elevadas en este sumario, se colige que las gestoras no han acudido a reclamar los respectivos dep\u00f3sitos judiciales que por esta senda persiguen, por lo que, frente a ese particular, resulta improcedente el amparo. Y no bastan las demandas ejecutivas impetradas para satisfacer lo aqu\u00ed extra\u00f1ado, dado que esos libelos apuntaron al pago de mesadas insatisfechas, pero no a la obtenci\u00f3n de los dep\u00f3sitos ya efectuados, de lo que se sigue la conclusi\u00f3n expuesta. <\/p>\n
De all\u00ed que, sea ostensible la inexistencia de vulneraci\u00f3n invocada comoquiera que la pretensi\u00f3n perseguida fue satisfecha y lo que corresponde a las gestoras es acudir al juzgado a reclamar los dep\u00f3sitos y cobrar los dineros a su favor. <\/p>\n
4. De otra parte, en lo que ata\u00f1e a la cr\u00edtica contra los autos que rechazaron los libelos ejecutivos de las censoras (10 mar. y 3 sep. 2021), se impone el fracaso del auxilio y la revocatoria del veredicto de primer grado toda vez que dichas determinaciones no fueron oportunamente recurridas por las gestoras ante el juez natural de su causa a trav\u00e9s de los mecanismos ordinarios de defensa judicial que el legislador le otorg\u00f3 para ello, en este caso, mediante el recurso de reposici\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, cuyo tenor literal contempla: <\/p>\n
(\u2026) el recurso de reposici\u00f3n procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de s\u00faplica y contra los de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen (\u2026). (Resaltado propio) <\/p>\n
De all\u00ed que contrario a lo indicado por el a quo, quien consider\u00f3 que el \u00faltimo de esos autos carec\u00eda de motivaci\u00f3n suficiente, se evidencia una vez m\u00e1s el irrespeto al presupuesto de subsidiariedad, situaci\u00f3n suficiente para impedir el estudio de fondo de la cr\u00edtica expuesta y la intervenci\u00f3n del juez constitucional dada la incuria de las gestoras, quienes tuvieron la oportunidad de reprochar tales determinaciones y la desaprovecharon. Ahora, respecto de la efectividad del medio impugnativo en comento, valga reiterar que: <\/p>\n
(\u2026) no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz, so pretexto de que el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, pues de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como medio de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde el inicio el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (CSJ STC, 3 ago. 2011, rad. 00741-01, reiterada, entre otras, en STC2477-2017, 23 feb. 2017, rad. 2017-00347-00). <\/p>\n
5. Finalmente, tampoco prospera la pretensi\u00f3n encaminada a que se reconozca el derecho alimentario de las impulsoras porque este mecanismo supra legal no fue dise\u00f1ado para tal fin. En su lugar, ellas cuentan con los procedimientos establecidos por el legislador para la satisfacci\u00f3n de sus pretensiones, como ocurre, a modo de ejemplo, con el canon 397 del C\u00f3digo General del Proceso que consagra las reglas relativas al proceso de \u00abalimentos a favor del mayor de edad\u00bb. <\/p>\n
6. En definitiva, por las consideraciones expuestas, no queda alternativa diferente a revocar el fallo objetado y denegar el auxilio implorado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley REVOCA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
En consecuencia, se NIEGA la tutela instada por \u00c1ngela Y Mar\u00eda Jos\u00e9 Castilla Orozco. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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