STC16387-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16387-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-13-000-2021-00625-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (01) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia del Circuito Oral de Cartagena frente a la sentencia de 26 de octubre de 2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa misma ciudad, en la acci\u00f3n de tutela que Bertilda Luz Castro de Cabarcas le instaur\u00f3 al estrado recurrente, extensiva a los intervinientes en el litigio con radicado n\u00b02020-00091. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Del escrito de tutela se extrae que la gestora aspira a que se deje sin efectos las providencias que se abstuvieron de librar mandamiento de pago en su causa. <\/p>\n
2. Como sustento, manifest\u00f3 que radic\u00f3 demanda de alimentos en contra de su esposo, con ocasi\u00f3n de la cual, se le reconoci\u00f3 como prestaci\u00f3n el 25% de la pensi\u00f3n percibida por \u00e9l y se orden\u00f31 oficiar a Colpensiones para que certificara el valor de la mesada, lo que la entidad no cumpli\u00f3. Agreg\u00f3 que, ante el incumplimiento de la obligaci\u00f3n, solicit\u00f3 su ejecuci\u00f3n con base en la sentencia2 y seguidamente del proceso de conocimiento, libelo que fue inadmitido (18 mar. 2021), por un lado, porque el t\u00edtulo base del coercitivo era complejo, y al no allegarse documento que acreditara el monto del ingreso pensional, no era posible determinar la cantidad l\u00edquida o cifra num\u00e9rica precisa para librar el mandamiento de pago; y por el otro, porque de conformidad con el Decreto 806 de 2020, se deb\u00eda simult\u00e1neamente con la presentaci\u00f3n de la demanda enviar la misma con todos sus anexos al demandado. Finalmente, indic\u00f3 que, ante una supuesta falta de subsanaci\u00f3n, su tr\u00e1mite fue rechazado (15 abr. 2021); sin embargo, al mismo tiempo se dispuso oficiar de nuevo a la Administradora de Pensiones con el objeto antes se\u00f1alado, decisi\u00f3n que recurri\u00f3, sin \u00e9xito. <\/p>\n
Su reproche consisti\u00f3 en que dio contestaci\u00f3n a los defectos enrostrados, entre ellos, el relacionado con la exigencia de dar traslado del escrito introductor, el que consider\u00f3 que no deb\u00eda hacerse como quiera que adelant\u00f3 el proceso ejecutivo seguido del de alimentos, dentro de los 30 d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la sentencia, por lo que la notificaci\u00f3n deb\u00eda surtirse por medio de estado, en atenci\u00f3n a lo dispuesto en el art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Aunado a ello, se doli\u00f3 porque nunca se envi\u00f3 el oficio a Colpensiones, en cumplimiento de la determinaci\u00f3n de 25 de agosto del a\u00f1o pasado. Por \u00faltimo, aleg\u00f3 que el recurso de reposici\u00f3n que radic\u00f3 contra el auto que rechaz\u00f3 su libelo no hab\u00eda sido resuelto, decisi\u00f3n que adem\u00e1s es contradictoria, porque en ella se decidi\u00f3 no continuar con el tr\u00e1mite, pero a su vez se requiri\u00f3 a la entidad pensional aludida. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado S\u00e9ptimo de Familia del Circuito Oral de Cartagena adujo que, por medio de auto de 11 de octubre de 2021, decidi\u00f3 no reponer la providencia de 15 de abril pasado. A\u00f1adi\u00f3 que lo pretendido por la accionante desconoce el art\u00edculo 424 del C\u00f3digo General del Proceso y que el oficio ya fue enviado por el despacho (11 may. 2021) aunque Colpensiones no ha respondido de fondo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Tribunal concedi\u00f3 el amparo al considerar que de \u00abla sentencia de 14 de diciembre de 2020 (\u2026) se pueden claramente establecer los porcentajes para efectuar la liquidaci\u00f3n del monto a perseguir en la ejecuci\u00f3n (\u2026), pues, claramente las sumas son absolutamente liquidables a trav\u00e9s de una operaci\u00f3n aritm\u00e9tica, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que del expediente se puede determinar la entidad encargada de las asignaciones del ejecutado y que, como bien lo relata la apoderada judicial de la accionante en su escrito de subsanaci\u00f3n, no se le puede trasladar la carga de que persiga las certificaciones que f\u00e1cilmente podr\u00eda obtener el juzgado accionado oficiando a dicha entidad\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abimponer una carga adicional para perseguir una acreencia contenida en una providencia judicial, es coartar el debido proceso y por m\u00e1s decir, en este caso particular, inclusive, el derecho al m\u00ednimo vital, por lo tanto, ambos derechos se tutelar\u00e1n ordenando al Juzgado accionado que rectifique los argumentos de la providencia de fecha 18 de marzo de 2021 y las que de ella se desprenden y en su lugar, vuelva a requerir de manera en\u00e9rgica, directa y expedita a Colpensiones para que allegue las certificaciones sobre las asignaciones pensionales del ejecutado y en tal sentido realice la liquidaci\u00f3n pertinente para librar el mandamiento ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
4. El estrado accionado impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, pues considera que al haber remitido el oficio a Colpensiones y no obtener respuesta, se hace inviable librar el mandamiento de pago perseguido. Indic\u00f3 que la gestora \u00abpretende se profiera mandamiento de pago, sin se\u00f1alar una suma determinada del valor de sus pretensiones (solo se pide un 25%)\u00bb y sin allegar un documento que permita determinar la cantidad l\u00edquida. Por \u00faltimo, insisti\u00f3 que \u00abal configurarse la existencia de un t\u00edtulo de car\u00e1cter complejo, [es] imprescindible aportar con la demanda, la totalidad de los documentos que lo componen\u00bb, en este caso, la certificaci\u00f3n de la Administradora de Pensiones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
De entrada, se observa la necesidad de ratificar el veredicto impugnado, dadas las particularidades del caso concreto. <\/p>\n
En efecto, la queja de la censora se circunscribi\u00f3 a que el juzgado rechazara su libelo ejecutivo ante la falta de certificaci\u00f3n del valor de la mesada pensional de su alimentante, a pesar de que esa documental fue requerida por el despacho en el declarativo cuya ejecuci\u00f3n se persigue. <\/p>\n
Circunscrita la Sala al reproche del juzgado accionado, quien considera que no es dable librar mandamiento de pago sin la certificaci\u00f3n rese\u00f1ada, se observa que si bien es cierto que dicha decisi\u00f3n puede percibirse razonable ante la falta de definici\u00f3n del valor exacto de la mesada pensional de la que debe descontarse el porcentaje en favor de la censora, lo cierto es que lo acontecido en el pleito permite concluir que el documento que se echa de menos fue requerido por el despacho, sin \u00e9xito, en el curso del proceso declarativo cuya sentencia se pretende ejecutar ahora. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, resulta evidente que a pesar de que el juzgado remiti\u00f3 el respectivo oficio a Colpensiones, su deber como director del proceso no pod\u00eda limitarse al env\u00edo del requerimiento sino al efectivo cumplimiento de la orden all\u00ed contenida, de conformidad con lo dispuesto en los c\u00e1nones 43 y 44 del C\u00f3digo General del Proceso, cuyo tenor literal contempla los poderes de ordenaci\u00f3n, instrucci\u00f3n y correcci\u00f3n que asisten al fallador a fin de hacer cumplir sus pronunciamientos. En caso de similares contornos, se predic\u00f3: <\/p>\n
La Sala advierte que, en el caso, existe una constante desatenci\u00f3n a las \u00f3rdenes que emite el despacho accionado, quien, adem\u00e1s, no vela por su acatamiento, pese a contar con medidas disuasorias y correccionales para lograr tal cometido, seg\u00fan lo autoriza el art\u00edculo 44 del C.G. del P., en armon\u00eda con lo reglado en el canon 42, numerales 1\u00b0 al 4\u00b0, 8\u00b0 y 11\u00b03 y, art\u00edculo 434 \u00eddem. (STC6000-2021) <\/p>\n
Con todo, dadas las particularidades del asunto, no es de recibo la manifestaci\u00f3n de la agencia encartada en la que critica que la gestora no haya acudido a la entidad oficiada a pedir la certificaci\u00f3n en comento, toda vez que ese requerimiento ya fue efectuado por el juzgado sin \u00e9xito alguno, lo que de entrada permite advertir el eventual fracaso de la petici\u00f3n de la gestora, no s\u00f3lo por la conducta asumida por la entidad de pensiones sino porque la censora no es la titular de la pensi\u00f3n cuya certificaci\u00f3n le exige la autoridad judicial querellada. <\/p>\n
Dest\u00e1quese, adem\u00e1s, que la accionante en repetidas ocasiones5 le solicit\u00f3 al despacho que gestionara el oficio o le indicara el tr\u00e1mite a seguir, sin que se observe dentro del expediente6, que se emitiera pronunciamiento al respecto, situaci\u00f3n omisiva sobre la que nada dijo la encartada en su informe ni en su consecuente impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
En suma, a pesar de que no luce descabellado el argumento del juzgado, lo cierto es que en el caso concreto debi\u00f3 hacer uso de los poderes que la legislaci\u00f3n adjetiva le otorga a fin de hacer cumplir sus propias determinaciones y as\u00ed obtener la certificaci\u00f3n que ech\u00f3 de menos para, con ella, emitir el respectivo pronunciamiento sobre el mandamiento de pago pedido, cuyo sustento no era otro que la sentencia de alimentos (14 dic. 2020), en la cual se fij\u00f3 como cuota definitiva el 25% de los ingresos pensionales y mesadas adicionales del demandado7. <\/p>\n
No se pierda de vista que, si bien la decisi\u00f3n no luce caprichosa, ciertamente representa una lesi\u00f3n al derecho alimentario de la gestora quien, seg\u00fan el paginario, ha actuado de forma diligente en la consecuci\u00f3n de su anhelo vital y, en este caso concreto, requiere de la actividad oficiosa del juez para hacer cumplir lo que \u00e9l mismo dispuso. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no queda opci\u00f3n distinta que la de respaldar el desenlace de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 25 de agosto de 2020. <\/p>\n
2\u0002 Emitida el 14 de diciembre de 2020. <\/p>\n
3\u0002 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 42. Deberes del juez. Son deberes del juez: (\u2026) 1. Dirigir el proceso, velar por su r\u00e1pida soluci\u00f3n, presidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralizaci\u00f3n y dilaci\u00f3n del proceso y procurar la mayor econom\u00eda procesal (\u2026). 2. Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, usando los poderes que este c\u00f3digo le otorga (\u2026). 3. Prevenir, remediar, sancionar o denunciar por los medios que este c\u00f3digo consagra, los actos contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe que deben observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal (\u2026). 4. Emplear los poderes que este c\u00f3digo le concede en materia de pruebas de oficio para verificar los hechos alegados por las partes (\u2026). 8. Dictar las providencias dentro de los t\u00e9rminos legales, fijar las audiencias y diligencias en la oportunidad legal y asistir a ellas (\u2026). 11. Verificar con el secretario las cuestiones relativas al proceso y abstenerse de solicitarle por auto informe sobre hechos que consten en el expediente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4\u0002 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 43. Poderes de ordenaci\u00f3n e instrucci\u00f3n. El juez tendr\u00e1 los siguientes poderes de ordenaci\u00f3n e instrucci\u00f3n: (\u2026) 2. Rechazar cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilaci\u00f3n manifiesta (\u2026). 3. Ordenar a las partes aclaraciones y explicaciones en torno a las posiciones y peticiones que presenten (\u2026). 4. Exigir a las autoridades o a los particulares la informaci\u00f3n que, no obstante haber sido solicitada por el interesado, no le haya sido suministrada, siempre que sea relevante para los fines del proceso. El juez tambi\u00e9n har\u00e1 uso de este poder para identificar y ubicar los bienes del ejecutado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
5\u0002 18 de septiembre, 2 y 27 de octubre y 20 de noviembre de 2020. <\/p>\n
6\u0002 Folio 46, EXPEDIENTE 625-2021. <\/p>\n
7\u0002 Folio 12, EXPEDIENTE 625-2021. <\/p>\n
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