STC16395-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16395-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2021-00225-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 10 de noviembre de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Fabi\u00e1n Alberto Rodr\u00edguez G\u00f3mez contra los Juzgados Promiscuo Municipal y Promiscuo del Circuito, ambos de San Pedro de los Milagros; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de su garant\u00eda al debido proceso, que dice vulnerada por las autoridades judiciales convocadas, por lo que pidi\u00f3 que se ordene al juzgado del circuito convocado que \u00abrehaga la sentencia fechada el d\u00eda 27 de septiembre de 2021\u2026, por medio del cual se confirma y adiciona la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Pedro de los Milagros\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Inmobiliaria y Constructora Torre Fuerte SAS promovi\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva contra Fabi\u00e1n Alberto Rodr\u00edguez G\u00f3mez, con fundamento en contrato de arrendamiento celebrado entre los contendientes, con la finalidad de que el demandado pagara los c\u00e1nones que dej\u00f3 de cancelar hasta la restituci\u00f3n de los bienes, ordenada con sentencia del 22 de mayo de 2019. <\/p>\n
2.2. El 18 de junio de 2019, se libr\u00f3 mandamiento de pago, que fue notificado al enjuiciado, quien formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito, que fueron desestimadas con sentencia del 22 de octubre de 2019, por lo que se orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el demandado. <\/p>\n
2.3. Mediante providencia del 27 de septiembre de los corrientes, el ad quem convocado adicion\u00f3 el fallo impugnado, con la finalidad de reconocer un pago parcial por $4\u00b4500.000, y, en lo dem\u00e1s, lo confirm\u00f3. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que los falladores convocados desconocieron que en el juicio criticado se demostr\u00f3 que \u00ablas sumas por concepto de arrendamiento [a \u00e9l] cobradas\u2026, ya hab\u00edan sido pagadas al due\u00f1o del bien inmueble\u2026, Alberto Tom\u00e1s Vanegas Lora\u00bb; y que \u00abomitieron motivar la decisi\u00f3n, pues creyeron que simplemente con decir, que uno era el demandante y otro quien recibi\u00f3 el pago, bastaba para que la prestaci\u00f3n no se tuviera como cancelaci\u00f3n de la deuda al accionante\u00bb. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que las sedes judiciales acusadas tampoco valoraron que los pagos que realiz\u00f3 a Alberto Tom\u00e1s Vanegas Lora, propietario de los inmuebles objeto de arrendamiento, se consignaron a la misma cuenta bancaria a la cual deb\u00edan depositarse los c\u00e1nones cancelados a la inmobiliaria ejecutante. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo Municipal de San Pedro de los Milagros precis\u00f3 que \u00abno existe vulneraci\u00f3n alguna, por parte de ese juzgado, a los derechos del accionante\u2026, en el presente caso, por el contrario\u2026, el tr\u00e1mite del proceso se ha adelantado respetando la normatividad sustantiva y procesal\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo del Circuito de esa misma localidad destac\u00f3 que \u00abactu\u00f3 conforme interpret\u00f3 la prueba y atendiendo los lineamientos de legalidad establecidos en la legislaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, por cuanto \u00abla decisi\u00f3n adoptada en ambas instancias deviene razonable y fue fundada en la prueba recaudada en el proceso y en este contexto, no puede predicarse que los operadores judiciales hayan incurrido\u2026 en yerros que, por su magnitud, hayan generado que la providencia sea arbitraria e irrazonable\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor insisti\u00f3 en sus alegaciones iniciales, enfiladas a predicar que las sentencias criticadas carecen de una motivaci\u00f3n adecuada, al no tener en cuenta, a efectos de tener por extinta la obligaci\u00f3n que se reclam\u00f3 ejecutivamente, el pago que hizo a Alberto Tom\u00e1s Vanegas Lora. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
2. De entrada, ha de advertirse que el an\u00e1lisis que se realizar\u00e1 en esta instancia se circunscribir\u00e1 a la sentencia de 27 de septiembre de 2021, que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n que formul\u00f3 el tutelante contra el fallo de 22 de octubre de 2019, toda vez que fue esa providencia la que clausur\u00f3 el debate suscitado en torno al pago que aleg\u00f3 el ejecutado en el litigio objeto de censura constitucional. <\/p>\n
3. Bajo esa \u00f3ptica, se advierte que el amparo no est\u00e1 llamado a prosperar, comoquiera que la citada decisi\u00f3n de 27 de septiembre anterior no denota arbitrariedad, porque el estrado querellado expres\u00f3 las razones por las que resultaba inviable reconocer el pago que aleg\u00f3 el demandado en la ejecuci\u00f3n atacada, sobre lo cual precis\u00f3 que: <\/p>\n
En cuanto al acervo probatorio en el proceso que nos ocupa, qued\u00f3 circunscrito a la prueba documental arrimada al proceso por la parte actora, consistente en el ya aludida contrato de arrendamiento, el documento que aclaratorio del mismo, la sentencia proferida por el Juzgado Primero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de San F\u00e9lix, que declar\u00f3 terminado el contrato de arrendamiento por mora, al interrogatorio absuelto tanto por la parte demandante como la demandada, el cual se llev\u00f3 a cabo cumpliendo las formalidades del C\u00f3digo General del Proceso, a la prueba documental arrimada por la parte ejecutada, esto es contrato de promesa de compraventa firmado entre los se\u00f1ores Alberto Tom\u00e1s Vanegas Lora y Fabi\u00e1n Alberto Rodr\u00edguez G\u00f3mez, as\u00ed como recibos de pago, consignaciones y constancia de acta de reuni\u00f3n, documento \u00faltimo que se refiere es a unas cuentas y no aparece rubricado por ninguna persona. <\/p>\n
Conforme con la prueba recaudada en el proceso, se tiene que el representante legal de la inmobiliaria\u2026, en el interrogatorio absuelto neg\u00f3 el pago total de las obligaciones que le imputa al ejecutado por el incumplimiento en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento de fecha 17 de agosto de 2018, indicando que de o\u00eddas tuvo conocimiento que con antelaci\u00f3n a la firma de este contrato, entre\u2026 Alberto Tom\u00e1s Vanegas Lora, propietario de los inmuebles que se le arrend\u00f3 a\u2026 Fabi\u00e1n Alberto Rodr\u00edguez G\u00f3mez realizaron una negociaci\u00f3n de la cual \u00e9l no particip\u00f3, que se le pago $200.000.000 como comisi\u00f3n por la venta de la finca que el arrendatario ya ten\u00eda en posesi\u00f3n, frente a un primer contrato de arrendamiento que hab\u00eda suscrito, ello atendiendo la cl\u00e1usula d\u00e9cima del contrato de administraci\u00f3n celebrado con\u2026 Vanegas Lora; que solamente en ese momento se estaba enterando cual fue el objeto del contrato; acepta que con relaci\u00f3n al segundo contrato de arrendamiento a la inmobiliaria se le hicieron tres pagos de $1.500.000 cada uno; que en la reuni\u00f3n con\u2026 Yaneth en la Notar\u00eda Octava de Medell\u00edn sabe que se habl\u00f3 de retomar la promesa de compraventa no de los c\u00e1nones de arrendamiento adeudados. <\/p>\n
Por su parte el ejecutado\u2026 dice no distingue bien a\u2026 Alberto Tom\u00e1s Vanegas Lora, que la negociaci\u00f3n de compra de la finca la hizo por tel\u00e9fono, que en la notar\u00eda le entreg\u00f3 $360.000.000, para cancelar el saldo en tres meses, pero como quiera que el Banco Ita\u00fa no le prest\u00f3 toda la plata, el negoci\u00f3 no s\u00e9 pudo concretar, acordando con\u2026 Vanegas Lora que del valor a \u00e9l entregado se le pagar\u00eda la cl\u00e1usula penal, se descontar\u00eda el valor del arrendamiento que deb\u00eda, debiendo \u00e9l pagar a la inmobiliaria el 10% de la administraci\u00f3n, que a\u00fan el propietario de la finca le adeuda $50.000.000. <\/p>\n
Revisado por este despacho los medios probatorios incorporados al litigio, se tiene que la parte ejecutada no demostr\u00f3 los soportes de hecho de sus medios de defensa, o sea las excepciones de m\u00e9rito propuestas y que se duele de la apreciaci\u00f3n que el a-quo les dio, al considerar que no tuvieron un an\u00e1lisis jur\u00eddico, lo cual no correspondiente con la realidad, ya que para el recurrente no hay claridad en el an\u00e1lisis porque no se accedi\u00f3 a la excepci\u00f3n de cobro de lo no debido, lo que no le asiste raz\u00f3n, porque pretender que por el hecho de que Fabi\u00e1n Alberto Rodr\u00edguez G\u00f3mez haya acordado con Alberto Tom\u00e1s Vanegas Lora, due\u00f1o del bien que entreg\u00f3 a la Inmobiliaria y Constructora Torre Fuerte SAS para su administraci\u00f3n, que de un dinero que su representado pag\u00f3 como consecuencia de un negocio jur\u00eddico celebrado entre ellos el 24 de julio de 2017, ajeno al contrato de arrendamiento suscrito el 17 de agosto de 2018, concretamente una promesa de compraventa del bien a \u00e9l arrendado, se tendr\u00edan por cancelados los c\u00e1nones de arrendamiento cobrados judicialmente por la agencia arrendadora, por cuanto su representante legal no fue parte de esa negociaci\u00f3n que result\u00f3 incumplida por el comprador, donde no tuvo ninguna participaci\u00f3n la inmobiliaria, que si bien su representante legal acept\u00f3 haber recibido un porcentaje, ello fue atendiendo la cl\u00e1usula d\u00e9cima del contrato de administraci\u00f3n y respecto de un contrato de alquiler existente para ese momento entre las mismas partes, no bajo la vigencia del contrato de arrendamiento base de recaudo que se celebr\u00f3 posteriormente entre las mismas partes y que por mora en el pago se dio por terminado, seg\u00fan la sentencia proferida el 22 de mayo de 2019 por el Juzgado Primero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de San F\u00e9lix, Bello, dentro del proceso verbal de restituci\u00f3n de bien inmueble arrendado, donde se consign\u00f3 los c\u00e1nones dejados de pagar y la condena en costas. <\/p>\n
Cuando hablamos de un negocio jur\u00eddico, uno de los principios m\u00e1s importantes en este tema es la autonom\u00eda privada de la voluntad, en cuyo ejercicio se pueden crear, modificar y extinguir una determinada relaci\u00f3n con efectos jur\u00eddicos vinculantes, y cuando tiene por objeto aspecto econ\u00f3micos, al intervenir en esa celebraci\u00f3n dos o m\u00e1s personas, es entre estas partes que nacen las obligaciones, atendiendo los lineamientos del art\u00edculo 1494 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
En estas condiciones, siendo la sentencia proferida 22 de mayo de 2019 por el Juzgado Primero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de San F\u00e9lix, que declar\u00f3 terminado el contrato de arrendamiento el contrato de arrendamiento el documento base de la ejecuci\u00f3n, que seg\u00fan el art\u00edculo 1982 y siguientes del C\u00f3digo Civil, rec\u00edprocamente se obligaron la Inmobiliaria y Constructora Torre Fuerte SAS y Fabi\u00e1n Alberto Rodr\u00edguez G\u00f3mez, que genera efectos jur\u00eddicos entre los contratantes como una manifestaci\u00f3n de las voluntades de ellos y no frente a terceros, de ah\u00ed que el arrendatario como contraprestaci\u00f3n del uso del bien inmueble deb\u00eda pagar el precio en la forma estipulada en la cl\u00e1usula tercera, esto es, depositado trimestralmente el dinero en la cuenta de ahorros n\u00famero 162-76119056 de Bancolombia, que ante el incumplimiento de esta obligaci\u00f3n, seg\u00fan la cl\u00e1usula d\u00e9cima cuarta el arrendador queda con facultad para terminar la relaci\u00f3n contractual y exigir ejecutivamente el pago del alquiler conforme a la cl\u00e1usula d\u00e9cima s\u00e9ptima; raz\u00f3n por la cual, al haber el demandado y el propietario de la finca realizado un acuerdo verbal relacionado con el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento cobrados ejecutivamente, no puede tenerse como v\u00e1lido por cuanto no se hizo directamente a la sociedad acreedora, que es [la] inmobiliaria que tiene la administraci\u00f3n de ese bien, amparada en un contrato vigente, sin que exista prueba que el representante legal ratificara el pago expresa o t\u00e1citamente, por el contrario, en el interrogatorio absuelto por\u2026 Albert Fidel Ch\u00e1vez Herazo manifest\u00f3 bajo juramento no haber recibido este dinero. Raz\u00f3n por la cual no puede venir el extremo pasivo a alegar inexistencia de la obligaci\u00f3n, cuando brilla por su ausencia el sustento probatorio del pago de la deuda que conllev\u00f3 a que judicialmente se diera por terminado el contrato de arrendamiento suscrito el 17 de agosto de 2018, hecho que fue aceptado por el recurrente al inicio de la sustentaci\u00f3n de la alzada, al afirmar que la obligaci\u00f3n es clara, expresa y exigible. Diferente situaci\u00f3n se presenta respecto del porcentaje acordado por concepto de la administraci\u00f3n, que su pago qued\u00f3 probado dentro del plenario, no solo con la prueba documental aportada con la contestaci\u00f3n de la demanda sino tambi\u00e9n con la confesi\u00f3n que\u2026 Ch\u00e1vez Herazo hizo en el interrogatorio, al haber aceptado recibido tres consignaciones de parte del ejecutado, por valor cada una de $1.500.000, de lo que se percat\u00f3 al momento de realizarse la contabilidad, este dinero se debe tener en cuenta como parte del capital adeudado. <\/p>\n
De otro lado, no es de recibo para este operador judicial, como lo alega el recurrente, que m\u00e1s que acudir a los temas de los presupuestos del proceso de ejecuci\u00f3n se debe es a los mandatos Constitucionales, se\u00f1alando concretamente el art\u00edculo 228, en lo relacionado en la prevalencia del derecho sustancial, que no fue desconocido en el sub examen por el juez de conocimiento con la decisi\u00f3n adoptada, donde se respetaron las normas procesales propias del proceso ejecutivo, que de ninguna manera pueden ser desconocidas, porque en este escenario no hay lugar a discutir un derecho, la finalidad espec\u00edfica y esencial es asegurar que el titular de una relaci\u00f3n jur\u00eddica que crea obligaciones pueda lograr su cumplimiento, compeliendo al deudor a ejecutar la prestaci\u00f3n a su cargo\u2026 <\/p>\n
En lo relacionado con el contrato de administraci\u00f3n de arrendamiento de inmueble firmado el 24 de julio de 2017 por\u2026 Inmobiliaria y Constructora Torre Fuerte SAS y\u2026 Alberto Tom\u00e1s Vanegas Lora\u2026, no se acredit\u00f3 que el mismo hubiese terminado y nuevamente naci\u00f3 a la vida jur\u00eddica en forma irregular por una ratificaci\u00f3n realizada en una notar\u00eda, como lo alego extensamente en la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n el apoderado de la parte ejecutada. En cuanto al tema de la compensaci\u00f3n, referido por el apelante en la sustentaci\u00f3n que hizo en forma escrita, se\u00f1alando que a lo largo de la contestaci\u00f3n y dentro del proceso en general su defensa fue un \u201ccruce de cuentas\u201d, que debi\u00f3 ser considerado, se tiene para decir que tampoco est\u00e1 llamada a prosperar, en tanto que al tenor del art\u00edculo 1714 del C\u00f3digo Civil, esta figura jur\u00eddica se consolida entre dos personas que son deudoras una de otra, y no est\u00e1 acreditado que la demandante Inmobiliaria y Constructora Torre Fuerte SAS sea deudora del ejecutado\u2026 <\/p>\n
Bajo ese horizonte, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del gestor no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la autoridad criticada valor\u00f3 las pruebas que se recaudaron en el proceso cuestionado y concluy\u00f3 que no se demostr\u00f3 que el pago efectuado por el enjuiciado al propietario de los predios objeto de arrendamiento (Alberto Tom\u00e1s Vanegas Lora), tuviera la virtualidad de extinguir la obligaci\u00f3n que reclam\u00f3 Inmobiliaria y Constructora Torre Fuerte SAS en el juicio reprochado, comoquiera que quien fung\u00eda como arrendadora era dicha persona jur\u00eddica y no el referido propietario, sin que estuviera demostrado que la demandante, titular del cr\u00e9dito ejecutado, hubiese facultado a dicho tercero para recibir los c\u00e1nones de arrendamiento adeudados. <\/p>\n
Tal deducci\u00f3n no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
As\u00ed como tampoco se verifica la falta de motivaci\u00f3n que denunci\u00f3 el impugnante, pues de las anotadas consideraciones se extractan, sin lugar a dudas, las razones por las cuales el juzgado accionado no tuvo en cuenta el pago que realiz\u00f3 a Alberto Tom\u00e1s Vanegas Lora, como causal de extinci\u00f3n del cr\u00e9dito que se reclam\u00f3 en el tr\u00e1mite acusado, seg\u00fan qued\u00f3 expuesto en antelaci\u00f3n. <\/p>\n
4. En consecuencia, se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
5 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC16395-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16395-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2021-00225-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 10 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60040","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60040","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60040"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60040\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60040"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60040"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60040"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}