STC16399-2021 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16399-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01498-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de 5 de agosto de 20211, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Luis Zabaleta Almendrales contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil y el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n de la vigilancia de la pena del proceso con radicado n\u00b02014-04100-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando por conducto de apoderado, el accionante reclama la protecci\u00f3n de sus derechos a la igualdad, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Aduce que, mediante sentencia de 27 de octubre de 2017, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cartagena, lo conden\u00f3 a treinta y seis (36) meses de prisi\u00f3n y, le concedi\u00f3 el beneficio de la suspensi\u00f3n condicional de la pena previsto en el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 1424 de 20102, siempre y cuando suscribiera el acta de compromiso respectiva dentro del t\u00e9rmino legal. <\/p>\n
Refiere que, a trav\u00e9s de incidente, el Juzgado Primero Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa urbe, en prove\u00eddo de 31 de enero de 2020, le revoc\u00f3 dicho mecanismo sustitutivo, por omitir firmar la aludida acta de compromiso. <\/p>\n
Indica que tras ser detenido y, luego de varios tr\u00e1mites, su expediente fue allegado al Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de San Gil. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la pena ante ese estrado, quien la deneg\u00f3 en providencia de 27 de mayo de 2021 y, al ser apelada, fue ratificada por el tribunal censurado el 12 de junio siguiente. <\/p>\n
3. Solicita, dejar sin efecto las determinaciones reprochadas y \u00abmantener vigente (\u2026) la suspensi\u00f3n condicional de la pena\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
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1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil cuestion\u00f3 conducta del actor, seg\u00fan la cual, \u00abahora (\u2026) est\u00e9 dispuesto a cumplir con la obligaci\u00f3n de suscribir el acta de compromiso (\u2026) [para] volver a la situaci\u00f3n anterior a la revocatoria del beneficio especial, pues, la consecuencia de no haber comparecido ante el juez competente dentro del t\u00e9rmino previsto en el inciso [2\u00b0] del art\u00edculo 66 del C\u00f3digo Penal3, es, precisamente, la ejecuci\u00f3n de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, destac\u00f3 que si bien \u00abel accionante adu[jo] que (\u2026) algunos Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, tienen sentado que una vez se suscribe la diligencia de compromiso debe restablecerse la libertad del sentenciado, lo cierto es que dicho precedente de ninguna manera [le] vincula, (\u2026) [porque] el precedente horizontal (\u2026) se predica del mismo juez o Sala de decisi\u00f3n y, el vertical, de superiores jer\u00e1rquicos, y no respecto de otras autoridades judiciales de inferior [competencia]\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n y Penas de Seguridad de la aludida ciudad, realiz\u00f3 un recuento de la tramitaci\u00f3n censurada y, enfatiz\u00f3 que la decisi\u00f3n \u00abadoptada en el presente asunto [la] tom\u00f3 aplicando y dando cumplimiento a la normatividad que regula la concesi\u00f3n y revocatoria del (\u2026) beneficio [de la suspensi\u00f3n condicional de la pena]\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
4. La Fiscal\u00eda Diecis\u00e9is Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Cartagena, resalt\u00f3 que no intervino en el juicio penal adelantado contra el quejoso. <\/p>\n
<\/p>\n
5. El Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de la precitada urbe, explic\u00f3 que sus funciones relacionadas con los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas, inici\u00f3 en marzo de 2020 y, por ello, en su base de datos, no contaba con la informaci\u00f3n del proceso del suplicante. <\/p>\n
<\/p>\n
6. La Oficina de Apoyo de San Gil se limit\u00f3 a indicar que, reparti\u00f3 las diligencias controvertidas al Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa localidad. <\/p>\n
7. El INPEC y el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, adujeron, por separado, carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
8. Seg\u00fan el fallo impugnado, el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena y, la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda Centro -Bucaramanga-, se\u00f1alaron que no lesionaron las prerrogativas del gestor. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el resguardo, al incumplirse los requisitos de inmediatez y subsidiariedad respecto de la decisi\u00f3n de 31 de enero de 2020, mediante la cual el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena, revoc\u00f3 el beneficio de la suspensi\u00f3n condicional de la pena otorgado al reclamante. <\/p>\n
En cuanto a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, desestim\u00f3 el auxilio al considerar razonable la negativa a restablecer el rese\u00f1ado mecanismo sustitutivo, por cuanto \u201c(\u2026) el Tribunal puntualiz\u00f3 inicialmente que, de acuerdo con la Ley 1424 de 2010, (\u2026) si el desmovilizado, habi\u00e9ndose acogido a este r\u00e9gimen especial, incumpl[\u00eda] las obligaciones y exigencias legales que condicionan la concesi\u00f3n o vigencia del beneficio, su procesamiento penal ha de proseguir en acatamiento de la normat[iva] penal ordinaria (Cfr. CSJ Rad. 52.620 del 22 de abril de 2020) (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, destac\u00f3 que el pronunciamiento del \u00abad quem no se observa[ba] contrari[o] a derecho [pues,] estudi[\u00f3] la norma aplicada al caso (\u2026), estableciendo que no estaban dados los presupuestos para conceder, [nuevamente,] el beneficio reclamado [si \u00e9ste ya hab\u00eda sido revocado]\u00bb. <\/p>\n
Frente a la alegada desigualdad en relaci\u00f3n con las decisiones que, en asuntos an\u00e1logos, hab\u00edan emitido los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, reliev\u00f3 que no se avizoraba vulneraci\u00f3n alguna, porque tales pronunciamientos \u00abno se ofrec[\u00edan] vinculantes para [los despachos convocados], en la medida que no fueron expedidos por [un estrado] de mayor jerarqu\u00eda y, menos, por esta Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante reiterando los argumentos esbozados en la demanda de amparo, en concreto, sobre su \u00abignorancia\u00bb de su deber de suscribir el acta de compromiso para obtener el beneficio objeto de debate, as\u00ed como la falta de asesor\u00eda t\u00e9cnica para firmar dicha convenci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que cumpli\u00f3 con las exigencias previstas en el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 1424 de 2010 y, por ello, cuestion\u00f3 que por un aspecto formal se le ejecutara la pena e, insisti\u00f3 en la vulneraci\u00f3n de su prerrogativa a la igualdad, frente a aquellos casos en donde si se ha brindado la posibilidad de suscribir el compromiso en cuesti\u00f3n, pese al fenecimiento del tiempo para ello. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente si, se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad del auxilio en relaci\u00f3n con el auto de 31 de enero de 2020, proferido por Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena y, de superarse lo anterior, si hab\u00eda lugar a revocar el beneficio controvertido. <\/p>\n
Igualmente, si el ad quem reprochado lesion\u00f3 los derechos fundamentales del actor, al ratificar la negativa a otorgarle, por segunda vez, el mencionado mecanismo sustitutivo por no haber firmado el acta de compromiso para acceder al mismo. <\/p>\n
2. Requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La Corte ha se\u00f1alado que la tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos. <\/p>\n
En ese sentido, se ha destacado la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido en la tutela, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n en esta sede de naturaleza excepcional. Tambi\u00e9n ha insistido la Corte en que a falta de cualquiera de los aludidos presupuestos debe negarse la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala se advierte el incumplimiento del primero de los presupuestos rese\u00f1ados, respecto del auto de 31 de enero de 2020, mediante el cual el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena, revoc\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n privativa de la libertad, por no haber firmado el acta de compromiso indicado en el numeral 1\u00b0, art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 1424 de 20104. <\/p>\n
En efecto, entre la presentaci\u00f3n de la demanda de amparo acaecida el 23 de julio de 20215 y la aludida determinaci\u00f3n, han trascurrido m\u00e1s de diecisiete (17) meses, super\u00e1ndose as\u00ed, el t\u00e9rmino de seis (6) meses establecido por la Sala como suficientemente para el ejercicio de la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Frente a la tempestividad, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada entre muchas en STC5268-2016, 28 ab. rad. 2016-00048-01). <\/p>\n
De otra parte, tampoco se demostr\u00f3 en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al se\u00f1alado presupuesto. <\/p>\n
4. De la subsidiariedad. <\/p>\n
4.1. Asimismo, como lo previno la Sala a quo, no se satisface el requisito de subsidiariedad, pues el actor no interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n a su alcance frente a la providencia de 31 de enero de 2020, emitida por el Juzgado Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena. <\/p>\n
Al respecto, esta Corte ha sostenido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014). <\/p>\n
5. Del auto de 12 de junio de 2021, emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil. <\/p>\n
5.1. En la referida decisi\u00f3n, el ad quem convocado para ratificar la negativa de otorgarle al actor, por segunda vez, la suspensi\u00f3n condicional de la pena, explic\u00f3 que si el condenado desatend\u00eda las exigencias del numeral 1\u00b0, art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 1424 de 20106, \u00absu procesamiento penal [deb\u00eda] proseguir en acatamiento de la normatividad penal ordinaria (CSJ Rad. 52.620 del 22 de abril de 2020)\u00bb. <\/p>\n
Por tal motivo, esboz\u00f3 que, el t\u00e9rmino para suscribir el compromiso del citado precepto era el indicado en el inciso 2\u00b0 art\u00edculo 66 del C\u00f3digo Penal7 y, por tanto, si \u00abla sentencia hubiere cobrado firmeza y, si transcurridos noventa [90] d\u00edas el condenado no comparecier[e] ante la autoridad judicial respectiva, (\u2026) se impon[\u00eda] la ejecuci\u00f3n inmediata [del fallo]\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, el colegiado demandado destac\u00f3 que el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena, previo agotamiento del incidente correspondiente, en providencia de 31 de enero de 2020, revoc\u00f3 el beneficio en cuesti\u00f3n y dispuso su captura, por cuanto el quejoso no firm\u00f3 el compromiso materia de controversia. <\/p>\n
As\u00ed, refiri\u00f3 que \u00abno era necesario entrar a analizar los requisitos para acceder a la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena, como quiera que en su momento lo referente a [ese] mecanismo sustitutivo fue objeto de examen (\u2026) en la sentencia de condena. En esa oportunidad, el funcionario de instancia, (\u2026) consign\u00f3 las razones por las cuales decidi\u00f3 [otorgarle dicho mecanismo sustitutivo] (\u2026); de suerte que, un nuevo estudio sobre [los] requisitos [acreditados] para la \u00e9poca en que se concedi\u00f3 el beneficio, resulta impertinente\u00bb. <\/p>\n
En adici\u00f3n, mencion\u00f3 que las s\u00faplicas del censor para obtener, una vez m\u00e1s, el beneficio objeto de disenso, carec\u00edan de fundamento por cuanto, \u00abno existe disposici\u00f3n alguna que permita regresar a la situaci\u00f3n anterior, as\u00ed se alegue el deseo de suscribir el acta o que dicha labor no fue posible realizarla debido a la crisis sanitaria (\u2026), pues esas razones no [eran] motivo para conceder, nuevamente, la suspensi\u00f3n condicional de la pena, [pues] fue revocada porque el sentenciado incumpli\u00f3 (\u2026) con la obligaci\u00f3n de suscribir el acta de compromiso\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abel hecho de que ahora el condenado est\u00e9 dispuesto a suscribir [el acta en comento] no genera que se vuelva a la situaci\u00f3n anterior a su revocatoria porque la consecuencia de no haber comparecido para tal fin (\u2026) es la prevista en el inciso [2\u00b0] del art\u00edculo 66 [del C\u00f3digo Penal], esto es, la ejecuci\u00f3n de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
5.2. Para la Sala no se incurri\u00f3 en la vulneraci\u00f3n denunciada, porque el tribunal atacado defini\u00f3 la controversia exponiendo de la manera l\u00f3gica y, suficientemente motivada, las razones por las cuales no resultaba procedente otorgarle al actor, por segunda vez, la suspensi\u00f3n condicional de la pena, cuando la misma ya hab\u00eda sido revocada por el incumplimiento a sus deberes legales, criterio que se comparta o no, est\u00e1 exento de capricho, desafuero o juicio contraevidente como para conceder la salvaguarda invocada. <\/p>\n
5.3. La providencia criticada carece de arbitrariedad y no desencadena flagrante vulneraci\u00f3n a las prerrogativas invocadas que amerite la injerencia de esta especial jurisdicci\u00f3n, porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [I]ndependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC 18 mar. 2010, exp. 00367-00, citada entre otras en STC5688-2020, 19 ago. 2020, rad. 00397-00)\u00bb. <\/p>\n
En suma, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional deprecada, pues no basta una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo. (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada, entre otras, en STC1444-2021, 18 feb. 2021, rad. 00312-00)\u00bb. <\/p>\n
6. En cuanto a la alegada vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad, por no brind\u00e1rsele al actor el mismo trato dado a otros casos an\u00e1logos definidos por los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, el auxilio no prospera porque las providencias que aport\u00f3 en sustento de ello, no est\u00e1n relacionadas con la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena prevista en el numeral 1\u00b0, art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 1424 de 2010 y, tales criterios no resultaban vinculantes para el tribunal atacado. <\/p>\n
7. Conclusiones. <\/p>\n
7.1. Se confirma la improcedencia del auxilio porque el solicitante no acudi\u00f3 tempestivamente a esta v\u00eda excepcional, para cuestionar la decisi\u00f3n que le revoc\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la pena y, tampoco la cuestion\u00f3. <\/p>\n
7.2. Adicionalmente, lo dispuesto por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil en relaci\u00f3n con la negativa a otorgarle, por segunda vez, el aludo mecanismo sustitutivo, no es producto de un subjetivo criterio que conlleve desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores invocadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 El expediente fue allegado a la Sala el 17 de noviembre de 2021 y, en la misma calenda, se efectu\u00f3 el reparto a este despacho. <\/p>\n
2\u0002 \u00ab(\u2026) Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jur\u00eddicos y se dictan otras disposiciones (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 66. Revocaci\u00f3n de la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n condicional de la pena y de la libertad condicional (\u2026). [S]i transcurridos noventa d\u00edas contados a partir del momento de la ejecutoria de la sentencia en la cual se reconozca el beneficio de la suspensi\u00f3n condicional de la condena, el amparado no compareciere ante la autoridad judicial respectiva, se proceder\u00e1 a ejecutar inmediatamente la sentencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 \u00ab(\u2026) Art\u00edculo 7o. Suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y medidas de reparaci\u00f3n. La autoridad judicial competente decidir\u00e1, de conformidad con los requisitos establecidos en la presente ley, a petici\u00f3n del Gobierno Nacional, a trav\u00e9s de la Alta Consejer\u00eda para la Reintegraci\u00f3n o quien haga sus veces, la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena por un per\u00edodo equivalente a la mitad de la condena establecida en la Sentencia, una vez se verifique el cumplimiento de los siguientes requisitos: (\u2026). 1. Haber suscrito el Acuerdo de Contribuci\u00f3n a la verdad y la Reparaci\u00f3n, as\u00ed como estar vinculado al proceso de reintegraci\u00f3n social y econ\u00f3mica dispuesto por el Gobierno Nacional y estar cumpliendo su ruta de reintegraci\u00f3n o haber culminado satisfactoriamente dicho proceso (\u2026)\u00bb (se resalta). <\/p>\n
5\u0002 Acta de reparto del a quo constitucional. <\/p>\n
6\u0002 \u00ab(\u2026) Art\u00edculo 7o. Suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y medidas de reparaci\u00f3n. La autoridad judicial competente decidir\u00e1, de conformidad con los requisitos establecidos en la presente ley, a petici\u00f3n del Gobierno Nacional, a trav\u00e9s de la Alta Consejer\u00eda para la Reintegraci\u00f3n o quien haga sus veces, la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena por un per\u00edodo equivalente a la mitad de la condena establecida en la Sentencia, una vez se verifique el cumplimiento de los siguientes requisitos: (\u2026). 1. Haber suscrito el Acuerdo de Contribuci\u00f3n a la verdad y la Reparaci\u00f3n, as\u00ed como estar vinculado al proceso de reintegraci\u00f3n social y econ\u00f3mica dispuesto por el Gobierno Nacional y estar cumpliendo su ruta de reintegraci\u00f3n o haber culminado satisfactoriamente dicho proceso (\u2026)\u00bb (se resalta). <\/p>\n
7\u0002 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 66. Revocaci\u00f3n de la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n condicional de la pena y de la libertad condicional (\u2026). [S]i transcurridos noventa d\u00edas contados a partir del momento de la ejecutoria de la sentencia en la cual se reconozca el beneficio de la suspensi\u00f3n condicional de la condena, el amparado no compareciere ante la autoridad judicial respectiva, se proceder\u00e1 a ejecutar inmediatamente la sentencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC16399-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC16399-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01498-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de 5 de agosto de 20211, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60044","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60044","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60044"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60044\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60044"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60044"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60044"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}