STC16401-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16401-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-00812-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Jose Mar\u00eda Larrarte Sandoval y \u00c1lvaro Eugenio Posso Bedoya frente a la sentencia de 13 de mayo de 2021, emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la salvaguarda que los recurrentes le interpusieron a la Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, extensiva a los intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores pidieron dejar sin efecto la providencia SL 3961-2020, proferida el 14 de octubre de 2020 por la accionada, mediante la cual no cas\u00f3 la dictada el 6 de septiembre de 2017, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso laboral que le adelantaron a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013 UGPP y el Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes de Telecom y sus Teleasociadas \u2013 PAR. Y, en su lugar, se ordene \u00abdictar nueva decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Expusieron, en lo medular, que demandaron a la aludida compa\u00f1\u00eda para que se declarara \u00abque fueron despedidos sin justa causa\u00bb; en consecuencia, \u00abreconocer la pensi\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 74 del DECRETO 1848 DE 1969, a cargo de la extinta TELECOM. A partir del d\u00eda en que cada uno cumpli\u00f3 los cincuenta a\u00f1os de edad. [Se] cancelen las mesadas pensionales y [que] (\u2026) los valores ordenados a cancelar, sean indexados a la fecha en la cual sea efectuado el pago\u00bb <\/p>\n
En primera instancia, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 absolvi\u00f3 a la demandada (26 may 2017); decisi\u00f3n que ratific\u00f3 el Tribunal de esa capital. Inconformes con esa resoluci\u00f3n plantearon recurso de casaci\u00f3n. Sin embargo, la Sala reprochada lo desestim\u00f3. <\/p>\n
Frente a este \u00faltimo prove\u00eddo reprocharon que se incurri\u00f3 en un defecto por desconocer \u00abla norma legal aplicable al caso concreto como es el Art. 74 del Decreto 1848 de 1969 (\u2026) Exigencias superadas no objeto de controversia [pues] los accionantes fue[ron] despedidos sin que mediara justa causa, exced\u00eda[n] los 15 a\u00f1os de servicios en TELECOM y todos t[ienen] cumplidos los 50 a\u00f1os de edad como se prob\u00f3 y admiti\u00f3 en el litigio. <\/p>\n
2. El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 dio a conocer las actuaciones que adelant\u00f3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de remanentes Telecom y Teleasociadas en Liquidaci\u00f3n -Par- solicit\u00f3 desestimar los pedimentos constitucionales y su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Laboral se remiti\u00f3 a las consideraciones expuestas en la sentencia criticada. <\/p>\n
3. El a quo neg\u00f3 el amparo pues estim\u00f3 que la directriz acusada resulta razonable y ajustada a los par\u00e1metros constitucionales, legales y jurisprudenciales. <\/p>\n
4. Lo precursores impugnaron con asidero en los argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace objetado ha de confirmarse, pues, como lo advirti\u00f3 la Sala hom\u00f3loga penal, lo decidido por la Colegiatura acusada no revela la existencia de un yerro que deba ser conjurado por este sendero. <\/p>\n
En efecto, la negativa a casar el veredicto del Tribunal de Bogot\u00e1 se fund\u00f3 en un an\u00e1lisis adecuado de los cargos planteados, as\u00ed como de los requerimientos establecidos para la viabilidad del remedio extraordinario de casaci\u00f3n. Esto, porque, en esencia, sostuvo que los ataques propuestos por los recurrentes no ten\u00edan la virtualidad de derruir la presunci\u00f3n de acierto y legalidad de la que est\u00e1 revestida la sentencia, ya que, en suma, a trav\u00e9s de ellos no demostraron cu\u00e1les fueron los errores jur\u00eddicos que le atribuyeron. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que frente a los reproches formulados, el \u00f3rgano plural accionado, tras destacar que los peticionarios hab\u00edan escogido la v\u00eda directa para cuestionar la falta de aplicaci\u00f3n de la norma sustancial contenida en el art\u00edculo 74 del Decreto 1848 de 1969, en concordancia con la regla 53 constitucional y, la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del precepto 133 de la Ley 100 de 1993, plante\u00f3 que el problema jur\u00eddico se contra\u00eda a determinar si la normativa aplicable al caso era la regulada por el \u00abart\u00edculo 8 de la Ley 171 de 1961 y 74 del Decreto 1848 de 1969 como afirma la censura, o si por el contrario, es el art\u00edculo 133 de la Ley 100 de 1993\u00bb. As\u00ed, aun\u00f3 los cargos para su estudio y precis\u00f3 que <\/p>\n
La Sala ha sostenido que la norma que regula la pensi\u00f3n sanci\u00f3n, como la aqu\u00ed solicitada por los demandantes, es la vigente al momento en que se efect\u00faa el despido injusto por parte de la empleadora. Tambi\u00e9n ha resaltado, que el art\u00edculo 8 de la Ley 171 de 1961, en relaci\u00f3n con los trabajadores oficiales, conserv\u00f3 su vigencia hasta el momento en que entr\u00f3 a regir la Ley General de la Seguridad Social, la cual, mediante el art\u00edculo 133, mantuvo esta prestaci\u00f3n solo para los eventos de despidos injustificados de trabajadores con 10 a\u00f1os de servicios o m\u00e1s, que no hubiesen sido afiliados al sistema de seguridad social en pensiones, por omisi\u00f3n del empleador o que se hubiesen inscrito de manera tard\u00eda o extempor\u00e1nea. <\/p>\n
As\u00ed lo explic\u00f3 ampliamente esta Corte, en la sentencia CSJ SL17704-2015 (\u2026) reiterada en las sentencias CSJ 5L7655- 2017, CSJ 5L3773-2018 y CSL 5L5528-2018 y la CSJ SL1008-2020; \u00e9sta \u00faltima expres\u00f3: \u201cDe manera que la raz\u00f3n est\u00e1 de parte del juzgado, ya que ocurrido el despido sin justa causa despu\u00e9s de 15 a\u00f1os de servicios, pero acreditada la afiliaci\u00f3n del actor al sistema general de pensiones, el reconocimiento de la prestaci\u00f3n implorada resultaba improcedente. <\/p>\n
Sobre el particular, acat\u00f3 el criterio de esa Sala en sentencias CSJ SL17704-20151, reiterada en CSJ 5L7655- 2017, CSJ 5L3773-2018, CSL 5L5528-2018 y la CSJ SL1008-2020. <\/p>\n
Por lo expuesto, descendi\u00f3 al caso concreto y concluy\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) como el despido de los demandantes Jos\u00e9 Mar\u00eda Larrarte Sandoval, ocurri\u00f3 el 27 de julio de 2003 y el de \u00c1lvaro Posso Bedoya, el 31 de enero de 2006, la norma aplicable al presente asunto, es el art\u00edculo 133 de la Ley 100 de 1993, tal como lo concluy\u00f3 el juez colegiado y no los art\u00edculos 8 de la Ley 171 de 1961 y 74 del Decreto 1848 de 1969, invocados por la censura, toda vez que a partir de la expedici\u00f3n de la ley general de seguridad social, conforme al art\u00edculo 289, fueron derogadas todas las disposiciones que le fueran contrarias y t\u00e1citamente la del \u00faltimo decreto citado, tal como lo expres\u00f3 esta Corte en sentencia CSJ SL, 9 jun. 2009, rad. 36333. <\/p>\n
En consecuencia, no incurri\u00f3 el sentenciador de alzada en los yerros jur\u00eddicos endilgados por la parte recurrente, en la medida en que resolvi\u00f3 el litigio conforme a la normativa vigente para la fecha en que fueros desvinculados de la SCLAJPT-10. <\/p>\n
Establecido lo anterior, emerge ostensible que la decisi\u00f3n atacada se encuentra soportada en la interpretaci\u00f3n razonable que la encartada desarroll\u00f3 sobre los cargos sometidos a su consideraci\u00f3n de cara a los hechos y pruebas que le adosaron y sobre la cual efectu\u00f3 su ejercicio hermen\u00e9utico, lo que pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada. <\/p>\n
En efecto, se precis\u00f3 que no le asist\u00eda raz\u00f3n a los censores al pretender la aplicaci\u00f3n de la Ley 171 de 1961 y el Decreto 1848 de 1969, toda vez que la pensi\u00f3n reclamada dej\u00f3 de regir para los trabajadores oficiales con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, que en su art\u00edculo 133, se ocup\u00f3 \u00fanicamente de la pensi\u00f3n sanci\u00f3n para los trabajadores no afiliados al sistema general de pensiones por omisi\u00f3n del empleador, que sin justa causa fueren despedidos con 10 a\u00f1os o m\u00e1s de servicios, por tanto, para el caso concreto, se evidenci\u00f3 que los demandantes estuvieron afiliados al sistema general de pensiones por la extinta Telecom al sistema de seguridad social y, adicionalmente, los despidos ocurrieron en el 2003 y 2006; en consecuencia, la Ley aplicable era la 100 de 1993, de modo que, la Corporaci\u00f3n querellada, no hall\u00f3 cumplidos los requisitos para acceder a esa prestaci\u00f3n. <\/p>\n
Queda claro pues, que el anhelo de los censores se reduce a exponer su inconformidad con la sentencia reprochada e imponer su opini\u00f3n sobre la forma en que considera se debi\u00f3 dirimir el asunto, sin que ello, por s\u00ed, deje al descubierto un desatino may\u00fasculo ni constitutivo de la lesi\u00f3n que endilga, situaci\u00f3n que desconoce c\u00f3mo este mecanismo no tiene la finalidad de contrastar las posiciones de la parte y el juzgador a fin de precisar cu\u00e1l de ellas ostenta mayor asidero, pues como bien lo ha dicho esta Sala <\/p>\n
(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes (STC1981-2018). <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, como lo dirimido se edific\u00f3 en un estudio respetable de la demanda de casaci\u00f3n incoada por los peticionarios, lo opugnado debe ratificarse. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 (\u2026) Pues bien, de tiempo atr\u00e1s la Sala sent\u00f3 su posici\u00f3n frente al tema, al definir que la pensi\u00f3n restringida establecida en el art. 8 de la L. 171\/1961 frente a los trabajadores oficiales, conserv\u00f3 su vigencia hasta el momento en el cual entr\u00f3 en vigencia la L.100\/1993. As\u00ed, se ha pronunciado entre otras, en la sentencia CSJ SL, 5 feb. 2009, rad. 35251, donde se\u00f1al\u00f3: Ahora bien, bajo esta \u00f3rbita, empieza la Sala por advertir que el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 171 de 1961, consagr\u00f3 tanto para trabajadores oficiales como particulares la pensi\u00f3n proporcional de jubilaci\u00f3n, en las modalidades de pensi\u00f3n sanci\u00f3n para cuando estos fueren despedidos sin justa causa con m\u00e1s de 10 a\u00f1os de servicio y menos de 20, continuos o discontinuos, y la pensi\u00f3n restringida, cuando se retiraren voluntariamente con m\u00e1s de 15 arios y menos de 20 de servicio; es decir que el g\u00e9nero es la pensi\u00f3n proporcional de jubilaci\u00f3n y las especies la pensi\u00f3n sanci\u00f3n y la pensi\u00f3n restringida. Dicha normatividad fue modificada para los trabajadores del sector privado por el art\u00edculo 37 de la Ley 50 de 1990, y en ello tiene raz\u00f3n la censura, en el sentido de que se mantuvo para los trabajadores oficiales, hasta la entrada en vigencia del art\u00edculo 133 de la Ley 100 de 1993, que nuevamente se refiri\u00f3 a ambos trabajadores, particular y oficial, ocup\u00e1ndose \u00fanicamente de la pensi\u00f3n sanci\u00f3n para los no afiliados al sistema general de pensiones por omisi\u00f3n del empleador, que sin justa causa fueren despedidos con 10 a\u00f1os o m\u00e1s de servicios. Tal razonamiento, ha sido reiterado por la Sala entre otras, en sentencias CSJ SL, 10 mar. 2009, rad. 33600; CSJ SL, 9 mar. 2010, rad. 36269, y CSJ SL, 13 de junio de 2012, rad. 48303. <\/p>\n
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