STC16403-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16403-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01235-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 14 de septiembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Eli\u00e9cer Zapata Sep\u00falveda contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y trabajo, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada, por lo que solicit\u00f3 se le ordene \u00abexpedir una nueva [providencia] en la que se considere que las empresas de transporte p\u00fablico individual tienen asignada una capacidad transportadora\u00bb y, adem\u00e1s, \u00aben la que se considere que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n debe continuar con la investigaci\u00f3n penal\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Jorge Eli\u00e9cer Zapata Sep\u00falveda formul\u00f3 denuncia penal contra Francisco Javier Gonz\u00e1lez G\u00f3mez por el delito de \u00abprevaricato por acci\u00f3n\u00bb; as\u00ed como tambi\u00e9n contra Gildardo de Jes\u00fas Jaramillo Tabares por el punible de \u00ababuso de confianza\u00bb, noticia criminal que tambi\u00e9n formularon Gonzalo Alberto Cano Garc\u00eda y Jos\u00e9 Luis Parra. <\/p>\n
2.2. El 14 de mayo de 2019, el ente acusador solicit\u00f3 \u00abla preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n en favor de los indiciados\u2026\u00bb, que fue negada con providencia de esa misma fecha, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la Fiscal\u00eda, siendo revocada por el Tribunal convocado con auto del 27 de agosto de esa misma anualidad (2019), para en su lugar, decretar \u00abla extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb respecto de los dos denunciados. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que no reun\u00edan los presupuestos necesarios para declarar la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, por lo que se debi\u00f3 seguir con el proceso. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn solicit\u00f3 desestimar el resguardo \u00abno s\u00f3lo por ausencia de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, sino por constituir\u2026un abuso del derecho, al acudir al amparo con el fin de cuestionar una decisi\u00f3n judicial ejecutoriada adoptada dentro del marco legal\u00bb. <\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda 241 Seccional de la Subdirecci\u00f3n de Fiscal\u00edas Seguridad Ciudadana de Medell\u00edn defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n criticada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el amparo por no cumplir con el presupuesto de inmediatez, habida cuenta que \u00abla parte actora tard\u00f3 casi un\u2026 a\u00f1o en acudir al presente tr\u00e1mite constitucional\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, destac\u00f3 que \u00abla providencia objeto de la\u2026 solicitud de amparo no vulnera de alguna forma los derechos fundamentales de los accionantes y, por ende, no incurre en una v\u00eda de hecho que haga necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor del resguardo reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, enfiladas a cuestionar la legalidad del prove\u00eddo que decret\u00f3 la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal en el juicio criticado. Por lo dem\u00e1s, destac\u00f3 que \u00abla inmediatez no puede aceptarse en este caso puntual, en raz\u00f3n a las medidas decretadas por el gobierno nacional\u00bb, pues \u00abha de tenerse en cuenta la especial situaci\u00f3n a la que se vio abocada el servicio de justicia y el acceso a ella por parte de los ciudadanos por el tema de la pandemia por el Covid-19\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que ante la rese\u00f1ada situaci\u00f3n el Consejo Superior de la Judicatura \u00absuspendi\u00f3 los t\u00e9rminos judiciales\u00bb, en reiteradas oportunidades, as\u00ed como tambi\u00e9n se dieron varios cierres en los despachos judiciales del departamento de Antioquia, lo que le impidi\u00f3 presentar su acci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, de entrada, advierte la Sala que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que la providencia cuestionada por el actor data del 27 de agosto de 2019. <\/p>\n
Entonces, desde la fecha de proferimiento de esa providencia (27 de agosto de 2019) y la fecha de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, 20 de agosto de 2020, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses, super\u00e1ndose el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En este punto, cabe a\u00f1adir que si bien el impugnante pretendi\u00f3 justificar la referida tardanza en la situaci\u00f3n an\u00f3mala que se ha suscitado en el pa\u00eds por la pandemia originada por el virus Covid-19, lo cierto es que este mecanismo constitucional no fue suspendido durante el aislamiento preventivo obligatorio, ni su presentaci\u00f3n se vio limitada por las suspensiones de t\u00e9rminos que decret\u00f3 el Consejo Superior de la Judicatura, pues fue excluida expresamente en los respectivos acuerdos1, implement\u00e1ndose herramientas para la presentaci\u00f3n virtual de este tipo de s\u00faplicas, las cuales no ponen en riesgo a la poblaci\u00f3n, instrumentos de los que, incluso, hizo uso la tutelante, teniendo en cuenta que la demanda de amparo se present\u00f3 v\u00eda correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
Sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
3. Las razones anteriormente consignadas, imponen la confirmaci\u00f3n del fallo de tutela de primera instancia, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Sobre el particular, dest\u00e1quese que en el acuerdo PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020, en su art\u00edculo primero, expresamente se consign\u00f3: \u00abSuspender los t\u00e9rminos judiciales en todo el pa\u00eds a partir del 16 y hasta el 20 de marzo de 2020, excepto en los despachos judiciales que cumplen la funci\u00f3n de control de garant\u00edas y los despachos penales de conocimiento que tengan programadas audiencias con persona privada de la libertad, las cuales se podr\u00e1n realizar virtualmente. Igualmente se except\u00faa el tr\u00e1mite de acciones de tutela\u00bb (negrillas ajenas al texto), excepci\u00f3n que se mantuvo en los acuerdos que, con posterioridad, se dictaron para prorrogar la anotada suspensi\u00f3n. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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