STC16407-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16407-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-03-000-2021-00545-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 4 de noviembre de 2021, que neg\u00f3 la tutela de Distrirepuestos JFML S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio (Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales); tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor n\u00ba 19-63783. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad solicitante, a trav\u00e9s de su representante legal, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la entidad querellada. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 en s\u00edntesis que, promovi\u00f3 ante la Superintendencia de Industria y Comercio acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor contra la empresa Deprisa (Avianca), con motivo de la p\u00e9rdida de 50 filtros de combustibles que deb\u00eda transportar la demandada entre Bogot\u00e1 y Medell\u00edn y entregar en el domicilio de Distrirepuestos JFML, generando \u00abda\u00f1os que ascienden a la suma de $11\u2019953.500\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, el 31 de enero de 2020 la Superintendencia convoc\u00f3 a audiencia en la que, por iniciativa del apoderado de Deprisa y \u00absin dar traslado a la parte demandante\u00bb, dict\u00f3 sentencia anticipada con fundamento en que, \u00abDistrirepuestos JFML [\u2026] no pod\u00eda ser considerado un consumidor final puesto que los mencionados filtros ser\u00edan posteriormente vendidos [\u2026] raz\u00f3n por la que carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa en el marco del estatuto del consumidor\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, solicit\u00f3 nulidad de lo actuado, fundamentalmente por la omisi\u00f3n de dar traslado a fin de propiciar la discusi\u00f3n en torno a la procedencia de la sentencia anticipada, pretensi\u00f3n que deneg\u00f3 la funcionaria delegada, quien tampoco se pronunci\u00f3 frente al recurso de reposici\u00f3n inmediatamente impetrado. <\/p>\n
Este \u00faltimo proceder fue objeto de amparo constitucional por el Tribunal Superior de Medell\u00edn, que mediante fallo de tutela del 30 de abril de 2021 orden\u00f3 a la Delegatura para asuntos jurisdiccionales de la Superintendencia le diera tr\u00e1mite al recurso horizontal interpuesto por la demandante contra la decisi\u00f3n que desestim\u00f3 la solicitud de nulidad. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, en acatamiento al mandato tutelar, el 3 de agosto de 2021 la Superintendencia de Industria y Comercio resolvi\u00f3 lo pertinente, pero mantuvo la determinaci\u00f3n de negar la nulidad formulada. <\/p>\n
Acus\u00f3 las anteriores decisiones de constituir v\u00edas de hecho, por \u00abdefecto sustantivo\u00bb, pues considera que existi\u00f3 una errada comprensi\u00f3n del concepto de consumidor final, pues \u00abDistrirepuestos JFML [\u2026] ten\u00eda inter\u00e9s para obrar en el proceso de protecci\u00f3n del consumidor [\u2026] toda vez que solicitaba una indemnizaci\u00f3n por falla en el servicio de transporte por parte de Deprisa, adem\u00e1s de tener legitimaci\u00f3n en la causa, toda vez que el servicio de transporte cerrar\u00eda su cadena con Distrirepuestos como su consumidor final, (no siendo [\u2026] intermediaria en el mencionado servicio). En este sentido, la interpretaci\u00f3n de la normativa del estatuto del consumidor [\u2026] desconoce un inter\u00e9s leg\u00edtimo de las partes\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que hubo una interpretaci\u00f3n descontextualizada de la normativa, pues no diferenci\u00f3 \u00abclaramente en cu\u00e1les servicios Distrirepuestos era intermediario y en cu\u00e1les no, como en el caso del servicio de transporte, donde no era intermediario frente a nadie m\u00e1s (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que, \u00abse revoque el fallo proferido por la Superintendencia de Industria y Comercio [\u2026] el 31 de enero de 2020 (\u2026) que en consecuencia se ordene darle tr\u00e1mite a las pretensiones de Distrirepuestos JFML S.A.S. en el proceso verbal sumario \u2013 acci\u00f3n de protecci\u00f3n del consumidor \u2013 que se adelanta contra Deprisa (Avianca) donde se tenga en cuenta la legitimaci\u00f3n en la causa [\u2026] seg\u00fan las consideraciones expuestas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El coordinador del Grupo de Gesti\u00f3n Judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio realiz\u00f3 un recuento de la actuaci\u00f3n recriminada y defendi\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada, esto es, dictar sentencia anticipada, bajo el argumento \u00abconsistente en que uno de los requisitos para que prospere la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor es que se verifique que haya una legitimaci\u00f3n en la causa y que el demandante ostente la calidad de consumidor final a la luz del art\u00edculo 5 numeral 3 de la ley 1480 de 2011, y que la aqu\u00ed tutelante, demandante en dicha acci\u00f3n, desarrollaba actividad comercial consistente en vender filtros de combustible [\u2026] se pod\u00eda establecer que el prop\u00f3sito por el cual la sociedad accionante hab\u00eda adquirido el servicio de transporte era para el traslado de unos elementos que estaban vendidos a una tercera persona, y que por ende, no ostenta la calidad de consumidor final respecto del producto o servicio objeto de litis, careciendo de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que no era obligaci\u00f3n correr traslado para generar debate sobre la procedencia de la sentencia anticipada, pues se encontraron \u00ablas pruebas necesarias que incluso fueron aportadas por la sociedad demandante [\u2026] que se hab\u00eda efectuado [\u2026] un an\u00e1lisis exhaustivo acerca de los requisitos especiales en concordancia con la ley 1480 de 2011, indic\u00e1ndose que para la prosperidad de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor se requer\u00eda: que haya una legitimaci\u00f3n en la causa, reclamaci\u00f3n directa y que exista una vulneraci\u00f3n a los derechos del consumidor y que, en el caso concreto, hab\u00eda quedado demostrado que no se cumpl\u00eda el primero\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite, pues la queja constitucional no se dirigi\u00f3 contra ninguna actuaci\u00f3n de esa entidad. <\/p>\n
3. La empresa Deprisa \u2013 Avianca, se opuso a la prosperidad del resguardo, pues adujo que est\u00e1 siendo utilizado como \u00abuna tercera instancia de los recursos interpuestos por la tutelante\u00bb. Indic\u00f3 que, la superintendencia accionada realiz\u00f3 un estudio juicioso del caso, ajustado a derecho y conforme al acervo probatorio. Adicionalmente, sostuvo que, tampoco se cumple el requisito de la subsidiariedad, pues en el marco de la relaci\u00f3n contractual entre la empresa demandante y la compa\u00f1\u00eda transportadora, como acto jur\u00eddico privado, \u00abante cualquier presunto incumplimiento del contrato, [le correspond\u00eda] iniciar las acciones ordinarias pertinentes, por lo que no era procedente utilizar la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al encontrar razonables las decisiones recriminadas, esto es, la que dict\u00f3 la sentencia anticipada \u2013 31 de enero de 2020 \u2013, as\u00ed como la que desestim\u00f3 la solicitud de nulidad formulada por la empresa demandante \u2013 3 de agosto de 2021. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el representante legal de la sociedad accionante, quien retom\u00f3 en extenso los argumentos y alegaciones del escrito inicial, insistiendo en su tesis acerca de la errada interpretaci\u00f3n que le dio la superintendencia accionada a la posici\u00f3n de la empresa respecto de la demandada, a la que consider\u00f3 como una \u00abintermediaria\u00bb y no como un \u00abconsumidor final\u00bb, frente a lo cual recalc\u00f3 que, no se ten\u00eda prueba alguna de que \u00abse hubiese perfeccionado un contrato de compraventa con otra persona y que hubiese cambiado su posici\u00f3n de beneficiario de los productos por otra persona, pues de ser as\u00ed, debi\u00f3 cambiar el destinatario para que dichos bienes les llegara directamente a estos\u00bb. <\/p>\n
Refut\u00f3 la decisi\u00f3n de la colegiatura a quo constitucional, por no profundizar en los conceptos de \u00abconsumidor y las situaciones en las que la relaci\u00f3n con el objeto social no impide que una empresa comercial se sit\u00fae como consumidor final\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Superintendencia de Industria y Comercio \u2013 Delegatura para asuntos jurisdiccionales \u2013, vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por la sociedad tutelante dentro del proceso de acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor expediente 19-63783 que promovi\u00f3 contra la empresa Deprisa (Avianca), al (i) dictar sentencia anticipada (31 de enero de 2020) que finiquit\u00f3 el tr\u00e1mite con fundamento en la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa de la demandante; y (ii) por denegar la solicitud de nulidad incoada por aqu\u00e9lla, frente a la decisi\u00f3n anterior, incurriendo, supuestamente, en v\u00eda de hecho por \u00aberr\u00f3nea\u00bb interpretaci\u00f3n de los requisitos normativos establecidos en la ley 1480 del 2011, que determinan la relaci\u00f3n de consumo y la calidad de consumidor final. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
En el supuesto que analiza la Sala, no logra advertirse que las determinaciones adoptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del juicio de protecci\u00f3n del consumidor promovido por la ac\u00e1 accionante, esto es, la que finiquit\u00f3 el pleito mediante sentencia anticipada \u2013 31 de enero de 2020 \u2013 y la denegatoria de la nulidad planteada contra la decisi\u00f3n anterior, se traduzcan en la vulneraci\u00f3n de los derechos invocados, toda vez que fueron resultado de una razonada hermen\u00e9utica del contexto procesal analizado a partir de una respetable valoraci\u00f3n probatoria y adecuada aplicaci\u00f3n de la normativa espec\u00edfica. <\/p>\n
3.1. En primer t\u00e9rmino, al proferir la sentencia anticipada, la Delegatura accionada fue concreta en precisar que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se debe cumplir con tres requisitos para que prospere la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor: que haya una legitimaci\u00f3n en la causa, reclamaci\u00f3n directa y que exista una vulneraci\u00f3n a los derechos del consumidor. <\/p>\n
En torno a la legitimaci\u00f3n en la causa y que el demandante ostente la calidad de consumidor final a la luz del art\u00edculo 5 numeral 3 donde se define consumidor como \u201cToda persona natural o jur\u00eddica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacci\u00f3n de una necesidad propia, privada, familiar o dom\u00e9stica y empresarial cuando no est\u00e9 ligada intr\u00ednsecamente a su actividad econ\u00f3mica. Se entender\u00e1 incluido en el concepto de consumidor el de usuario.\u201d, en esta medida, resulta claro que la demandante desarrolla m\u00e1s que una actividad econ\u00f3mica, una actividad en donde es vendedora de unos filtros de combustible por lo que el Despacho indic\u00f3 que con base a las pruebas aportadas, las facturas emitidas, el objeto de la sociedad y la confesi\u00f3n del hecho 5 de la demanda, se pudo establecer que efectivamente que el prop\u00f3sito por el cual la sociedad accionante adquiri\u00f3 ese servicio de transporte era para transportar unos elementos que estaban vendidos a una tercera persona, por consiguiente, la sociedad demandante no ostenta la calidad de consumidor final respecto del producto o servicio objeto de Litis y por ende carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, puntualiz\u00f3 que, el servicio contratado por la sociedad demandante ten\u00eda como objetivo entregar los filtros de combustible a otra empresa que previamente los hab\u00eda adquirido, luego, ser\u00eda aqu\u00e9lla la \u00abconsumidora final\u00bb, por lo que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) DISTRIREPUESTOS JFML S.A.S. estaba vendiendo o entregando lo vendido seg\u00fan la factura de venta aportada a folio 7 de la p\u00e1gina 2 del consecutivo 0 del expediente y es que hab\u00eda vendido a la sociedad WAGEN MOTOR SERVICIO AUTOMOTRIZ 100 filtros de combustible tambi\u00e9n de conformidad a la confesi\u00f3n del hecho 5 de la demanda. Por lo que este Despacho ratific\u00f3 y acept\u00f3 que efectivamente se deb\u00eda declarar la carencia de legitimaci\u00f3n en la causa por activa en la medida que el extremo activo no es consumidor final\u00bb. <\/p>\n
Recalc\u00f3 que, tras observar lo anterior, de conformidad con el art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso que prev\u00e9 que, en cualquier estado de la litis, le corresponde al juez dictar sentencia anticipada de hallar probada, entre otras instituciones jur\u00eddicas, la falta de legitimaci\u00f3n en la causa, de suerte que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se dict\u00f3 sentencia anticipada de conformidad con las pruebas aportadas y con base en los argumentos en los que la misma representante legal de la sociedad demandante en el hecho 5 de la demanda confes\u00f3: <\/p>\n
\u201cDichos filtros de combustible, fueron comprados por un valor de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL PESOS ($153.000) cada uno de los filtros, es decir, que los 50 filtros contenidos en el paquete extraviado tienen un valor de $7.650.000 m\u00e1s IVA, lo que corresponde al 19, equivalente a UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS ($1.453.500), para un total de NUEVE MILLONES CIENTO TRES MIL QUINIENTOS PESOS ($9.103.500). estos filtros de combustible se destinar\u00edan a la venta, para lo cual ya exist\u00eda una orden de compra dirigida por la empresa WAGEN MOTOR SERVICIO AUTOMOTRIZ a quienes se vender\u00edan 100 filtros de combustibles (dentro de los cuales est\u00e1n los 50 perdidos). debido a la p\u00e9rdida del envi\u00f3, DISTRIREPUESTOS JFLM S.A.S ha dejado de percibir DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($2.850.000). En consecuencia, la perdida que nuestra empresa ha sufrido debido al extrav\u00edo de la mercanc\u00eda, asciende a la suma de $11.953.500.\u201d. <\/p>\n
En esa medida, el Despacho tambi\u00e9n evidenci\u00f3 en el mismo consecutivo en la p\u00e1gina 4 que la parte demandante present\u00f3 una orden de compra por parte de la sociedad que iba a adquirir los filtros donde solicitaba la colaboraci\u00f3n en el suministro de 100 filtro para combustible y tambi\u00e9n se encontr\u00f3 una factura de venta bajo Nro. 0467 por $18.024.930, raz\u00f3n por la cual no es de recibo el argumento del apoderado de la sociedad accionante al decir que podr\u00eda comercializarse pues lo cierto es que ya estaban comercializados y lo \u00fanico que faltaba era enviarlos a la persona que hab\u00eda adquirido esos 100 filtros, DEMOSTR\u00c1NDOSE CLARAMENTE LA FALTA DE LEGITIMACI\u00d3N EN LA CAUSA POR ACTIVA Y QUE NO OSTENTA LA CALIDAD DE CONSUMIDOR FINAL de conformidad con la Ley 1480 de 2011\u00bb. <\/p>\n
3.2. En la misma diligencia, la superintendencia desestim\u00f3 la petici\u00f3n de nulidad incoada por el apoderado de la demandante, la que fund\u00f3 en la supuesta vulneraci\u00f3n al debido proceso por cuanto se habr\u00eda omitido correr traslado de la proposici\u00f3n de terminaci\u00f3n del proceso con sentencia anticipada proveniente de la demandada; decisi\u00f3n que mantuvo la accionada, cuando en audiencia del 3 de agosto de 2021, al pronunciarse sobre el recurso de reposici\u00f3n impetrado reiter\u00f3 que, resolvi\u00f3 de esa forma en atenci\u00f3n a lo indicado en el canon 278 del estatuto adjetivo, mas no en los argumentos del apoderado de Deprisa, es decir, a partir de las pruebas aportadas al plenario y en especial de la \u00abconfesi\u00f3n\u00bb de la representante legal de la sociedad Distrirepuestos JFML en relaci\u00f3n con el objetivo de la adquisici\u00f3n del servicio. <\/p>\n
Pero tambi\u00e9n destac\u00f3 que, en todo caso, no le era exigible correr traslado, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) ni de alegatos de conclusi\u00f3n ni de otra situaci\u00f3n porque no est\u00e1 obligado a eso, en la medida que la sentencia anticipada se da para una celeridad y econom\u00eda procesal cumpli\u00e9ndose los requisitos y encontr\u00e1ndose las pruebas necesarias que incluso fueron aportadas por la sociedad demandante, asimismo, se trae a colaci\u00f3n el fallo de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia en fallo de tutela con radicado 4701 M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque el cual indica que considera que cuando el juez tenga que proferir sentencia anticipada no est\u00e1 obligado a correr traslado para alegar, ni para otra situaci\u00f3n en particular y adem\u00e1s, en el caso que se estime que las pruebas pedidas deban negarse podr\u00e1 la misma providencia rechazarlas y proferir sentencia anticipada; entonces, frente a lo anterior lo que el Despacho tiene que indicar es que efectivamente confirma la negaci\u00f3n de la nulidad\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) esta Entidad, confirm\u00f3 la improcedencia de la nulidad en el entendido que no cumple con: <\/p>\n
a. Con lo establecido en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso en cuanto que las nulidades son taxativas. <\/p>\n
b. El art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no hay un indebido proceso sino una situaci\u00f3n particular y se debe aplicar lo que est\u00e1 en la ley y en el art\u00edculo 278 del C.G.P. # 3 en cuanto se demostr\u00f3 la carencia de legitimaci\u00f3n en la cusa por activa con base a las pruebas aportadas por la misma sociedad accionante\u00bb. <\/p>\n
Se sigue de lo transcrito, que habr\u00e1 de negarse la salvaguarda invocada como se anticip\u00f3, ya que lo resuelto se observa como un leg\u00edtimo ejercicio de interpretaci\u00f3n de la situaci\u00f3n controvertida, soportada en los elementos de juicio analizados en dicho tr\u00e1mite, lo cual, desde luego, no puede ser alterado por esta v\u00eda, m\u00e1xime si no se aprecia inconsulta, desfasada o irracional, en todo caso, distante de edificar la v\u00eda de hecho denunciada. <\/p>\n
Adem\u00e1s, sobre la pretensi\u00f3n de imponer al juzgador un determinado raciocinio probatorio, a efectos de que coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00). <\/p>\n
De manera que, esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en \u00e9sa esfera, cuando, eventualmente, el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual ciertamente no ocurri\u00f3 en este supuesto. <\/p>\n
Ahora, los fundamentos con los cuales la sociedad actora recrimin\u00f3 la actuaci\u00f3n de la Superintendencia no tienen la potencialidad de propiciar la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir sobre puntos resueltos de fondo, revelando con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como una instancia adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter residual y aut\u00f3nomo. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, de manera uniforme la Corte ha sostenido que, <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC16240-2015, STC16948-2015, STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Finalmente, frente a demandas dirigidas contra determinaciones judiciales, con suficiencia ha precisado la Corte que \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012) Se resalta. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque las decisiones cuestionadas no constituyen desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda y, adem\u00e1s, lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y al a-quo por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC16407-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC16407-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-03-000-2021-00545-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60051","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60051","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60051"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60051\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60051"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60051"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60051"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}