STC16408-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16408-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01243-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 22 de julio de 2021, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jacqueline Giraldo Fichica contra la Sala de Descongesti\u00f3n N\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, entre otros, presuntamente vulnerados por la autoridad encausada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, que se deje sin efecto la sentencia de 24 de noviembre de 2020, emitida por la convocada dentro el litigio materia de resguardo. <\/p>\n
2. Del libelo tutelar y de la informaci\u00f3n aqu\u00ed allegada, se sintetizan, en lo relevante, los siguientes supuestos f\u00e1cticos: <\/p>\n
2.1. Jacqueline Giraldo Fichica promovi\u00f3 demanda ordinaria en contra de Tecnoqu\u00edmicas S.A., \u201ccon la que (\u2026) solicitaba se declarara la culpa patronal del empleador en la ocurrencia del accidente laboral de tr\u00e1nsito que sufri\u00f3 el d\u00eda 4 de junio de 2003, y se la condenara a la indemnizaci\u00f3n plena a que ten\u00eda derecho en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 216 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social\u201d. <\/p>\n
2.2. Ese litigio fue zanjado por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cali, quien, mediante providencia de 30 de julio de de 2013, deneg\u00f3 las pretensiones invocadas. declarando probada la excepci\u00f3n de \u201cinexistencia de causa de las obligaciones demandadas\u201d. <\/p>\n
2.3. El 5 de junio de 2015, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
2.4. En sentencia SL4706 de 24 de noviembre de 2020, la corporaci\u00f3n fustigada, decidi\u00f3 \u201cno casar\u201d el fallo de segundo grado, toda vez que los defectos t\u00e9cnicos de la demanda contentiva del recurso de casaci\u00f3n hac\u00edan inviable el estudio de ese remedio extraordinario. <\/p>\n
2.5. Afirma la tutelante que la Sala fustigada, incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, pues i) \u201cno aplic[\u00f3] el r\u00e9gimen del riesgo excepcional en todo su esplendor (\u2026) violando de contera los principios constitucionales de la confianza leg\u00edtima cimentado en el de la buena fe, el acceso a la justicia y el derecho a la igualdad\u201d; ii), \u201cno cas[\u00f3], en forma oficiosa, la sentencia recurrida (\u2026), pese a las deficiencia t\u00e9cnicas [de la demanda], cuando de la misma aparec\u00eda de bulto la vulneraci\u00f3n de [sus] derechos y garant\u00edas constitucionales\u201d, y iii) no tuvo en cuenta \u201ctodas las pruebas que dejaron al desnudo y al descubierto la falta de diligencia y cuidado de la empleadora en el control, inspecci\u00f3n y vigilancia en el transporte contratado para prestar el servicio de [traslado] de sus trabajadores\u201d. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
Se opuso al ruego resaltando que el fallo emitido por esa colegiatura dentro del decurso subex\u00e1mine \u201cacat\u00f3 lo dispuesto en el art\u00edculo 235 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, desarrollado en el 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7 de la Ley 1285 de 2009, en la medida que se cumplieron los fines de \u00ab[\u2026] unificaci\u00f3n de la jurisprudencia, protecci\u00f3n de los derechos constitucionales y control de legalidad de los fallos\u00bb\u201d. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al considerar: <\/p>\n
\u201cla providencia judicial que se pretende dejar sin efecto en virtud del mecanismo de amparo no es el resultado de la arbitrariedad ni el capricho de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, por el contrario, fue emitida en el decurso de un procedimiento, con plenas garant\u00edas para las partes. De esta manera las aseveraciones expuestas, corresponden a la valoraci\u00f3n del juez de conocimiento bajo el principio de la libre formaci\u00f3n del convencimiento, permitiendo que el pronunciamiento censurado sea inmutable por el sendero de esta acci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora insistiendo en sus argumentos de disenso expuestos en el libelo genitor, e indicado que el juez constitucional a quo, \u201cno se pronunci\u00f3 sobre la obligaci\u00f3n de (\u2026) casar oficiosamente una sentencia cuando existe una palpable y evidente violaci\u00f3n a los derechos constitucionales fundamentales de un trabajador\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el presente asunto la promotora censura, puntualmente, la decisi\u00f3n de 24 de noviembre de 2020 emitida dentro del caso bajo estudio por la Sala de Descongesti\u00f3n N\u00b04 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, pues, en su sentir, esa Colegiatura vulner\u00f3 sus prerrogativas fundamentales, al incurrir en desconocimiento de precedente y defecto f\u00e1ctico, irregularidades que deben ser corregidas en esta especial senda. <\/p>\n
3. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Sala la confirmaci\u00f3n del fallo dictado por el a quo constitucional, pero, exclusivamente, por carecer de actualidad el resguardo impetrado, por cuanto, entre la presentaci\u00f3n del auxilio, esto es, el 15 de junio de 2021, y la emisi\u00f3n de la mencionada providencia, transcurrieron m\u00e1s de seis (6) meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto: <\/p>\n
\u201c(\u2026) no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01)\u201d. <\/p>\n
\u201cReiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01)\u201d (CSJ STC, 30 ene. 2013, rad. 2012-00274-01, CSJ STC 5977, 15 de mayo de 2015). <\/p>\n
Por tanto, si la petente se demor\u00f3 en incoar el amparo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a la autoridad convocada y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
4. Se impone, entonces, respaldar la sentencia de primer grado, pero s\u00f3lo por la raz\u00f3n ac\u00e1 consignada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1 <\/p>\n
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