STC16409-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16409-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-00644-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 24 de junio de 2021, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ver\u00f3nica Mar\u00eda Salazar Cardona contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en los asuntos que originaron las quejas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Solicita, entonces, \u201cque se tome por cumplido [el] tiempo de sanci\u00f3n disciplinaria y en consecuencia de dicha decisi\u00f3n se proceda a determinar c\u00f3mo VIGENTE [su] tarjeta profesional [de abogado]\u201d <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Bajo el procedimiento consagrado en la Ley 1123 de 2007, se adelant\u00f3 ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, la \u201cqueja disciplinaria\u201d presentada por Juan Carlos \u00c1lvarez contra la abogada Ver\u00f3nica Mar\u00eda Salazar Cardona \u2013 aqu\u00ed accionante -, asunto zanjado en sentencia de 10 de julio de 2019, donde se dispuso \u201cla suspensi\u00f3n del ejercicio de la profesi\u00f3n de doce (12) meses y multa econ\u00f3mica\u201d. <\/p>\n
2.2. Aduce la gestora que el anterior correctivo fue aplicado \u201cpor firmar un poder y (\u2026) por la presentaci\u00f3n de un memorial\u201d cuando se encontraba \u201csuspendida\u201d para ejercer su trabajo; empero, no se tuvo en cuenta su \u201cBUENA FE de actuar a pesar de que NUNCA se [le] notific\u00f3 personalmente el fallo sancionatorio\u201d que le impidiera ejercer la representaci\u00f3n del prenombrado. <\/p>\n
2.3. Asevera que el Consejo Superior de la Judicatura, en grado de consulta, emiti\u00f3 sentencia de 22 de enero de 2020 por medio de la cual revoc\u00f3 parcialmente la sanci\u00f3n impuesta en su contra, pues redujo la suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n a 10 meses. <\/p>\n
2.4. Arguye que dicha decisi\u00f3n le fue notificada \u201cpor medio de TELEGRAMA PERSONAL (\u2026) del d\u00eda diez (10) de febrero de dos mil veinte (2020)\u201d, por tanto, desde ese momento procedi\u00f3 a \u201csuspender\u201d el ejercicio de su profesi\u00f3n \u201ca fin de evitar que volviera a incurrir en la falta disciplinaria por la que fue sancionada\u201d. <\/p>\n
2.5. Afirma que el 10 de mayo de dos mil veinte \u201crecib[i\u00f3] notificaci\u00f3n por correo donde [le] notifican que la sanci\u00f3n\u201d a ella impuesta \u201ccomenzar\u00eda a regir el d\u00eda trece (13) del mes de mayo de dos mil veintiuno (2021) hasta el d\u00eda doce (12) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022)\u201d, restricci\u00f3n que efectivamente ya se encuentra inscrita \u201cen el Registro Nacional de Abogados\u201d. <\/p>\n
2.6. Indica que las anteriores actuaciones vulneran sus garant\u00edas fundamentales, por cuanto <\/p>\n
\u201c(\u2026) al ser la sanci\u00f3n disciplinaria restrictiva de [su] ejercicio profesional de abogada, se tiene que tomar en cuenta que la misma debe ser aplicada de forma inmediata, pero no como est\u00e1 sucediendo en la actualidad, que quince (15) meses despu\u00e9s es notificada la vigencia de [tal correctivo] (\u2026)\u201d. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial solicit\u00f3 ser desvincular del presente auxilio, en la medida en que esa entidad es ajena a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica descrita en el escrito de tutela. <\/p>\n
2. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia expres\u00f3 que \u201cpor los mismos hechos y fundamentos de derecho fue interpuesta la acci\u00f3n de tutela No. 11001-03-15-000-2021-02759-00\u201d la cual fue fallada por el Consejo de Estado el 11 de junio de 2021. <\/p>\n
3. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura se opuso al ruego manifestando, en s\u00edntesis, no haber vulnerado ninguna garant\u00eda supralegal de la quejosa. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 el amparo, tras advertir: <\/p>\n
\u201c(\u2026) no hay duda respecto de la identidad entre la presente demanda y la otra instaurada previamente y, en tal orden de ideas, de conformidad con el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, resulta imperativo declarar improcedente el amparo solicitado por Ver\u00f3nica Mar\u00eda Salazar Cardona, pues esa inconformidad, como se indic\u00f3, ya fue planteada en otro procedimiento de la misma naturaleza (\u2026)\u201d. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 promotora insistiendo en los argumentos de disenso expuestos en el libelo genitor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. La gestora de la salvaguarda critica, puntualmente, el registro de la sanci\u00f3n impuesta dentro de la queja disciplinaria presentada en su contra por Juan Carlos \u00c1lvarez, la cual qued\u00f3 materializada a partir del 13 de mayo de 2021 hasta el 12 marzo de 2022, aun cuando, la suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado le fue comunicada el 10 de febrero de 2020. <\/p>\n
3. De entrada se advierte que el fallo del a quo constitucional ser\u00e1 ratificado, porque, efectivamente, la promotora concurri\u00f3 a esta jurisdicci\u00f3n, en reciente ocasi\u00f3n, alegando cuestiones similares a las de ahora. <\/p>\n
En efecto, verificado el sistema de consulta de la rama judicial se evidencia que, mediante providencia de 11 de junio de 2021, proferida dentro del expediente N\u00b0 11001-03-15-000-2021-02759-00, la Secci\u00f3n Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, se ocup\u00f3 de estudiar el auxilio constitucional enarbolado por la aqu\u00ed actora frente al tema anunciado con anterioridad. En esa ocasi\u00f3n esa Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el resguardo, aduciendo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Para resolver la presente controversia, es menester poner de relieve que el art\u00edculo 47 de la Ley 1123 de 2007 \u201cpor la cual se establece el c\u00f3digo disciplinario del abogado\u201d, dispone que la sanci\u00f3n disciplinaria comenzar\u00e1 a regir a partir de la fecha en que \u00abla oficina de Registro Nacional de Abogados\u00bb efect\u00fae el registro de la misma. La referida disposici\u00f3n es del siguiente tenor:\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026) Ejecuci\u00f3n y Registro de la Sanci\u00f3n. Notificada la sentencia de segunda instancia, la oficina de Registro Nacional de Abogados anotar\u00e1 la sanci\u00f3n impuesta. Esta comenzar\u00e1 a regir a partir de la fecha del registro\u201d. <\/p>\n
\u201cPara tal efecto, la Secretar\u00eda Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, luego de la referida notificaci\u00f3n har\u00e1 entrega inmediata de copia de la sentencia a la oficina de registro [\u2026]. (negrillas por fuera del texto original)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Significa lo anterior que, por expresa disposici\u00f3n de la norma antes transcrita, la vigencia de la sanci\u00f3n disciplinaria comenzar\u00e1 a partir de la fecha en que esta se registre, lo que permite afirmar que ni la notificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n que resuelva un proceso disciplinario de esta naturaleza ni la fecha de ejecutoria de la misma, determinan tal aspecto, pues la ley es clara en disponer que el correctivo disciplinario comenzar\u00e1 a regir solo a partir del momento en que se efect\u00faa su registro\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Es por la anterior raz\u00f3n que, para la Sala, carece de fundamento jur\u00eddico y, por ende, no es de recibo el argumento planteado por la actora consistente en que el t\u00e9rmino de la sanci\u00f3n ya se encuentra vencido porque su vigencia se debe contabilizar desde la notificaci\u00f3n de la sentencia proferida el 22 de enero de 2020, en tanto que, como se expuso en el p\u00e1rrafo anterior, la sanci\u00f3n disciplinaria, de conformidad con el C\u00f3digo Disciplinario del Abogado, empieza a regir desde el momento en que se efect\u00fae su anotaci\u00f3n en el Registro Nacional de Abogados, y ello es as\u00ed porque tal anotaci\u00f3n busca garantizar la publicidad del correctivo impuesto\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [A]l estar plenamente acreditado que la Unidad accionada efectu\u00f3 el registro de la sanci\u00f3n impuesta a la aqu\u00ed actora el 13 de mayo de 2021, desde esa fecha comienza a regir la misma, la cual se extender\u00e1 por el lapso de diez (10) meses, conforme lo dispuso la sentencia de 22 de enero de 2020, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) De otra parte, la Sala advierte que no es cierto que en el \u00abtelegrama\u00bb enviado a la accionante se le haya informado que la sanci\u00f3n comenzar\u00eda a regir a partir de la ejecutoria de la sentencia de 22 de enero de 2020, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Por el contrario, en dicha oportunidad, se le advirti\u00f3 que \u00abel registro Nacional de Abogados [le] informar\u00e1 a partir de cu\u00e1ndo comenzar\u00e1 a regir dicha sanci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Lo anterior significa que, contrario a lo afirmado por la accionante, del contenido del \u00abtelegrama\u00bb no era posible inferir que la sanci\u00f3n reg\u00eda desde la fecha en que se surti\u00f3 la notificaci\u00f3n de la sentencia que modific\u00f3 el t\u00e9rmino de la sanci\u00f3n, esto es, el 10 de febrero de 2020\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Ahora bien, aunque es un hecho cierto que desde la ejecutoria de la sentencia de 22 de enero de 2020 hasta el momento que se efectu\u00f3 la anotaci\u00f3n en el Registro Nacional de Abogados -13 de mayo de 2021- transcurri\u00f3 un lapso aproximado de quince (15) meses, tambi\u00e9n lo es que por ese mismo per\u00edodo la aqu\u00ed actora pod\u00eda ejercer la profesi\u00f3n de abogada sin ninguna limitaci\u00f3n, toda vez que la sanci\u00f3n no se encontraba inscrita\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, queda claro, los supuestos f\u00e1cticos ahora cuestionados ya fueron dilucidados por el juez constitucional. Esta Sala ha negado la protecci\u00f3n impetrada en eventos como el presente, al reiterar que: <\/p>\n
\u201cPrecisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u00abcuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cBajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (STC10685-2016, 4 ag., rad. 2016-00554-01; y STC16973-2016, 24 nov., rad. 2016-00362-01). <\/p>\n
En suma, como resulta inadmisible un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, de all\u00ed que seg\u00fan el art\u00edculo 38 del Decreto 2595 de 1991, tal conducta acarrea como consecuencia que se decida en forma desfavorable la solicitud de la gestora sobre ese punto. <\/p>\n
4. Las razones anteriormente consignadas imponen respaldar el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido a todos los interesados y rem\u00edtase las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1 <\/p>\n
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