STC16412-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16412-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 13001-22-13-000-2021-00629-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Jos\u00e9 El\u00edas Bechara Urango frente al fallo proferido el 26 de octubre de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra el Juzgado Quinto de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus prerrogativas esenciales al debido proceso, igualdad, \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulneradas por el estrado acusado al dictar sentencia en el juicio de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria incoado en su contra. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, restar efectos a esa providencia, emitida el 9 de junio de 2021, por el Juzgado acusado, y ordenar a \u00e9ste dictar una nueva \u00abajustada a lo probado dentro del proceso bajo las normas de la experiencia, la l\u00f3gica y la sana cr\u00edtica[,] y que el fallo sea congruente\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para resolver el presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el juicio de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria que contra el accionante inco\u00f3 Mar\u00eda Paola Fern\u00e1ndez Cura, en representaci\u00f3n de su hijo com\u00fan menor de edad, surtidas las etapas de rigor, el 9 de junio de 2021 el Juzgado encausado dict\u00f3 sentencia, en la cual, en lo que aqu\u00ed interesa, dispuso: <\/p>\n
\u2026Fijar a cargo del se\u00f1or\u2026 Bechara Urango y a favor de su menor hijo\u2026, en cuyo favor act\u00faa la se\u00f1ora\u2026 Fern\u00e1ndez Cura, una cuota alimentaria definitiva equivalente al 25% del salario o pensi\u00f3n, primas, mesadas adicionales, bonos, bonificaciones, indemnizaciones, horas extras, vacaciones, cesant\u00edas y dem\u00e1s prestaciones sociales legales y extralegales y emolumentos que perciba el demandado en su calidad de empleado o pensionado de la empresa ECOPETROL, o de cualquier otra empresa o patrono persona natural donde labore, llegare a laborar, o resultare pensionado, como el 100% del subsidio familiar y educativo que reconozca la empresa Ecopetrol al menor\u2026 en su calidad de hijo del demandado, previa deducci\u00f3n de sus descuentos de ley. <\/p>\n
\u2026El pagador respectivo, deber\u00e1 realizar las consignaciones correspondientes por el porcentaje ordenado en el numeral anterior\u2026, en el Banco Agrario de Colombia\u2026 <\/p>\n
2.2. El 12 de julio \u00faltimo el estrado convocado no accedi\u00f3, por haberse formulado extempor\u00e1neamente, a las solicitudes de aclaraci\u00f3n (encaminada a que se precisara qu\u00e9 comprende aquel 25%) y de adici\u00f3n (en punto a que nada se dijo de la cautela de prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds impuesta al censor). <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, el quejoso cuestion\u00f3 que, incurriendo en defectos f\u00e1ctico y sustantivo, all\u00ed se present\u00f3 una \u00abvaloraci\u00f3n defectuosa del material probatorio con errores manifiestos en la apreciaci\u00f3n de las pruebas y una evidente contradicci\u00f3n entre los fundamentos y la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que esa fijaci\u00f3n es desproporcionada por corresponder a un \u00abvalor muy superior a los gastos reales del menor probados dentro del proceso\u00bb, comoquiera que dentro de aquel 25% est\u00e1n incluidos los gastos de salud y educaci\u00f3n del ni\u00f1o pero los mismos son cubiertos con la afiliaci\u00f3n del padre en salud y los subsidios que le otorga su empleador Ecopetrol, sumado a que \u00e9l, como lo reconoci\u00f3 la falladora, paga el cr\u00e9dito hipotecario del inmueble en donde vive hijo y madre, y la financiaci\u00f3n del veh\u00edculo que tambi\u00e9n tiene a disposici\u00f3n de \u00e9stos, sin que esas sumas se tuvieran en cuenta al determinar el monto de la cuota, m\u00e1xime al observar que se dispuso su descuento directo por parte de la citada empresa petrolera, de donde, realmente, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, se le termin\u00f3 imponiendo como tal el 25% de sus asignaciones salariales, m\u00e1s los gastos de salud, educaci\u00f3n, vivienda y transporte; por lo que \u00e9l \u00abest\u00e1 cubriendo m\u00e1s de la mitad de la cuota alimentaria con el salario y la accionante no se tiene claridad sobre en qu[\u00e9] est\u00e1 utilizando los recursos obtenidos fruto de la cuota establecida, debido a que como\u2026 se mencion\u00f3 y se prob\u00f3 la mayor\u00eda de los gastos del menor los est\u00e1 cubriendo el padre\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que su expareja \u00abpreconstituy\u00f3 las pruebas para iniciar la acci\u00f3n\u00bb porque la present\u00f3 cuando a\u00fan viv\u00edan bajo el mismo techo, ella hab\u00eda quedado desempleada y dejado vencer las facturas de algunos servicios p\u00fablicos a pesar de tener la posibilidad de cancelarlos directamente en favor del grupo familiar; que \u00e9l siempre ha cumplido sus obligaciones como padre, directamente y mediante los subsidios que le brinda su empleador; y que, aunque en el auto admisorio de la demanda se decret\u00f3 \u00abla medida cautelar de impedimento de salida del pa\u00eds\u00bb, nada se dijo al respecto en la sentencia. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda 115 Judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres indic\u00f3 que, efectivamente, el quejoso \u00abno hizo uso oportuno de la facultad regulada en el art\u00edculo 285 del C.G.\u00bb, por lo que el ruego tutelar no satisface el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
Destac\u00f3 que el censor \u00abtampoco expuso las razones por las cuales la sentencia que estableci\u00f3 la cuota de alimentos resulta lesiva de sus derechos\u00bb y, en todo caso, all\u00ed \u00abse demand\u00f3 la fijaci\u00f3n de cuota de alimentos a favor de un menor de edad con fundamento en la presumida necesidad, el parentesco, la solvencia econ\u00f3mica del obligado y el incumplimiento del padre, quien present\u00f3 excepciones de fondo en oposici\u00f3n de tal aseveraci\u00f3n y de la falta de solvencia de la madre. La sentencia estim\u00f3 que por cuenta de los pagos acreditados por el demandado y las pruebas recaudadas en el proceso no hubo cumplimiento total sino parcial de la obligaci\u00f3n alimentaria a cargo del padre y fij\u00f3 en un 25% de todos los ingresos la cuota definitiva con que el hoy accionante contribuir\u00eda al establecimiento y crianza del menor de edad hijo com\u00fan de las partes y mantuvo las medidas autorizadas por el C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia para garantizar dicho cumplimiento, lo que garantiza el derecho de alimentos, prevalente de un menor de edad\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00ablos procesos de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria, ejecuci\u00f3n y revisi\u00f3n de los mismos, deben guiarse por el principio constitucional desarrollado en la Ley 1098 de 2006, que hace referencia al inter\u00e9s superior de los menores\u00bb. <\/p>\n
2. La titular del Juzgado Quinto de Familia de Cartagena histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas; indic\u00f3 que se posesion\u00f3 en el cargo con posterioridad a la emisi\u00f3n del fallo cuestionado; que \u00abno se avizora que haya existido Defecto F[\u00e1]ctico Absoluto y\/o Defecto Sustantivo, en la decisi\u00f3n emanada de [ese] despacho, se sopesaron cada una de las pruebas oportunamente allegadas, y la decisi\u00f3n adoptada no se torna caprichosa, sino basada en los hechos probados dentro del proceso y en la legislaci\u00f3n atinente al caso de marras, por lo que solicit[\u00f3] se deniegue la presente acci\u00f3n por no existir vulneraci\u00f3n alguna a los derechos fundamentales del actor y la inexistencia de los defectos aludidos\u00bb. <\/p>\n
3. Mar\u00eda Paola Fern\u00e1ndez Cura se\u00f1al\u00f3 que este reclamo \u00abcarece de sustento legal para que pueda salir adelante\u00bb, en tanto que el censor \u00abno tiene fundamento alguno para alegar que existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria por parte del Juzgado\u2026 o que existe incongruencia entre lo probado y lo resuelto\u00bb; que \u00ab[l]a sentencia\u2026 estuvo ajustada al derecho, ya que fue debidamente motivada, se ci\u00f1\u00f3 a lo que se prob\u00f3 dentro del proceso, con las pruebas documentales, interrogatorio de parte y declaraci\u00f3n de parte\u00bb; que \u00abel accionante siempre daba lo que \u00e9l consideraba fuera suficiente, en sus t\u00e9rminos y bajo sus condiciones\u00bb; y que el 22 de octubre del 2020 se le deneg\u00f3 el levantamiento de la restricci\u00f3n de salida del pa\u00eds, por no haber \u00abprestado cauci\u00f3n que garantice los alimentos de [su] hijo como lo ordena la ley\u00bb, lo que a la fecha no ha variado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo porque \u00abel tr\u00e1mite desarrollado\u2026 est\u00e1 ajustado a los c\u00e1nones procesales y sustanciales que regulan este tipo de procesos. No se observa que el Despacho judicial\u2026 haya actuado de manera negligente, ni que en su decisi\u00f3n haya olvidado cumplir con el deber de an\u00e1lisis de las realidades f\u00e1cticas y jur\u00eddicas sometidas a su criterio, actuando siempre dentro del marco de autonom\u00eda y competencia que le es otorgada por la Constituci\u00f3n y la Ley. Y siendo as\u00ed, no puede pregonarse que la funcionaria judicial haya incurrido en v\u00eda de hecho alguna. En segundo lugar, porque resulta evidente que la pretensi\u00f3n del tutelante se circunscribi\u00f3 a un subjetivo desacuerdo frente a la decisi\u00f3n pronunciada por el juzgador, lo cual, naturalmente, escapa al \u00e1mbito del sentenciador de tutela\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 el accionante sin indicar los motivos de su disenso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u2019 (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. En ese orden, observa la Corte que, en concreto, el actor critic\u00f3 al estrado acusado el que, a pesar de que en la parte considerativa de su sentencia se\u00f1al\u00f3 reconocer los aportes que \u00e9l efectuaba de \u00abforma voluntaria\u00bb para su hijo menor de edad, por salud, educaci\u00f3n, vivienda y transporte, no lo sopes\u00f3 al establecer el monto de la cuota alimentaria, porque aunque la fij\u00f3 en el 25% de sus asignaciones salariales y prestacionales, dispuso que la totalidad de ese porcentaje le fuera descontado directamente por el empleador, quedando por fuera del mismo aquellos factores; as\u00ed mismo, cuestion\u00f3 que all\u00ed no se efectuara ning\u00fan pronunciamiento de cara a la restricci\u00f3n de salida del pa\u00eds dispuesta en su contra. <\/p>\n
3.1. En reiteradas oportunidades, esta Corporaci\u00f3n ha insistido en el alcance amplio de la prevalencia del inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes en el marco del Estado Social de Derecho. Ello se traduce en un tratamiento jur\u00eddico proteccionista con plena materializaci\u00f3n de la tutela judicial efectiva de sus prerrogativas. <\/p>\n
Esta garant\u00eda cobra especial valor en el \u00e1mbito del derecho a los alimentos, por cuanto estos comportan todo lo que es indispensable para el sustento, habitaci\u00f3n, vestido, asistencia m\u00e9dica, recreaci\u00f3n, educaci\u00f3n o instrucci\u00f3n y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes1; de manera que cuando las circunstancias as\u00ed lo exigieren, puede acudirse a procedimientos especiales previstos en la ley, como son los procesos de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria, ejecuci\u00f3n y revisi\u00f3n de los mismos. <\/p>\n
Frente a los elementos constitutivos del \u00abderecho de alimentos\u00bb, la Corte Constitucional ha precisado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El derecho de alimentos puede entenderse como el poder de voluntad de una persona (alimentario), otorgado por el ordenamiento jur\u00eddico positivo, de exigir a otra (alimentante) los medios para su subsistencia cuando carece de ellos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) El fundamento constitucional del derecho de alimentos es el principio de solidaridad social (Arts. 1\u00ba y 95, Num. 2) en el interior de la familia, por ser \u00e9sta la instituci\u00f3n b\u00e1sica de la sociedad (Art. 5\u00ba) o el n\u00facleo fundamental de la misma (Art. 42), por lo cual, por regla general, una de sus condiciones es el parentesco de consanguinidad o civil entre alimentario y alimentante, en los grados se\u00f1alados en la ley, o la calidad de c\u00f3nyuge o divorciado sin su culpa (\u2026)\u201d.2 <\/p>\n
Desde esta perspectiva, es indiscutible que los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes son beneficiarios prevalentes del derecho de alimentos. Sin embargo, la fijaci\u00f3n de la forma y cuant\u00eda en que han de prestarse depende de varios elementos que acrediten la existencia de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular, el alto tribunal constitucional ha referido como \u00abcaracter\u00edsticas de las obligaciones alimentarias\u00bb: <\/p>\n
\u201c(\u2026) a. La obligaci\u00f3n alimentaria no es una que difiera de las dem\u00e1s de naturaleza civil, por cuanto presupone la existencia de una norma jur\u00eddica y una situaci\u00f3n de hecho, contemplada en ella como supuesto capaz de generar consecuencias en derecho. b. Su especificidad radica en su fundamento y su finalidad, pues, la obligaci\u00f3n alimentaria aparece en el marco del deber de solidaridad que une a los miembros m\u00e1s cercanos de una familia, y tiene por finalidad la subsistencia de quienes son sus beneficiarios. c. El deber de asistencia alimentaria se establece sobre dos requisitos fundamentales: i) la necesidad del beneficiario y ii) la capacidad del obligado, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia. d. La obligaci\u00f3n de dar alimentos y los derechos que de ella surgen tiene unos medios de protecci\u00f3n efectiva, por cuanto el ordenamiento jur\u00eddico contiene normas relacionadas con los titulares del derecho, las clases de alimentos, las reglas para tasarlos, la duraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, los alimentos provisionales (arts. 411 a 427 del C\u00f3digo Civil); el concepto de la obligaci\u00f3n, las v\u00edas judiciales para reclamarlos, el procedimiento que debe agotarse para el efecto, (arts. 133 a 159 del C\u00f3digo del Menor), y el tr\u00e1mite judicial para reclamar alimentos para mayores de edad (arts. 435 a 440 C\u00f3digo de Procedimiento Civil), todo lo cual permite al beneficiario de la prestaci\u00f3n alimentaria hacer efectiva su garant\u00eda, cuando el obligado elude su responsabilidad (\u2026)\u201d3 (subrayas fuera de texto). <\/p>\n
En este punto esta corporaci\u00f3n ha precisado que adem\u00e1s de los presupuestos antes distinguidos, esto es, la necesidad del alimentario y la capacidad del alimentante, ha de verificarse \u00abla existencia de un v\u00ednculo jur\u00eddico, ya de afinidad, ora de consanguinidad o de naturaleza civil, para el caso de los adoptivos, o en las hip\u00f3tesis del donante\u00bb4. Como los tres elementos axiol\u00f3gicos de la obligaci\u00f3n alimentaria deben concurrir simult\u00e1neamente, la falta de todos o de alguno de ellos torna nugatoria la respectiva acci\u00f3n. <\/p>\n
3.2. Bajo tal derrotero, al auscultar la decisi\u00f3n criticada, se anticipa la prosperidad de la impugnaci\u00f3n propuesta y, por ende, la revocatoria del fallo dictado por el a-quo constitucional, comoquiera que el estrado judicial encartado ciertamente transgredi\u00f3 el derecho al debido proceso del actor, al no pronunciarse de manera precisa al momento de fijar la cuota alimentaria, incurriendo en una evidente carencia de motivaci\u00f3n, la cual trascendi\u00f3 en la falta de coherencia entre las partes considerativa y resolutiva de su decisi\u00f3n, desafueros que ameritan la injerencia del juzgador constitucional. <\/p>\n
En efecto, en la sentencia claramente hall\u00f3 acreditados los presupuestos de la acci\u00f3n, espec\u00edficamente los referentes al v\u00ednculo jur\u00eddico entre alimentario y alimentante (padre\/hijo), la necesidad del primero y la capacidad econ\u00f3mica del segundo (trabajador de Ecopetrol), al margen de la discusi\u00f3n de los litigantes de cara al pago tard\u00edo de los servicios p\u00fablicos, el incumplimiento de las cargas educativas del menor de edad y la vigencia del v\u00ednculo laboral de la madre del ni\u00f1o. <\/p>\n
Sin embargo, al referirse frente a los aportes aducidos por el accionante como efectuados voluntariamente, respecto a algunos de los conceptos integrantes de la cuota alimentaria, la juzgadora simplemente se\u00f1al\u00f3 tener en cuenta que el padre del ni\u00f1o \u00abes quien cancela la vivienda en que habita la demandante y su menor hijo, a trav\u00e9s de un cr\u00e9dito que \u00e9ste cubre mensualmente; como tambi\u00e9n cancela el cr\u00e9dito del veh\u00edculo en que se transportan la actora y su menor hijo, \u2026que el menor recibe los servicios m\u00e9dico asistenciales de la empresa Ecopetrol\u2026, que tambi\u00e9n dicha empresa cubre el 90% de las pensiones escolares del menor\u00bb; a lo cual seguidamente a\u00f1adi\u00f3 que, no obstante, al no estar laborando la madre del ni\u00f1o, existen otras necesidades que el padre de \u00e9ste debe cubrir en su integridad, como lo son, entre muchas otras, \u00abla comida propiamente dicha, la matr\u00edcula escolar, el 10% de la pensi\u00f3n escolar no cubierta por el subsidio de Ecopetrol\u00bb; debi\u00e9ndose tener como cuota a fijar el 25% del salario y todas prestaciones sociales que perciba el demandado.5 <\/p>\n
3.3. Se\u00f1alado lo anterior, se observa que existi\u00f3 una argumentaci\u00f3n suficiente frente a la obligaci\u00f3n alimentaria pero no en punto al monto en que se fij\u00f3, evidenci\u00e1ndose la simple discrecionalidad de la juez confutada de cara a ello, situaci\u00f3n que genera la concesi\u00f3n del ruego implorado. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en verdad, no existe motivaci\u00f3n alguna en torno a los montos por los cu\u00e1les se tuvieron en cuenta los factores de salud, educaci\u00f3n, vivienda y transporte que, all\u00ed se dijo, cubre el accionante \u00abvoluntariamente\u00bb con el pago de los cr\u00e9ditos hipotecario y de financiamiento del veh\u00edculo, como con la afiliaci\u00f3n de su hijo como su beneficiario en el sistema general de seguridad social en salud y el subsidio educativo que le brinda su empleador; tampoco se especific\u00f3 si esos factores est\u00e1n contenidos dentro del 25% dispuesto sobre las asignaciones salariales y prestacionales de aqu\u00e9l; y de ser as\u00ed, tampoco se justific\u00f3 porque se orden\u00f3 al empleador retener al obligado el total de aquel porcentaje, con lo cual se ver\u00eda afectado el pagado de los mentados cr\u00e9ditos, entendiendo que el deudor ya no dispondr\u00eda directamente de ese dinero; y en caso contrario, es decir, si ese 25% no incluye los conceptos de salud, educaci\u00f3n, vivienda y transporte, con mayor raz\u00f3n era necesaria su determinaci\u00f3n para tener claridad sobre el tope de la cuota fijada, pues aunque se tendr\u00eda claro que supera una cuarta (\u00bc) parte de las asignaciones laborales del padre, indefinido resulta el l\u00edmite total de la pensi\u00f3n alimentaria y, adem\u00e1s, la forma en que se honraran esos conceptos, todo lo cual torna abiertamente oscura la tasaci\u00f3n dispuesta. <\/p>\n
De all\u00ed que, aunque la solitud de aclaraci\u00f3n propuesta por el censor se formul\u00f3 de forma tard\u00eda, la evidente imprecisi\u00f3n de la obligaci\u00f3n alimentaria dispuesta impone la intervenci\u00f3n del juzgador constitucional en el aspecto que viene de verse, no s\u00f3lo en favor de aqu\u00e9l sino precisamente del menor involucrado en este asunto, sin que pueda aqu\u00ed decantarse lo referente a la aducida falta de consecuci\u00f3n de empleo por parte de la progenitora del ni\u00f1o, pues por ahora lo all\u00ed probado es que est\u00e1 desempleada, ni tampoco lo referente al rogado levantamiento de la restricci\u00f3n de la salida del pa\u00eds dispuesta en contra del tutelante, pues sigue siendo \u00e9ste un aspecto que, cumpliendo las exigencias legales en esa clase de juicios, al obligado le corresponde platear ante el fallador natural. <\/p>\n
Sin que todo lo anterior implique que la discusi\u00f3n no pueda someterse nuevamente a la jurisdicci\u00f3n, porque, como se tiene por sentando, las decisiones adoptadas en juicios de este linaje no hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada material sino meramente formal, de donde, de variar las circunstancias del alimentario o los alimentantes, las condiciones econ\u00f3micas de los obligados o las necesidades del menor, que cumplan con los presupuestos legales, uno u otro podr\u00e1n acudir a la justicia ordinaria para que se determine una nueva cuota alimentaria. <\/p>\n
3.4. Sobre el aut\u00e9ntico fundamentar de las autoridades jurisdiccionales, la Sala ha precisado que \u00abla motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u00bb (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00). <\/p>\n
\u201c(\u2026) La motivaci\u00f3n (\u2026) es un deber de los jueces y un derecho fundamental de los ciudadanos, como posici\u00f3n jur\u00eddica concreta derivada del debido proceso. Desde el punto de vista del operador judicial, la motivaci\u00f3n consiste en un ejercicio argumentativo por medio del cual el juez establece la interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas, de una parte, y determina c\u00f3mo, a partir de los elementos de convicci\u00f3n aportados al proceso y la hip\u00f3tesis de hecho que se construye con base en esos elementos, es posible subsumir el caso concreto en el supuesto de hecho de una regla jur\u00eddica aplicable al caso. (T-247\/06, T-302\/08, T-868\/09)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En el estado constitucional de derecho, la motivaci\u00f3n adquiere mayor importancia. La incidencia de los derechos fundamentales en todas las \u00e1reas del derecho y la obligaci\u00f3n de los jueces y operadores jur\u00eddicos de aplicar las reglas legales y\/o reglamentarias s\u00f3lo en la medida en que sean conformes con la Carta Pol\u00edtica (aspectos conocidos en la doctrina constitucional como efecto irradiaci\u00f3n, interpretaci\u00f3n conforme y car\u00e1cter normativo de la Constituci\u00f3n) exigen del juez un ejercicio interpretativo calificado que d\u00e9 cuenta del ajuste entre su interpretaci\u00f3n y los mandatos superiores, y que le permita, mediante el despliegue de una argumentaci\u00f3n que tome en cuenta todos los factores relevantes, administrar el pluralismo de los principios constitucionales\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Desde el punto de vista de la determinaci\u00f3n de los hechos, la \u00edntima convicci\u00f3n del juez como medio para la fijaci\u00f3n de la hip\u00f3tesis f\u00e1ctica, o la posibilidad de que el legislador defina previamente el valor de cada prueba, se ha visto desplazada de forma casi absoluta, en los actuales estados constitucionales, por la sana cr\u00edtica y la valoraci\u00f3n basada en la persuasi\u00f3n cr\u00edtica y racional del juez (C-202\/06), lo que supone similares exigencias argumentativas a las ya expuestas sobre la interpretaci\u00f3n de las normas\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Dado que el juez debe pronunciarse sobre hechos del pasado, a los que no puede acceder directamente, su tarea consiste en exponer c\u00f3mo, mediante el uso de reglas de la experiencia, puede inferir la existencia de hechos pasados a partir de determinados hechos presentes recaudados mediante las v\u00edas legales de decreto y pr\u00e1ctica de pruebas\u201d. <\/p>\n
\u201cLa comprensi\u00f3n del razonamiento en materia de hechos como uno de car\u00e1cter primordialmente inductivo, dirigido m\u00e1s a fortalecer la probabilidad de una hip\u00f3tesis que a lograr la certeza sobre \u00e9sta, la importancia de la pluralidad de medios de prueba para fortalecer tales hip\u00f3tesis, el an\u00e1lisis individual de cada medio de convicci\u00f3n y el posterior an\u00e1lisis conjunto de las pruebas, la fuerza de las reglas de la experiencia (generalizaciones de hechos previamente observados) utilizadas por el juez, son las herramientas con las que cuenta y a las que debe recurrir el juez para fundar su premisa f\u00e1ctica. (C-202\/05, T589\/10, T-1015\/l0)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La Corte Constitucional ha efectuado importantes avances en determinar los est\u00e1ndares de racionalidad y razonabilidad que exige la determinaci\u00f3n de los hechos del caso y ha explicado c\u00f3mo el deber de motivaci\u00f3n no se agota en una exposici\u00f3n sobre la interpretaci\u00f3n de las normas jur\u00eddicas, sino que involucra tambi\u00e9n la explicaci\u00f3n de ese paso entre pruebas y hechos, a trav\u00e9s de la sana cr\u00edtica, la aplicaci\u00f3n de reglas de inferencia plausibles, y los criterios de escogencia entre hip\u00f3tesis de hecho alternativas. (ib\u00eddem)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La motivaci\u00f3n, por todo lo expuesto, es un derecho constitucional derivado, a su vez, del derecho gen\u00e9rico al debido proceso. Esto se explica porque s\u00f3lo mediante la motivaci\u00f3n pueden excluirse decisiones arbitrarias por parte de los poderes p\u00fablicos, y porque s\u00f3lo cuando la persona conoce las razones de una decisi\u00f3n puede controvertirla y ejercer as\u00ed su derecho de defensa. En el caso de los jueces de \u00faltima instancia, la motivaci\u00f3n es, tambi\u00e9n, su fuente de legitimaci\u00f3n democr\u00e1tica, y el control ciudadano se convierte en un valioso medio para corregir posturas adoptadas en el pasado y eventualmente injustas o poco adecuadas para nuevas circunstancias jur\u00eddicas y sociales\u201d (se resalta) (CC T-214\/12). <\/p>\n
4. La anotada contingencia, sin duda, compromete el derecho fundamental al debido proceso del actor, lo cual impone infirmar la sentencia opugnada para, en su lugar, acceder al resguardo, con alcance parcial, raz\u00f3n por la cual se ordenar\u00e1 al Juzgado acusado que, tras dejar sin efecto su providencia del 9 de junio \u00faltimo, junto con todas las actuaciones que de ella dependan, proceda a dictar una nueva en la que atienda los razonamientos aqu\u00ed condensados, espec\u00edficamente en cuanto a precisar los factores y montos que constituyen la cuota alimentaria a fijar a cargo del padre del menor involucrado en este asunto, sin que ello implique que su pronunciamiento deba emitirse en determinado sentido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, revoca el fallo impugnado y, en su lugar, concede, con alcance parcial, el resguardo al derecho al debido proceso del accionante Jos\u00e9 El\u00edas Bechara Urango, por la incursi\u00f3n en carencia de motivaci\u00f3n por parte de la autoridad judicial acusada. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar al Juzgado Quinto de Familia de Cartagena que, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, tras dejar sin efecto su providencia de 9 de junio de 2021, junto con todas las actuaciones subsiguientes que dependan de ella en el asunto fustigado (radicado 13001-31-10-005-2020-00031-00), proceda a dictar una nueva decisi\u00f3n que observe los razonamientos atr\u00e1s condensados, especialmente en cuanto a precisar, dentro de los aspectos que comprenden la cuota alimentaria que se fija, el monto y porcentaje precis\u00f3 al que ascienden cada uno de ellos, incluidos los aportes relacionados con salud, educaci\u00f3n, vivienda y transporte, junto con la correlaci\u00f3n, respecto de los dos \u00faltimos, con las obligaciones bancarias que respecto de ellos aduce solventar directamente el accionante. <\/p>\n
La autoridad accionada informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. <\/p>\n
Segundo. En lo dem\u00e1s, se niega la protecci\u00f3n deprecada. <\/p>\n
Tercero. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 24 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia. <\/p>\n
2\u0002 CC C-994\/04. <\/p>\n
3\u0002 CC C-727\/15. <\/p>\n
4\u0002 CSJ STC1314-2017, 7 feb., rad. 2016-00695-01. <\/p>\n
5\u0002 Ver rango 02:05:44 en adelante de la audiencia de fallo. <\/p>\n
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STC16412-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16412-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 13001-22-13-000-2021-00629-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Jos\u00e9 El\u00edas Bechara Urango frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60056","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60056","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60056"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60056\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60056"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60056"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60056"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}