STC16442-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16442-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2021-00345-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental la debido proceso, presuntamente vulnerado por el despacho judicial accionado al no declarar su p\u00e9rdida de competencia dentro del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que formul\u00f3 \u00abdemanda de pertenencia contra el se\u00f1or Mauricio Yesid Moreno Mart\u00ednez\u00bb, cuyo proceso decidi\u00f3 en primer grado el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ibagu\u00e9 el 24 de julio de 2019; contra dicho fallo interpuso recurso de apelaci\u00f3n, mismo que correspondi\u00f3 dirimirlo al Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa capital. <\/p>\n
Que con observancia en lo previsto en el art\u00edculo 121 del estatuto adjetivo general, \u00abperdi\u00f3 competencia para continuar conociendo del proceso [y lo] remiti\u00f3 al Juzgado 6 Civil del Circuito de Ibagu\u00e9\u00bb, quien lo recibi\u00f3 \u00abel d\u00eda 11 de febrero de 2021\u00bb y admiti\u00f3 el recurso el 23 de abril de la misma anualidad, concediendo t\u00e9rmino para la correspondiente sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
Que \u00abmediante auto de fecha 25 de agosto el juzgado de conocimiento manifiesta que ha perdido competencia (\u2026) el 11 de agosto de 2021, acorde a lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C.G.P., sin embargo y pese a que el art\u00edculo dispone la p\u00e9rdida de competencia de forma autom\u00e1tica (\u2026) \u201cpone en conocimiento de las partes esa circunstancia por el t\u00e9rmino de 3 d\u00edas, para los fines y efectos del canon 137 ibidem\u201d\u00bb. <\/p>\n
Que \u00aben cumplimiento a lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C.G.P., [solicit\u00f3] se remitiera el expediente al juez que le sigue en turno, solicitud que fuera negada por el despacho\u00bb, al igual que lo hizo frente al recurso de reposici\u00f3n y subsidiario de apelaci\u00f3n, as\u00ed como del de \u00abqueja\u00bb, el cual declar\u00f3 improcedente. <\/p>\n
Que, \u00abpese a advertir la p\u00e9rdida de competencia, y en una clara vulneraci\u00f3n al debido proceso, ha pretendido sanear el no haber dado cumplimiento al plazo dispuesto en la norma, apart\u00e1ndose de la facultad igualmente concedida en el precitado art\u00edculo\u00bb para prorrogar el t\u00e9rmino para conocer del asunto. <\/p>\n
3. Pretende, \u00abse declare que el [accionado] ha perdido competencia para conocer del presente asunto desde el 11 de agosto de 2021 [y] en aplicaci\u00f3n a lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C.G.P., se ordene [al accionado] remitir el expediente al juez que le sigue en turno\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Sexto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, inform\u00f3 que en su despacho \u00abcursa en segunda instancia la apelaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil Municipal\u00bb, y que \u00e9l viene ejerciendo el cargo \u00abdesde el pasado 18 de agosto de 2021\u00bb. Destac\u00f3 que \u00abno es cierto [que] en providencia de fecha agosto 25 de 2021, esto es, al sexto d\u00eda calendario de haber tomado posesi\u00f3n del cargo como juez [hubiera manifestado] que ha perdido competencia para conocer del proceso\u00bb, sino que \u00abpuso de presente que el t\u00e9rmino para decidir de fondo (\u2026) ha fenecido el 11 de agosto de 2021 (art. 121 CGP)\u00bb, lo cual realiz\u00f3 con fundamento en la sentencia C-443 de 2019, la cual \u00abclaramente ha determinado que la nulidad de la actuaci\u00f3n por vencimiento del aludido t\u00e9rmino es subsanable\u00bb. <\/p>\n
Entonces, como vencido el t\u00e9rmino se\u00f1alado en el auto en menci\u00f3n, \u00abel ahora tutelante a trav\u00e9s de su apoderada guard\u00f3 silencio (\u2026) se tiene como saneada cualquier nulidad que se llegue a generar (art\u00edculo 137 del C\u00f3digo General del Proceso)\u00bb, y as\u00ed lo declar\u00f3 en autos del 2 y 23 de septiembre de 2021, aclarando que era improcedente la apelaci\u00f3n por tratarse de tr\u00e1mite en segunda instancia. Finalmente acot\u00f3 que \u00abno es viable, procesalmente hablando, una segunda declaraci\u00f3n de p\u00e9rdida de competencia como lo pretende el tutelante, pues el citado art\u00edculo 121 no lo prescribe\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Segundo Civil Municipal de esa ciudad, manifest\u00f3 que la actuaci\u00f3n adelantada dentro del pleito criticado, se ajusta a la normativa aplicable, y que \u00e9l funge como titular de ese juzgado \u00abdesde el 01 de febrero de 2021\u00bb. <\/p>\n
3. Mauricio Yesith Moreno Mart\u00ednez, demandado en el pleito ordinario, se opuso a lo pretendido tras advertir que el escrito de tutela refiere \u00abhechos contrarios a los acaecidos en el proceso\u00bb, como lo relacionado con los recursos que interpuso, y se\u00f1alar que \u00absi por alg\u00fan asomo se vislumbrara la aludida nulidad, la misma estar\u00eda saneada toda vez que le sigue una actuaci\u00f3n sin alegar la misma\u00bb. Afirm\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n incoada debe ser rechazada, pues carece totalmente de fundamento alguno\u00bb, y reiter\u00f3 que su proceder \u00abdenota una evidente intenci\u00f3n de dilatar la actuaci\u00f3n judicial y habr\u00e1 de investigarse esta conducta y compulsar copias a quien corresponda\u00bb. <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al considerar que la decisi\u00f3n censurada no se muestra contraria a derecho, pues se \u00abapel\u00f3 a lo establecido en el art\u00edculo 121 del CGP y la sentencia C-443 de la Corte Constitucional\u00bb, esto es, que la nulidad all\u00ed prevista no procede autom\u00e1ticamente y puede ser saneada \u00abcuando no fue propuesta en la oportunidad debida, cuando la actuaci\u00f3n fue convalidada y cuando a pesar del vicio, el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad y no se viol\u00f3 el derecho de defensa\u00bb; ello, comoquiera que \u00abdentro de los tres d\u00edas concedidos por medio de auto de 25 de agosto pasado (\u2026), el ahora accionante no hizo uso de la herramienta [jur\u00eddica] y s\u00f3lo solicit\u00f3 la p\u00e9rdida de competencia [cuando] hab\u00eda expirado el plazo conferido\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la promotora del resguardo para insistir en que tanto el juez como el tribunal a-quo, \u00abse apartaron de los presupuestos normativos al desconocer de plano las contemplaciones que se enmarcan en el art\u00edculo 121 del C.G.P. (\u2026), el cual no busca otra cosa que un fallo en condiciones objetivas y dentro del t\u00e9rmino concedido, que de ser necesario podr\u00eda ser ampliado de forma oportuna, sin invocar figuras que no corresponden al presupuesto legal\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el actor dentro del pleito n\u00b0 2017-00437, al denegar la declaraci\u00f3n de p\u00e9rdida de competencia contemplada en el canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha establecido los presupuestos generales que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de las se\u00f1aladas exigencias, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la presente queja constitucional, de la informaci\u00f3n proporcionada por los intervinientes y en particular de la que arrojan las piezas procesales allegadas al expediente, esta Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del auxilio deprecado, pero en virtud a su improcedencia por ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, al margen de la discusi\u00f3n relacionada con el eventual saneamiento, aducido por el accionado para mantener su competencia dentro del declarativo de pertenencia n\u00b0 2017-00437, esta Corporaci\u00f3n advierte la inexistencia de defecto procedimental, org\u00e1nico o de cualquier otra \u00edndole que pueda atribu\u00edrsele al funcionario cognoscente, lo que conlleva a que no se est\u00e9 frente a una situaci\u00f3n que amerite la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
Lo anterior, porque de cara a la p\u00e9rdida de competencia prevista en el art\u00edculo 121 del estatuto procesal general, cuando esta se predica de un segundo sentenciador en raz\u00f3n a que su antecesor no resolvi\u00f3 dentro del plazo se\u00f1alado, esta Sala ha encontrado razonable mantenerla porque pese a tal situaci\u00f3n, \u00abno existe norma expresa que imponga la p\u00e9rdida de competencia para el segundo funcionario que recibe la actuaci\u00f3n en la respectiva instancia\u00bb (CSJ STC21350-2017, 14 dic. 2017, rad. 02836-00). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
En el mismo sentido, en otro pronunciamiento sostuvo: <\/p>\n
\u00abAunque se estableci\u00f3 una \u00abp\u00e9rdida autom\u00e1tica\u00bb de competencia del a quo que desde el momento en que se traba la litis no resolviera dentro del a\u00f1o siguiente la contienda y el superior que desde el arribo del expediente demorara m\u00e1s de 6 meses en desatar la alzada, la norma no consagr\u00f3 lo mismo frente a la autoridad que en reemplazo recibiera el diligenciamiento (…). <\/p>\n
As\u00ed se concluyera por analog\u00eda que para el nuevo juzgador operaba igual consecuencia de \u00abp\u00e9rdida autom\u00e1tica\u00bb para definir que tuvo su predecesor, lo cierto es que tampoco se establecieron secuelas desfavorables frente a pronunciamientos de fondo extempor\u00e1neos en cualquiera de esos eventos\u00bb (CSJ SC21712-2017, 18 dic. 2017, rad. 2015-01506-00, citada en STC13158-2018, 11 oct. 2018, rad. 01434-01). Subraya la Sala. <\/p>\n
Adicional a los anteriores razonamientos, encuentra la Corte que en el presente asunto hay otro motivo que impide declarar la alegada p\u00e9rdida de competencia, el cual se deriva de la aseveraci\u00f3n realizada por el actual titular del juzgado accionado al contestar la tutela, en el sentido que viene ejerciendo el cargo \u00abdesde el pasado 18 de agosto de 2021\u00bb, por lo que no resulta desproporcionado el lapso transcurrido para desatar la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed, la Corte no observa que frente al proferimiento del fallo dirigido a resolver la segunda instancia dentro del asunto en cuesti\u00f3n, el accionado muestre una actitud dilatoria o con el \u00e1nimo de prolongar indebidamente el litigio bajo su conocimiento, sino una justificada tardanza surgida de las circunstancias excepcionales antes esbozadas, lo que descarta una situaci\u00f3n de mora judicial. <\/p>\n
En ese orden, no se evidencia que por acci\u00f3n u omisi\u00f3n la autoridad judicial convocada haya afectado derechos superiores del accionante, situaci\u00f3n que torna improcedente el resguardo, ya que, \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que [aquellos] que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 sep. 2012, exp. 00630-014, citada en STC11347-2020, 10 nov. 2020, rad. 00330-01, entre otras). <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se requiere el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 00023-01, citada entre otras en STC4022-2021, 16 abr. 2021, rad. 00062-01). Se destaca. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, en relaci\u00f3n con la solicitud elevada por el vinculado a este tr\u00e1mite tutelar, en el sentido de que se compulsen copias para que se investigue al demandante, la Corte ha dicho que asumiendo su responsabilidad y las consecuencias derivadas de ello, quien estime \u00abque alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias [ya que] en relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias\u2026, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuenta con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u00bb (CSJ STC13871-2016, 29 sep. 2016, rad. 00321-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se avalar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del auxilio, porque debido a la ausencia de vulneraci\u00f3n por parte del despacho judicial convocado, no se justifica la invocada intervenci\u00f3n del fallador de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por la puntual raz\u00f3n desarrollada en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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