STC16448-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC16448-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2021-00608-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo emitido el 10 de noviembre 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la tutela que Jes\u00fas Alfonso Sosa le instaur\u00f3 a los Juzgados Noveno Civil del Circuito y S\u00e9ptimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2016-00092. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos a la \u00abvida, vivienda digna y debido proceso\u00bb, para que se ordenar\u00e1 \u00abdejar sin efecto la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2018 por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga; [a su vez] deje sin efecto el prove\u00eddo del 18 de febrero de 2020 expedido por el juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias y suspender el proceso con el fin de evitar la p\u00e9rdida de su vivienda\u00bb. <\/p>\n
En compendio, manifest\u00f3 que en el a\u00f1o 1998 suscribi\u00f3 contrato de mutuo para adquisici\u00f3n de vivienda con el banco Colpatria; debido a la mora en los pagos se iniciaron varios procesos ejecutivos en su contra, terminados de conformidad con lo establecido en la Ley 546 de 1999 y la sentencia SU-813 de 2007, pues se trataba de un cr\u00e9dito otorgado en UPAC. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, a pesar de ello, se adelant\u00f3 nuevo coercitivo que correspondi\u00f3 al Juzgado Veintid\u00f3s Civil Municipal de Bucaramanga, quien declar\u00f3 prescrita la obligaci\u00f3n (25 may. 2017), decisi\u00f3n que el Noveno Civil del Circuito revoc\u00f3 (13 dic. 2018), encontr\u00e1ndose el litigio en tr\u00e1mite en el S\u00e9ptimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa localidad, ante quien formul\u00f3 varios requerimientos denegados de manera \u00abinjusta, caprichosa y por dem\u00e1s arbitraria\u00bb, en especial lo relacionado con la solicitud de \u00abterminaci\u00f3n del proceso por falta de reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario para adquisici\u00f3n de vivienda en modalidad UPAC\u00bb, a la que no accedi\u00f3 el 18 de febrero de 2020. <\/p>\n
2.- Los despachos convocados defendieron la legalidad de su proceder y, por ello destacaron la improcedencia de la salvaguarda. <\/p>\n
Andr\u00e9s Enrique Morelli Lizcano obrando como tercero vinculado, se opuso al amparo por cuanto carece del requisito de inmediatez, ya que el prove\u00eddo cuestionado es del 13 de diciembre de 2018 y a la fecha han pasado m\u00e1s de dos a\u00f1os, desde su ejecutoria. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo desestim\u00f3 el auxilio, por no cumplir con el presupuesto temporal. <\/p>\n
2.- Impugn\u00f3 el accionante manifestando que \u00abespera lograr una respuesta conforme a derecho y no meras exposiciones de razones inapropiadas, incongruentes, injustas e impropias (\u2026) la \u00fanica inmediatez que concurre es la decisi\u00f3n de despojo definitivo de mi vivienda, en manera injusta, arbitraria, que permite el enriquecimiento de los ejecutantes con el empobrecimiento correlativo y miseria del suscrito y de mi familia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub lite emerge el fracaso de la salvaguarda y la consecuente convalidaci\u00f3n del veredicto opugnado, por no satisfacerse la exigencia de la \u00abinmediatez\u00bb, connatural a esta clase de litigios. <\/p>\n
1.1.- Esta Corporaci\u00f3n ha instituido una cl\u00e1usula de oportunidad, que consiste, por regla general, en que la \u00abtutela\u00bb se ejerza en un periodo no mayor a los seis (6) meses posteriores al momento en que se produjo la \u00abaparente trasgresi\u00f3n\u00bb, lo que tiene su fuente en el car\u00e1cter \u00abinmediato\u00bb de la guarda prevista en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y en la necesidad de que la misma no se convierta en un componente de inseguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
Sobre ello, ha expresado, que <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (Se resalta), STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021). <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n porque, entre la fecha del fallo emitido por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga (13 dic. 2018) y la radicaci\u00f3n de la demanda superlativa (27 oct. 2021), transcurri\u00f3 un lapso de m\u00e1s de dos a\u00f1os, esto es, se super\u00f3 por mucho el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han estimado como prudente para ejercer el resguardo. <\/p>\n
Cosa semejante suceder\u00eda si se contar\u00e1 el t\u00e9rmino desde que el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias neg\u00f3 terminar el proceso por \u00abfalta de reliquidaci\u00f3n\u00bb (18 feb. 2020), pues desde entonces y la formulaci\u00f3n de esta acci\u00f3n, corri\u00f3 un a\u00f1o. <\/p>\n
1.2.- Ahora, si bien esta Colegiatura en algunos casos ha superado la ausencia de tal \u00abpresupuesto\u00bb flexibiliz\u00e1ndolo, ello solo acaece cuando la demora para activar este dispositivo se encuentra debidamente \u00abjustificada\u00bb. Al respecto en STC3949-2021 predic\u00f3: <\/p>\n
\u201cDe otra parte, tampoco se demostr\u00f3 en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al se\u00f1alado principio, pues, si bien es cierto puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, dichas circunstancias no fueron acreditadas. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Pero, en el sub examine, no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis expuestas, debido a que el actor no present\u00f3 ninguna excusa para disculpar su tardanza, lo que impide examinar el fondo del debate instado, porque si el interesado se tard\u00f3 en elevar la petici\u00f3n constitucional, su descuido per se es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida imputable a los funcionarios cuestionados. <\/p>\n
Y, es que, aunque la Litis combatida tiene origen en un cr\u00e9dito de vivienda otorgado en UPAC, cabe precisar que la \u00abreliquidaci\u00f3n\u00bb echada de menos por el querellante, de conformidad con lo probado en el plenario, s\u00ed se cumpli\u00f3 por el ejecutante, quien realiz\u00f3 todas las gestiones a su alcance para llegar a un acuerdo con los deudores, enviando varias comunicaciones, que no fueron atendidas. Misma situaci\u00f3n ocurri\u00f3 con la Superintendencia Financiera, quien tambi\u00e9n cit\u00f3 a Jes\u00fas Alfonso Sosa y Luz Amparo Puentes Chiquillo, sin manifestaci\u00f3n alguna de su parte. <\/p>\n
Fue por ello, que el Juzgado Veintid\u00f3s Civil Municipal de Bucaramanga, oficiosamente orden\u00f3 a dicha autoridad \u00abreliquidar el cr\u00e9dito\u00bb, dada la apat\u00eda de la parte convocada en llegar a un acuerdo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no hay lugar a dar por superado el \u00abpresupuesto de la inmediatez\u00bb como aspira el impulsor. <\/p>\n
2.- Ergo, se ratificar\u00e1 el veredicto de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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