STC16449-2021 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16449-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01332-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 13 de julio1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Robinson Polo Hubes contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar y el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando en su propio nombre, acude a esta herramienta supralegal buscando la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso que considera lesionado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Del extenso escrito introductor, as\u00ed como de las pruebas recaudadas, se puede extractar que, contra Robinson Polo Hubes se adelanta el proceso penal 2014-00057 por el delito de hurto calificado agravado, en la cual, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar profiri\u00f3 sentencia condenatoria el 19 de noviembre de 2020. <\/p>\n
Dicho fallo fue apelado por la v\u00edctima, encontr\u00e1ndose pendiente de ser decidido por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar. <\/p>\n
3. El actor sustenta su reclamo en que, supuestamente, no fue enterado de la existencia del proceso pues, seg\u00fan dice, las autoridades remitieron los citatorios a direcciones con las que no ten\u00eda relaci\u00f3n alguna, con lo que se le cercen\u00f3 el derecho de ejercer su defensa material, al tiempo que sostiene haber carecido de una adecuada defensa t\u00e9cnica pues los profesionales del derecho que lo asistieron en las m\u00faltiples diligencias, no se preocuparon por representarlo en debida forma. <\/p>\n
Adem\u00e1s, acusa al juzgado de primer grado de proferir sentencia sin haber alcanzado el est\u00e1ndar de convencimiento exigido para condenarlo, dado que \u00abla fiscal\u00eda\u2026 nunca demostr\u00f3 que yo hubiese utilizado maniobras fraudulentas tenientes a ejecutar el hurto\u2026 solo presentaron unos extractos los cuales no prueban que yo rob\u00e9 nada y los testimonios peor, ya que los mismos est\u00e1n rebuscados [sic]\u00bb <\/p>\n
4. Por lo anterior, solicita \u00abse declare la nulidad del proceso penal\u2026[y] se ordene a la fiscal\u00eda\u2026 dar inicio a proceso disciplinario en contra del fiscal y el investigador\u2026[sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Valledupar, por conducto del magistrado ponente de la sentencia de segundo grado, luego de efectuar un recuento pormenorizado de las actuaciones adelantadas en el asunto objeto de escrutinio, desde la audiencia de declaraci\u00f3n de contumacia y formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n al ac\u00e1 gestor, pidi\u00f3 desestimar el resguardo por cuanto \u00abno h[a] vulnerado los derechos fundamentales impetrados por el accionante\u00bb. <\/p>\n
2. En similares t\u00e9rminos se pronunci\u00f3 la Juez Primera Penal del Circuito de Valledupar quien manifest\u00f3 que \u00abel tr\u00e1mite procesal surtido\u2026 da cuenta de la sujeci\u00f3n\u2026 a los fundamentos legales pertinentes, tal como los principios de publicidad, contradicci\u00f3n, inmediaci\u00f3n, legalidad y efectividad de las garant\u00edas constitucionales y legales de los procesados quienes efectivamente estuvieron representados por sendos defensores id\u00f3neos, seg\u00fan denota su actuaci\u00f3n, en todas las etapas del proceso, en el caso de Polo Hubes, asignado por la Defensor\u00eda P\u00fablica, ante su inasistencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. El Fiscal D\u00e9cimo Seccional de Valledupar resalt\u00f3 que el gestor s\u00ed ten\u00eda conocimiento del diligenciamiento que se adelantaba en su contra dado que desde las audiencias preliminares confiri\u00f3 poder a un profesional del derecho para que lo representara y asisti\u00f3 a un interrogatorio de indiciado llevado a cabo el 16 de enero de 2014, de donde se desprende que \u00abPolo Hubes\u2026 estaba al tanto de los por menores de la investigaci\u00f3n que se adelantaba en su contra\u00bb; sin embargo, pese a esa circunstancia, se margin\u00f3 del asunto debiendo ser declarado contumaz ante la reticencia a comparecer a la diligencia de imputaci\u00f3n de cargos, por lo que la misma se debi\u00f3 llevar a cabo en presencia de un defensor p\u00fablico. <\/p>\n
4. Una persona que dijo ser \u00abrepresentante legal\u00bb de la Cooperativa de Trabajadores Relacionados con la Miner\u00eda2 manifest\u00f3 que \u00abno se observa en el palmario [sic] ninguna violaci\u00f3n a los derechos fundamentales del procesado\u00bb, por el contrario, \u00aben la carpeta que contiene la investigaci\u00f3n penal\u2026 existen unos elementos materiales probatorios, informaci\u00f3n legalmente recaudada y evidencias f\u00edsicas que examin\u00f3 la Juez\u2026 y concluy\u00f3\u2026 que el condenado\u2026 s\u00ed es el autor del delito hurto calificado agravado por medios electr\u00f3nicos\u00bb de manera que la sentencia emitida \u00abse ajusta a las pruebas que se recaudaron durante la investigaci\u00f3n penal [sic]\u00bb. <\/p>\n
5. El Procurador 227 Judicial I Penal de Valledupar solicit\u00f3 no acceder a la protecci\u00f3n solicitada por cuanto \u00abno se observa violaci\u00f3n alguna a los derechos fundamentales manifestados por el accionante\u00bb adem\u00e1s de desatender el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
6. En un documento que titul\u00f3 \u00abrespuesta de habeas corpus incoada por Robinson Antonio Hubes [sic]\u00bb, una servidora del Centro de Servicios Judiciales para el Sistema Penal Acusatorio de Valledupar dio cuenta de las anotaciones que reposan en el sistema de consulta web del sitio electr\u00f3nico de la Rama Judicial, sin hacer pronunciamiento en torno a los motivos en que sustent\u00f3 la presente queja. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
No accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n implorada por incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, toda vez que \u00abest\u00e1 por resolverse el recurso de alzada presentado\u2026 contra la sentencia condenatoria, y contra el fallo que se profiera en segunda instancia procede el recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb, de manera que, \u00abmientras el proceso est\u00e9 en curso\u2026 es posible que, incluso la Corte, de encontrar una vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, haga uso de sus facultades oficiosas en sede del recurso de casaci\u00f3n para adoptar la decisi\u00f3n que corresponda para la salvaguarda de los derechos de las partes\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si las autoridades judiciales querelladas vulneraron las prerrogativas invocadas por Robinson Polo Hubes dentro del proceso penal que se adelanta en su contra, al condenarlo como responsable del delito de hurto calificado agravado. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n
3. Improcedencia de la salvaguarda cuando el proceso penal se encuentra en curso <\/p>\n
Ligado al anterior criterio, se ha destacado que \u00e9ste tambi\u00e9n se incumple cuando la demanda procura la protecci\u00f3n constitucional de asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco de un tr\u00e1mite judicial en curso, pues frente a cualquier presunta irregularidad atribuible al operador judicial, la misma debe ser propuesta y debatida al interior de la respectiva causa, a trav\u00e9s de los instrumentos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico, aun cuando esa oportunidad se extienda hasta la sentencia. <\/p>\n
En tal sentido, cuando el proceso penal se halla en tr\u00e1mite, la Sala de Casaci\u00f3n Penal en sede constitucional ha precisado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acci\u00f3n de tutela contra decisiones que en su tr\u00e1mite se produzcan, resulta francamente improcedente, como insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como opci\u00f3n extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como los expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por v\u00eda de casaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter de control constitucional que tiene ese recurso\u00bb (CSJ STP6603-2017, 11 may. 2017, rad. 91826-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que le corresponde resolver al juzgador competente, pues no puede arrogarse facultades ajenas. <\/p>\n
4. Caso concreto <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la negativa del resguardo, prohijando lo razonado por la Hom\u00f3loga a quo, por cuanto no se satisface el requisito de procedibilidad que viene de mencionarse, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1 del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, se advierte anticipado cualquier pronunciamiento frente a la queja que expone el impugnante teniendo en cuenta que, seg\u00fan se desprende de lo aportado, el tr\u00e1mite penal a\u00fan se encuentra pendiente de definici\u00f3n, habida consideraci\u00f3n que no se ha definido, por parte del Tribunal Superior de Valledupar, la apelaci\u00f3n formulada contra la sentencia condenatoria, decisi\u00f3n frente a la cual los inconformes podr\u00e1n ejercitar el medio de impugnaci\u00f3n extraordinario consagrado en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed, de considerar que en la actuaci\u00f3n se presentaron vicios o irregularidades procesales o de tener discrepancia con la forma como se llegare a valorar el material probatorio recaudado, es el recurso de casaci\u00f3n contra el fallo de segundo grado, la herramienta id\u00f3nea para proponer tales reparos y no la acci\u00f3n supralegal puesto que no puede utilizarse para pretermitir etapas procesales, obviar procedimientos y menos para desconocer la competencia legalmente atribuida para la decisi\u00f3n del asunto, instrumento que, adem\u00e1s, es id\u00f3neo pues a trav\u00e9s del mismo la Sala Especializada de esta Corte puede examinar, incluso oficiosamente, la presunta trasgresi\u00f3n de garant\u00edas fundamentales en caso de no ser admitido el libelo que se llegare a presentar. <\/p>\n
Ahora, frente a la afirmaci\u00f3n del impugnante que cataloga de ineficaz el referido recurso, dado que \u00ablos cobros de los abogados son bastante elevados\u00bb, es pertinente advertir que, ante la falta de medios para sufragar la interposici\u00f3n a trav\u00e9s de un abogado particular, bien puede el gestor acudir al Sistema Nacional de Defensor\u00eda p\u00fablica para que se le asigne un profesional del derecho especializado que lo represente en ese \u00e1mbito, de manera que la capacidad econ\u00f3mica no es justificaci\u00f3n para desechar a priori, el instrumento de defensa consagrado por el legislador al interior del proceso. <\/p>\n
Cabe resaltarse que, para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n constitucional, es necesario el agotamiento de todos los mecanismos propios de la actuaci\u00f3n ordinaria, previstos para controvertir las determinaciones que all\u00ed se adopten; no obstante, en el caso puntual ello no se ha cumplido, pues, como se dijo, subsiste en el escenario procesal la posibilidad de plantear las inconformidades y reproches que aqu\u00ed formula el promotor del amparo. <\/p>\n
Proceder como lo plantea el demandante implicar\u00eda asumir que esta acci\u00f3n es un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo, o incluso una instancia paralela, con el consecuente riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicci\u00f3n constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, lo que adicionalmente propiciar\u00eda un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima. <\/p>\n
En definitiva, el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado es motivo suficiente para no ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, que sin duda est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n del criterio expuesto <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, dada la evidente improcedencia del resguardo, habida cuenta que subsiste en la actuaci\u00f3n la posibilidad de ejercitar los instrumentos id\u00f3neos para procurar la defensa de los derechos que se dicen conculcados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 La actuaci\u00f3n arrib\u00f3 a esta Sala para resolver la impugnaci\u00f3n solo hasta el pasado 22 de noviembre. <\/p>\n
2\u0002 No existe dentro del expediente digital remitido por la Sala a quo documento que acredite la calidad en la que dice actuar. <\/p>\n
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