STC16451-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16451-2021 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (02) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 29 de octubre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Amag\u00e1, Antioquia, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes de la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su garant\u00eda esencial al debido proceso, que consider\u00f3 quebrantada por la autoridad convocada al interior de la acci\u00f3n popular que promovi\u00f3 en contra de Bancolombia S.A., bajo el radicado n.\u00ba 2021-00064-00. <\/p>\n
Entonces pide, concretamente, que a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite preferente se protejan sus garant\u00edas esenciales, y en consecuencia, se ordene al Juzgado Promiscuo de Amaga, Antioquia, \u00abdar continuidad a la acci[\u00f3]n popular, pues la apelaci\u00f3n solo existe frente a la SENTENCIA M\u00c1S NADA\u00bb, y \u00abconsigne en derecho en que norma LEGAL, concede la alzada y manifieste si la delegada de la defensor[\u00ed]a en mi acci[\u00f3]n popular la ley la toma como parte o es SIMPLEMENTE UN SUJETO PROCESAL, que no reviste la calidad de parte., tal como lo dice la H CC , sentencia C 479 DE 1995 Y C 568 DE 1997. SE PRONUNCIEN el defensor del pueblo Colombia en [B]ogot\u00e1 y la procuradora general naci\u00f3n en [B]ogot\u00e1 a fin de que (sic) manifiesten en derecho si la ley 472 de 1998, permite alzada frente al auto que decreta pruebas y se manifestaran en derecho sobre si la delegada de la defensor\u00eda del pueblo o delegado de la procuradur\u00eda general de la naci\u00f3n en acciones populares SON PARTE O SIMPLEMENTE SUJETOS PROCESALES M\u00c1S NADA\u00bb. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas relat\u00f3, que la Defensor\u00eda del Pueblo recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n la decisi\u00f3n a trav\u00e9s de la cual le fue denegada una prueba; sin embargo, seg\u00fan el criterio del actor, esa entidad no es parte dentro del asunto y, por lo tanto, no le era permitido desplegar ese remedio procesal. En su criterio, la alzada debi\u00f3 rechazarse de plano y no darle tr\u00e1mite como erradamente lo hizo la autoridad judicial querellada; en ese orden, considera viable la intervenci\u00f3n del juez de tutela en su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n pidi\u00f3 denegar el resguardo, al considerar que el asunto carece del requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
b.) El Juzgado Promiscuo del Circuito de Amag\u00e1, remiti\u00f3 copia digital del expediente. <\/p>\n
c.) La Defensor\u00eda del Pueblo pidi\u00f3 denegar el amparo, al considerar que con su actuaci\u00f3n no ha quebrantado prerrogativa alguna. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, al extra\u00f1ar el requisito de la subsidiariedad, toda vez que \u00aba\u00fan no se ha desatado el recurso de apelaci\u00f3n formulado por la Defensor\u00eda del Pueblo frente al auto del 12 de octubre de 2021, mediante el cual se neg\u00f3 una prueba solicitada por dicho ente, de donde se infiere que en realidad el asunto que se expone en la acci\u00f3n de tutela correspondiente al cuestionamiento de la decisi\u00f3n de conceder dicha alzada ante el superior, a\u00fan se encuentra en tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme con esa decisi\u00f3n, el convocante insisti\u00f3 en las primigenias alegaciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo judicial preferente y sumario para alcanzar la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, pero de car\u00e1cter subsidiario y residual, dado que solamente puede acudirse a ella en ausencia de otros medios ordinarios de defensa, o cuando existiendo \u00e9stos, el amparo se tramita como mecanismo transitorio de defensa judicial para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
De lo anterior se desprende entonces, que la acci\u00f3n de tutela no es una v\u00eda judicial adicional o paralela a los mecanismos judiciales previstos por el legislador, y tampoco puede ser empleada como un recurso de \u00faltimo minuto al que se puede acudir para corregir sus propios errores, o para revivir t\u00e9rminos ya fenecidos a consecuencia del propio descuido procesal. <\/p>\n
2. En el presente asunto, la inconformidad de la accionante se soporta, en lo fundamental, en que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Amag\u00e1 en la audiencia de pacto de cumplimiento celebrada el 12 de octubre de 2021, deneg\u00f3 una prueba solicitada por la Defensor\u00eda del Pueblo, autoridad que en esa misma oportunidad recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n cuya concesi\u00f3n all\u00ed se otorg\u00f3, pese a que el recurrente no compone ning\u00fan extremo procesal, por lo que era necesario rechazar de plano su intervenci\u00f3n. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisados los medios probatorios arrimados al expediente, se advierte que la decisi\u00f3n censurada deber\u00e1 mantenerse, en raz\u00f3n a que cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la actuaci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera la afectada de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
4. En ese orden de ideas, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede en ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la defensa oportuna del derecho violado o amenazado, requisito que se echa de menos en el sub examine, pues, estando a la espera de lo que decida la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia, en sede vertical, pues es esa autoridad la llamada a pronunciarse sobre la procedencia de la alzada, por lo que es f\u00e1cil concluir que el amparo rogado deviene prematuro. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que no puede el Juez de tutela anticiparse a la adopci\u00f3n de la determinaci\u00f3n que deber\u00e1 tomar el respectivo funcionario a quien le fue enviado tal asunto, pues vedado tiene arrogarse facultades ajenas, sin que se tenga certeza en este momento acerca de pronunciamiento alguno en este particular sentido. <\/p>\n
5. Respecto de la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, ha sentado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, (\u2026) en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (STC462-2021). <\/p>\n
Y por ello es que ha dicho la Corte, de tiempo atr\u00e1s, que \u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (ejusdem). <\/p>\n
6. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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