STC16456-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16456-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2021-00363-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 8 de noviembre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Gloria Restrepo Castillo contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron citados los intervinientes en la pertenencia n\u00b0 2011-00223. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada al no disponer la cancelaci\u00f3n de gravamen que pesa sobre el bien objeto del litigio antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que adelant\u00f3 proceso de pertenencia -por prescripci\u00f3n ordinaria de dominio- contra la empresa productora y comercializadora de pollos y gallinas Progall S.A., en relaci\u00f3n con un automotor, clase cami\u00f3n, identificado con placa IBM-389, por haber ejercido \u00abposesi\u00f3n quieta, pac\u00edfica y tranquila por 12 a\u00f1os\u00bb, y que adem\u00e1s de disponer la inscripci\u00f3n del fallo, \u00abse ordene cancelar la prenda a favor de Coltefinanciera S.A. que recae sobre el veh\u00edculo\u00bb. <\/p>\n
Que, tras surtirse el tr\u00e1mite pertinente, el 17 de agosto de 2012 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 -a trav\u00e9s del despacho adjunto habilitado en esa \u00e9poca-, dict\u00f3 fallo \u00abdeclarando que [el veh\u00edculo en menci\u00f3n] pertenece en dominio pleno [y] absoluto a la demandante\u00bb, y orden\u00f3 la inscripci\u00f3n de dicha providencia en la respectiva Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito y Transporte, pero omiti\u00f3 la cancelaci\u00f3n del gravamen. <\/p>\n
Que \u00aben tr\u00e1mite posterior solicit\u00e9 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, quien tiene bajo su custodia el proceso, que se completara la sentencia (\u2026) y se ordenara la cancelaci\u00f3n de [la] prenda (\u2026), sin embargo, el juzgado, mediante auto de abril 13 de 2021, neg\u00f3 la complementaci\u00f3n manifestando que solo era posible dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria de ella\u00bb, pese a que tal manifestaci\u00f3n constituye \u00abirregularidad procesal [con] efectivo determinante en la providencia\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se ordene al accionado \u00abemitir un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho, donde se acojan las consideraciones que se sirva efectuar el juez de tutela [y las] expresamente se\u00f1aladas en [el escrito de tutela]\u00bb, disponiendo \u00abexpedir los oficios para ante la oficina de tr\u00e1nsito y transporte de la movilidad de Ibagu\u00e9\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, inform\u00f3 que \u00abel 13 de abril de 2021, este despacho rehus\u00f3 cancelar la prenda sobre el veh\u00edculo con placas IBM-389. La negativa porque, la adquisici\u00f3n del dominio por el modo de prescripci\u00f3n, no implica cancelaci\u00f3n de los grav\u00e1menes que tenga el bien, puesto [que] la prenda se persigue en cabeza de quien ostente la calidad de propietario. Tambi\u00e9n imposibilita cancelar la garant\u00eda prendaria a un sujeto que no fue llamado a comparecer en el proceso, el cual se tramit\u00f3 cuando el suscrito no fung\u00eda como titular del despacho\u00bb. <\/p>\n
2. Coltefinanciera S.A. Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento, manifest\u00f3 que, seg\u00fan la sentencia proferida en el proceso ordinario en menci\u00f3n, \u00abColtefinanciera no fue vinculada\u00bb, y que all\u00ed se declar\u00f3 la pertenencia m\u00e1s no el levantamiento del gravamen que pesa sobre el veh\u00edculo, sin que contra tal decisi\u00f3n se hubiera radicado recurso o solicitud de complementaci\u00f3n. Pidi\u00f3 se declare la improcedencia de la acci\u00f3n ya que la actora \u00abno agot\u00f3 todas las v\u00edas para proceder con la cancelaci\u00f3n de la prenda (\u2026), de igual manera, nuestra entidad no ha recibido peticiones o reclamaciones algunas por parte de la accionante en relaci\u00f3n con la cancelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Cornelio Villada Rubio, quien fungi\u00f3 como curador ad litem dentro del pleito criticado, dijo que tanto \u00abel art\u00edculo 311 del CPC vigente a la fecha de la sentencia (\u2026) y ahora [el] 287 del CGP, guardan la misma regla: [la] complementaci\u00f3n solo procede dentro de la ejecutoria, por tanto, m\u00e1s que superado ese plazo al d\u00eda de interponer esta acci\u00f3n; [y] si se pretende acusar una vulneraci\u00f3n al debido proceso respecto de la sentencia que se dict\u00f3 el 17 de agosto de 2012 (\u2026), ya habr\u00edan transcurrido los 6 meses que estableci\u00f3 la jurisprudencia constitucional para atacar[la]\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al advertir que no se cumple el requisito general de la subsidiariedad, porque frente al auto del 13 de abril de 2021, mediante el cual se neg\u00f3 la complementaci\u00f3n de la sentencia, \u00abno se cuestion\u00f3 la pretensi\u00f3n que ahora se enfila con la presente acci\u00f3n y de la cual se duele la promotora aduciendo ser violatoria de su derecho fundamental al debido proceso\u00bb. Tampoco encontr\u00f3 satisfecho el presupuesto temporal, \u00abhabida cuenta que, desde la fecha de la decisi\u00f3n atacada, 13 de abril de 2021, a la fecha de interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, 22 de octubre de 2021, hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de los 6 meses dispuestos por la jurisprudencia constitucional como t\u00e9rmino razonable para solicitar el amparo (\u2026). De otro lado, y si se tuviera que la decisi\u00f3n que se est\u00e1 atacando es la sentencia que resolvi\u00f3 el proceso de pertenencia, corre con la misma suerte puesto que fue proferida el 17 de agosto de 2012\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la reclamante para insistir en su pretensi\u00f3n, aduciendo que la acci\u00f3n de pertenencia \u00abcomo modo \u201coriginario\u201d de adquirir el dominio (\u2026), alude a la p\u00e9rdida de titularidad de un derecho u obligaci\u00f3n [y] quien adquiere por dicho modo, lo hace libre de vicios y grav\u00e1menes (\u2026)\u00bb, y que siendo el prop\u00f3sito del fallo \u00abmaterializar el registro del bien (\u2026), un derecho accesorio, constituido a favor de Coltefinanciera S.A., no permiti\u00f3 tal cometido legal y pretendido, limitando el derecho principal (\u2026), poniendo en evidencia, en este caso, que un derecho accesorio se sobrepuso sobre un derecho principal, lo que invierte las cargas legales y constitucionales, situaci\u00f3n que debe ser corregida por el juez constitucional de tutela\u00bb. Invoc\u00f3 la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 2431 y 2457 del C\u00f3digo Civil, concordante con el canon 1207 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface los requisitos generales de procedibilidad, y, de superarse lo anterior, si el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la accionante, al no haber accedido a la adici\u00f3n de la sentencia proferida dentro del proceso de pertenencia n\u00b0 2011-00223. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
Conforme a lo anterior, al realizar el examen preliminar de la acci\u00f3n, resulta imprescindible constatar la presencia de los se\u00f1alados requisitos, destac\u00e1ndose como esenciales la inmediatez y la subsidiariedad. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Realizada la revisi\u00f3n a los argumentos de la demanda tutelar y a las piezas procesales allegadas al expediente, prontamente se establece que el fallo de primer grado habr\u00e1 de ser ratificado, porque la protecci\u00f3n deprecada se torna improcedente en la medida en que no alcanza a superar los presupuestos generales referidos a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. De la inmediatez. <\/p>\n
Circunscrito el examen constitucional a la decisi\u00f3n mediante la cual se deneg\u00f3 la complementaci\u00f3n del fallo que dirimi\u00f3 la pertenencia impetrada por la ac\u00e1 accionante, el impedimento de procedibilidad en comento no se satisface, habida consideraci\u00f3n que dicha providencia data del 13 de abril de 2021, mientras la instauraci\u00f3n de la presente tutela ante el tribunal a-quo, el 22 de octubre de 2021, es decir, cuando ya se hab\u00eda excedido el semestre que la decantada jurisprudencia constitucional y de esta Sala ha establecido como prudencial para promover tempestivamente el auxilio. <\/p>\n
En efecto, se ha dicho y reiterado que el principio temporal demanda del afectado una reclamaci\u00f3n oportuna ante la administraci\u00f3n de justicia, pues su prolongado silencio se ha entendido como signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la resoluci\u00f3n censurada, y que su an\u00e1lisis se torna m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de providencias judiciales, al precisar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados (\u2026). En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ STC 2 ago. 2007, rad. 00188-01, citada, entre otras en STC9434-2021, 28 jul. 2021, rad. 00552-01). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea se ha se\u00f1alado que, \u00abprecisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses [en tanto que] resulta contrario a la seguridad jur\u00eddica, postulado fundante del Estado de Derecho, reabrir debates ya decididos, por cuanto ello lejos de garantizar la vigencia de los derechos de los asociados y promover un orden justo, proh\u00edja y perpet\u00faa los conflictos y genera incertidumbre\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 00624-00, citada entre otras en STC9434-2021, 28 jul. 2021, rad. 2021-00552-01). Se subraya. <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Sin perjuicio de la modalidad de incuria advertida por el fallador de primer grado, porque frente al referido auto no plante\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, este impedimento de procedibilidad surge en raz\u00f3n a la existencia de otros mecanismos de defensa, enfilados a la cancelaci\u00f3n del gravamen que recae sobre el bien cuya propiedad fue judicialmente declarada a su favor. <\/p>\n
En primer lugar, la querellante no acredit\u00f3 haber gestionado el levantamiento de la prenda acudiendo directamente ante la entidad acreedora, situaci\u00f3n que esta ratific\u00f3 al contestar la presente acci\u00f3n. En segundo lugar, tampoco demostr\u00f3 que para obtener la \u00abextinci\u00f3n de la garant\u00eda prendaria\u00bb, hubiera promovido la pertinente acci\u00f3n judicial, pese a que la declaraci\u00f3n de pertenencia a su favor -en la que no se hizo pronunciamiento sobre el gravamen-, data del 17 de agosto de 2012, esto es, hace mas de nueve (9) a\u00f1os. <\/p>\n
Acerca de la omisi\u00f3n en el uso de los medios legalmente previstos, en invariable l\u00ednea de pensamiento, esta Sala ha dicho que la tutela no tiene cabida, pues dado su car\u00e1cter residual solo es viable cuando quien acude a ella, ya se dirigi\u00f3 ante las autoridades competentes para poner de presente su reclamo, y no obtuvo respuesta o la misma fue desfavorable en los censurables t\u00e9rminos de arbitrariedad, lo cual ac\u00e1 no acontece. En otros t\u00e9rminos, proceder\u00eda el auxilio cuando no se cuenta con otro medio defensivo, o porque contando con \u00e9l, \u00e9ste resulta inane o ineficaz frente a lo pretendido, situaci\u00f3n que tampoco se ajusta a este caso. <\/p>\n
Sobre el particular esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, citada en STC14838-2021, 4 nov. 2021, rad. 00378-01, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se avalar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo, precisando que adem\u00e1s de la desatenci\u00f3n al requisito de la inmediatez, se configura el de la subsidiariedad en la modalidad anteriormente explicada, lo cual releva ahondar en otras tem\u00e1ticas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, con la precisi\u00f3n realizada en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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