STC16457-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16457-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-02378-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 11 de noviembre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Alberto Castiblanco Rodr\u00edguez contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes y los intervinientes en el hipotecario n\u00b0 2010-00561. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, \u00abconfianza leg\u00edtima, seguridad jur\u00eddica y derecho a la propiedad privada como funci\u00f3n social, as\u00ed como el postulado y principio constitucional de la buena fe\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada, al no acceder a la devoluci\u00f3n de la totalidad de dineros cancelados por el adjudicatario del bien rematado dentro del pleito antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que en la subasta llevada a cabo por el accionado el 14 de marzo de 2017, \u00aben mi condici\u00f3n de mejor postor, me fueron adjudicados [el] apartamento 503 y [el] garaje 78, identificados con folios de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00fameros 50C-1336313 y 50C-1336258\u00bb, y \u00abcumplidas las cargas legales (\u2026), el 27 de noviembre de 2017 se aprob\u00f3 dicha almoneda\u00bb, disponiendo \u00aben el numeral s\u00e9ptimo de la parte resolutiva \u201creservar del producto del remate la suma de $80\u00b4000.000, para el pago de servicios p\u00fablicos que se causen hasta la entrega del bien rematado (\u2026). Lo anterior, de conformidad con el numeral 7 del art\u00edculo 455\u201d\u00bb. <\/p>\n
Mediante recurso de reposici\u00f3n hizo ver que \u00abs\u00f3lo se orden\u00f3 reservar esa suma para pago de servicios p\u00fablicos, sin tener en cuenta otros conceptos como administraci\u00f3n e impuestos [y] se acredit\u00f3 que las deudas de esos inmuebles, para esa fecha ascend\u00edan a $93\u00b4699.762, sin incluir servicios p\u00fablicos y en ese orden se solicit\u00f3 incrementar el dinero reservado a la suma de $130.000.000\u00bb; en respuesta a lo anterior, con auto del 15 de junio de 2018 el juzgado \u00abresolvi\u00f3 revocar parcialmente el auto de 27 de noviembre de 2017 [se\u00f1alando que] le asiste raz\u00f3n al actual adjudicatario [porque] \u201clo correcto es que la reserva es para cubrir los gastos indicados en el No. 7 del art. 455 del C\u00f3digo General del Proceso\u201d\u00bb, y advirti\u00f3 al rematante \u00ab\u201cque cuenta hasta con el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas despu\u00e9s de que haya sido entregado el bien para demostrar el pago de impuestos, servicios p\u00fablicos, cuotas de administraci\u00f3n y gastos de parqueo o dep\u00f3sito\u201d\u00bb. <\/p>\n
El 7 de septiembre de 2018 el juzgado orden\u00f3 \u00abla entrega del t\u00edtulo judicial por valor de $101.233.611 al adjudicatario, correspondiente al pago de impuestos y administraci\u00f3n de los inmuebles que le fueron adjudicados\u00bb, para lo cual realiz\u00f3 el detalle \u00abque oportunamente acredit\u00e9 al despacho, antes de la diligencia de entrega del bien rematado, pues fue en ese mismo prove\u00eddo que se orden\u00f3 la comisi\u00f3n para la entrega forzada de los bienes a su adjudicatario\u00bb. <\/p>\n
Recurrida la anterior resoluci\u00f3n por la parte ejecutada, previo a decidir el juzgado impuso \u00abuna serie de cargas a los sujetos procesales y al suscrito adjudicatario, las cuales acredit\u00e9 haber cumplido\u00bb, y tras ello, mediante auto del 31 de mayo de 2019 revoc\u00f3 el auto del 7 de septiembre de 2018 \u00ab\u201cpara negar la devoluci\u00f3n y entrega de los dineros al adjudicatario (\u2026), comoquiera que no es el momento procesal oportuno, debido a que dicha devoluci\u00f3n de emolumentos por concepto de impuestos y cuotas de administraci\u00f3n (\u2026), se deber\u00e1 realizar una vez se acredite la entrega de los bienes inmuebles al adjudicatario (\u2026), siempre y cuando demuestren hasta el t\u00e9rmino de los diez (10) d\u00edas siguientes a la mentada entrega\u201d\u00bb. <\/p>\n
Contra esta nueva decisi\u00f3n interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, en el cual \u00abinsist\u00ed en la procedencia y oportunidad de la devoluci\u00f3n de los dineros al suscrito que hasta ese momento hab\u00edan sido pagados por concepto de impuestos y expensas comunes de administraci\u00f3n, reiterando y ampliando fundamentos legales y jurisprudenciales, e igualmente solicitando que se aumentara esa reserva pues los bienes continuaban en tenencia de la parte demandada, gener\u00e1ndose nuevas cargas para su actual propietario\u00bb, mismo que, con auto del 17 de septiembre de 2019, el juzgado rechaz\u00f3 de plano, aduciendo que se trataba de \u00abauto que decide reposici\u00f3n\u00bb, pero finalmente indic\u00f3 que \u00abuna vez se acredite la entrega de los citados predios proceder\u00e1 el despacho a decidir sobre la devoluci\u00f3n de dineros por los conceptos establecidos en el numeral 7 del art\u00edculo 455 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel d\u00eda 12 de diciembre de 2019, se realiz\u00f3 la entrega real y material de los inmuebles al suscrito, como adjudicatario y propietario desde el a\u00f1o 2017, a trav\u00e9s del Juez 45 Civil Municipal de Bogot\u00e1\u00bb, el 19 de diciembre de ese mismo a\u00f1o \u00abcon los comprobantes respectivos, solicit\u00e9 la devoluci\u00f3n total de las sumas de dinero pagadas por el suscrito por concepto de impuestos, administraci\u00f3n y servicios p\u00fablicos, incluyendo los que ya se hab\u00edan ordenado devolver y los que se causaron con posterioridad al mes de septiembre de 2018 y hasta diciembre de 2019, por un gran total de ciento trece millones novecientos veintiocho mil ciento dos pesos ($113\u00b4928.102) m\/cte.\u00bb. <\/p>\n
Que al haberse ordenado la entrega de esa suma seg\u00fan prove\u00eddo del 27 de enero de 2020, la parte demandada interpuso recursos \u00abbajo un argumento ya muy trajeado y discutido, que \u201cdebe demostrar a trav\u00e9s de las respectivas certificaciones o recibos pendientes de pago el valor de la deuda de los inmuebles y no el reintegro de sumas de dinero; si el adjudicatario cancel\u00f3 suma alguna por deudas a cargo de los inmuebles, no es esta la acci\u00f3n para ser reclamadas (\u2026), la norma no consagra el pago de deudas para ser reintegradas, sino [su] acreditaci\u00f3n\u201d\u00bb. <\/p>\n
Que pese a haber refutado con argumentos legales y jurisprudenciales, a trav\u00e9s de auto del 2 de febrero de 2021, el accionado modific\u00f3 la orden anterior, ordenando \u00abentregar al adjudicatario Carlos Alberto Castiblanco Rodr\u00edguez la suma de $12\u00b4694.491\u00bb, al sostener que \u00ab\u201cla norma claramente establece el periodo en el que el adjudicatario debe demostrar el monto de las deudas de los inmuebles adjudicados, es decir, hasta despu\u00e9s de la entrega de los mismos y m\u00e1ximo hasta diez (10) d\u00edas despu\u00e9s, solamente en ese periodo de tiempo es que el comprador rematante debe acreditar dichas deudas, no antes (\u2026)\u00bb. Por ello, estim\u00f3 que la devoluci\u00f3n de dineros solamente correspond\u00eda a las deudas \u00ab\u201cque demostr\u00f3 en el plenario despu\u00e9s del 12 de diciembre de 2019, fecha en la que se le entregaron los predios (\u2026) y hasta el 17 de enero de 2020, fecha en la cual terminan los diez (10) d\u00edas establecidos en la norma\u201d\u00bb. <\/p>\n
Que al recurrir la anterior determinaci\u00f3n, \u00abcomo era de esperarse, la se\u00f1ora Juez en auto del 19 de octubre de 2021, \u201crechaza\u201d los recursos interpuestos por el suscrito contra el auto de fecha 2 de febrero de 2021 [porque], seg\u00fan ella, se trata de un recurso contra el auto que resolvi\u00f3 otro recurso y no existieron puntos nuevos [y] tan afanada fue [su] decisi\u00f3n que no se detuvo a revisar que el suscrito le record\u00f3 sus propias pero contrarias decisiones en casos similares [por lo que], esa novedosa, err\u00f3nea, grosera y caprichosa forma de interpretar exclusivamente para el proceso que le interesa al suscrito el art\u00edculo 455 numeral 7\u00b0 del C.G.P., por parte de la juez accionada, es un acto que vulnera flagrantemente mis derechos fundamentales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se ordene a la funcionaria querellada, que \u00abdeje sin valor ni efecto el auto de fecha 02 de febrero de 2021, el que resolvi\u00f3 los recursos interpuestos contra el auto de fecha 20 de enero de 2020 y en su lugar se emita providencia que guarde los postulados legales del art\u00edculo 455, numeral 7 del C.G.P., espec\u00edficamente que se confirme la orden impartida de devoluci\u00f3n de dineros al suscrito por valor de $113\u00b4928.102.00 en calidad de adjudicatario, correspondiente al reembolso de los dineros demostrados oportunamente, por concepto de pago de impuestos, cuotas de administraci\u00f3n y servicios p\u00fablicos de los inmuebles que le fue adjudicados\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, sin realizar pronunciamiento sobre los hechos y pretensiones de esta acci\u00f3n, remiti\u00f3 copia escaneada del expediente cuya actuaci\u00f3n el actor cuestiona. <\/p>\n
2. N\u00e9stor Humberto Pab\u00f3n Paipilla, quien act\u00faa como demandado en la ejecuci\u00f3n criticada, se opuso a lo pretendido al exponer que \u00abuna vez realizada la diligencia de entrega del inmueble materia de remate el d\u00eda 12 de diciembre de 2019, los \u00fanicos comprobantes y\/o certificaciones aportados al proceso conforme a lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 455 numeral 7\u00ba del C.G.P., fueron los correspondientes a las deudas que estaban vigentes a esa fecha de entrega; los cuales fueron estudiados y valorados por la se\u00f1ora Juez (\u2026) al momento de proferir su auto de fecha 02 de febrero del 2021 (\u2026), raz\u00f3n por la cual, repuso el numeral 2\u00ba del auto de fecha 27 de enero del 2020, que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por el suscrito, lo cual hace improcedente el interpuesto por el adjudicatario Dr. Carlos Alberto Castiblanco Rodr\u00edguez, toda vez que no existen puntos nuevos a resolver (Art 318 C.G.P. Inciso 4to)\u00bb. <\/p>\n
3. El apoderado judicial de los dem\u00e1s ejecutados dentro del litigio en cuesti\u00f3n, afirm\u00f3 que \u00abel accionante pretende por esa v\u00eda se revivan t\u00e9rminos y oportunidades legalmente concluidos (\u2026), comoquiera que el auto de fecha 19 de octubre del corriente a\u00f1o, fue claro y preciso en indicar que el recurso interpuesto al interior del proceso (\u2026), no tiene asidero legal por cuanto dicha situaci\u00f3n ya hab\u00eda sido objeto de decisi\u00f3n en auto anterior de fecha 02 de febrero de 2021\u00bb. Adem\u00e1s, en su sentir la acci\u00f3n \u00abno cumple con el requisito de inmediatez [porque] la decisi\u00f3n proferida por el accionado de fecha 2 de febrero del 2021, data de m\u00e1s de seis meses\u00bb, y, \u00abconforme a lo sostenido por las altas Cortes, la acci\u00f3n de tutela no es una instancia adicional en la que se pueda realizar nuevamente un estudio de fondo [del asunto]\u00bb. <\/p>\n
4. Systemgroup S.A.S., pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite tutelar porque \u00aba cargo del accionante no existe ning\u00fan tipo de v\u00ednculo comercial\u00bb, y que dentro del ejecutivo \u00abadelantado por parte de Alianza Fiduciaria como vocera del Fideicomiso Alianza Konfigura contra Olga Marcela Dulcey Crisp\u00edn (\u2026), nunca fungi\u00f3 como acreedor de la obligaci\u00f3n [pues su] responsabilidad era limitarse \u00fanica y exclusivamente como administradores de la cartera del Fideicomiso, administraci\u00f3n que ya no se encuentra bajo nuestra entidad\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Concedi\u00f3 el amparo al considerar que \u00abla funcionaria accionada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho\u00bb, por cuanto, \u00abel se\u00f1or Castiblanco Rodr\u00edguez solicit\u00f3 dentro del t\u00e9rmino establecido en [el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 455 del C\u00f3digo General del Proceso] devoluci\u00f3n de los dineros que hab\u00eda pagado por las deudas que por impuestos, servicios p\u00fablicos y cuotas de administraci\u00f3n se hab\u00edan causado sobre los inmuebles a \u00e9l adjudicados, para lo cual aport\u00f3 soportes de la causaci\u00f3n desde septiembre de 2018 a 12 de diciembre de 2019, pues ya en pret\u00e9rita oportunidad hab\u00eda allegado al proceso los comprobantes de lo que tuvo que asumir por esos mismos conceptos (\u2026), a tal punto que en providencia 7 de septiembre de 2018 le fueron reconocidos $101.233.611.00. Por tanto, exigirle al accionante que allegara nuevamente los comprobantes que ya est\u00e1n al interior del proceso es un exceso de ritualismo que desencadena en la denegaci\u00f3n de justicia y acceso a \u00e9sta\u00bb. En consecuencia, invalid\u00f3 los autos del 2 de febrero y del 19 de octubre de 2021, y le orden\u00f3 al acusado, que en 48 horas \u00abresuelva, en el sentido que legalmente corresponda, la reposici\u00f3n presentada con el auto del 27 de enero de 2020\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el se\u00f1or Pab\u00f3n Paipilla, ejecutado en el proceso cuya actuaci\u00f3n se revisa, para aseverar que \u00abquien ha actuado por v\u00edas de hecho y vulnerado el debido proceso es quien funge aqu\u00ed como actor de la tutela [al haber] aportado al proceso unas certificaciones expedidas por la administraci\u00f3n del Edificio (\u2026) donde se encuentran ubicados los bienes inmuebles rematados que no corresponden a la realidad, haciendo caso omiso al proceso que cursaba en el Juzgado Quinto Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, donde se debat\u00eda lo concerniente a las cuotas de administraci\u00f3n adeudadas\u00bb. Reiter\u00f3 que no es factible que le devuelvan sumas de dinero soportadas en pruebas \u00abnulas de pleno derecho\u00bb porque no se acredita la destinaci\u00f3n de los mismos y adem\u00e1s \u00absin ser aportadas en el t\u00e9rmino procesal oportuno\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas derivadas del debido proceso invocadas por el accionante, al no autorizar el reembolso de la totalidad de dineros que acredit\u00f3 haber cancelado como adjudicatario de los bienes rematados. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corte, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en lo resuelto; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; y que la providencia censurada no sea sentencia de tutela; finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos espec\u00edficos: sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, carencia o deficiente motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o que se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Realizado el estudio pertinente a los argumentos de la presente queja y a las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala confirmar\u00e1 el fallo estimatorio de primera instancia, comoquiera que la actuaci\u00f3n del juzgado que es objeto de cuestionamiento, constituye yerro espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantar la determinaci\u00f3n objeto de cuestionamiento. <\/p>\n
3.1. En efecto, la Corte advierte que cumplidos los requisitos gen\u00e9ricos para la procedibilidad del amparo, en el caso examinado en sede de impugnaci\u00f3n tambi\u00e9n se configura la incursi\u00f3n de la funcionaria encartada en un defecto de \u00edndole procedimental, porque al reconsiderar mediante auto del 2 de febrero de 2021 -ratificado el 19 de octubre de la misma anualidad-, el monto de los dineros que habr\u00edan de reintegrarse al adjudicatario por los conceptos objeto de la reserva contemplada en el 7\u00b0 del art\u00edculo 455 del C\u00f3digo General del Proceso, actu\u00f3 al margen de lo previsto en dicha disposici\u00f3n legal, la cual es del siguiente tenor: <\/p>\n
\u00abLa entrega del producto del remate al acreedor hasta concurrencia de su cr\u00e9dito y las costas y del remanente al ejecutado, si no estuviere embargado. Sin embargo, del producto del remate el juez deber\u00e1 reservar la suma necesaria para el pago de impuestos, servicios p\u00fablicos, cuotas de administraci\u00f3n y gastos de parqueo o dep\u00f3sito que se causen hasta la entrega del bien rematado. Si dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la entrega del bien al rematante, este no demuestra el monto de las deudas por tales conceptos, el juez ordenar\u00e1 entregar a las partes el dinero reservado\u00bb. <\/p>\n
Mediante el referido auto, el juzgado indic\u00f3 que \u00abel periodo en el que el adjudicatario debe demostrar el monto de las deudas de los inmuebles adjudicados [es], hasta despu\u00e9s de la entrega de los mismos y m\u00e1ximo hasta diez (10) d\u00edas despu\u00e9s, solamente en ese periodo de tiempo es que el comprador rematante debe acreditar dichas deudas, no antes\u00bb; tras ello, determin\u00f3 que el monto que se pagar\u00eda al hoy querellante, era \u00abla suma de $12\u00b4694.491\u00bb, por corresponder a \u00ablas deudas de impuestos, servicios p\u00fablicos y cuotas de administraci\u00f3n (\u2026), que demostr\u00f3 en el plenario despu\u00e9s del 12 de diciembre de 2019 fecha en la que se entregaron los predios por parte del Juzgado 45 Civil Municipal de Bogot\u00e1 y hasta el 17 de enero de 2020, fecha en la cual terminan los diez (10) [d\u00edas] establecidos en la norma, por lo que las deudas demostradas y canceladas con anterioridad no ser\u00e1n objeto de devoluci\u00f3n por parte del despacho\u00bb. <\/p>\n
La argumentaci\u00f3n y por ende la decisi\u00f3n adoptada por el accionado denotan evidente apartamiento de la disposici\u00f3n legal en comento, pues en momento alguno la misma se\u00f1ala que no se reconocer\u00e1n las deudas o pagos que se acrediten con antelaci\u00f3n a los diez (10) d\u00edas seguidos a la entrega de los bienes al rematante, porque, como en el caso revisado, los respectivos soportes pudieron haberse allegado con anterioridad al vencimiento de ese plazo; tampoco prev\u00e9 la norma que si los conceptos a que esta alude, ya fueron cancelados por el adjudicatario a sus respectivos acreedores, tales obligaciones puedan ser desconocidas, pues ante tal situaci\u00f3n lo que procede es su reintegro o devoluci\u00f3n previa deducci\u00f3n de los dineros producto de la subasta. <\/p>\n
3.2. El anterior entendimiento ha sido expuesto reiteradamente por esta Corporaci\u00f3n al resolver casos de similares contornos al que ahora se analiza, precisando la naturaleza jur\u00eddica de la almoneda y el alcance que el legislador dio a la figura de la \u00abreserva\u00bb -vigente desde el estatuto procesal anterior-, a efectos de que el rematante reciba el bien totalmente saneado, puesto que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) El remate de bienes, como lo tiene dicho la jurisprudencia, corresponde a una venta en la que, por fuerza de la ley, el juez que lo practica act\u00faa en representaci\u00f3n del vendedor y, por ende, debe velar por que, como en toda enajenaci\u00f3n, su objeto sea entregado al comprador (rematante) libre de todo gravamen. De suyo, por eso, se ha entendido que los valores correspondientes a los impuestos causados antes de la subasta respecto de la cosa vendida, son de cargo del enajenante y que si el rematante, con miras a obtener la aprobaci\u00f3n del remate, paga y acredita la cancelaci\u00f3n de los mismos, debe reintegrarse a \u00e9l las sumas que por tal concepto sufrag\u00f3, del precio mismo del remate. <\/p>\n
En ocasi\u00f3n anterior esta Sala de la Corte, al decidir una acci\u00f3n de tutela promovida por el rematante contra la entidad ejecutante, para obtener de ella el pago de los valores que por concepto de servicios p\u00fablicos del inmueble subastado se adeudaban a las empresas respectivas, expres\u00f3 que \u201c(\u2026) la legislaci\u00f3n procesal y sustancial de los remates en procesos ejecutivos, imponen al juzgado, como representante del vendedor, hacer los pagos indispensables como los de impuestos (art. 530, inciso 1\u00ba., y 529, inciso 1\u00ba., C.P.C.) y dem\u00e1s que sean necesarios para cancelar los grav\u00e1menes (art. 530, num. 1\u00ba. C.P.C.) y entregar, al rematante la casa saneada (art. 539 num. 4\u00ba C.P.C.) (\u2026)\u201d (Sent. de 21 de septiembre de 1998, Expediente de Tutela No. 5374). <\/p>\n
(\u2026) Sin duda, se muestra arbitrario y caprichoso el razonar de la funcionaria accionada (\u2026), pues no pod\u00eda ella, con ignorancia de las normas atr\u00e1s invocadas, y apoy\u00e1ndose exclusivamente en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 530 de la ley de enjuiciamiento civil, desconocer la obligaci\u00f3n que, como representante del vendedor (ejecutado), ten\u00eda de sanear la cosa vendida en favor del comprador (rematante) y, de otro lado, deducir, como lo hizo, que del precio de la enajenaci\u00f3n forzada correspond\u00eda cancelarse primero el valor del cr\u00e9dito y las costas y del remanente, en el supuesto de quedar, pagarse el monto de los impuestos sufragados por el adjudicatario de los automotores por ella subastados. <\/p>\n
(\u2026) Se persigue de lo expuesto que, si bien es cierto el derecho de propiedad del accionante no ostenta aqu\u00ed jerarqu\u00eda de fundamental y, por lo mismo, no es susceptible de protegerse por v\u00eda de tutela, el actuar descrito de la juez querellada conculca el derecho al debido proceso del peticionario, el cual, consecuentemente, deber\u00e1 ser tutelado, para lo que se ordenar\u00e1 a dicha funcionaria, que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a cuando se le entere esta determinaci\u00f3n, adopte las medidas necesarias para reintegrar al se\u00f1or Aldana Le\u00f3n los dineros que pag\u00f3 por concepto de impuestos de los automotores que le fueron adjudicados, del precio mismo en que se subastaron dichos veh\u00edculos\u00bb (CSJ STC, 18 feb. 1999, exp. 5834, citada en STC, 16 ene. 2003, exp. 2002-00857-01). <\/p>\n
En m\u00e1s reciente pronunciamiento, la Corte tambi\u00e9n concedi\u00f3 el auxilio implorado por un rematante a quien se le hab\u00eda negado la \u00abrestituci\u00f3n\u00bb completa de lo pagado en relaci\u00f3n con el bien adjudicado, al precisar que conforme al art\u00edculo 455-7 del actual estatuto adjetivo, procede \u00abla devoluci\u00f3n al adjudicatario de los dineros cancelados por \u00e9ste por impuestos y administraci\u00f3n, siempre que se reclamen durante los diez (10) d\u00edas siguientes a la entrega de lo vendido o, como aqu\u00ed ocurri\u00f3, antes de ese acto, procedi\u00f3 a saldar la totalidad de las deudas del bien\u00bb, resaltando que con tal comportamiento \u00abcontribuy\u00f3 al saneamiento de la heredad subastada y permiti\u00f3 impartir celeridad al tr\u00e1mite cuestionado\u00bb (CSJ STC8034-2017, 7 jun. 2017, rad. 00252-01). Subraya y destaca la Sala. <\/p>\n
3.3. En las circunstancias descritas, se evidencia que en el asunto materia de estudio constitucional, la actuaci\u00f3n de la funcionaria encartada no se ajusta al pertinente ordenamiento jur\u00eddico, porque desconoce la normativa que rige la regulaci\u00f3n del remate en los procesos ejecutivos, y de paso el precedente de esta Corporaci\u00f3n sobre el tema, constituyendo yerros espec\u00edficos de procedibilidad del resguardo por conculcar el debido proceso del reclamante. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, habr\u00e1 de ratificarse la prosperidad del amparo, advirti\u00e9ndose que, si bien los jueces ordinarios tienen libertad razonable para interpretar y aplicar la ley, la decantada jurisprudencia ha reiterado que los falladores de tutela pueden intervenir en esa funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo, evento ante el cual se tornan imperiosas las medidas pertinentes para corregir la actuaci\u00f3n defectuosa. <\/p>\n
Bajo el anterior entendimiento, la injerencia del fallador excepcional surge de la incursi\u00f3n de la juez accionada en yerro procedimental absoluto, pues so pretexto de ce\u00f1irse al principio de legalidad, desconoci\u00f3 su funci\u00f3n como garante de los derechos de las partes, terceros e intervinientes en el juicio, en este caso del adjudicatario de los bienes rematados, al actuar al margen del procedimiento por no darle el debido alcance y aplicaci\u00f3n a lo preceptuado en el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Este defecto tambi\u00e9n se produjo por indebida interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 11 ibidem, referido a la aplicaci\u00f3n del principio de prevalencia del derecho sustancial con sujeci\u00f3n a los supuestos esbozados, pues dicho canon establece con claridad que \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, y que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al precedente jurisprudencial vertical y especializado, se advierte que el mismo no debe desconocerse cuando se est\u00e1 frente a un caso que guarda connotaciones similares, porque de hacerlo se est\u00e1 transgrediendo prerrogativas de \u00edndole superior como lo son las protegidas en sede de amparo; en sede tutelar, tal figura ha sido definida como \u00abaquel conjunto de sentencias previas al caso que se habr\u00e1 de resolver que por su pertinencia para la resoluci\u00f3n de un problema jur\u00eddico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia\u00bb (CC T-1029\/12). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a lo discurrido, se impone ratificar el fallo impugnado, mediante el cual se concedi\u00f3 la protecci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso del querellante, y, por tanto, la orden impartida para que al interior del ejecutivo n\u00b0 2010-00561, el accionado proceda a estudiar nuevamente el recurso de reposici\u00f3n dirigido a resolver la inconformidad planteada, con observancia en lo planteado en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnaci\u00f3n, con las precisiones realizadas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC16457-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC16457-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-02378-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60073","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60073","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60073"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60073\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60073"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60073"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60073"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}