STC16458-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16458-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-02407-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de 11 de noviembre de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Santiago Mahecha Rodr\u00edguez contra los Juzgados Cuarenta Civil del Circuito y Cuarenta y Dos Civil Municipal, ambos de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio ejecutivo con radicado n\u00b02019-00572-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el accionante reclama la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Aduce que, Patricia Edith Prieto Vargas suscribi\u00f3 un pagar\u00e9, con carta de instrucciones, por $40.000.000 en favor de Gaviria Motor Ltda. para ser pagado el 1\u00b0 de diciembre de 2017. <\/p>\n
Refiere que dicha sociedad le endos\u00f3 en propiedad el referido t\u00edtulo valor y, demand\u00f3 a Prieto Vargas ante el estrado municipal confutado, para exigirle la cancelaci\u00f3n de dicha suma. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, enterada del mandamiento de pago respectivo, Patricia Edith formul\u00f3 entre otras excepciones perentorias, las de \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n y cobro de lo no debido\u00bb, alegando la vinculaci\u00f3n del cartulario en cuesti\u00f3n a un contrato de tenencia de un veh\u00edculo por $900.000 diarios, en el cual Gaviria Motor Ltda. fung\u00eda como arrendadora y ella como arrendataria. <\/p>\n
Destaca que, en dichas defensas se indic\u00f3 que el t\u00edtulo lo suscribi\u00f3 para respaldar las deudas y los da\u00f1os que eventualmente se pudieran causar en desarrollo de la convenci\u00f3n y, como no qued\u00f3 acreencia alguna, el compulsivo no ten\u00eda raz\u00f3n de ser. <\/p>\n
Relata que, el juzgado municipal fustigado en sentencia de 5 de noviembre de 2020, declar\u00f3 probadas las excepciones de la demandada y dispuso la terminaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
Inconforme con ello, formul\u00f3 apelaci\u00f3n, cuestionando la omisi\u00f3n de la valoraci\u00f3n de varias pruebas, en especial, el documento aportado por la endosante Gaviria Motor Ltda. en donde se indic\u00f3 que el monto del pagar\u00e9, provino de las c\u00e1nones insolutos a cargo de la demandada. En fallo de 30 de abril de 2021, el ad quem ratific\u00f3 la decisi\u00f3n protestada. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El juzgado del circuito recriminado defendi\u00f3 la legalidad de sus actuaciones, manifestado que \u00ab el razonamiento hecho al interior del proceso se desprende de lo que se logr\u00f3 demostrar con los medios probatorios arrimados por las partes en las oportunidades procesales concedidas para ello, dejando claro que, contrario a lo afirmado por el gestor constitucional, dichos elementos de juicio fueron valorados, examinados, apreciadas en conjunto y de manera arm\u00f3nica de acuerdo a las reglas de la sana cr\u00edtica asign\u00e1ndoles el m\u00e9rito correspondiente\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El estrado municipal reprochado efectu\u00f3 un recuento del decurso criticado y resalt\u00f3 que el pronunciamiento emitido en primera instancia fue \u00abel resultado de una adecuada valoraci\u00f3n del material probatorio allegado a la actuaci\u00f3n, conforme lo ordenan los art\u00edculos 176 y 280 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Concedi\u00f3 el resguardo, porque no se tuvo en cuenta que en la \u00abcarta de instrucciones (\u2026) se estableci\u00f3 que el monto de la obligaci\u00f3n ser\u00eda \u201cigual al valor de todas las obligaciones exigibles a cargo [de la deudora] y a favor de [de la endosante en propiedad]., exist[entes] al momento de ser llenados los espacios\u201d. <\/p>\n
De igual modo, enfatiz\u00f3 que \u00ab no se revis\u00f3 la totalidad de la documental acu\u00f1ada, pues dej\u00f3 de lado, la comunicaci\u00f3n arribada por parte de la empresa Gaviria Motor Ltda., seg\u00fan la cual, la suma de $40.000.000 consignados en el pagar\u00e9 endosado \u201ccorrespond[\u00eda] a los meses de alquiler (\u2026) dejados de cancelar por (\u2026) la arrendataria (\u2026) Patricia Edith Prieto Vargas\u201d; tampoco hizo consideraci\u00f3n alguna entre este, las versiones de la ejecutada, la testigo Francis Omayra Rozo Varela y el interrogatorio del demandante. En ese sentido, tal como lo aduce el accionante, no fue valorado en conjunto el material probatorio, [aun] cuando este fue uno de los puntos de controversia planteados en la sustentaci\u00f3n del recurso de alzada\u00bb. <\/p>\n
Por tal motivo, dispuso dejar sin efecto el fallo de segunda instancia proferido por el despacho del circuito accionado y, le orden\u00f3 que en el t\u00e9rmino de veinte (20) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del fallo \u00ab(\u2026) profier[iera] nuevamente la sentencia que desate el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el fallo del 5 de noviembre de 2020, emitido por el Juzgado Cuarenta y Dos Civil Municipal de esta capital, analizando en su totalidad las pruebas aportadas al proceso, sin perjuicio de que arribe nuevamente a la misma decisi\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1. La formul\u00f3 Patricia Edith Prieto Vargas destacando que en el procedimiento controvertido \u00abno se encontr[\u00f3] prueba alguna que comprometiera [su] responsabilidad en una deuda de cuarenta millones de pesos ($40.000.000) tal como se diligenci[\u00f3] en el pagare base de la acci\u00f3n, el cual se [llen\u00f3] violando la carta de instrucciones que (\u2026) hab\u00eda firmado, en donde se establec[i\u00f3] que [el] pagar[\u00e9] se dej[\u00f3] en respaldo por si el veh\u00edculo (\u2026) entrega[do] en alquiler sufr\u00eda alg\u00fan accidente, [situaci\u00f3n que no se present\u00f3]\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, enfatiz\u00f3 en la ausencia de evidencia relacionada con el arrendamiento del veh\u00edculo materia del contrato, por m\u00e1s tiempo del estipulado pues \u00abtampoco autori[z\u00f3] a nadie a rentar veh\u00edculos [a su] nombre\u00bb. Adem\u00e1s, la documental echada de menos por el tribunal, carec\u00eda de respaldo probatorio respecto a las actas de entrega del veh\u00edculo que se le dio en tenencia y, por ello, no resultaba cierto que el monto del pagar\u00e9 era producto de c\u00e1nones dejados de pagar. <\/p>\n
2. Jaime Enrique Sanabria Caro aduciendo ser interviniente en este tr\u00e1mite porque fue apoderado de Patricia Edith Prieto Vargas, refiri\u00f3 que el documento sobre el cual se fundament\u00f3 la concesi\u00f3n del resguardo, no estaba soportado con los dem\u00e1s medios de prueba y, rese\u00f1\u00f3 que quien lo aport\u00f3, esto es, \u00abel representante legal de Gaviria Motors, no compareci\u00f3 a rendir testimonio el d\u00eda y hora se\u00f1alas por el juez sino que pretend[i\u00f3] sorprender a las partes con un escrito presentado fuera de t\u00e9rmino\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si el ad quem convocado vulner\u00f3 las garant\u00edas superlativas del accionante, al ratificar la negativa de continuar con la ejecuci\u00f3n censurada, al presuntamente omitir valorar las probanzas relacionadas con el alegado incumplimiento de la ejecutada, frente a obligaciones del contrato de arrendamiento al cual estaba ligado el pagar\u00e9 materia de discusi\u00f3n. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
2.1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
No obstante, en los precisos casos en los cuales los funcionarios respectivos incurran en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
2.2. Si bien los falladores ordinarios tienen libertad discreta y razonable para interpretar y aplicar el ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden intervenir en esa funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015). <\/p>\n
3. Falta o insuficiente motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, uno de los eventos en los cuales se habilita el amparo para conjurar la afectaci\u00f3n que pueden causar los actos judiciales a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia es el proferimiento de una providencia que desconozca la obligaci\u00f3n de una \u00abdebida motivaci\u00f3n\u00bb. Sobre el tema, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la motivaci\u00f3n de las sentencias constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir, \u2018(\u2026) la funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n. La sentencia, como acto procesal que es, [\u2026] debe ser motivada \u2018de manera breve y precisa\u2019 \u2013pero necesariamente fundamentada-, dicha evaluaci\u00f3n debe cobijar el \u2018examen cr\u00edtico de las pruebas y a los razonamientos legales\u2019 que sean indispensables para fundamentarla [\u2026] la funci\u00f3n del juez radica en la definici\u00f3n del derecho y uno de los principios en que se inspira reside en el imperativo de que, sin excepciones, sus providencias est\u00e9n clara y completamente motivadas. La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo\u00bb (Sentencia de 22 de mayo de 2003, exp. 00526-01, citada en STC, 3 nov. 2011, exp. 02274-00, ratificada y reiterada en STC7781-2016, 13 jun. rad. 00057-01, y STC6688-2018, 23 may. 2018, rad. 00074-01). <\/p>\n
Igualmente, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que, en situaciones como esta, \u00absufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de sentencias en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales\u00bb (CSJ STC 2 mar. 2008, rad. 00384-00, reiterada entre otras en STC 16 feb. 2011, rad. 2010-445-01, y STC9162-2015, 15 jul. 2015, rad. 00281-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
3.1. Con observancia de las premisas que anteceden, de la revisi\u00f3n realizada al reclamo constitucional y su cotejo con las piezas procesales adosadas al expediente, la Corte precisa que habr\u00e1 de confirmarse la providencia que concedi\u00f3 el auxilio en primer grado, comoquiera que, con en el fallo del ad quem confutado de 30 de abril de 2021, a trav\u00e9s del cual se ratific\u00f3 la negativa de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n cuestionada, se incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho, por carecer esa determinaci\u00f3n de motivaci\u00f3n suficiente, como pasa a explicarse <\/p>\n
3.2. En efecto, n\u00f3tese que, en el recurso de apelaci\u00f3n instaurado por el demandante contra la aludida determinaci\u00f3n del a quo, \u00e9ste cuestion\u00f3 que no se hab\u00eda apreciado la \u00abprueba documental que fuera allegada por el representante legal de (\u2026) Gaviria Motor Ltda, por medio de la cual [se] prob\u00f3 que la demandada rent[\u00f3] [el] veh\u00edculo (\u2026) por muchos m\u00e1s d\u00edas y meses y, (\u2026) fuera de eso, [aquella] autoriz\u00f3 a una persona para que la compa\u00f1\u00eda le siguiera alquilando el [automotor] y otros veh\u00edculos m\u00e1s; sin embargo, el [a quo] nada dijo al respecto, es decir no le dio el valor probatorio que ten\u00eda la obligaci\u00f3n legal de darle (\u2026), pues de haberlo hecho, muy seguramente su sentencia hubiera variado\u00bb. <\/p>\n
Sobre lo anterior, el estrado de circuito fustigado se pronunci\u00f3 en el fallo atacado, aludiendo que el tutelante solo aport\u00f3 como base de la ejecuci\u00f3n, el pagar\u00e9 que le fue endosado en propiedad por Gaviria Motor Ltda. y, la carta de instrucciones firmada por Patricia Edith Prieto Vargas, quien refut\u00f3 el mandamiento de pago esgrimiendo un contrato de tenencia en donde el t\u00edtulo en cuesti\u00f3n solo sirvi\u00f3 de respaldo para garantizar los eventuales da\u00f1os en el desarrollo de la convenci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed, se\u00f1al\u00f3 que el reclamo del gestor \u00abqued\u00f3 sin piso por haberse acreditado el v\u00ednculo contractual entre Gaviria Motor Limitada y Patricia Edith Prieto Vargas, con el estudio de la carta de instrucciones (\u2026), el pagar\u00e9 (\u2026), la autorizaci\u00f3n de descuento para pago en l\u00ednea no presencial y con el contrato de arrendamiento del veh\u00edculo automotor al contrato de arrendamiento celebrado sobre un veh\u00edculo, de un lado, por Gaviria Motor Ltda. como arrendadora y, de otro, Patricia Edith Prieto Vargas en calidad de tenedora, cuyo canon se estableci\u00f3 en $900.000 diarios\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, manifest\u00f3 que \u00ab[e]n vista que esos pliegos daban cuenta que efectivamente se alquil\u00f3 el veh\u00edculo, que inicialmente el arrendamiento fue entre el 5 y 9 de mayo de 2011, que por el servicio la pasiva cancel\u00f3 la suma $900.000 y que para respaldar cualquier eventualidad que en la tenencia del automotor pudiere llegar a afectarlo, se firm\u00f3 el documento objeto de ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, infiri\u00f3 que como no se consum\u00f3 da\u00f1o alguno, la ejecuci\u00f3n deb\u00eda culminar por cuanto el actor trat\u00f3 de \u00abperseguir el cobro de una obligaci\u00f3n no adeudada\u00bb, pues, \u00abnada acredit\u00f3 con relaci\u00f3n a un incumplimiento de la arrendataria, aqu\u00ed demandada Patricia Edith Prieto Vargas, quien cumpli\u00f3 con la entrega del veh\u00edculo despu\u00e9s de cumplida la pr\u00f3rroga m\u00e1xima de un mes que se lee en la cl\u00e1usula s\u00e9ptima del contrato, y nada se constat\u00f3 respecto a un da\u00f1o total o parcial del automotor [arrendado,] que hiciera exigible el pago del 20% o 30% de su valor total, como se estableci\u00f3 en la cl\u00e1usula d\u00e9cima cuarta del negocio\u00bb. <\/p>\n
3.3. Para la Sala se incurri\u00f3 en la vulneraci\u00f3n denunciada, pues tal como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, se omiti\u00f3 tener en cuenta que el pagar\u00e9 objeto de recaudo, adem\u00e1s de respaldar los posibles da\u00f1os que sufriera el veh\u00edculo arrendado a la ejecutaba, tambi\u00e9n sirvi\u00f3 de garant\u00eda para el arrendador Gaviria Motor Ltda. (endosante en propiedad del pagar\u00e9) \u00absobre todas las obligaciones exigibles [que] exist[ieran] al momento de llenarse los espacios\u00bb, seg\u00fan se indic\u00f3 en la carta de instrucciones. <\/p>\n
As\u00ed, no era cierto que el t\u00edtulo valor solo se expidi\u00f3 para precaver los perjuicios que, eventualmente, se causaran por la tenencia del automotor, pues, el precitado aparte extendi\u00f3 los alcances del pagar\u00e9 a otras deudas vigentes al momento de llenarse de la carta de instrucciones. <\/p>\n
Ahora, en la ejecuci\u00f3n censurada se observa que, en autos de 7 de octubre de 2019 y 21 de septiembre de 2020, proferidos por el estrado municipal convocado, se exigi\u00f3 a Gaviria Motor Ltda. allegar la informaci\u00f3n pertinente relacionada con el contrato en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En cumplimiento de lo antelado, la enunciada empresa se\u00f1al\u00f3 que la demandada hab\u00eda efectuado algunos pagos relacionados con el contrato en comento, pero los mismos \u00abno constituyeron abonos al t\u00edtulo valor (pagar\u00e9) endosado en propiedad al [actor], toda vez que la suma de $40.000.000 contenida en [t\u00edtulo valor] (\u2026), corresponde a los meses de alquiler del veh\u00edculo (\u2026) dejados de cancelar por parte de la arrendataria (\u2026) Patricia Edith Prieto Varga\u00bb. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase que, si la alzada del quejoso se fund\u00f3 en la falta de valoraci\u00f3n de esos documentos, el ad quem convocado deb\u00eda pronunciarse sobre su valor probatorio y su incidencia en la contienda, sopes\u00e1ndolos con los dem\u00e1s medios de acreditaci\u00f3n, pero al no hacerlo, vulner\u00f3 las prerrogativas del petente, dada la insuficiente motivaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n que adopt\u00f3 para zanjar la controversia. <\/p>\n
3.4. En cuanto a la necesidad de sustentar adecuadamente las providencias judiciales, de vieja data la Corte Constitucional, al ejercer el control de constitucionalidad de la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia, respecto del art\u00edculo 55, sostuvo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no cabe duda que la m\u00e1s trascendental de las atribuciones asignadas al juez y la que constituye la esencia misma del deber constitucional de administrar justicia, es la de resolver, con imparcialidad, en forma oportuna, efectiva y definitiva los asuntos que los sujetos procesales someten a su consideraci\u00f3n (Art. 228 C.P.). Para ello, es indispensable, como acertadamente se dice al inicio de la disposici\u00f3n que se revisa, que sean analizados todos los hechos y asuntos planteados dentro del debate judicial e, inclusive, que se expliquen en forma di\u00e1fana, juiciosa y debidamente sustentada, las razones que llevaron al juez para desechar o para aprobar los cargos que fundamenten el caso en concreto\u00bb (CC T-233\/07). Se subraya. <\/p>\n
En ese mismo sentido, se ha reiterado que \u00absufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de sentencias en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales\u00bb (CSJ STC 2 mar. 2008, rad. 00384-00), y que \u00abla imposici\u00f3n de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas los motivos que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso\u00bb (CSJ STC7221-2017, 24 may. 2017, rad. 00123-01, citada en STC1903-2021, 1\u00b0 mar. 2021, rad. 00210-00, entre otras). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo explicado, se avalar\u00e1 el otorgamiento de la salvaguarda, por cuanto el estrado del circuito convocado no motiv\u00f3 de manera suficiente el fallo que emiti\u00f3 en segunda instancia, en relaci\u00f3n con los documentos que, en el escrito de apelaci\u00f3n, el actor refiri\u00f3 debieron valorarse para definir la alzada, circunstancia que estructura la causal de procedencia del auxilio frente acciones de tutela <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC16458-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC16458-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-02407-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de 11 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60074","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60074","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60074"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60074\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60074"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60074"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60074"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}