STC16492-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16492-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2021-01395-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de dieicmbre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por un la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 4 de octubre, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Bautista Ort\u00edz Montoya contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Comisi\u00f3n Seccional disciplinaria del Huila y las partes e intervinientes dentro del proceso 2016-00291. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando en su propio nombre, acude al presente mecanismo buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00aba la igualdad, al debido proceso, defensa\u2026 legalidad\u2026 acceso a la debida administraci\u00f3n de justicia [sic]\u00bb que estima lesionados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. Dice que en su contra se adelant\u00f3 el proceso disciplinario indicado en p\u00e1rrafos precedentes, en el cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Huila lo sancion\u00f3 con suspensi\u00f3n para ejercer la profesi\u00f3n de abogado por tres meses, al hallarlo responsable de la falta descrita en el numeral 1 del art\u00edculo 37 de la Ley 1123 de 2007, con lo que trasgredi\u00f3 el deber consagrado en el canon 28-10 del mismo compendio normativo. <\/p>\n
Comenta que, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n por \u00e9l formulado contra el aludido fallo, la \u00absaliente\u00bb Sala Jurisdiccional Disciplinaria Superior, lo confirm\u00f3 el 2 de septiembre de 2020. <\/p>\n
Asegura que, una vez notificado de dicha determinaci\u00f3n el pasado 26 de marzo, solicit\u00f3 a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial la invalidaci\u00f3n de la sentencia de segunda instancia, petici\u00f3n denegada mediante auto del 28 de julio siguiente. <\/p>\n
3. Juan Bautista Ort\u00edz Montoya promueve el presente resguardo al considerar que, para adoptar el fallo de segunda instancia, la colegiatura convocada no hab\u00eda alcanzado el qu\u00f3rum decisorio requerido dado que, para el momento en que fue proferido, los doctores Pedro Alonso Sanabria Buitrago y Julia Emma Garz\u00f3n de G\u00f3mez \u00abno ostentaban la investidura de magistrados\u2026[pues] sus periodos se vencieron en el a\u00f1o 2016, art\u00edculo 254 C.P., 76-2 de la Ley 270 de 1996 y lo determinado en la sentencia SU-355 de fecha 27 de agosto de 2020\u00bb al tiempo que el doctor Fidalgo Javier Estupi\u00f1\u00e1n Carvajal salv\u00f3 voto y el magistrado Carlos Mario Cano Diosa no suscribi\u00f3 la providencia al contar con excusa, de all\u00ed que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) solo 3 de los magistrados en pleno ejercicio de sus funciones pertenecientes a la saliente Sala Jurisdiccional Disciplinaria\u2026 votaron confirmando la sentencia de primera instancia, lo que desde ning\u00fan punto de vista constituye mayor\u00eda\u2026 desconociendo el qu\u00f3rum requerido por el art\u00edculo 54 de la ley 270 de 1996\u2026 y lo previsto en los art\u00edculos 3 y 19 del reglamento interno del Consejo Superior de la Judicatura [sic]\u00bb <\/p>\n
4. Por lo anterior, solicita \u00abse declare la nulidad por inconstitucionalidad de la sentencia de segunda instancia proferida\u2026 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura\u00bb y, como consecuencia de ello, \u00abse ordene remitir el expediente a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial para decidir la segunda instancia del proceso disciplinario que se tramita en [su] contra\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El presidente de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial expres\u00f3 que, contrario a lo considerado por el gestor, los doctores Pedro Alonso Sanabria Buitrago y Julia Emma Garz\u00f3n \u00abcontinuaban conociendo de los asuntos de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en raz\u00f3n a que para dicha \u00e9poca, a pesar de que ya se hab\u00eda expedido el Acto Legislativo 02 de 2015, no se hab\u00edan posesionado los magistrados de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial\u00bb , de acuerdo con lo previsto en el par\u00e1grafo transitorio primero del art\u00edculo 19 de dicha disposici\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, igualmente, que en torno al asunto debatido, la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificaci\u00f3n 174 de 2021, determin\u00f3 que, como en el Auto 278 de 2015 de la misma corporaci\u00f3n se hab\u00eda indicado que los magistrados de la desaparecida Sala Jurisdiccional Disciplinaria deb\u00edan continuar en el ejercicio de sus funciones hasta tanto se produjera la posesi\u00f3n de los miembros de la actual Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, aquellos \u00abconservar\u00edan no solo la funci\u00f3n jurisdiccional disciplinaria, sino tambi\u00e9n la competencia para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer acciones de tutela\u00bb. <\/p>\n
Pidi\u00f3, en consecuencia, no acceder al reclamo habida consideraci\u00f3n que \u00abpartiendo del par\u00e1grafo transitorio del art\u00edculo 19 del Acto Legislativo 02 de 2015 y de la interpretaci\u00f3n que le ha dado la Corte Constitucional, resulta claro que no se incurre en las deficiencias se\u00f1aladas por el accionante, as\u00ed como no existe vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
2. Del fallo de primer grado se extracta el pronunciamiento de una magistrada de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Huila1, que pidi\u00f3 \u00abse tomen los argumentos planteados en la decisi\u00f3n de segunda instancia en el cap\u00edtulo de la competencia, puesto que es una decisi\u00f3n que no fue proferida por esa seccional\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Otorg\u00f3 el resguardo implorado al considerar que la providencia del pasado 28 de julio, por medio de la cual la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial no accedi\u00f3 a la invalidaci\u00f3n deprecada por el gestor adolece de \u00abexceso ritual manifiesto porque se ci\u00f1\u00f3 irrestricta e irreflexivamente a la literalidad [de] varias disposiciones jur\u00eddicas de la Ley 1123 de 2007 y de la Ley 734 de 2002, sin detenerse a estudiar la trascendencia de lo planteado por el interesado, con lo cual privilegi\u00f3 una consideraci\u00f3n formal sobre la materializaci\u00f3n de los derechos fundamentales en juego\u00bb. <\/p>\n
Estim\u00f3 que la corporaci\u00f3n querellada no realiz\u00f3 un examen exhaustivo de la cuesti\u00f3n planteada por el querellante al rechazar de plano la solicitud de nulidad, sin detenerse en un tema de vital trascendencia para la resoluci\u00f3n del asunto, cu\u00e1l era la vigencia o no del periodo constitucional de algunas de los suscriptores de la sentencia disciplinaria de segundo grado. <\/p>\n
En efecto, para la Sala Constitucional a quo, los doctores Julia Emma Garz\u00f3n de G\u00f3mez y Pedro Alonso Sanabria Buitrago para el 2 de septiembre de 2020 (data del aludido fallo) no ten\u00edan la calidad de magistrados, pues sus periodos hab\u00edan fenecido en agosto y septiembre de 2016, respectivamente y, \u00aba partir de esas fechas, por fuerza de la Constituci\u00f3n, cesaron en el ejercicio del cargo y, por reflejo, sus funciones corrieron la misma suerte\u00bb, situaci\u00f3n que, sumada al salvamento de voto presentado por el exmagistrado Fidalgo Javier Estupi\u00f1\u00e1n Carvajal y la excusa del doctor Carlos Mario Cano Diosa, permit\u00edan concluir que no se alcanz\u00f3 el qu\u00f3rum decisorio requerido pues, en estricto sentido, el \u00abproyecto\u00bb solo obtuvo el voto favorable de 3 integrantes de la corporaci\u00f3n. <\/p>\n
No podr\u00eda entonces, prosigui\u00f3, considerarse que en el caso estudiado \u00abse produjo \u201cla ejecutoria de la sentencia de segunda instancia\u201d, con ocasi\u00f3n a la \u201csuscripci\u00f3n de la providencia\u201d, al punto que \u201chizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada\u201d, porque el citado documento carece de la virtualidad suficiente para ser considerado como una decisi\u00f3n judicial leg\u00edtimamente proferida por la otrora Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura\u00bb pues el qu\u00f3rum decisorio \u00abfue complementado, de facto, con dos particulares que\u2026 hab\u00edan perdido la investidura de magistrados de esa Colegiatura y que han debido separarse inmediatamente del cargo, al vencimiento del per\u00edodo constitucional de ocho a\u00f1os para el cual fueron elegidos\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que la actuaci\u00f3n disciplinaria seguida contra el ac\u00e1 quejoso \u00abno ha finalizado, por la pot\u00edsima raz\u00f3n que no existe pronunciamiento judicial de fondo que haya puesto fin a ese asunto controversial, en sede de apelaci\u00f3n, ni mucho menos que haya hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada\u00bb de all\u00ed que la providencia del pasado 28 de julio \u00abse convirt[iera] en una aut\u00e9ntica inaplicaci\u00f3n de la justicia material y un actuar que no se compadece con una pronta y cumplida administraci\u00f3n de justicia\u00bb al no abordarse el estudio de las precedentes consideraciones. <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, dej\u00f3 sin efectos el mentado auto y orden\u00f3 a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina judicial emitir un nuevo pronunciamiento conforme las directrices indicadas. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Disinti\u00f3 de la anterior decisi\u00f3n la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial la que, por conducto de su presidente, solicit\u00f3 la revocatoria del fallo de primer grado al considerar que \u00abcarece de un an\u00e1lisis adecuado, suficiente y estructurado de los requisitos generales y espec\u00edficos de procedibilidad de tutela contra providencia judicial. En particular, aquellos argumentos que dieron sustento a la configuraci\u00f3n de la relevancia constitucional y al defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto\u00bb. <\/p>\n
Dijo el funcionario que el debate propuesto por el quejoso se circunscribi\u00f3 a un tema \u00abde orden exclusivamente legal, el cual se sustent\u00f3 en la validez del ejercicio de funciones por parte de dos magistrados que administraban justicia\u00bb de all\u00ed que carezca de relevancia constitucional, a la luz de las directrices trazadas por la Corte Constitucional. <\/p>\n
En su criterio, la Sala a quo desconoci\u00f3 el principio fundamental de autonom\u00eda judicial al imponer una particular interpretaci\u00f3n de las disposiciones y jurisprudencia llamadas a gobernar el asunto, sin precisar con claridad por qu\u00e9 la decisi\u00f3n cuestionada carec\u00eda de una adecuada motivaci\u00f3n, pues sin m\u00e1s estableci\u00f3 que la sentencia disciplinaria de segundo grado no hab\u00eda nacido a la vida jur\u00eddica, sin detenerse en el precedente constitucional (SU-174 de 2021) que indica que los magistrados que integraban la antigua Sala Jurisdiccional Disciplinaria estuvieron investidos de jurisdicci\u00f3n hasta la posesi\u00f3n de los miembros de la actual Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, de all\u00ed que las deliberaciones en las que participaron y las providencias que suscribieron conservaban su validez. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Sala dilucidar si la autoridad judicial accionada vulner\u00f3, dentro del proceso disciplinario 2016-00291, las garant\u00edas invocadas por Juan Bautista Ort\u00edz Montoya, al rechazar por improcedente, la solicitud de nulidad de la sentencia de segunda instancia por medio de la cual se confirm\u00f3 la sanci\u00f3n de tres meses de suspensi\u00f3n para el ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado dispuesta por la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Huila como responsable de trasgredir el deber consagrado en el canon 28-10 de la Ley 1123 de 2007, con lo que incurri\u00f3 en la falta descrita en el numeral 1 del art\u00edculo 37 del mismo compendio normativo <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde con los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir a esta herramienta supralegal para debatir la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar, como lo ha sostenido esta Sala al precisar que para la procedencia de este instrumento se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
4. Caso concreto <\/p>\n
Como se indic\u00f3, Juan Bautista Ort\u00edz Montoya soporta su reclamo constitucional en el hecho de que la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, al momento de resolver la petici\u00f3n de nulidad del fallo proferido por la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria Superior que en sede de apelaci\u00f3n confirm\u00f3 la sanci\u00f3n irrogada por la Seccional del Huila, no tuvo en cuenta los argumentos presentados en torno a la no conformaci\u00f3n del qu\u00f3rum decisorio por cuanto, para el momento de emisi\u00f3n de dicha providencia los doctores Julia Emma Garz\u00f3n de G\u00f3mez y Pedro Alonso Sanabria Buitrago no estaban investidos de jurisdicci\u00f3n por efecto de la finalizaci\u00f3n de su periodo constitucional, el exmagistrado Fidalgo Javier Estupi\u00f1\u00e1n Carvajal salv\u00f3 voto y el doctor Carlos Mario Cano Diosa no hizo parte de la discusi\u00f3n por excusa, procediendo a su rechazo de plano. <\/p>\n
Para la Sala de Casaci\u00f3n Penal, debi\u00f3 la colegiatura convocada examinar de forma detenida la tesis del disciplinado pues, en su criterio la misma se mostraba plausible al entender que el periodo para el que fueron elegidos los aludidos exfuncionarios feneci\u00f3 desde el a\u00f1o 2016, de modo que a partir de dicho a\u00f1o eran particulares que no detentaban la potestad de administrar justicia y, en tal sentido, no pod\u00edan participar en deliberaciones y menos suscribir decisiones judiciales, por lo que, para el caso concreto, el documento del 2 de septiembre de 2020 (sentencia disciplinaria de segundo grado) no se encuentra revestido de validez ni eficacia al no haber sido signado por la mayor\u00eda que exig\u00eda el reglamento del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
En un caso de similares contornos jur\u00eddicos en el que se discut\u00eda sobre la permanencia de las citadas personas como magistrados de la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria, pese a la culminaci\u00f3n del per\u00edodo constitucional para el que fueron elegidos, la Sala Plena de la Corte Constitucional, a trav\u00e9s de la Sentencia de Unificaci\u00f3n 174 de 3 de junio de 2021, dijo lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) esta Sala considera que tampoco le asiste raz\u00f3n al magistrado\u2026 en cuanto al tercer argumento relacionado con la extensi\u00f3n de los periodos constitucionales de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
9. En el Auto 278 de 2015, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n concluy\u00f3 que de acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, se entend\u00eda que, hasta tanto los miembros de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial no se posesionaran, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deb\u00edan continuar en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, conservar\u00edan no solo la funci\u00f3n jurisdiccional disciplinaria, sino tambi\u00e9n la competencia para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela. <\/p>\n
10. La Corte se pronunci\u00f3 en el mismo sentido en la sentencia C-582 de 2016, al se\u00f1alar que, si bien se inhib\u00eda por inepta demanda para estudiar el art\u00edculo 19 del Acto Legislativo 02 de 2015, era necesario aclarar que hasta tanto se integrara la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ejercer\u00edan \u00fanicamente las funciones que les corresponden como integrantes de dicha sala. <\/p>\n
11. Aunado a lo anterior, en la sentencia SU-355 de 2020, la Corte evidenci\u00f3 la problem\u00e1tica que gener\u00f3 la sentencia del 6 de febrero de 2018 proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, pero no por ello invalid\u00f3 las decisiones que en ese periodo hubieran sido adoptadas por los entonces magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
12. En efecto, la Corte reconoci\u00f3 que la decisi\u00f3n del Consejo de Estado desconoci\u00f3 la ratio decidendi de la sentencia C-285 de 2016 y gener\u00f3 un bloqueo institucional que facilit\u00f3, entre otras cosas, la permanencia por m\u00e1s de 10 a\u00f1os en el cargo de magistrados de la Sala Jurisdiccional cuyo periodo constitucional es de 8 a\u00f1os. De ah\u00ed que la Corte decidiera dejar sin efectos la decisi\u00f3n del Consejo de Estado y dispusiera que las autoridades a las que se refiere el art\u00edculo 257A de la Constituci\u00f3n deb\u00edan enviar al Congreso de la Rep\u00fablica, previa convocatoria p\u00fablica reglada, las ternas que les corresponden conformar, para efectos de que el Congreso procediera a la elecci\u00f3n de los Magistrados de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial antes de concluir el a\u00f1o 2020. Estos magistrados fueron elegidos el 2 de diciembre de 2020 y se posesionaron el 13 de enero de 2021. <\/p>\n
13. En consecuencia, los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ten\u00edan competencia para adoptar la decisi\u00f3n de segunda instancia en el proceso de la referencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De la lectura del anterior precedente se desprende que, contrario a lo sostenido por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, los doctores Julia Emma Garz\u00f3n de G\u00f3mez y Pedro Alonso Sanabria Buitrago, s\u00ed se encontraban investidos de la funci\u00f3n de administrar justicia, pese al fenecimiento de su per\u00edodo constitucional, pues para ese entonces no hab\u00edan sido elegidos los integrantes de la actual Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, conservando, por efecto de la sentencia de C-285 de 2016 (que examin\u00f3 la constitucionalidad del Acto Legislativo 02 de 2015), su investidura hasta que dicha condici\u00f3n resolutoria acaeciera, seg\u00fan se se\u00f1al\u00f3 en el citado prove\u00eddo en el que se sostuvo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En relaci\u00f3n con la introducci\u00f3n del nuevo modelo disciplinario, este Tribunal no se pronunciar\u00e1, pues se inhibir\u00e1 por inepta demanda como se indic\u00f3 l\u00edneas atr\u00e1s. Sin embargo es preciso aclarar que como quiera que en el par\u00e1grafo transitorio del art\u00edculo 19 en cuesti\u00f3n se dispone un r\u00e9gimen de transici\u00f3n, y en raz\u00f3n de las declaratorias de inexequibilidad que se ha producido, hasta tanto se integre la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercer\u00e1n \u00fanicamente las funciones que les corresponden como integrantes de dicha sala, dado que la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura ha dejado de existir. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el art\u00edculo 257 original de la Carta volver\u00e1 a tener efectos en raz\u00f3n a la reviviscencia con ocasi\u00f3n de la decisi\u00f3n de inexequibilidad, y el texto positivo del art\u00edculo 19 del Acto legislativo 02 de 2015 quedar\u00e1 vigente. Sin embargo, como esta \u00faltima disposici\u00f3n subrogaba el art\u00edculo 257 superior, en raz\u00f3n de la reviviscencia del mismo, debe entenderse que la misma obra como una adicci\u00f3n al texto constitucional, raz\u00f3n por la cual, para evitar la duplicidad en la numeraci\u00f3n y seguir la t\u00e9cnica utilizada por el constituyente derivado en casos similares, deber\u00e1 entenderse incorporado como art\u00edculo 257-A. En consecuencia, el texto constitucional quedar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
(\u2026) \u201cArt\u00edculo 257-A.- Adicionado por el art\u00edculo 19 del Acto Legislativo 02 de 2015. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial ejercer\u00e1 la funci\u00f3n jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la rama judicial. <\/p>\n
Estar\u00e1 conformada por siete Magistrados, cuatro de los cuales ser\u00e1n elegidos por el Congreso en pleno de ternas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura previa convocatoria p\u00fablica reglada, y tres de los cuales ser\u00e1n elegidos por el Congreso en pleno de ternas enviadas por el Presidente de la Rep\u00fablica, previa convocatoria p\u00fablica reglada. Tendr\u00e1n periodos personales de ocho a\u00f1os, y deber\u00e1n cumplir con los mismos requisitos exigidos para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Los magistrados de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial no podr\u00e1n ser reelegidos. <\/p>\n
La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial ser\u00e1 la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesi\u00f3n, en la instancia que se\u00f1ale la ley, salvo que esta funci\u00f3n se atribuya por la ley a un colegio de abogados. <\/p>\n
Par\u00e1grafo. – La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judicial no ser\u00e1n competentes para conocer de acciones de tutela. <\/p>\n
Par\u00e1grafo transitorio 1\u00ba. – Los magistrados de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial deber\u00e1n ser elegidos dentro del a\u00f1o siguiente a la vigencia del presente acto legislativo. Una vez posesionados, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial asumir\u00e1 los procesos disciplinarios de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ejercer\u00e1n sus funciones hasta el d\u00eda que se posesionen los miembros de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial. Las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura ser\u00e1n transformadas en comisiones seccionales de disciplina judicial. Se garantizar\u00e1n los derechos de carrera de los Magistrados y empleados de las salas disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura quienes continuar\u00e1n conociendo de los procesos a su cargo, sin soluci\u00f3n de continuidad.\u201d <\/p>\n
Entendidas as\u00ed las cosas, no es de recibo el argumento, seg\u00fan el cual, carec\u00eda de validez y eficacia la decisi\u00f3n de 2 de septiembre de 2020, por medio de la cual la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria confirm\u00f3 el fallo sancionatorio proferido en contra del ac\u00e1 gestor, dado que, de acuerdo con lo visto en precedencia, los doctores Garz\u00f3n de G\u00f3mez y Sanabria Buitrago, ciertamente, detentaban la potestad jurisdiccional por tener la condici\u00f3n de magistrados al momento de la promulgaci\u00f3n del Acto Legislativo 02 de 2015 y su posterior examen de constitucionalidad, por lo que tal determinaci\u00f3n, en efecto, naci\u00f3 a la vida jur\u00eddica pues obtuvo la mayor\u00eda decisoria requerida por el reglamento de la Corporaci\u00f3n, al tiempo que cobr\u00f3 firmeza al ser notificada mediante edicto el 8 de abril de 2021. <\/p>\n
Acorde con ello, ante la claridad del texto supralegal y de la interpretaci\u00f3n vinculante realizada por la Corte Constitucional, tanto en sede de constitucionalidad (C-285 de 2016) como de revisi\u00f3n de tutela (SU-174 de 2021), se impone revocar el fallo impugnado para, en su lugar, denegar la protecci\u00f3n solicitada por Juan Bautista Ort\u00edz Montoya. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se infirmar\u00e1 la sentencia objeto de revisi\u00f3n y, en su lugar, se negar\u00e1 el amparo por cuanto los hechos expuestos por el censor en esta sede excepcional no constituyen, por s\u00ed mismos, una vulneraci\u00f3n que deba ser enmendada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley REVOCA la sentencia impugnada y en su lugar NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese, por un medio expedito, lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Quien fungi\u00f3 como ponente de la sentencia de primera instancia haciendo parte de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Huila <\/p>\n
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STC16492-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC16492-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2021-01395-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de dieicmbre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por un […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60076","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60076","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60076"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60076\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60076"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60076"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60076"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}