STC16493-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16493-2021 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cX\u201d el 3 de noviembre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cM\u201d contra el Juzgado \u201c00\u201d Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el pleito radicado bajo el n\u00b0 2021-00000. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de la menor involucrada en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada al resolver el juicio de restituci\u00f3n internacional interpuesto en relaci\u00f3n con su hija de tres a\u00f1os de edad. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que \u00abmi arraigo familiar, social y laboral [lo] he desarrollado en el municipio de \u201cY al lado de mi familia [lugar donde] para el mes de febrero de 2017 conoc\u00ed a \u201cV\u201d [de nacionalidad ecuatoriana], con quien entabl\u00e9 una relaci\u00f3n de amistad y comunicaci\u00f3n por redes sociales\u00bb; que luego de que \u00e9l conociera a su familia, \u00aben agosto de 2017 viaj\u00e9 a Quito \u2013 Ecuador por invitaci\u00f3n de \u201cV\u201d, quien quer\u00eda que le conociera [a] su familia\u00bb, y en diciembre de ese a\u00f1o \u00abvolv\u00ed a viajar a Quito (\u2026), regresando a Colombia en el mes de enero de 2018, donde me enter\u00e9 que me encontraba embarazada\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que \u00abpor insinuaci\u00f3n de \u00e9l volv\u00ed a viajar a Quito el 20 de marzo de 201[8], donde conviv\u00ed con su familia hasta mi regreso a Colombia en julio de 2018, fecha desde la cual pernoct\u00e9 con mi familia en \u201cY\u201d, naciendo \u201cN\u201d el 12 de septiembre de 2018, siendo atendido el parto y posparto por mi E.P.S.; en diciembre de 2018 \u201cV\u201d viaja a \u201cY\u201d a conocer a su hija y yo viajo con \u00e9l [a Ecuador] para que su familia la conociera, pernoctando hasta agosto de 2019 en dicho pa\u00eds, tiempo en el cual empezaron los problemas de agresividad, humillaciones para mi otra hija \u201cL\u201d que me acompa\u00f1aba y para m\u00ed\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abdesde agosto de 2019 hasta diciembre de 2019 nuestra hija estuvo conmigo en \u201cY\u201d, [pues] \u201cV\u201d se presenta nuevamente en mi casa paterna y me pide que regrese con \u00e9l a Quito, que \u00e9l iba a cambiar la forma de ser, me convence y viajo con \u00e9l en enero de 2021 solo por 90 d\u00edas, porque as\u00ed lo exige Migraci\u00f3n Colombia, [empero] \u201cV\u201d incumple lo acordado para mi regreso y a partir de este momento comienza mi calvario; no busqu\u00e9 trabajo en esa ciudad pues presuntamente volv\u00eda a Colombia, mis hijas no estaban estudiando ni afiliadas a un programa de salud, el sitio donde viv\u00edamos era arrendado, [y] \u201cV\u201d me abandona en dicho apartamento junto con mis hijas\u00bb. <\/p>\n
Que con recursos econ\u00f3micos enviados por su familia, regres\u00f3 al pa\u00eds \u00abel d\u00eda 16 de junio de 2021, ingresando v\u00eda terrestre por estaciones entre Quito e Ipiales, Cali, Espinal, \u201cY\u201d\u00bb, advirtiendo que \u00ab\u201dV\u201d solamente se enter\u00f3 de mi ausencia de la ciudad de Quito 15 d\u00edas despu\u00e9s de ya estar en Girardot [y] que realmente no vivi\u00f3 en uni\u00f3n libre con \u201cV\u201d ni en Quito ni en \u201cY\u201d\u00bb, tambi\u00e9n, \u00abque no me llev\u00e9 arbitraria e inconsultamente a nuestra menor hija del sitio de su residencia en Quito \u2013 Ecuador [porque] desde el mes de marzo de 2021, fui abandonada por mi pareja, junto con mis dos hijas, encontr\u00e1ndome en pa\u00eds extranjero, sin dinero, alimentaci\u00f3n, salud, sin autorizaci\u00f3n de residencia, lo cual motiv\u00f3 a salir del mismo hacia Colombia con apoyo de mi familia\u00bb. <\/p>\n
Que el 2 de julio de 2021 \u00abla Direcci\u00f3n de Protecci\u00f3n, Reparaci\u00f3n Integral y Autoridad Central [de Ecuador] solicita a la Autoridad Central de Colombia (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), en aplicaci\u00f3n del Convenio de La Haya de 1980 sobre \u201cAspectos Civiles de Sustracci\u00f3n Internacional de Menores\u201d\u00bb, ante lo cual la Regional \u201cY\u201d del ICBF dio inicio al tr\u00e1mite \u00abmediante auto de fecha 26 de julio de 2021 [el cual] me fue notificado el d\u00eda 3 de agosto de 2021 y ordena (\u2026), impedimento de salida del pa\u00eds de la ni\u00f1a [y] el d\u00eda 4 de agosto de 2021 adelant\u00f3 diligencia de persuasi\u00f3n a retorno voluntario, cuyo resultado fue la oposici\u00f3n del retorno de la menor\u00bb, dando paso al proceso asignado al Juzgado \u201c00\u201d Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que en la \u00abaudiencia virtual\u00bb llevada a cabo el 11 de octubre de 2021, donde se consign\u00f3 que \u00ablas partes llegan a un acuerdo [consistente en que -\u201cM\u201d har\u00e1 entrega voluntaria de la menor \u201cN\u201d el pr\u00f3ximo 22 de octubre del a\u00f1o 2021 a la hora de las 4 de la tarde en las instalaciones del Juzgado\u2026, a efectos de que la menor se trasladada por su progenitor a la ciudad de Quito \u2013 Ecuador, donde est\u00e1 establecido su domicilio-, se me presion\u00f3 por parte del juez de familia para que accediera a conciliar la entrega de nuestra hija al se\u00f1or \u201cV\u201d, no fui asesorada por mi defensor de oficio sobre las consecuencias de esta decisi\u00f3n que ha todas luces vulneran derechos fundamentales a un debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abeste fallo adverso presuntamente en conciliaci\u00f3n impartido por el juez (\u2026), vulnera la esencia y finalidad del Convenio de La Haya, [pues] se encuentra plenamente probado que el pa\u00eds habitual de \u201cN\u201d era el municipio de \u201cY\u201d, pa\u00eds Colombia, y no Ecuador, motivo de las excepciones de m\u00e9rito. Ello me lleva a predecir que nuestra menor se encuentra en grave riesgo como consecuencia de la restituci\u00f3n o que la ponga en una situaci\u00f3n intolerable\u00bb. <\/p>\n
3. Se infiere de lo anterior, que la pretensi\u00f3n de la actora se enfila a obtener por esa senda, la invalidaci\u00f3n del fallo del 11 de octubre de 2021, mediante el cual el accionado aprob\u00f3 el acuerdo conciliatorio dentro del proceso de restituci\u00f3n internacional de menor de edad n\u00b0 2021-00000. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez \u201c00\u201d Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d, inform\u00f3 que \u00abcontrario a lo afirmado por la accionante, en la audiencia celebrada el 11 de octubre de 2021 en donde se aprob\u00f3 la conciliaci\u00f3n acordada por los padres de la menor, en relaci\u00f3n al compromiso de la progenitora de restituirla (\u2026), a fin de ser trasladada por su padre al domicilio que compart\u00eda con \u00e9l en la ciudad de Quito \u2013 Ecuador y la obligaci\u00f3n del solicitante de brindarle vi\u00e1ticos y estad\u00eda a la accionante por 4 d\u00edas al mes entre tanto la autoridad Ecuatoriana resuelve lo de su competencia en relaci\u00f3n al cuidado y custodia de \u201cN\u201d, [la quejosa] cont\u00f3 con la representaci\u00f3n y asesoramiento jur\u00eddico del Defensor P\u00fablico (\u2026), al igual que la menor se encontr\u00f3 representada por el Defensor de Familia (\u2026), quienes no presentaron ning\u00fan reparo frente a la sentencia probatoria del acuerdo emitido por las partes\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que el \u00abdescontento con la sentencia aprobatoria\u00bb lo expres\u00f3 cuando ya la decisi\u00f3n se encontraba ejecutoriada, pues contra ella, \u00abno se hab\u00eda interpuesto por los interesados recurso alguno\u00bb, en su lugar, \u00abel 22 de octubre de 2021 present\u00f3 una excusa m\u00e9dica que imped\u00eda a la menor asistir a las instalaciones del juzgado y afirm\u00f3 su conformidad con la sentencia al solicitar se fijara nueva fecha y hora para la entrega voluntaria de la menor, la cual se reprogram\u00f3 para el 29 de octubre de 2021 a la hora de las 3:00 p.m.\u00bb. <\/p>\n
2. El Procurador (\u2026) Judicial II de Familia de \u201cZ\u201d, manifest\u00f3 que el amparo \u00abdeviene improcedente, dado que, en su momento y devenir de la audiencia de conciliaci\u00f3n, de manera libre y voluntaria, la se\u00f1ora \u201cM\u201d, no formul\u00f3 los mecanismos procesales de ley para formular su disenso frente a la conciliaci\u00f3n de las pretensiones, al contrario, consinti\u00f3 en las f\u00f3rmulas y t\u00e9rminos all\u00ed consignados, por lo tanto, no se re\u00fane un elemento esencial concerniente como es la subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
3. (\u2026), quien fungi\u00f3 en el litigio en cuesti\u00f3n como mandatario judicial de la ac\u00e1 querellante, dijo que esta \u00abfalta a la verdad en cuanto manifiesta no haber sido asesorada sobre las consecuencias jur\u00eddicas de la conciliaci\u00f3n; [que] se tuvieron dos o tres reuniones previas a la audiencia y de las cuales se logr\u00f3 extractar los medios de defensa que se utilizar\u00edan [por lo que] se elabor\u00f3 el documento que fue presentado a tiempo ante el juzgado contestando la demanda [empero], se encontraban varios elementos que jugaban en contra y uno de ellos y m\u00e1s importantes era la carencia de la autorizaci\u00f3n del padre hacia la menor para salir de Ecuador\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que ante la complejidad del caso \u00aby que nada garantizaba que no se ordenara el retorno de la menor (\u2026), se le sugiri\u00f3 (\u2026) iniciara el proceso de custodia ante los jueces de familia de Colombia, teniendo en cuenta que la menor se encontraba en \u201cY\u201d, [no obstante, ella] no atendi\u00f3 la sugerencia y (\u2026) no contribuy\u00f3 a preparar anticipadamente y de manera adecuada la audiencia, pues (\u2026) se le puso de presente que deb\u00eda acudir a mi oficina con los testigos d\u00edas previos a la audiencia para poderlos orientar como era el curso de la diligencia [lo cual] no fue posible pues seg\u00fan ella se presentaron varios inconvenientes, y el d\u00eda de la audiencia lleg\u00f3 veinte minutos antes, en un acto de absoluta irresponsabilidad\u00bb. Que en la audiencia \u00abel juez explica objetivamente los alcances del proceso [y] se adecua a la ritualidad procesal (\u2026) agotando la conciliaci\u00f3n\u00bb, donde luego de varias f\u00f3rmulas y contrapropuestas, se lleg\u00f3 al acuerdo frente al cual \u00aborient\u00e9 y asesor\u00e9 a la ciudadana (\u2026), m\u00e1s no la obligu\u00e9, que es una situaci\u00f3n totalmente diferente [por lo que] no comparto su desatino al pretender enlodar la actuaci\u00f3n del juez y mi actividad profesional\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al considerar que no cumple el requisito de la subsidiariedad, pues aunque en el acuerdo conciliatorio fueron \u00abmuy claros\u00bb los compromisos adquiridos por las partes, \u00abuna vez lo aprob\u00f3 corri\u00f3 traslado a las partes y dem\u00e1s intervinientes, entre ellos, la tutelista y su apoderado, quienes no mostraron oposici\u00f3n, y era all\u00ed donde la promotora, como lo expresa, de no estar conforme con la decisi\u00f3n (\u2026) que le impon\u00eda \u201crestituir a su menor hija a Quito-Ecuador\u201d, era menester mostrar su oposici\u00f3n acudiendo a las herramientas que contempla la ley para que se propiciara el escenario apropiado para que le ofrecieran respuesta el mismo Juez, bien, con el recurso de reposici\u00f3n -art. 318 C.G.P.- o su superior con apelaci\u00f3n -art\u00edculo 321 del C.G.P3-., tambi\u00e9n, pudo no aceptar el acuerdo conciliatorio al que se arrib\u00f3 y fue plenamente ilustrada\u00bb. Tambi\u00e9n, porque \u00abla autoridad cuestionada justific\u00f3 su decisi\u00f3n amparada en el acuerdo conciliatorio realizado por las partes; por lo cual, no es plausible endilgar presuntas vulneraciones atendiendo la inconformidad de alguno de los extremos del proceso\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la promotora del resguardo para enfatizar en que accedi\u00f3 a conciliar porque, seg\u00fan \u00abmi asesor legal [y] el mismo juez (\u2026), yo hab\u00eda cometido el delito de secuestro porque me hab\u00eda tra\u00eddo para Colombia la ni\u00f1a sin el permiso de su progenitor\u00bb, sin que en favor de los derechos superiores de la ni\u00f1a se hubiera pronunciado el procurador judicial y el defensor de familia, pues en estos procesos \u00abse deber verificar con mucho sigilo, cu\u00e1l ha sido su pa\u00eds habitual [y] no se puede omitir los estudios de psicolog\u00eda, trabajo social, sobre este caso, presentados por los funcionarios del ICBF [ni] interrogar a los testigos\u00bb. Puntualiz\u00f3 que \u00abtodas esas falencias judiciales nos permite fijar con certeza la existencia de un proceso nulo y realmente lo que se pretende con este derecho de amparo, es que se me permita en audiencia p\u00fablica, demostrar cu\u00e1l ha sido el pa\u00eds habitual de mi menor hija, cu\u00e1l de los padres ha tenido la guarda y custodia personal, cu\u00e1l ha estado pendiente de sus cuidados ante los quebrantos de salud, alimento, recreaci\u00f3n para su desarrollo integral (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
Conforme a lo anterior, al realizar el examen preliminar de la acci\u00f3n, resulta imprescindible constatar la presencia de los se\u00f1alados requisitos, destac\u00e1ndose como esencial la subsidiariedad, esto es, que se haya acudido a los instrumentos de defensa judicial legalmente previstos. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n que la Sala efect\u00faa a la queja constitucional, a las piezas procesales pertinentes y a la informaci\u00f3n proporcionada por los intervinientes, se establece que el fallo de primer grado habr\u00e1 de ser ratificado, precisando que lo ser\u00e1 porque la protecci\u00f3n deprecada se torna improcedente en la medida en que no alcanza a superar el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
3.1. Preliminarmente se advierte que seg\u00fan el Convenio sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Ni\u00f1os, suscrito en La Haya el 25 de octubre de 1980 e incorporado al ordenamiento jur\u00eddico colombiano a trav\u00e9s de la Ley 173 de 1994, la restituci\u00f3n internacional de menores corresponde al mecanismo para que los Estados contratantes faciliten el regreso de los ni\u00f1os a su residencia habitual, cuando, a ra\u00edz de conflictos familiares, hayan sido trasladado o retenido il\u00edcitamente por uno de sus padres o parientes. <\/p>\n
Seg\u00fan el art\u00edculo 1\u00b0 del referido Convenio, sus objetivos son \u00abasegurar el regreso inmediato de ni\u00f1os il\u00edcitamente trasladados o retenidos en cualquier Estado contratante [y] hacer respetar efectivamente en los otros Estados Contratantes los derechos de guarda [enti\u00e9ndase custodia] y de visita existentes en un Estado Contratante\u00bb; el canon 3\u00b0 se\u00f1ala que se considera il\u00edcito el traslado o no regreso: \u00aba) Cuando ha habido una violaci\u00f3n del derecho de [custodia] asignado ya sea a una persona, una instituci\u00f3n o cualquier otro organismo, ya sea solo o conjuntamente, por la legislaci\u00f3n del Estado en el cual el ni\u00f1o resid\u00eda habitualmente antes de su traslado o no regreso; b) Que este derecho era ejercido de manera efectiva s\u00f3lo o conjuntamente en el momento del traslado o no regreso o lo habr\u00edan sido si tales hechos no se hubieran producido. El derecho de [custodia] se\u00f1alado en el inciso a) podr\u00e1 resultar en especial por ministerio de la ley de pleno derecho o de una decisi\u00f3n judicial o administrativa o de un acuerdo en vigor en virtud de la legislaci\u00f3n de dicho Estado\u00bb. <\/p>\n
Con observancia en la normativa en comento, la jurisprudencia constitucional indica que en el proceso de restituci\u00f3n internacional de menores de edad, al juez le corresponde valorar: \u00ab(i) que el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente retenido tenga menos de diecis\u00e9is a\u00f1os de edad (art. 4); (ii) que exista un ejercicio individual o compartido del derecho de custodia sobre el menor de edad (art. 3); (iii) que la residencia habitual del menor retenido sea la del pa\u00eds requirente (art. 4); (iv) que el menor retenido se encuentre efectivamente en el pa\u00eds requerido (art. 1); (v) que la Autoridad Central del pa\u00eds donde se encuentra el menor retenido agote la etapa de restituci\u00f3n voluntaria (art. 10); (vi) que la solicitud de restituci\u00f3n del menor se haya presentado dentro del a\u00f1o siguiente a la retenci\u00f3n (art. 12); y; (vii) que no se configure ninguna de las causales de excepci\u00f3n previstas en el Convenio (art. 13)\u00bb (CC T-202\/18). <\/p>\n
3.2. Dilucidado lo anterior, la Corte encuentra que en el caso bajo estudio, si bien en la etapa adelantada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la demandada se resisti\u00f3 a la \u00abrestituci\u00f3n voluntaria\u00bb, tal postura no la mantuvo cuando el asunto pas\u00f3 al conocimiento del juez, pues al disponerse la audiencia inicial que el ordenamiento adjetivo contempla para los procesos declarativos, en la fase de conciliaci\u00f3n las partes llegaron a un acuerdo para finiquitar el conflicto familiar, el cual consisti\u00f3 en que: <\/p>\n
\u00abLa se\u00f1ora \u201cM\u201d har\u00e1 entrega voluntaria de la menor \u201cN\u201d el pr\u00f3ximo 22 de octubre del a\u00f1o 2021 a la hora de las 4 de la tarde en las instalaciones del Juzgado \u201c00\u201d Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d, a efectos de que la menor sea trasladada por su progenitor a la ciudad de Quito-Ecuador, donde est\u00e1 establecido su domicilio. Al igual el se\u00f1or \u201cV\u201d se compromete entretanto la autoridad ecuatoriana define lo relativo al cuidado, custodia visitas y alimentos de la menor \u201cN\u201d, [a] suministrar a la se\u00f1ora \u201cM\u201d la estad\u00eda por cuatro d\u00edas al mes entre tanto se define dicha situaci\u00f3n, para que ella viaje a la ciudad de Quito \u2013 Ecuador, no solo a materializar las visitas de su menor hija sino a agotar dicho tr\u00e1mite administrativo o judicial\u00bb. <\/p>\n
Acto seguido el expediente da cuenta de que el despacho dej\u00f3 constancia que \u00abprocede a correr traslado a las partes frente a la aceptaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n para que se pronuncien\u00bb, y tanto estas como sus representantes judiciales \u00abno presentan objeci\u00f3n alguna\u00bb, como tampoco lo hizo el Defensor de Familia, \u00abquien es el garante de los intereses de la menor Isabel Sof\u00eda Villon Burgos [manifest\u00f3 que] se encuentra de conformidad a lo acordado por las partes\u00bb, materializ\u00e1ndose as\u00ed, en la misma audiencia del 11 octubre de 2021, \u00absentencia aprobatoria del acuerdo conciliatorio\u00bb, frente a la cual no se interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre la procedencia del aludido medio de impugnaci\u00f3n, n\u00f3tese que las discrepancias surgidas de lo previsto en el canon 119 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, y en el inciso 3\u00b0 del precepto 1\u00b0 de la Ley 1008 de 2006, fueron zanjadas por el art\u00edculo 22-23 del C\u00f3digo General del Proceso, al determinar que en la definici\u00f3n de dicho asunto se garantiza el principio de la doble instancia. <\/p>\n
Acerca de la omisi\u00f3n en el uso de los medios legalmente previstos, en invariable l\u00ednea de pensamiento, esta Sala ha dicho que la tutela no tiene cabida, pues dado su car\u00e1cter residual solo es viable cuando quien acude a ella, ya se dirigi\u00f3 ante las autoridades competentes para poner de presente su reclamo, y no obtuvo respuesta o la misma fue desfavorable en los censurables t\u00e9rminos de arbitrariedad, lo cual ac\u00e1 no acontece. En otros t\u00e9rminos, proceder\u00eda el auxilio cuando no se cuenta con otro medio defensivo, o porque contando con \u00e9l, \u00e9ste resulta inane o ineficaz frente a lo pretendido, situaci\u00f3n \u00e9sta que tampoco se ajusta a este caso. <\/p>\n
En ese sentido esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, citada entre otras en STC14838-2021, 4 nov. 2021, rad. 00378-01). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, frente al reproche que realiza la impugnante en el sentido de que el juzgado no analiz\u00f3 las excepciones que plante\u00f3 para resolver con base en lo probado, se advierte que a la intervenci\u00f3n del juez para dirimir la controversia, se antepone la soluci\u00f3n amigable proveniente de los directos involucrados en velar por el inter\u00e9s superior de su hija. De ah\u00ed que ning\u00fan cuestionamiento pueda endilg\u00e1rsele al encartado en relaci\u00f3n con valoraci\u00f3n probatoria, pues, se itera, no hubo decreto ni pr\u00e1ctica de los medios de convicci\u00f3n aportados y solicitados al contestar la demanda. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido en precedencia, se avalar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo, precisando que la raz\u00f3n para ello se funda en su improcedencia, al no superar el requisito gen\u00e9rico de la subsidiariedad, lo cual releva ahondar en otras tem\u00e1ticas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado, con las precisiones realizadas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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STC16493-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC16493-2021 (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60077","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60077","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60077"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60077\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60077"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60077"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60077"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}