STC16555-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16555-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00306-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 22 de junio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderada judicial, por Jos\u00e9 Juli\u00e1n Borrero Li\u00e9vano contra la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
En consecuencia, solicita se ordene \u00abdejar sin efectos y validez jur\u00eddica las sentencias SL050-2020\u2026 y SL3383-2020\u2026\u00bb y \u00aben su lugar conceder la pensi\u00f3n de vejez\u2026 bajo los par\u00e1metros del art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990\u2026 por ser beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n dispuesto en la misma norma; igualmente en aplicaci\u00f3n de las sentencias de la M\u00e1xima Corporaci\u00f3n\u2026 y de las m\u00e1s recientemente sentencia SL1947 del 1 de julio de 2020\u2026 de la Sala Laboral de la Corte Suprema\u00bb; que se \u00abdeje en firme la sentencia\u2026 del\u2026 (30) de septiembre de\u2026 (2013) dictada en segunda instancia\u2026 [que] concedi\u00f3 la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica deprecada\u00bb; y, subsidiariamente, \u00abdejar sin efectos y validez jur\u00eddica las sentencias SL050-2020\u2026 y SL3383-2020\u2026, y en su lugar proferir una nueva\u2026 estudiando el caso bajo los par\u00e1metros del art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990\u2026 considerando todo el tiempo efectivamente laborado y servido\u2026 tanto en el sector p\u00fablico como en el sector privado\u2026 y que qued\u00f3 probado dentro del litigio en cuesti\u00f3n con aplicaci\u00f3n de las sentencias\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Jos\u00e9 Juli\u00e1n Borrero Li\u00e9vano promovi\u00f3 un juicio ordinario laboral contra Colpensiones, con el fin de que se le reconociera y pagara la pensi\u00f3n de vejez bajo el r\u00e9gimen de transici\u00f3n de que trata el Acuerdo 049 de 1990, su retroactivo e indexaci\u00f3n. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali y posteriormente le fue asignado al hom\u00f3logo D\u00e9cimo de Descongesti\u00f3n del mismo lugar, el que el 15 de marzo de 2013 dict\u00f3 sentencia en la que desestim\u00f3 las pretensiones de la demanda <\/p>\n
2.2. En el grado jurisdiccional de consulta, en fallo de 30 de septiembre siguiente, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad revoc\u00f3 la referida decisi\u00f3n, en la que, entre otras cosas, conden\u00f3 a la demandada a reconocer y pagar la pensi\u00f3n de vejez. <\/p>\n
2.3. Tras ser recurrida en casaci\u00f3n, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, en providencia de 20 de enero de 2020 la cas\u00f3; y en sentencia de instancia de 31 de agosto siguiente confirm\u00f3 la absolutoria de primera instancia. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 el accionante que la sentencia de primer grado no analiz\u00f3 el cumplimiento de los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, el que se deb\u00eda aplicar conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional; que se remiti\u00f3 el expediente en grado de consulta, pues su abogada no interpuso recurso, por lo que tuvo que buscar otro abogado; que el fallo de segundo grado revoc\u00f3 la decisi\u00f3n apelada y concedi\u00f3 la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica, precisando que era beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n y ten\u00eda derecho a la pensi\u00f3n. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que la parte demandada interpuso casaci\u00f3n; que se cas\u00f3 la sentencia del Tribunal, en donde se concluy\u00f3 la imposibilidad de sumar los tiempos p\u00fablicos y privados, desconociendo la reiterada jurisprudencia constitucional; y que si bien esa era la postura de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema cuando se emiti\u00f3 la sentencia, lo cierto es que en julio de 2020 la vari\u00f3. <\/p>\n
2.6. Adujo que el tiempo laborado superaba las 1000 semanas, pero se contabiliz\u00f3 en a\u00f1os, lo que dio como resultado 19,7 a\u00f1os; que si por favorabilidad se hubiera contado todo el tiempo trabajado, ello superaba el lapso exigido; y que las entidades administrativas y judiciales deben acatar los precedentes que fije la Corte Constitucional; <\/p>\n
2.7. Sostuvo que si bien no apel\u00f3 el fallo de primer grado, la cuesti\u00f3n era de relevancia constitucional; que exist\u00eda una irregularidad procesal; y que la determinaci\u00f3n criticada adolec\u00eda de defectos procedimental absoluto, material, carec\u00eda de motivaci\u00f3n, desconoc\u00eda el precedente y violaba la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali indic\u00f3 que ninguna de las pretensiones se enfocaba hac\u00eda ese despacho, pues la sentencia fue emitida por el Juzgado D\u00e9cimo Laboral de Descongesti\u00f3n de esa ciudad, por lo que no era necesario su pronunciamiento de fondo. <\/p>\n
2. Colpensiones se\u00f1al\u00f3 que no se cumpl\u00eda con las causales de procedibilidad del resguardo; que no se hab\u00eda materializado vicio, defecto o vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales; y que era improcedente el resguardo frente a sentencias judiciales. <\/p>\n
3. La Alcald\u00eda de Santiago de Cali sostuvo que no hab\u00eda conculcado prerrogativa esencial alguna; y que solicitaba su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles y Laborales de Bogot\u00e1 adujo que se deb\u00eda estudiar la posibilidad de resguardar los derechos del ahora accionante, pues acredit\u00f3 los requisitos de desconocimiento del precedente jurisprudencial y la falta de motivaci\u00f3n del mismo, en tanto que para la fecha en que se emiti\u00f3 la decisi\u00f3n de casaci\u00f3n criticada \u00ab31 de agosto de 2020, ya se hab\u00eda cambiado la postura jurisprudencial de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral frente a la posibilidad de acumular tiempos cotizados al ISS y trabajados para entidades del Estado\u2026\u00bb. <\/p>\n
5. La Sala de Descongesti\u00f3n Laboral No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura refiri\u00f3 que adopt\u00f3 la determinaci\u00f3n conforme a la jurisprudencia imperante de la Sala permanente; que no se vulneraron los derechos fundamentales del accionante; y que no cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez, pues si el gestor no estaba de acuerdo con la determinaci\u00f3n adoptada debi\u00f3 en un t\u00e9rmino prudencial acudir al resguardo. <\/p>\n
6. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n deprec\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de esta tutela, pues no fue vinculado al proceso criticado y era Colpensiones la entidad competente. <\/p>\n
7. La Gobernaci\u00f3n del Valle del Cauca asever\u00f3 que no contaba con competencia para pronunciarse frente a los hechos, por lo que solicitaba su desvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
8. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que la decisi\u00f3n criticada resultaba razonable, pues la Corporaci\u00f3n demandada analiz\u00f3 el caso conforme a la normatividad vigente y la pac\u00edfica jurisprudencia imperante al momento de emitirse la sentencia censurada, en donde concluy\u00f3 que no era posible sumar cotizaciones al sector p\u00fablico con las efectuadas al ISS para conceder la pensi\u00f3n de que trata el art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990; que si bien existi\u00f3 una variaci\u00f3n en la jurisprudencia a partir del 1\u00ba de julio de 2020, era suficiente la explicaci\u00f3n consignada en la sentencia SL3383-2020, en donde se argument\u00f3 que solo por el cambio de jurisprudencia no era viable afectar la intangibilidad de la decisi\u00f3n inicial; que dicho cambio no daba lugar a la procedencia del resguardo por desconocimiento del precedente judicial, por cuanto la providencia criticada se emiti\u00f3 de conformidad con la jurisprudencia y normatividad vigente para esa \u00e9poca. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que la sentencia definitiva fue la sustitutiva, por lo que se debi\u00f3 asumir la posici\u00f3n m\u00e1s favorable para el trabajador y tener en cuenta la variaci\u00f3n de la jurisprudencia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que la determinaci\u00f3n de 20 de enero de 2020, con la que se resolvi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n impetrado, no luce arbitraria, pues all\u00ed se consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Al opositor, no le asiste raz\u00f3n respecto a las glosas realizadas al cargo formulado, pues, en lo concerniente a la proposici\u00f3n jur\u00eddica, el recurrente incluy\u00f3 la norma de derecho sustancial contentivo del derecho reclamado, siendo este, el art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, sobre el cual, adem\u00e1s, el Tribunal centro su atenci\u00f3n, ya que, con sustento en la intelecci\u00f3n realizada sobre esa preceptiva, as\u00ed como en el principio de favorabilidad y en las sentencias CC T-090-2009, CC T-398-2009, entre otras, aval\u00f3 la sumatoria de tiempos p\u00fablicos no cotizados, con los efectuados al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES; de ah\u00ed que tampoco tenga fundamento el otro cuestionamiento realizado por el demandante, relativo a la no impugnaci\u00f3n del principal argumento del ad quem, porque el reproche realizado al fallo de segundo grado, precisamente se centra en la errada interpretaci\u00f3n, que a juicio del impugnante, se realiz\u00f3 sobre la norma atr\u00e1s mencionada, la cual no permite el entendimiento hecho por el Juez que conoci\u00f3 de la consulta. <\/p>\n
Dicho esto, a la Sala le corresponde determinar si el Tribunal se equivoc\u00f3 al permitir la posibilidad de sumar tiempos cotizados al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, con servicios efectuados en el sector p\u00fablico, para alcanzar la densidad de semanas, previstas en el art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990, en atenci\u00f3n a que el demandante es beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
A efectos de dar respuesta a ese t\u00f3pico, se reitera que quien aspira al reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez prevista en el art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990, por ser beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n pensional, previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, no puede sumar tiempos de servicio p\u00fablico con las cotizaciones realizadas al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, pues esa disposici\u00f3n no prev\u00e9 esa posibilidad. <\/p>\n
Siendo ello as\u00ed, la densidad de 1000 semanas en cualquier tiempo o las 500 dentro de los 20 a\u00f1os anteriores a la edad m\u00ednima, deben haberse sufragado a favor de la entidad atr\u00e1s mencionada. <\/p>\n
Respecto a lo anterior, en la sentencia de casaci\u00f3n CSJ SL4908-2018, que reiter\u00f3 lo dicho en la CSJ SL, 10 mar. 2009, rad. 35792, se anot\u00f3\u2026 A prop\u00f3sito, esta Sala de la Corte, en sentencia del 29 de marzo de 2001 (Rad. 15.493), adoctrin\u00f3\u2026 En efecto, en la sentencia del 4 de noviembre de 2004, radicaci\u00f3n 23611, esto dijo la Corte\u2026 <\/p>\n
Siendo ello as\u00ed, el Tribunal otorg\u00f3 a la disposici\u00f3n denunciada, una intelecci\u00f3n no emanada de su preceptiva, con lo que cual, cometi\u00f3 el yerro jur\u00eddico atribuido por la demandante en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Debe agregarse, que como no se discute que el accionante es beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n pensional, debe abordarse el estudio de la pensi\u00f3n con la norma que permita la sumatorio de tiempos cotizados al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y los realizados a entidades p\u00fablicas, tal como se dijo, entre otras, en la sentencia CSJ SL4457-2014. <\/p>\n
As\u00ed, es pertinente acudir a lo previsto en el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 71 de 1988, que posibilit\u00f3 la acumulaci\u00f3n de tiempos de servicio, aun sin existir cotizaci\u00f3n o aportes, tal como se dijo en la sentencia de casaci\u00f3n CSJ SL4908 2018, y como quiera que el actor reuni\u00f3 a favor del Estado, 631.86 semanas y al ISS 398.57, un total de 1030.43 (as\u00ed lo tuvo sentado el Tribunal), supera el tiempo requerido por esa normativa, 1.028,57, para ser merecedor de esa prestaci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo expuesto, el cargo prospera, en cuanto se reconoci\u00f3 al actor la pensi\u00f3n de vejez, conforme al art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990 sumando tiempos p\u00fablicos y cotizaciones al ISS\u2026 <\/p>\n
Y posteriormente, en providencia de 31 de agosto siguiente, se indic\u00f3 que: <\/p>\n
Teniendo claro lo anterior y en atenci\u00f3n al grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones, se precisa, que el actor naci\u00f3 el 10 de julio de 1945 (f.\u00b0 9 del cuaderno principal), siendo, por lo tanto, beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n pensional, previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, dado que, a la fecha de su vigencia, contaba con 48 a\u00f1os, 8 meses y 27 d\u00edas de edad y alcanz\u00f3 los 60 a\u00f1os el d\u00eda y mes inicial pero de 2005 <\/p>\n
Ahora, pese a que al momento de resolver el recurso de casaci\u00f3n, se asent\u00f3 que el actor reun\u00eda los requisitos necesarios para ser acreedor a la pensi\u00f3n prevista en el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 71 de 1988, en cuanto a la edad alcanzada y el tiempo aportado al ISS adicional al laborado en entidades p\u00fablicas, esto \u00faltimo no se encuentra acreditado, lo cual hac\u00eda fundado el recurso extraordinario, pero para efectos de emitir el fallo de instancia ello no se acredit\u00f3, porque los documentos allegados a esta Corporaci\u00f3n, de folios 53 a 68 y 76 a 79 del cuaderno de la Corte, incluido el correo electr\u00f3nico con el que COLPENSIONES dio respuesta al requerimiento y que fue remitido a la Secretar\u00eda de esta Corporaci\u00f3n, el 28 de julio de 2020, informan que solo reuni\u00f3 19.78 a\u00f1os que equivalen a 1,017 semanas, cuando el m\u00ednimo es de 1028,57, insuficientes para causar la prestaci\u00f3n prevista en la norma atr\u00e1s mencionada, al ser necesarios 20, tal como da cuenta, el siguiente cuadro\u2026 <\/p>\n
Siendo eso as\u00ed, se impone confirmar la decisi\u00f3n absolutoria del Juzgado\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, esta Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta o no, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio frente a la valoraci\u00f3n efectuada en la determinaci\u00f3n con la que se cas\u00f3 la sentencia de segundo grado, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido en precedencia, y mirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Sala con relaci\u00f3n a asuntos de contornos similares al presente encuentra necesario adecuarla puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
5. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC16555-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16555-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00306-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 22 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60079","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60079","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60079"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60079\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60079"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60079"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60079"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}