STC16556-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16556-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-01827-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 16 de septiembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderada judicial, por Albania Castro Padilla contra la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena y el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esa ciudad, la que se hizo extensiva a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social UGPP y a Leonor Cristina Gonz\u00e1lez Moncaris. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclama la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, seguridad social, m\u00ednimo vital, vida digna, \u00abtercera edad\u00bb y \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, presuntamente vulneradas por los accionados. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se disponga \u00abrevocar o dejar sin efecto la sentencia proferida por la\u2026 Sala de Casaci\u00f3n Laboral, en la que no cas\u00f3 la sentencia proferida por el Tribunal\u2026\u00bb; y \u00abdeclarar la nulidad de lo actuado ante el Juzgado\u2026 por falta de defensa material y t\u00e9cnica\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Albania Castro Padilla promovi\u00f3 un juicio ordinario laboral contra la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social UGPP, con el fin de que se le reconociera y pagara la pensi\u00f3n de sobrevivientes causada con ocasi\u00f3n del fallecimiento de su compa\u00f1ero permanente, as\u00ed como el retroactivo pensional, los intereses moratorios y la indexaci\u00f3n de las sumas adeudadas. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena, el que el 20 de enero de 2014 dict\u00f3 sentencia en la que desestim\u00f3 las pretensiones de la demanda. Esta decisi\u00f3n fue confirmada en grado jurisdiccional de consulta el 7 de octubre siguiente por la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad. <\/p>\n
2.3. Tras ser recurrida en casaci\u00f3n la aludida providencia, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, el 1\u00ba de abril de 2020 no la cas\u00f3. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 la accionante que tiene 68 a\u00f1os, un estado de salud delicado y una situaci\u00f3n econ\u00f3mica catastr\u00f3fica; que su compa\u00f1ero permanente falleci\u00f3 en 2010, con quien vivi\u00f3 por 30 a\u00f1os, era pensionado de la empresa Puertos de Colombia Terminal Mar\u00edtimo de Cartagena y del que depend\u00eda. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que no sabe leer ni escribir, vive en Tierra Bomba y sobrevive bajo la l\u00ednea de la pobreza, vendiendo coco y agua de coco; que tuvo dos hijos con su pareja, los que son mayores de edad; y que su compa\u00f1ero estuvo casado con Rosario Jim\u00e9nez, la que falleci\u00f3 en 2004. <\/p>\n
2.6. Adujo que hizo la respectiva reclamaci\u00f3n administrativa de la pensi\u00f3n de sobrevivientes con una abogada que era sobrina del causante, la que conoc\u00eda de los hechos; que le fue denegada dicha petici\u00f3n, por lo que inici\u00f3 el juicio laboral; que despu\u00e9s de la primera audiencia su abogada cambi\u00f3, no le informaba del proceso y era grosera, adem\u00e1s que no le comunic\u00f3 a los testigos ni a ella que deb\u00edan estar presentes en la audiencia. <\/p>\n
2.7. Sostuvo que como su apoderada no sustent\u00f3 la alzada, se concedi\u00f3 el grado de consulta, en donde se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n adversa y se agreg\u00f3 que no estaba probada la existencia de hijos concebidos; y que le dio poder a otro profesional del derecho, quien sustent\u00f3 la casaci\u00f3n, empero, no se modific\u00f3 el fallo. <\/p>\n
2.8. Asever\u00f3 que dicho abogado intent\u00f3 minimizar los errores cometidos por su defensora inicial; que en ninguna de sus instancias se valor\u00f3 la falta de defensa t\u00e9cnica; que present\u00f3 queja disciplinaria contra su abogada, pero fue archivada; que dicha defensora fue negligente y mediocre al salvaguardar sus intereses, pese a que le constaba lo sucedido entre la pareja. <\/p>\n
2.9. Refiri\u00f3 que se incurri\u00f3 en defecto procedimental por no contar con defensa t\u00e9cnica y material que le permitiera ejercer su derecho de contradicci\u00f3n, as\u00ed como en defecto f\u00e1tico porque se omiti\u00f3 la valoraci\u00f3n de las pruebas aportadas que daban cuenta de la convivencia por 30 a\u00f1os. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Colpensiones indic\u00f3 que se pretend\u00eda reabrir un debate culminado; que no se observaba un perjuicio irremediable; que no se demostr\u00f3 que se haya incurrido en v\u00eda de hecho; que no se cumpl\u00eda con las causales de procedibilidad del resguardo; que no se hab\u00eda materializado vicio, defecto o vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales; y que era improcedente el resguardo frente a sentencias judiciales. <\/p>\n
2. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n deprec\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de esta tutela, pues el extinto ISS ni \u00e9l fueron llamados al proceso criticado. <\/p>\n
3. La Sala de Descongesti\u00f3n Laboral No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura refiri\u00f3 que la providencia cuestionada fue proferida con apego a la Constituci\u00f3n, a la ley y a los lineamientos jurisprudenciales de la Sala permanente, por lo que no resultaba arbitraria ni lesiva de derecho fundamental alguno; que la tutela no era una instancia adicional; que de lo que se duele la accionante era de la desidia de su apoderada, la que incluso dio lugar a que formulara una queja disciplinaria, empero, ello no puede dar lugar a que se deje sin efectos el prove\u00eddo emitido; y que no se observaba el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
4. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social UGPP adujo que en los fallos dictados no se incurri\u00f3 en los defectos sustantivo o f\u00e1ctico, sino que se ajustaron al ordenamiento legal y jurisprudencial que regula el tema de pensi\u00f3n de sobrevivientes, as\u00ed como al acervo probatorio; que esta acci\u00f3n excepcional no era una tercera instancia; y que no se transgredi\u00f3 derecho fundamental alguno. <\/p>\n
5. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que no verificaba alg\u00fan defecto que habilitara el resguardo, pues se hizo un an\u00e1lisis pormenorizado de los medios de convicci\u00f3n y normatividad aplicable; que se alegaba que se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, pues se omiti\u00f3 la valoraci\u00f3n de las pruebas que daban cuenta que fue compa\u00f1era del causante por 30 a\u00f1os, empero, no prob\u00f3 la convivencia por los 5 a\u00f1os anteriores al deceso; que se pretend\u00eda reabrir un debate finiquitado por las autoridades competentes, que se resolvi\u00f3 de forma razonada, dando respuesta a los cuestionamientos planteados y con aplicaci\u00f3n de los precedentes que regulan el asunto. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que sobre la defensa t\u00e9cnica no ostentaba la entidad suficiente para nulitar la actuaci\u00f3n, pues la petente pod\u00eda revocar el poder si encontraba falencias en la labor, tal como procedi\u00f3 cuando design\u00f3 nuevo apoderado para la sustentaci\u00f3n de la casaci\u00f3n, sin que se olvide que quien promueve el proceso debe estar pendiente del curso del mismo; que no era admisible \u00abestimar la vulneraci\u00f3n de una debida representaci\u00f3n cuando se cuestiona la actuaci\u00f3n desplegada por el profesional que antecedi\u00f3\u00bb, pues se coartar\u00eda la libertad que les asiste a los mandatarios judiciales en cuanto a la estrategia empleada, menos cuando se hacen alusiones gen\u00e9ricas de no haber deprecado la pr\u00e1ctica de pruebas o controvertir las inexistentes, y no se exponen cuales fueron los medios probatorios que debieron deprecarse y ni que aporte tendr\u00eda para obtener una decisi\u00f3n favorable a los intereses de la parte representada; que la simple inconformidad con la decisi\u00f3n adoptada no significaba per se la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales; y que no observaba la ocurrencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que la estrategia de la abogada fue la no comparecencia de los testigos y la no sustentaci\u00f3n del recurso; que no pod\u00eda prosperar su caso cuando no existi\u00f3 una defensa adecuada; que hubo desidia probatoria; y que se incurre en error al minimizar el da\u00f1o causado por no considerar la falta de defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que la sentencia definitoria del asunto criticado no luce arbitraria, pues all\u00ed se consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Resulta pertinente y necesario insistir en que la demanda de casaci\u00f3n debe ajustarse a ciertos y conocidos lineamientos legales y jurisprudenciales, para que se abra paso el estudio de los reproches del recurrente, de suerte que quien pretenda el quiebre de una sentencia debe cumplir con exigencias m\u00ednimas y l\u00f3gicas que la Corte no puede suplir, dado el car\u00e1cter dispositivo de este medio de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden, cuando se acusa la sentencia de transgredir el ordenamiento jur\u00eddico por la v\u00eda directa, la argumentaci\u00f3n utilizada para demostrar el desafuero del ad quem, debe ser estrictamente jur\u00eddica. Si el ataque se formula por errores de hecho o de derecho, los juicios pertinentes ser\u00e1n aquellos orientados a demostrar una equivocaci\u00f3n en el ejercicio valorativo del fallador de alzada. <\/p>\n
Adicionalmente, ha dicho la Sala que el \u00e9xito de la acusaci\u00f3n depende de la elaboraci\u00f3n de un discurso claro y coherente, que desquicie la totalidad de los soportes del fallo pues, de no ser as\u00ed, permanece revestido de las presunciones de acierto y legalidad con que arriba a sede extraordinaria. <\/p>\n
La Sala entiende que la denuncia de los art\u00edculos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, involucra las modificaciones que sobre los requisitos para obtener la pensi\u00f3n de sobrevivientes y los beneficiarios de la misma, introdujeron los art\u00edculos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, dado que ning\u00fan descontento muestra sobre la norma seleccionada por el ad quem para resolver el caso. <\/p>\n
La recurrente acusa al Tribunal de una intelecci\u00f3n equivocada de los preceptos que conforman la proposici\u00f3n jur\u00eddica; estima que la hermen\u00e9utica desplegada, desatendi\u00f3 la protecci\u00f3n que el legislador ha querido dispensar a la familia, creada a partir de v\u00ednculos naturales o jur\u00eddicos, con independencia de que exista o no un lazo matrimonial. Sin embargo, a efecto de resolver, la Sala observa que la raz\u00f3n del fallador plural para avalar la decisi\u00f3n singular, radic\u00f3 en la falta de demostraci\u00f3n de convivencia de la actora con el jubilado dentro de los 5 a\u00f1os anteriores a su fallecimiento; empero, no hizo disquisici\u00f3n alguna en perspectiva de respaldar el planteamiento de la demandante, de suerte que el argumento de la actora, no apunta a la deconstrucci\u00f3n de los verdaderos pilares del fallo que combate. <\/p>\n
La errada valoraci\u00f3n de la confesi\u00f3n ficta por la \u00abno comparecencia de la demandada al interrogatorio de parte\u00bb, que la censura enrostra al Tribunal, no pudo haberse presentado, dado que el interrogatorio de parte \u00abde la demandada\u00bb, ni siquiera fue solicitado, menos decretado como prueba (fls. 59-61). <\/p>\n
No obra a favor de la censura la escogencia de la senda de ataque para cuestionar la necesidad de ratificaci\u00f3n de las declaraciones extrajuicio que adjunt\u00f3 a la demanda inicial, toda vez que el argumento del juzgador de alzada es de estirpe jur\u00eddica, en tanto involucra una consideraci\u00f3n relativa a la eficacia probatoria del elemento de juicio, que no una valoraci\u00f3n del dicho de los testigos. <\/p>\n
No obstante, la Sala no puede pasar por alto que, con independencia de que el Tribunal hubiera calificado de \u00abindispensable\u00bb la ratificaci\u00f3n, para efectos de constatar si las declaraciones vertidas en sede no judicial eran coherentes y demostraban la convivencia, s\u00ed las valor\u00f3, en la medida en que detall\u00f3 su contenido y expuso que no ameritaban credibilidad pues, aunque afirmaron que conoc\u00edan al pensionado desde hac\u00eda 50 a\u00f1os, no mencionaron que el causante tuvo esposa, lo cual result\u00f3 extra\u00f1o al colegiado, en tanto se trat\u00f3 de una relaci\u00f3n de amistad estrecha como la refirieron los declarantes. <\/p>\n
Finalmente, desde lo f\u00e1ctico, esta Sala tampoco podr\u00eda emprender el estudio de dicho medio de prueba pues, como lo tiene adoctrinado la Corte, es un elemento de juicio de obvio contenido testimonial, de donde se sigue que no es prueba apta para estructurar un error de hecho manifiesto en casaci\u00f3n (CSJ SL, 6 mar. 2015, rad. 43422). <\/p>\n
De lo que viene de decirse, los cargos no prosperan. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, esta Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta o no, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que plante\u00f3 la tutelante es una diferencia de criterio frente a la valoraci\u00f3n efectuada en la determinaci\u00f3n con la que no se cas\u00f3 la sentencia de segundo grado, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido en precedencia, se advierte que la viabilidad de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
5. En adici\u00f3n a lo anterior, tampoco se observa transgresi\u00f3n de las prerrogativas esenciales de la accionante, pues lo cierto es que esta Sala ha puntualizado que: \u2026el apoderamiento no entra\u00f1a el desentendimiento del interesado de los actos procesales, pues est\u00e1 claro que los derechos en disputa son los suyos\u00bb (CSJ STC, 29 ene. 2007, rad. 2006-00282-01), ni dejarse de lado que \u00abexiste en cabeza de los sujetos procesales el deber de vigilancia y control que sobre la gesti\u00f3n de su mandatario ha de ejercer la parte interesada\u00bb (CSJ STC, 10 may. 2011, rad. 2011-00365-01, reiterada en CSJ STC, 19 ene. 2012, rad. 2011-01601-01) (CSJ STC2701-2020, 12 mar. 2020, rad. 2020-00001-01), m\u00e1xime cuando la supuesta negligencia del mismo: <\/p>\n
\u2026no es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito el amparo constitucional, pues, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte, aqu\u00e9lla ser\u00eda imputable a ella misma y no al juez acusado, dado que (\u2026) con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales (CSJ STC 18 may. 2009, rad. 00508 -01). <\/p>\n
6. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC16556-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16556-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-01827-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 16 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60080","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60080","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60080"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60080\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60080"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60080"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60080"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}