STC16558-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16558-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2021-02140-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de diciembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Olga Lucia Caro Macias frente a la sentencia del 8 de octubre de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que la recurrente le instaur\u00f3 al Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C., extensiva a los intervinientes en el proceso ejecutivo con radicado n\u00b0 110014003043-2011-00316-05. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora pidi\u00f3, en esencia, que se revoque la decisi\u00f3n que declar\u00f3 la deserci\u00f3n de su alzada (31 jul. 2020) para que, en su lugar, se desate la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Como fundamento, adujo que figura como ejecutante en el proceso cuestionado donde se dict\u00f3 sentencia (9 oct. 2019) que fue apelada y sustentada ante el a quo (16 oct. 2019). Relat\u00f3 que en el curso de dicha impugnaci\u00f3n se adecu\u00f3 el tr\u00e1mite de la alzada al Decreto Legislativo 806 de 2020 y en ese mismo auto se corri\u00f3 traslado para sustentarla (10 jul. 2020). Indic\u00f3 que el 31 de julio de 2020 el Juzgado accionado declar\u00f3 la deserci\u00f3n de su opugnaci\u00f3n tras predicar la falta de fundamentaci\u00f3n oportuna del medio impugnativo, decisi\u00f3n cuya legalidad atac\u00f3, sin \u00e9xito (23 nov. 2020). Indic\u00f3 que contra esa \u00faltima determinaci\u00f3n pidi\u00f3 aclaraci\u00f3n, adici\u00f3n, correcci\u00f3n y nulidad, lo que fue desestimado en auto de 17 de marzo hoga\u00f1o y notificado el 25 siguiente. <\/p>\n
De las providencias en comento deriv\u00f3 la lesi\u00f3n a sus derechos fundamentales. <\/p>\n
2. Las autoridades jurisdiccionales vinculadas hicieron un relato de las actuaciones surtidas y defendieron la legalidad de su proceder. Mar\u00eda Patricia Echeverri Escobar, interviniente en el litigio, pidi\u00f3 la improcedencia del resguardo. <\/p>\n
3. La primera instancia deneg\u00f3 el amparo tras considerar que el auto de deserci\u00f3n luc\u00eda razonable. <\/p>\n
4. La recurrente reiter\u00f3 sus argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El debate sobre la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n por la falta de sustentaci\u00f3n ante el ad quem conforme a las reglas dispuestas por el Decreto Legislativo 806 de 2020 ha sido abordado por esta Sala en busca de reflexionar sobre el ponderado raciocinio que se debe realizar, en cada caso particular, para la aplicaci\u00f3n de dicha sanci\u00f3n en atenci\u00f3n a la suficiencia argumentativa con que sean planteadas las inconformidades en contra de la sentencia criticada. En ese sentido se dijo que: <\/p>\n
(\u2026) a pesar de que las condiciones de tiempo y modo establecidas en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 se muestran estimables frente a libertad de configuraci\u00f3n del legislador, a la hora de observar la tem\u00e1tica en el plano supralegal y en relaci\u00f3n con los casos concretos, no es admisible la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica e irreflexiva de la sanci\u00f3n que contempla la norma en el caso de que se sustente por escrito de forma prematura, esto es, antes de que inicie el conteo de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite el recurso o niega la pr\u00e1ctica de pruebas; pues, esa tarea debe estar soportada en un an\u00e1lisis ponderado en aras de establecer si las particularidades del caso permiten concluir que la sustentaci\u00f3n anticipada era suficiente para la resoluci\u00f3n de la alzada, sin que lo adelantado en esa gesti\u00f3n conlleve a sancionar al litigante de forma tan dr\u00e1stica como es el cercenamiento de la segunda instancia. (STC5790-2021). (Resaltado de ahora) <\/p>\n
No significa lo anterior que se d\u00e9 v\u00eda libre para que el recurrente desconozca el t\u00e9rmino que el legislador le ha otorgado para la sustentaci\u00f3n de su alzada, pues no se discute que la anticipada actuaci\u00f3n comporta un proceder inadecuado frente a la administraci\u00f3n de justicia, empero, dicho comportamiento no es suficiente, dependiendo de la intensidad de la argumentaci\u00f3n, para desechar de plano el remedio vertical de origen constitucional. Ello se extrae del pronunciamiento en cita que al respecto se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) sin duda cuando el recurrente aporta el escrito de sustentaci\u00f3n antes de la oportunidad contemplada en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 act\u00faa de forma deficiente, lo que es censurable en la medida en que desatiende el mandato legal; no obstante, dada la naturaleza del error y su eventual intrascendencia frente a la carga de sustentar la alzada, es desproporcionado que se le sancione con la p\u00e9rdida del derecho constitucional a impugnar la decisi\u00f3n que finiquit\u00f3 la primera instancia. (Resaltado de ahora) <\/p>\n
2. En lo que respecta a las cargas procesales que ata\u00f1en al recurrente para que su apelaci\u00f3n sea atendida y que esta Corporaci\u00f3n ha identificado como i). interposici\u00f3n del recurso, ii). formulaci\u00f3n de reparos concretos y iii). sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, destacase que el Decreto Legislativo 806 de 2020 nada modific\u00f3 respecto de tales exigencias, pero si sobre la forma en que particularmente la sustentaci\u00f3n se satisface, como quiera que antes de su expedici\u00f3n se propend\u00eda por su realizaci\u00f3n hablada mientras que actualmente se impone por la senda escrita. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es propicio recordar que las expresiones reparos concretos y sustentaci\u00f3n obedecen, en \u00faltimas, a la materializaci\u00f3n de una misma instituci\u00f3n procesal adoptada por la actual legislaci\u00f3n adjetiva, esto es, la pretensi\u00f3n impugnativa, figura que implic\u00f3 la delimitaci\u00f3n de la competencia del ad quem a los asuntos que espec\u00edficamente reprocha el apelante, punto de partida del que puede colegirse que la finalidad de estas dos cargas enunciadas corresponde a delimitar el escenario en el que se deber\u00e1 desarrollar el debate de la segunda instancia. <\/p>\n
En ese orden, en el contexto de la apelaci\u00f3n de sentencias, es dable comprender al reparo concreto como aquella enunciaci\u00f3n espec\u00edfica de una inconformidad desprovista de argumentaci\u00f3n dirigida en contra de una decisi\u00f3n judicial o parte de ella y que a su vez permite delinear los contornos dentro de los que se construir\u00e1 el acto de la sustentaci\u00f3n, entendido este como el ejercicio de justificaci\u00f3n con el que se pretende soportar el disentimiento propuesto. <\/p>\n
As\u00ed pues, la existencia de estas dos figuras (reparos concretos y sustentaci\u00f3n) comportan dos aspectos dis\u00edmiles para los cuales el legislador ha se\u00f1alado formas distintas en cuanto a su realizaci\u00f3n, pero que atienden a un mismo cometido que es el de limitar el ejercicio del ad quem, raz\u00f3n por la que puede colegirse que a pesar de no ser la forma id\u00f3nea y en vigencia del Decreto 806 de 2020, pueden incluso confluir en un mismo acto escrito u oral sin que ello desconozca la naturaleza propia de cada expresi\u00f3n o conlleve a la aplicaci\u00f3n irreflexiva de la deserci\u00f3n contemplada en la ley, pues siempre que logre deducirse suficiente, anticipada u oportunamente la sustentaci\u00f3n (argumentaci\u00f3n) de la alzada ser\u00e1 procedente su correspondiente tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Por otra parte, no se pierde de vista que la finalidad de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la Ley sustancial y que, en tal sentido, resulta significativo diferenciar que una cuesti\u00f3n significa frente a qui\u00e9n se interpone una sustentaci\u00f3n y otra muy distinta es a qui\u00e9n se halla dirigida, de manera tal que, en vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020 y trat\u00e1ndose del desarrollo argumentativo escrito de los reparos a la sentencia, desde el punto de vista ius fundamental, no resta valor que tal actividad sea elevada ante a quo o directamente a su superior funcional, pues en \u00faltimas, no queda duda que el destinatario de dicho raciocinio no es otro que el juez de segundo grado. <\/p>\n
De ah\u00ed que pueda predicarse que, si bien existe un escenario propicio para tal ejercicio de justificaci\u00f3n, su presentaci\u00f3n anticipada, bajo las circunstancias legislativas actuales, podr\u00e1 ser de recibo siempre que se ofrezcan los elementos necesarios para que el superior resuelva de fondo la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Establecido el anterior panorama, y revisado el expediente cuestionando se observa que la ejecutante, al momento de interponer sus reparos concretos, aport\u00f3 un memorial de 5 p\u00e1ginas del cual se extraen, en concreto, las inconformidades respecto de la valoraci\u00f3n probatoria desplegada por el fallador de primer grado, reparos que desarroll\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n
La apreciaci\u00f3n del acervo probatorio por parte del juzgador debe ser integral y bajo los principios de la sana critica, la l\u00f3gica y la experiencia, es decir tener en cuenta todas y cada una de las pruebas arrimadas por las partes, as\u00ed como la validez, confianza, plena demostraci\u00f3n de los hechos a los cuales hacen referencia, consistencia y no contradicci\u00f3n de las mismas frente a otras pruebas de las mismas condiciones y caracter\u00edsticas, de tal forma que la decisi\u00f3n proferida a partir de ellas tenga la plena solidez, seguridad, confianza y juridicidad y no genere ninguna duda en el sentido de que hubo parcialidad alguna, falta de diligencia o incuria del Juez respecto de su obligaci\u00f3n de buscar la verdad verdadera, utilizando para ello todos los poderes y facultades de que est\u00e1 investido, pues lo que finalmente debe prevalecer, por encima de la ritualidad y el procedimiento es la realizaci\u00f3n del derecho sustantivo, como claramente lo ordena el anterior y actual estatuto procedimental civil. <\/p>\n
Sobre la valoraci\u00f3n del dictamen pericial practicado en la instancia, justific\u00f3 su inconformidad de la siguiente manera: <\/p>\n
As\u00ed las cosas y si frente a una peritaje ama\u00f1ado, incompleto, sesgado, lleno de vac\u00edos y errores y no corregido, aclarado ni adicionado, como fue lo solicitado reiteradamente por la parte actora, exist\u00edan no s\u00f3lo otras pruebas que lo contradec\u00edan, no puestas, entre otras cosas, en duda por la pasiva, como fue la declaraci\u00f3n extraproceso de la se\u00f1ora LUZ DARY FLOREZ VALENCIA, encargada de atender y cuidar hasta su muerte al deudor, dada su condici\u00f3n de enfermo terminal e, igualmente, la declaraci\u00f3n de la compa\u00f1era permanente del deudor, se\u00f1ora OLGA LUCIA CARO MACIAS, quien en lo depuesto ante el Despacho no incurri\u00f3 en ambig\u00fcedades, contradicciones, inconsistencias ni vacios de ninguna naturaleza, no obstante las elucubraciones y disquisiciones hechas por el Despacho porque frente a un lapsus ella hizo inmediatamente la respectiva correcci\u00f3n, y por ello, su testimonio es creible, serio, coherente y consistente y, obviamente, plenamente demostrativo de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realiz\u00f3 el negocio juridico dentro del cual se libr\u00f3 el titulo base del proceso, era obligaci\u00f3n del juzgador establecer la manera de despejar esas contradicciones y dudas que surgen de los hechos y asi fuera por la via de la prueba oficiosa, determinar la verdad de lo acontecido, pues ese es y no otro el imperativo mandato legal que gobierna el proceso y, obviamente, el fundamento de la decisi\u00f3n que habr\u00e1 de tomar. <\/p>\n
Respecto de sus peticiones de aclaraci\u00f3n del dictamen que fueron desestimadas, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
Lo anterior, tanto m\u00e1s cuando, repito, la parte actora pidi\u00f3, en tiempo, la correcci\u00f3n, aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n del peritaje realizado por Medicina Legal, petici\u00f3n no atendida por la auxiliar de la justicia, con la aquiescencia del Despacho y una vez objetado el dictamen por mi mandante, en forma legal y oportuna y solicitada la prueba para demostrar el error grave fundamento de tal objeci\u00f3n, neg\u00f3 en forma arbitraria e ilegal tales pedimentos, incurriendo incluso con ello en una causal de nulidad constitucional e ilegal, que tampoco ha querido decretar, no obstante estar debidamente solicitada y demostrada en el paginario. <\/p>\n
Sobre la prueba pericial que aport\u00f3 la parte ejecutante, precis\u00f3: <\/p>\n
De otro lado y con mucho esfuerzo, dadas las precarias condiciones de la compa\u00f1era permanente sup\u00e9rstite del actor, esta contrat\u00f3 con el doctor RICHARD POVEDA DAZA, ESPECIALISTA EN CIENCIAS FORENSES de la Universidad Cat\u00f3lica de Colombia y PERITO EN LAS AREAS DE GRAFOLOGIA FORENSE Y DACTILOSCOPIA, debidamente titulado y formado acad\u00e9micamente en la ESCUELA SUPERIOR DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PUBLICA AQUIMINDIA ESCUELA DAS, un nuevo peritaje, quien obviamente con fundamento en los mismos documentos que se enviaron al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, concluye que \u00abDe acuerdo con las t\u00e9cnicas y m\u00e9todos utilizados la signatura cuestionada vista en la letra de cambio de fecha 30 de mayo de 2008 por valor de treinta millones de pesos $30.000.000 a la orden de ALEJANDRO MORENO obrante dentro del proceso ejecutivo singular 2011-00316 que cursa ante el Juzgado 43 Civil Municipal de Bogot\u00e1 a folio 322 es UNIPROCEDENTE con los modelos de firma de JAIME MU\u00d1OZ ESCOBAR identificado con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda n\u00famero 6.041.422 de Cali, es decir tal firma proviene de una misma fuente escritural peritaje que el a quo ignor\u00f3 completamente no obstante probar que el error grave alegado por el demandante si ten\u00eda cabal asidero f\u00e1ctico y jur\u00eddico. Parad\u00f3jicamente, el Despacho se duele en la sentencia de que tal peritaje no se haya allegado a tiempo, sin tener en cuenta que justamente ello fue consecuencia de su negativa al tr\u00e1mite favorable de la objeci\u00f3n por error grave formulada por el actor y al decreto del nuevo dictamen para probarlo, tal como lo pidi\u00f3 reiteradamente mi prohijado, \u00abbien sea de la DIJIN, SIJIN, F2 o POLICIA JUDICIAL, que cuenta con experimentados e id\u00f3neos peritos, que seguramente van a proceder en ello con mayor cuidado, seriedad y ponderaci\u00f3n\u00bb (\u2026). <\/p>\n
Adicionalmente expuso sus inconformidades con la forma en que se apreci\u00f3 su alegato de \u00abobjeci\u00f3n por error grave\u00bb relativo a la pericia practicada, la normativa procesal aplicada al caso concreto y el deber de decretar pruebas de oficio. <\/p>\n
N\u00f3tese, entonces, que lo expuesto por la precursora devela los elementos requeridos por el legislador para que pueda resolverse de fondo la impugnaci\u00f3n propuesta, esto es los reparos concretos a la decisi\u00f3n y el ejercicio argumentativo de por qu\u00e9 considera fundadas sus inconformidades precisas. De all\u00ed que la deserci\u00f3n decretada luzca irreflexiva seg\u00fan lo expuesto. <\/p>\n
5. Ahora bien, no significa lo anterior que el actuar del apoderado haya sido precisamente adecuado conforme a las normas que regulan el asunto, pues como ya se dijo, omitir la realizaci\u00f3n de la sustentaci\u00f3n en la etapa prevista espec\u00edficamente por el legislador devela un actuar deficiente por parte del mandatario y un desconocimiento ostensible a su deber de observar diligentemente los t\u00e9rminos procesales prestablecidos. Empero, al hallarse de alguna manera desarrollados sus reparos, mal se har\u00eda en cercenar, a la parte que representa, el derecho supralegal de impugnar las decisiones adversas. <\/p>\n
6. Finalmente, al margen de que se comparta el hecho de que el Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 adecuara el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n interpuesta en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso al previsto en el Decreto 806 de 2020, lo cierto es que, por un lado, ese prove\u00eddo no fue impugnado por la recurrente y, por otro, esa fue la normativa aplicada al asunto y en virtud de la cual se profiri\u00f3 el auto de deserci\u00f3n que por esta senda se cuestiona. De all\u00ed que se impon\u00eda la resoluci\u00f3n de este asunto conforme a lo dispuesto por el Decreto en comento. <\/p>\n
7. En definitiva, como quiera que la actora present\u00f3 reparos concretos a la decisi\u00f3n reprochada y que los mismos fueron sustentados, aun de forma anticipada a la etapa prevista por el legislador, de manera tal que resultan suficientes los argumentos para desatar la alzada, no queda alternativa diferente a la de revocar el veredicto impugnado para, en su lugar, conceder el amparo invocado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley REVOCA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
En su lugar, CONCEDE la tutela implorada por Olga Lucia Caro Macias. <\/p>\n
En consecuencia, se deja sin efecto el interlocutorio de 31 de julio de 2020, a trav\u00e9s del cual el Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n que la accionante interpuso contra el fallo proferido en el proceso n\u00b0 110014003043-2011-00316-05 y las dem\u00e1s providencias que de \u00e9l dependan, para que, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta determinaci\u00f3n, adopte las medidas necesarias a fin de continuar con el tr\u00e1mite de la alzada en comento. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-02140-01 <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los Magistrados que acogieron la sentencia de la cual tomo distancia, me permito expresar los motivos de discrepancia con dicha soluci\u00f3n. <\/p>\n
La Sala mayoritaria revoc\u00f3 la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 (8 oct. 2021) y, en su lugar, concedi\u00f3 el amparo invocado por Olga Lucia Caro Macias frente al Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de esta capital con ocasi\u00f3n del proceso ejecutivo n\u00b0 110014003043-2011-00316-05; en consecuencia, tras dejar sin efecto el interlocutorio de 31 de julio de 2020, a trav\u00e9s del cual el estrado querellado declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n que la accionante interpuso contra el fallo de primera instancia, le orden\u00f3 a \u00e9ste, que \u00aben el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta determinaci\u00f3n, adopte las medidas necesarias a fin de continuar con el tr\u00e1mite de la alzada en comento\u00bb. <\/p>\n
Determinaci\u00f3n que sustent\u00f3 en el precedente de esta Sala sobre la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n de sentencia, vertido en la STC5790-2021, aduciendo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 2. En lo que respecta a las cargas procesales que ata\u00f1en al recurrente para que su apelaci\u00f3n sea atendida y que esta Corporaci\u00f3n ha identificado como i). interposici\u00f3n del recurso, ii). formulaci\u00f3n de reparos concretos y iii). sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, destacase que el Decreto Legislativo 806 de 2020 nada modific\u00f3 respecto de tales exigencias, pero si sobre la forma en que particularmente la sustentaci\u00f3n se satisface, como quiera que antes de su expedici\u00f3n se propend\u00eda por su realizaci\u00f3n hablada mientras que actualmente se impone por la senda escrita. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es propicio recordar que las expresiones reparos concretos y sustentaci\u00f3n obedecen, en \u00faltimas, a la materializaci\u00f3n de una misma instituci\u00f3n procesal adoptada por la actual legislaci\u00f3n adjetiva, esto es, la pretensi\u00f3n impugnativa, figura que implic\u00f3 la delimitaci\u00f3n de la competencia del ad quem a los asuntos que espec\u00edficamente reprocha el apelante, punto de partida del que puede colegirse que la finalidad de estas dos cargas enunciadas corresponde a delimitar el escenario en el que se deber\u00e1 desarrollar el debate de la segunda instancia. <\/p>\n
As\u00ed pues, la existencia de estas dos figuras (reparos concretos y sustentaci\u00f3n) comportan dos aspectos dis\u00edmiles para los cuales el legislador ha se\u00f1alado formas distintas en cuanto a su realizaci\u00f3n, pero que atienden a un mismo cometido que es el de limitar el ejercicio del ad quem, raz\u00f3n por la que puede colegirse que a pesar de no ser la forma id\u00f3nea y en vigencia del Decreto 806 de 2020, pueden incluso confluir en un mismo acto escrito u oral sin que ello desconozca la naturaleza propia de cada expresi\u00f3n o conlleve a la aplicaci\u00f3n irreflexiva de la deserci\u00f3n contemplada en la ley, pues siempre que logre deducirse suficiente, anticipada u oportunamente la sustentaci\u00f3n (argumentaci\u00f3n) de la alzada ser\u00e1 procedente su correspondiente tramitaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Agregando, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 3. Por otra parte, no se pierde de vista que la finalidad de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la Ley sustancial y que, en tal sentido, resulta significativo diferenciar que una cuesti\u00f3n significa frente a qui\u00e9n se interpone una sustentaci\u00f3n y otra muy distinta es a qui\u00e9n se halla dirigida, de manera tal que, en vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020 y trat\u00e1ndose del desarrollo argumentativo escrito de los reparos a la sentencia, desde el punto de vista ius fundamental, no resta valor que tal actividad sea elevada ante a quo o directamente a su superior funcional, pues en \u00faltimas, no queda duda que el destinatario de dicho raciocinio no es otro que el juez de segundo grado. <\/p>\n
De ah\u00ed que pueda predicarse que, si bien existe un escenario propicio para tal ejercicio de justificaci\u00f3n, su presentaci\u00f3n anticipada, bajo las circunstancias legislativas actuales, podr\u00e1 ser de recibo siempre que se ofrezcan los elementos necesarios para que el superior resuelva de fondo la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Luego de lo cual, coligi\u00f3 que, en el caso concreto, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) N\u00f3tese, entonces, que lo expuesto por la precursora devela los elementos requeridos por el legislador para que pueda resolverse de fondo la impugnaci\u00f3n propuesta, esto es los reparos concretos a la decisi\u00f3n y el ejercicio argumentativo de por qu\u00e9 considera fundadas sus inconformidades precisas. De all\u00ed que la deserci\u00f3n decretada luzca irreflexiva seg\u00fan lo expuesto (\u2026). <\/p>\n
6. Finalmente, al margen de que se comparta el hecho de que el Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 adecuara el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n interpuesta en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso al previsto en el Decreto 806 de 2020, lo cierto es que, por un lado, ese prove\u00eddo no fue impugnado por la recurrente y, por otro, esa fue la normativa aplicada al asunto y en virtud de la cual se profiri\u00f3 el auto de deserci\u00f3n que por esta senda se cuestiona. De all\u00ed que se impon\u00eda la resoluci\u00f3n de este asunto conforme a lo dispuesto por el Decreto en comento. <\/p>\n
7. En definitiva, como quiera que la actora present\u00f3 reparos concretos a la decisi\u00f3n reprochada y que los mismos fueron sustentados, aun de forma anticipada a la etapa prevista por el legislador, de manera tal que resultan suficientes los argumentos para desatar la alzada, no queda alternativa diferente a la de revocar el veredicto impugnado para, en su lugar, conceder el amparo invocado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
No comparto la decisi\u00f3n, principalmente, porque el Juzgado Cuarenta y uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 no incurri\u00f3 en excesivo ritual manifiesto que vulnerara los derechos fundamentales invocados por la actora. Son mis razones las siguientes: <\/p>\n
1.- La precursora no atac\u00f3 mediante el recurso de reposici\u00f3n, procedente al tenor del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del proceso, el auto de 10 de julio de 2020, por medio del cual el Juzgado cuestionado adecu\u00f3 el tr\u00e1mite de la alzada al Decreto Legislativo 806 de 2020 y corri\u00f3 traslado para sustentarla (10 jul. 2020), comportamiento incurioso que implica el incumplimiento de uno de los presupuestos para la viabilidad de la acci\u00f3n de tutela, esto es, la subsidiariedad. <\/p>\n
2.- La tramitaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n contra resoluciones judiciales comprende dos momentos que deben ser desarrollados en etapas bien definidas: Uno ante el juez de primera instancia – interposici\u00f3n y reparos – y, otro ante el de segunda – admisi\u00f3n, sustentaci\u00f3n y decisi\u00f3n \u2013 (Arts. 322 y 327 del CGP). <\/p>\n
Ahora, la modificaci\u00f3n que el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 introdujo al recurso de apelaci\u00f3n de sentencias, lo fue respecto de la \u00absustentaci\u00f3n\u00bb, que en sentido estricto solo comporta la forma de hacer conocer al juez de segunda instancia los argumentos que soportan los \u201creparos\u201d expresados ante el a quo, ya no oralmente en audiencia sino por escrito. <\/p>\n
Pero, en mi criterio, esa \u00absustentaci\u00f3n\u00bb en todo caso, debe hacerse una vez \u201cejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n\u201d, competencia adscrita exclusivamente al ad quem y no al a quo. <\/p>\n
Ello, porque con independencia de la extensi\u00f3n de los reparos \u2013 breves o extensos \u2013 no puede equipararse la expresi\u00f3n de las inconformidades \u2013 discrepancia o con qu\u00e9 no est\u00e1 de acuerdo – con los argumentos que las soportan \u2013 por qu\u00e9 discrepa o no est\u00e1 de acuerdo -. Aquellas se expresan ante el a quo y \u00e9stos ante el ad quem. As\u00ed lo dispone el legislador ahora de manera clara \u2013 art. 14 D. 806 de 2020-, se consider\u00f3 constitucional antes \u2013 SU 418 de 2019 \u2013, previ\u00f3 el legislador antes de la ley 1564 de 2012 \u2013 art. 360 C.P.C \u2013 y, esta Corporaci\u00f3n con fundamento en esta norma, estim\u00f3 como el momento para fundamentar la alzada \u2013 v. gr. SC 4855 de 2014, STL 2791 de 2021 y STL 9267-2021-. <\/p>\n
3.- La \u00abcarga de sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, en oportunidad, ante su destinatario leg\u00edtimo, esto es, el juez de segunda instancia a quien le fue asignada la competencia para esta actuaci\u00f3n, tampoco ri\u00f1e con el principio-derecho de la doble instancia en tanto reconocido constitucionalmente el margen de \u00abconfiguraci\u00f3n legislativa\u00bb con que cuenta el legislador, cuando este le impone l\u00edmites a ese principio-derecho \u201c\u2026, es viable que consagre cargas procesales, entendidas como aquellas situaciones que exigen una conducta de realizaci\u00f3n facultativa establecida en inter\u00e9s del propio sujeto y cuya omisi\u00f3n reporta una consecuencia desfavorable como, por ejemplo, la preclusi\u00f3n de una oportunidad o un derecho procesal o inclusive hasta la p\u00e9rdida del derecho sustancial sometido a la litis. Significa lo anterior que supone un proceder potestativo del sujeto con inter\u00e9s propio y que en caso de incumplimiento acarrea una consecuencia que puede limitar derechos fundamentales\u201d (C-337 junio 29 de 2016). <\/p>\n
4.- Tampoco se trata del cumplimiento anticipado de la \u00abcarga de sustentaci\u00f3n\u00bb si atendemos que el legislador previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su \u00abcumplimiento\u00bb y efecto de su desatenci\u00f3n. Por lo tanto, podr\u00eda aceptarse que se anticipa cuando el acto se realiza ante el juez competente antes del momento previsto legalmente para su realizaci\u00f3n, esto es, durante el tr\u00e1mite de segunda instancia, pero no, cuando se realiza en primera instancia. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n: Estoy convencida que el resguardo no debi\u00f3 ser concedido porque la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, corresponde al desacato por la recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el juez competente y, en la oportunidad se\u00f1alada por el legislador. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi discrepancia. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
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STC16558-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC16558-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2021-02140-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de diciembre dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Olga Lucia Caro Macias frente a la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60081","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60081","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60081"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60081\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60081"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60081"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60081"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}