STC16561-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
STC16561-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04355-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (07) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por el Fondo de Empleados M\u00e9dicos de Colombia \u2013Prom\u00e9dico y Efr\u00e9n Jos\u00e9 Noriega Villadiego, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga\u00b8 tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito de amparo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclaman por intermedio de apoderada judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, en el marco del proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual que en su contra promovieron Jair Vallejo Flores y otros, con radicado No. 2018-00156-01. <\/p>\n
Solicitan entonces, de manera concreta, que se ordene a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga, \u00abdejar sin efecto la decisi\u00f3n (\u2026) de apelaci\u00f3n de sentencia No. 063-2021, fecha junio nueve (9) de dos mil veintiuno (2021), por defecto f\u00e1ctico\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aducen en compendio, que fueron demandados para que indemnizaran los perjuicios causados por el fallecimiento de Carlos Humberto Vallejo Fl\u00f3rez, ocurrido en el accidente de tr\u00e1nsito donde \u00e9ste conduc\u00eda una motocicleta, Efr\u00e9n Jos\u00e9 Noriega Villadiego manejaba un autom\u00f3vil, y el rodante estaba amparado por un contrato de seguro suscrito por \u00e9ste con el Fondo de Empleados M\u00e9dicos de Colombia \u2013Prom\u00e9dicos. <\/p>\n
Sostienen que el 25 de septiembre de 2020, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tulu\u00e1 resolvi\u00f3 exonerarlos de responsabilidad, tras declarar probada la excepci\u00f3n de \u00abcausa extra\u00f1a o culpa exclusiva de la v\u00edctima\u00bb; no obstante, la decisi\u00f3n fue apelada por su contraparte y a la postre, revocada el 9 de junio de los corrientes por la Colegiatura convocada, para en su lugar, entonces, acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda, conden\u00e1ndolos al pago del 75% de los perjuicios que resultaron probados. <\/p>\n
Finalmente afirman, que en dicha determinaci\u00f3n se incurri\u00f3 en el defecto f\u00e1ctico, porque se le dio valor probatorio a los testimonios de Leidy Ram\u00edrez y Liborio Garc\u00eda, pese a las inconsistencias entre sus dichos y con los de otros testigos; se analiz\u00f3 el testimonio de Liborio Garc\u00eda, sin sopesar \u00absu edad, que era de noche, que no hab\u00eda iluminaci\u00f3n y que era totalmente imposible que el se\u00f1or pudiera establecer el lugar de donde sali\u00f3 el autom\u00f3vil a tomar la v\u00eda que de Tulu\u00e1 conduce a Riofr\u00edo, toda vez que no se puede ver desde el parqueadero donde se encontraba\u00bb; y, se rest\u00f3 m\u00e9rito al probado estado de embriaguez en que conduc\u00eda la v\u00edctima, generando el accidente, situaciones que, en criterio de los accionantes, abre paso a la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 24 de noviembre hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Tribunal Superior de Buga, por intermedio de la Magistrada Ponente de la decisi\u00f3n cuestionada manifest\u00f3, que la misma \u00abno obedece a un simple capricho ni tampoco puede ser considerada como arbitraria\u00bb, por el contrario, fue el resultado de la debida valoraci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
b. Jair Vallejo, Gloria In\u00e9s Fl\u00f3rez Capera y Alyda Mar\u00eda y Edwar Alejandro Fl\u00f3rez Vallejo, demandantes dentro del proceso del ep\u00edgrafe, se\u00f1alaron que el fallo proferido por la Colegiatura accionada, es cuestionado de manera gen\u00e9rica, y se omiti\u00f3 informar en el escrito inicial, que por los mismos hechos del juicio criticado, contra el accionante Efr\u00e9n Jos\u00e9 Noriega Villadiego cursa proceso penal por homicidio culposo. <\/p>\n
c. Mois\u00e9s Angulo Ayala, quien dijo ser apoderado judicial del extremo activo dentro del decurso reprochado, expuso similares argumentos a los de los prenombrados. <\/p>\n
d. Diana Mar\u00eda Pinz\u00f3n Arenas, quien dijo ser apoderada judicial de Efr\u00e9n Jos\u00e9 Noriega Villadiego dentro del proceso cuestionado, consider\u00f3 que todas las peticiones realizadas por los accionantes est\u00e1n llamadas a prosperar en virtud de la justicia y la seguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
e. Al momento del registro del proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela es, seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, ante la consumaci\u00f3n o inminencia de violaci\u00f3n de \u00e9stos por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, o en ciertos eventos, de los particulares. <\/p>\n
Por excepci\u00f3n procede contra decisiones o actuaciones jurisdiccionales, ya que s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopta una decisi\u00f3n alejada del r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. En este caso, Efr\u00e9n Jos\u00e9 Noriega Villadiego y el Fondo de Empelados M\u00e9dicos \u2013Prom\u00e9dico, cuestionan a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, en lo fundamental, el fallo proferido el 9 de junio de la presente anualidad por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del 25 de septiembre de 2020 del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tulu\u00e1, Valle, para as\u00ed, acceder parcialmente a las pretensiones del proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual que en su contra adelant\u00f3 Jair Vallejo Flores y otros, pues en su criterio, lo decidido result\u00f3 de la indebida valoraci\u00f3n de los medios de prueba allegados al expediente. <\/p>\n
3. No obstante, una vez revisado el prove\u00eddo emitido por la Colegiatura accionada, se constata que no obedeci\u00f3 al subjetivo designio de la autoridad cognoscente del asunto, ya que, para fundamentar su determinaci\u00f3n, dicha autoridad comenz\u00f3 por establecer que el problema jur\u00eddico a resolver se centraba en \u00abdeterminar, si como lo encontr\u00f3 el a-quo \u00bfen el sub-judice se acredit\u00f3 la causa extra\u00f1a como eximente de la responsabilidad civil derivada de accidente de tr\u00e1nsito en el que falleci\u00f3 CARLOS HUMBERTO VALLEJO FLOREZ (q.e.p.d.)?\u00bb. <\/p>\n
Hecha esta precisi\u00f3n, cit\u00f3 jurisprudencia emitida sobre la tem\u00e1tica por la Corte Suprema de Justicia y de all\u00ed extrajo que \u00abla conducci\u00f3n de automotores se ha considerado de anta\u00f1o riesgosa2, se consideran responsables a quienes se sirven de la cosa u obtienen provecho de su explotaci\u00f3n, o a quienes se les puede atribuir su car\u00e1cter de guardi\u00e1n por tener, en relaci\u00f3n con la misma, un poder de direcci\u00f3n, control y manejo, gener\u00e1ndose de tal modo la inferencia de responsabilidad, que solo se desvirt\u00faa si se prueba, por parte del guardi\u00e1n o de quien se sirve de la actividad o del bien, un factor extra\u00f1o que desplace la culpa potencial presumida <\/p>\n
Entonces, dada la presunci\u00f3n de culpa que opera a favor de la v\u00edctima, basta acreditar al demandante (i) el ejercicio de la actividad peligrosa por parte del demandado, el da\u00f1o, y (ii) el nexo causal entre uno y otro; acreditados los supuestos antes descritos, la parte demandada solamente podr\u00e1 exonerarse acreditando la existencia de fuerza mayor, caso fortuito o la participaci\u00f3n de un tercero o de la v\u00edctima como causante total o parcial del da\u00f1o o proporcionalmente\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, observ\u00f3 que \u00abcentrada la defensa de los demandados en que el se\u00f1or CARLOS HUMBERTO VALLEJO FLOREZ (q.e.p.d.), fue quien se expuso de manera imprudente al riesgo materializado en las lesiones sufridas, mientras conduc\u00eda su motocicleta, es menester recordar, que al demandado que quiera aprovecharse de la culpa de la v\u00edctima ora para neutralizar la responsabilidad que se le endilga o para reducir la indemnizaci\u00f3n, se le exige demostrar en forma fehaciente los hechos sobre los que ella se edifica; los que deben ser contundentes y tener una incidencia latente en el resultado da\u00f1ino\u00bb. <\/p>\n
Con sustento en lo anterior, la Colegiatura accionada consider\u00f3 que, \u00aben primer lugar, debe anotarse que no son de recibo los reproches enarbolados por el abogado de la parte actora, contra la valoraci\u00f3n del informe de tr\u00e1nsito visible en el expediente y el dictamen pericial que con base en este presentaron los demandados, pues no existe evidencia de las supuestas inconsistencias que se le atribuyen al mismo\u00bb, aserto que fundament\u00f3 en el an\u00e1lisis de los respectivos medios de convicci\u00f3n, para colegir que, \u00abno encuentra m\u00e9rito para desconocer el contenido del informe de tr\u00e1nsito correspondiente al accidente de marras, pues como viene de verse, ninguna de las supuestas inconsistencias invocadas por el apoderado judicial recurrente, se halla demostrada u ostenta la magnitud suficiente para inferir que, aquella falta a la verdad ex post facto, percibida por el funcionario que lo suscribi\u00f3\u00bb. <\/p>\n
En seguida, se ocup\u00f3 del an\u00e1lisis de las pruebas y encontr\u00f3 que \u00abno cabe duda que la colisi\u00f3n se present\u00f3 en el carril que naturalmente ocupaba o deb\u00eda ocupar el autom\u00f3vil propiedad del demandado EFREN JOSE NORIEGA VILLADIEGO\u00b8 pues as\u00ed lo muestran los vestigios del impacto encontrados en dicho sendero y la posici\u00f3n final de la v\u00edctima quien, tras el golpe, cay\u00f3 cerca de ese lugar. As\u00ed las cosas, sobre ese espec\u00edfico aspecto, ning\u00fan reparo merece el informe de tr\u00e1nsito, ni el dictamen pericial recaudado. <\/p>\n
Sin embargo, para este Tribunal, la invasi\u00f3n de carril evidenciada no fue la causa eficiente del accidente de tr\u00e1nsito que nos ocupa, en tanto que, las pruebas testimoniales recaudadas, concretamente, el relato obtenido de los se\u00f1ores LEIDY RAMIREZ18 y LIBORIO GARCIA19, dan cuenta de dos circunstancias de gran relevancia para el esclarecimiento de los hechos investigados; la primera, que el conductor del carro involucrado transitaba de forma irregular; y la segunda, que dicha conducci\u00f3n no era ejercida por el demandado\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, estudi\u00f3 los testimonios sustento de esa afirmaci\u00f3n, los que, resalt\u00f3 el Tribunal, \u00abgozan de plena credibilidad para la Sala de Decisi\u00f3n, en tanto que fueron rendidos por personas sin ning\u00fan tipo de inter\u00e9s en la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal, que apreciaron los hechos desde distinta perspectiva y aun as\u00ed guardan plena correspondencia entre los dos; adem\u00e1s, llama la atenci\u00f3n que los deponentes fueron sometidos a extensos interrogatorios por parte de los apoderados judiciales intervinientes, sin que su versi\u00f3n hubiese flaqueado en instante alguno, m\u00e1s all\u00e1 de las imprecisiones propias de un relato sobre acontecimientos acaecidos hace diez a\u00f1os; respondieron cada pregunta de manera seria, conteste y sin vacilaci\u00f3n, se\u00f1alando de forma categ\u00f3rica, que el veh\u00edculo no era conducido por el demandado como se le hizo creer a la autoridad de tr\u00e1nsito \u2013escenario que por s\u00ed solo constituye un indicio en contra del demandado- y que la mujer al volante lo hac\u00eda de forma impudente \u2013en zigzag, invadiendo el carril contrario y retomando el propio recurrentemente-\u00bb. <\/p>\n
Extrajo del dictamen pericial que, \u00abno cabe duda que la v\u00edctima pudo observar la temporal invasi\u00f3n de carril del autom\u00f3vil. Y a partir de estas dos premisas plenamente acreditadas, a saber (i) que el autom\u00f3vil rodaba en zigzag y (ii) que el motociclista pudo observar dicha forma de conducir, se puede inferir razonablemente, que, como lo habr\u00eda hecho cualquiera en su lugar conforme a las reglas de la experiencia, con el fin de evitar la colisi\u00f3n, el joven CARLOS ALBERTO VALLEJO FLOREZ (q.e.p.d.), a su vez, se cambi\u00f3 al corredor contrario, sin contar con que el otro veh\u00edculo retomar\u00eda su camino y posteriormente colisionar\u00edan\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n resalt\u00f3 que, \u00abal margen de lo anterior, existe otra conducta de la v\u00edctima que s\u00ed tuvo incidencia en el accidente de marras, cual es que, aquel transitaba con exceso de velocidad. En efecto, teniendo en cuenta que se trataba de una motocicleta de bajo cilindraje, conforme al informe de tr\u00e1nsito, el notable da\u00f1o ocasionado al autom\u00f3vil en su parte delantera, amen que, de acuerdo con testigos, su conductor sali\u00f3 expulsado varios metros, dan cuenta que alguno de los dos veh\u00edculos rodaba con rapidez. <\/p>\n
Claramente, no se trata del autom\u00f3vil, pues recordemos que el dictamen pericial recaudado, a partir de distintos c\u00e1lculos, en los que se consideraron, tanto el sitio del impacto, como la posici\u00f3n final del rodante, concluy\u00f3 que este transitaba a aproximadamente 41k\/h, escenario consistente con la declaraci\u00f3n de la testigo LEIDY LORENA RAMIREZ BUSTAMANTE, quien mencion\u00f3 que el carro andaba r\u00e1pido pero no demasiado, aunado a la ausencia de huellas de frenado, de uno y otro rodante, lo cual caracter\u00edstico de una colisi\u00f3n intempestiva, propia de eventos a alta velocidad. <\/p>\n
Es as\u00ed que, se insiste, el exceso de velocidad que se deduce de tan aparatoso choque y que habr\u00eda contribuido al siniestro, a raz\u00f3n de haber reducido el margen de maniobrabilidad de ambos conductores, ser\u00eda atribuible al motociclista, quien valga la pena resaltar, conforme a la necropsia practicada, conduc\u00eda con una \u00abconcentraci\u00f3n de etanol en miligramos por cien mililitros de sangre total: 222 mg\/100 ml\u00bb28, resultado que, de acuerdo con la Ley 1548 de 2012, encuadra en el tercer y m\u00e1ximo grado de embriaguez [que se tasa a partir de 150 mg de etanol\/100 ml de sangre] y que a su vez, es bien sabido por cualquier persona, acrecienta la accidentabilidad, dados los conocidos efectos de la ingesta de bebidas embriagantes\u00bb <\/p>\n
De ah\u00ed que se\u00f1al\u00f3 el Tribunal, \u00abcasi sobra decirlo, pero la conducta de la v\u00edctima oper\u00f3 como causa concurrente, que no exclusiva del da\u00f1o, am\u00e9n que su incidencia fue menor, toda vez que, si bien es cierto, haber transitado a la velocidad m\u00e1xima permitida en la zona, a saber, 30 k\/h de acuerdo con el dictamen pericial \u2013cosa que evidentemente no hizo-, habr\u00eda disminuido la posibilidad de colisionar o al menos atenuado sus consecuencias, tambi\u00e9n lo es que, como qued\u00f3 expuesto varios p\u00e1rrafos atr\u00e1s, el joven CARLOS HUMBERTO VALLEJO FLOREZ (q.e.p.d.) no hubiese abarcado el carril que de la ciudad de Tulu\u00e1 conduce a Riofr\u00edo, de no ser por la conducci\u00f3n inusual de la persona al volante del autom\u00f3vil implicado, lo cual se traduce en un mayor grado de responsabilidad, en cabeza de su propietario\u00bb. <\/p>\n
Con soporte en estas consideraciones, la Colegiatura accionada procedi\u00f3 a realizar el c\u00e1lculo de los perjuicios causados a los demandantes e impuso la condena respectiva en contra de los aqu\u00ed accionantes. <\/p>\n
4. De este modo, las precitadas consideraciones dejan en evidencia que, a diferencia de lo considerado por los gestores del amparo, la decisi\u00f3n proferida por la Sala Civil Familia de la Colegiatura accionada se soport\u00f3 en el atendible an\u00e1lisis de normatividad procesal y la jurisprudencia aplicable al caso concreto, y en la ponderaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n, por lo que el mero disentimiento con esa interpretaci\u00f3n realizada por la autoridad del asunto, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, por no ser \u00e9ste un escenario para el reestudio del acontecer de los procesos judiciales, m\u00e1xime cuando, lo que exponen los gestores es su particular manera de analizar los medios de convicci\u00f3n, lo que de por s\u00ed no resta m\u00e9rito a la misma labor que adelant\u00f3 el juzgador del asunto, ni por ende posibilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
Es que, como qued\u00f3 visto, para arribar a la determinaci\u00f3n cuestionada, dicha autoridad analiz\u00f3 detalladamente los medios de convicci\u00f3n, al tamiz del razonable entendimiento de la normativa y la jurisprudencia aplicable, para establecer la manera como ocurri\u00f3 el accidente de tr\u00e1nsito g\u00e9nesis del reclamo judicial, a partir de lo cual pudo establecer una concurrencia de culpas en la generaci\u00f3n del hecho da\u00f1oso, encontrando que en el mismo tuvo mayor incidencia el actuar de los aqu\u00ed interesados, lo que justific\u00f3 condenar a \u00e9stos al pago del 75% de los perjuicios que resultaron probados. <\/p>\n
5. As\u00ed, m\u00e1s all\u00e1 de lo debatible que pudiera resultar la postura adoptada por el Tribunal, no merece reproche en este escenario, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, de modo que, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039-2021). <\/p>\n
6. As\u00ed, estas consideraciones bastan para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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