STC16564-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16564-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04367-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Guillermo Isaza Acero contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Veinticuatro de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y propiedad, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada en el asunto de petici\u00f3n de herencia iniciado por \u00e9l y Enrique Isaza Acero, frente a Dora Beatriz N\u00fa\u00f1ez de Isaza (q.e.p.d.) y Jes\u00fas Hern\u00e1n Isaza N\u00fa\u00f1ez, herederos de Pedro Aurelio Isaza Castro, radicado bajo el N\u00b0 11001-31-10-014-2010-00978-00. <\/p>\n
Solicita, concretamente, \u00abREVOCAR la providencia de 27 de julio de 2021, proferida por el JUZGADO VEINTICUATRO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE BOGOTA D.C., mediante la cual se ordena el levantamiento de la medida de inscripci\u00f3n de la demanda dentro del proceso [censurado], dado que seg\u00fan el criterio y teniendo como base las razones expuestas por el TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA D.C. \u2013 SALA DE FAMILIA-, revoc\u00f3 el auto de 11 de junio de 2019\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos aduce, que dentro del litigio criticado solicit\u00f3 la inscripci\u00f3n de la demanda en el folio de matr\u00edcula del inmueble N\u00b0 50C-1238660 de propiedad de Dora Beatriz N\u00fa\u00f1ez de Isaza, \u00abal parecer (\u2026) c\u00f3nyuge del causante Pedro Aurelio Isaza Castro\u00bb, medida acogida por el Juzgado involucrado, quien, adem\u00e1s, en auto de 11 de junio de 2019, neg\u00f3 la cancelaci\u00f3n de dicha cautela, cuesti\u00f3n exigida por el extremo pasivo. <\/p>\n
Advierte que, apelado ese \u00faltimo pronunciamiento, el Tribunal enjuiciado, en auto de 5 de marzo de 2020, lo revoc\u00f3 para que el a quo \u00abproced[iera] a resolver la solicitud de cancelar la medida cautelar, conforme con los lineamientos [all\u00ed] expuestos\u00bb, decisi\u00f3n adoptada bajo un \u00aberrado an\u00e1lisis\u00bb, pues esa Corporaci\u00f3n estim\u00f3 que la heredad en comento no pertenec\u00eda a la demandada Dora Beatriz, sino a un tercero; sin embargo, le impuso al estrado de primer grado, para proveer de nuevo sobre la cancelaci\u00f3n de la medida, \u00abestudiar las piezas procesales pertinentes, que obran en el expediente original\u00bb, lo cual, en su sentir, significaba que deb\u00eda acudirse al decurso de sucesi\u00f3n de Pedro Aurelio Isaza Castro, tramitado en el Juzgado Diecisiete de Familia de Bogot\u00e1 y donde ya fue admitida su petici\u00f3n de partici\u00f3n adicional en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 518 del C\u00f3digo General del Proceso; sin embargo el Juez de primer grado, soslayando dicho estudio, emiti\u00f3 el auto de 27 de julio de 2021, accediendo al levantamiento de la rese\u00f1ada cautela. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 25 de noviembre hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. La Corporaci\u00f3n censurada indic\u00f3, que desde el 18 de marzo de 2020 devolvi\u00f3 al Juzgado accionado el expediente materia de censura. <\/p>\n
b. Al momento del registro del proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela, como regla general, no resulta viable contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de la justicia constitucional interferir en el escenario de los procesos judiciales en curso o ya terminados, para modificar o sustituir las determinaciones all\u00ed pronunciadas por los jueces naturales de las controversias, porque con ello se quebrantar\u00edan los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial consagrados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Sin embargo, en los precisos casos en los que el funcionario judicial incurre en causal de procedencia del amparo, vale decir, cuando su obrar es arbitrario o caprichoso al punto que lesiona los derechos constitucionales fundamentales, puede intervenir el juez de tutela, \u00fanica y exclusivamente para retirar el acto generador de la violaci\u00f3n o amenaza de las mencionadas prerrogativas, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. En el presente asunto, el accionante reprocha los pronunciamientos de (i) 5 de marzo de 2020, mediante el cual el Tribunal querellado revoc\u00f3 el de 11 de junio de 2019, para imponerle al a quo resolver, nuevamente, sobre la solicitud de cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de la demanda registrada respecto del inmueble con matr\u00edcula N\u00b0 50C-1238660; y el de (ii) 27 de julio de 2021, con el cual dicho Juzgador, en cumplimiento de lo anterior, resolvi\u00f3 levantar la cautela rese\u00f1ada. <\/p>\n
3. Precisado lo anterior, se advierte el fracaso de la protecci\u00f3n exigida por improcedente, pues, frente al primer reparo, es claro que ha transcurrido un t\u00e9rmino excesivo entre el presunto hecho vulnerador, esto es, la decisi\u00f3n de 5 de marzo de 2020, y la formulaci\u00f3n de este auxilio, propuesto el 24 de noviembre de 2021, circunstancia que evidencia la tardanza en la proposici\u00f3n del reclamo tutelar. <\/p>\n
Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991-, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se rese\u00f1\u00f3, transcurri\u00f3 un tiempo significativo -m\u00e1s de 1 a\u00f1o y 8 meses-, sin que se hubiese alegado circunstancia alguna que justificara tal demora. <\/p>\n
La Corte, sobre la materia, ha se\u00f1alado que \u00aba pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada. <\/p>\n
Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC1994-2020). <\/p>\n
4. En torno al segundo motivo de reproche, esto es, la decisi\u00f3n de 27 de julio de 2021, tambi\u00e9n es evidente la improcedencia de la salvaguarda, comoquiera que frente a esa determinaci\u00f3n el tutelante interpuso el recurso de apelaci\u00f3n, ya concedido el 14 de octubre de 2021 y pendiente de tramitarse ante el ad quem; por tanto, no cabe duda que resulta presuroso reclamar cualquier tipo de pronunciamiento al respecto, hasta tanto la particular materia sea resuelta de forma definitiva por la autoridad correspondiente, en la medida en que no puede acudirse con \u00e9xito al amparo cuando est\u00e1n en tr\u00e1mite los instrumentos ordinarios de defensa, pues ello ri\u00f1e con el car\u00e1cter subsidiario y residual que lo caracteriza, no siendo viable pretender reemplazar los senderos legales mediante esta herramienta, dado que el Juez constitucional no puede actuar como si lo fuera de instancia y tampoco puede operar paralelamente con otras actuaciones, ni para interferir en el procedimiento o adelantar su definici\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el ejercicio prematuro de esta acci\u00f3n constitucional, se ha plasmado que \u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC1304-2021). <\/p>\n
5. Estas consideraciones bastan entonces para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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