STC16565-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16565-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04366-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Rafael Tob\u00edas Gregorio Arrieta Jim\u00e9nez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena y el Juzgado Noveno Civil del Circuito de esa misma ciudad, tr\u00e1mite que se hace extensivo a las partes e intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del auxilio reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, presuntamente conculcados por las autoridades convocadas en el marco de la acci\u00f3n publiciana que en vida adelant\u00f3 su padre en contra de Covinoc S.A., radicada bajo el consecutivo n.\u00ba 2009-00265-01. <\/p>\n
Pide concretamente, para la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas superiores, que se deje \u00absin efecto la sentencia proferida en las audiencias de 21 de mayo del 2021 por el tribunal y del juzgado noveno civil del circuito de fecha 21 de octubre del 2019, con el objeto de que se estudien todo el material probatorio que est\u00e1n en el expediente y se profieran las sentencias que en derecho correspondan\u00bb. <\/p>\n
2. En su sustento relata, que para recuperar la posesi\u00f3n del predio que ocup\u00f3 su padre, el se\u00f1or Rafael Arrieta Ben\u00edtez por un \u00abtiempo\u00bb suficiente para adquirirlo \u00abpor posesi\u00f3n mediante prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio o acci\u00f3n publiciana\u00bb, respecto del cual fueron \u00abdespojados de manera violenta por la empresa UNICONIC S.A. en el de 1991\u00bb, este \u00faltimo promovi\u00f3 el juicio de marras, cuyo reparto correspondi\u00f3 inicialmente al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena; sin embargo, fue su hom\u00f3logo Noveno quien defini\u00f3 la instancia el 21 de octubre de 2019, la cual result\u00f3 contraria a las aspiraciones del all\u00ed accionante, raz\u00f3n por la cual, dentro de la oportunidad esa determinaci\u00f3n fue censurada en apelaci\u00f3n, pero el 21 de mayo actual se confirm\u00f3 \u00edntegramente por cuenta de la Magistratura accionada. <\/p>\n
En el criterio del actor, esas providencias quebrantan las prerrogativas fundamentales que le asisten en la medida en que con aqu\u00e9llas se incurri\u00f3 en varias irregularidades, por v\u00eda de ejemplo, deficiente valoraci\u00f3n probatoria, y p\u00e9rdida de competencia por no haber fallado en segunda dentro de los t\u00e9rminos consagrados por el canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso; vicisitudes que, dice, hacen viable la intervenci\u00f3n del juez de tutela en aras de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 25 de noviembre actual se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena, limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir el enlace de acceso al proceso objeto de censura. <\/p>\n
b. Al momento del registro del proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es posible acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, por supuesto se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Examinada la queja constitucional se avizora, que en lo sustancial del asunto, lo criticado por el ciudadano Rafael Tob\u00edas Gregorio es la decisi\u00f3n del 21 de mayo actual de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, a trav\u00e9s del cual se mantuvo \u00edntegramente la sentencia que el 21 de octubre de 2019 profiri\u00f3 el Juzgado Noveno Civil del Circuito de esa misma ciudad, de negar las pretensiones de la demanda \u00abque en ejercicio de la Acci\u00f3n Publiciana instaur\u00f3 el se\u00f1or Rafael Tob\u00edas Arrieta Ben\u00edtez\u00bb, pues, dice, se incurri\u00f3 en una imprecisa valoraci\u00f3n probatoria y en una causal de anulaci\u00f3n por no fallar en tiempo. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisadas las documentales allegadas al presente tr\u00e1mite, no cabe duda del fracaso de lo aqu\u00ed reclamado, por incumplir con el presupuesto de la prontitud que lo gobierna, toda vez que la determinaci\u00f3n que result\u00f3 adversa a l actor (sucesor del inicial demandante), es decir, la que puso fin al litigio, data del 21 de mayo de 2021, mientras que se acudi\u00f3 al amparo constitucional s\u00f3lo hasta el 24 de noviembre pasado, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, lo cual no ocurri\u00f3 en el presente caso, comoquiera que transcurrieron m\u00e1s de 6 meses desde que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 de fondo el litigio, sin que aqu\u00e9l solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con tal determinaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la inmediatez que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n
Sobre la tardanza en acudir al amparo, reiteradamente se ha puntualizado, que \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, \u00e9stos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC2007-2021). <\/p>\n
4. Y aun cuando lo anterior resulta suficiente para dar al traste con el auxilio reclamado, en todo caso se precisa que no se advierte desafuero alguno susceptible de correcci\u00f3n constitucional frente a la decisi\u00f3n que puso fin a la instancia, esto es, la dictada el 21 de mayo de 2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena. Por el contrario, se indica que la misma se sustent\u00f3 en una respetable aplicaci\u00f3n de las normas que gobiernan ese tr\u00e1mite, as\u00ed como una adecuada y completa valoraci\u00f3n de los medios de defensa arrimados al legajo. <\/p>\n
Al efecto, la Corporaci\u00f3n cuestionada precis\u00f3, en primer t\u00e9rmino, que \u00abla ley ampara por razones de equidad al poseedor regular mediante la acci\u00f3n publiciana, consagrada en el art\u00edculo 951 del C\u00f3digo Civil, en el caso en el que el poseedor no ha cumplido integralmente el lapso necesario para la usucapi\u00f3n ordinaria y se ve privado de la posesi\u00f3n\u00bb; aclarado ello, y tras citar amplia jurisprudencia, consider\u00f3 que los documentos en los que se consignaron los actos de compraventa y permuta de la posesi\u00f3n \u00abtienen el valor para demostrar el hecho de la posesi\u00f3n regular que alega la parte demandante, pues no fueron tachados por la parte demandada y corresponden a actos jur\u00eddicos que en su momento realiz\u00f3 el demandante, y para \u00e9l constituyen justo t\u00edtulo\u00bb. Sin embargo, concluy\u00f3 que aunque dichos convenios lograron acreditar que el actor \u00aben alg\u00fan momento fue poseedor\u00bb, no constituyen \u00abjusto t\u00edtulo, ya que este viene a ser el instrumento o documento apto para transferir el dominio sobre un determinado inmueble, tales como, la compraventa, permuta, donaci\u00f3n o aporte de sociedad, y por ello, la posesi\u00f3n del demandado no ser\u00eda regular\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, explic\u00f3 que las copias de las decisiones judiciales aportadas por el accionante como prueba de posesi\u00f3n regular \u00abtampoco sirven\u00bb para el efecto \u00abpuesto que no son justo t\u00edtulo\u00bb, y que aunque el descontento del actor es que presuntamente no se analizaron de forma conjunta con la prueba testimonial, lo cierto era que las declaraciones rendidas \u00abpor los se\u00f1ores Juan de Dios Romero, Ram\u00f3n Fortich y Rafael Paternina, (\u2026) se destaca solamente que Rafael Tob\u00edas Arrieta, en alg\u00fan momento ostent\u00f3 la posesi\u00f3n de dichos predios, sin que de ellos se pueda desprender la existencia de un justo t\u00edtulo\u00bb. Adicionalmente, trajo a colaci\u00f3n una a una las exposiciones all\u00ed recaudadas, para finalmente colegir que el demandante lejos qued\u00f3 de demostrar su posesi\u00f3n regular, sino una \u00abserie de actuaciones que buscaban llegar a acuerdos para recuperar la posesi\u00f3n perdida\u00bb. <\/p>\n
5. Por lo expuesto, se emerge para la Sala que, a diferencia de lo entendido por el gestor del amparo, la decisi\u00f3n a la que arrib\u00f3 la sede judicial accionada se soport\u00f3, precisamente, en una hermen\u00e9utica respetable del art\u00edculo 951 del C\u00f3digo Civil y dem\u00e1s normas concordantes, en cuanto a la procedencia de la acci\u00f3n publiciana, y, a una valoraci\u00f3n adecuada de las pruebas que se recopilaron en el curso del proceso; sin que el mero disentimiento con esa interpretaci\u00f3n realizada por la autoridad del asunto, permita per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, luego queda en evidencia que lo expuesto por el gestor en este escenario, es su particular manera de analizar lo definido por el juez del asunto, sin que por ello pueda descalificarse la labor de \u00e9ste, quien, como se vio, abord\u00f3 en su decisi\u00f3n todas las inconformidades que aquel expuso en sede de apelaci\u00f3n y las defini\u00f3 con fundamento en una argumentaci\u00f3n que no puede ser catalogada como caprichosa o subjetiva. <\/p>\n
6. En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC5908-2021). <\/p>\n
Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
7. Finalmente, la documental no da cuenta que el promotor hubiere puesto en evidencia del juez colegiado las inconformidades que ahora plantea, pues no pidi\u00f3 la aplicaci\u00f3n de los efectos previstos por el canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso, por el contrario, permaneci\u00f3 silente; situaci\u00f3n que pone en evidencia la improcedencia del reclamo, en la medida en que la acci\u00f3n no puede servir al prop\u00f3sito de usarse de forma paralela a las herramientas previstas por el ordenamiento jur\u00eddico y tampoco puede ser empleada como un recurso de \u00faltimo minuto al que se puede acudir para corregir sus propios errores, o para revivir t\u00e9rminos ya fenecidos a consecuencia del propio descuido procesal. <\/p>\n
8. Estas consideraciones bastan entonces para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado el fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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