STC16566-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO BARRERO BUITRAGO <\/p>\n
Conjuez Ponente <\/p>\n
STC16566-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2021-00691-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del dos de diciembre de dos mil veintiuno.) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Sala resuelve la impugnaci\u00f3n interpuesta por Jos\u00e9 Fernando y Juan Sebasti\u00e1n Beltr\u00e1n Guevara contra la providencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 30 de junio de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por la parte recurrente contra las Salas de Casaci\u00f3n Civil, Laboral y Penal de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes acuden al presente mecanismo constitucional, buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, que consideran vulnerados por las accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y sus anexos, extracta la Corte lo siguiente: <\/p>\n
2.1. \u201cEl proceso 2014-0200 objeto de la presente Acci\u00f3n de Tutela se fundamenta en que al margen de lo establecido en el Art. 52 de la Ley 675 de 2001, la constructora AMARILO S.A.S. en cabeza de la JEFE DE LA SALA DE VENTAS, Sra. BRIGIT VARGAS, particip\u00f3 ilegalmente apoderada por AMARILO S.A.S., con derecho a VOZ Y VOTO, en la PRIMERA ASAMBLEA ESPECIAL DE PROPIETARIOS, representando los bienes \u00abno enajenados\u201d (41.38%) mas 12 bienes ya vendidos que no pod\u00eda delegar la Constructora, quienes con otros 18 participantes que no eran propietarios ni ostentaron poder, (presunta suplantaci\u00f3n de los trabajadores de la constructora o firmas falseadas) asumieron la mayor\u00eda decisoria en la reuni\u00f3n frente a un 33.44% de propietarios calificados\u201d. <\/p>\n
2.2. \u201cQue impugnada la reuni\u00f3n ante el Juzgado 2 Civil de Cajica [sic], el proceso fue remitido al JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CIRCUITO DE ZIPAQUIRA[sic], violando la competencia, donde con toda suerte de impedimentos e intentos de retenerlo y archivarlo, durante 6 a\u00f1os se le neg\u00f3 los anexos, poderes y listado de asistencia del ACTA IMPUGNADA y la CONSTANCIA DE PUBLICACI\u00d3N del ACTA\u201d. <\/p>\n
2.3. \u201cQue el d\u00eda 5 de septiembre de 2009 la Sra. JUEZ niega la demanda bajo el argumento arbitrario de que \u00b4por ser mayor\u00eda los \u00abpropietarios que asistieron` (33.88%), a los que \u00b4NO ASISTIERON A LA ASAMBLEA`, 24.76%, \u201cfueron v\u00e1lidas sus decisiones\u201d, arbitrariedad que no consider\u00f3 la ilegalidad en la representaci\u00f3n ejercida por la JEFE DE LA SALA DE VENTAS y que el 24.76% de \u00b4no asistentes a la reuni\u00f3n era un fator[sic] no computable como que se tuvo en cuenta los que no participaron en la reuni\u00f3n para distraer la atenci\u00f3n de la mayor\u00eda impuesta por AMARILO S.A.S. frente a un escaso numero[sic] de propietarios\u201d. <\/p>\n
2.4. \u201cAPELADA la decisi\u00f3n el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNDINAMARCA orden\u00f3 como prueba de Segunda Instancia, allegar los antecedentes del ACTA IMPUGNADA que durante 6 a\u00f1os del proceso hab\u00edan sido \u201cnegados\u201d sobre los cuales se prob\u00f3 su falsedad y que hab\u00edan sido ajustados a las decisiones de la Sra. JUEZ, inconsistencias que inmediatamente fueron informadas al H. Mag. Ponente ORLANDO TELLO HERNANDEZ mediante Memorial No.-66230 del 13 de Febrero de 2020, quien hizo caso omiso y las desconoci\u00f3 para expedir la Sentencia del d\u00eda 27 de julio de 2020 confirmando la decisi\u00f3n de INSTANCIA, al margen del acervo probatorio y la realidad procesal\u201d. <\/p>\n
2.5. \u201cQue interpuesta la ACCION[sic] DE TUTELA No.-11000-02-03-000-2020-02435-00, la SALA CIVIL del TRIBUNAL DE CUNDINAMARCA se neg\u00f3 a trasladar el expediente a la SALA DE CASACION [sic] CIVIL quienes frente a la eventualidad, con ponencia del Mag. TERNERA BARRIOS, negaron el tr\u00e1mite conforme a los t\u00e9rminos de un escrito presentado por AMARILO S.A.S. desconociendo los antecedentes y las pruebas de la ACCION[sic] DE TUTELA dado que el expediente y los soportes fueron literalmente desaparecidos del tr\u00e1mite constitucional. Decisi\u00f3n que luego IMPUGNADA fue confirmada en las mismas circunstancias por la SALA DE CASACI\u00d3N LABORAL\u201d. <\/p>\n
2.6. \u201cQue ante la \u00b4premura` por devolver el expediente, el Mag. Orlando Tello Hern\u00e1ndez, no concedi\u00f3 ni resolvi\u00f3 un recurso interpuesto contra las agencias en derecho reconocidas al \u00b4Apoderado Judicial` de la DEMANDADA, quien apareci\u00f3 avalando las decisiones del TRIBUNAL con un poder entregado por la Administraci\u00f3n de facto elegida en la Asamblea atacada y a quien el JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE ZIPAQUIRA[sic] no le reconoci\u00f3 personer\u00eda por la p\u00e9rdida del mandato\u201d. <\/p>\n
1.RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal de Bogot\u00e1 rindi\u00f3 informe sobre las actuaciones surtidas al interior del proceso objeto de la queja constitucional que nos convoca. <\/p>\n
2. La Salas de Casaci\u00f3n Civil, Penal y Laboral de la Corte Suprema de Justicia rindieron informe sobre las actuaciones surtidas al interior del proceso objeto de la queja constitucional que nos convoca, as\u00ed mismo remitieron copia de las sentencias de tutela CSJ STC2020-03323-00 CSJ ATL398-2021, CSJ STL3318-2021 y CSJ STP5157-2021. <\/p>\n
3. El Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 rindi\u00f3 informe sobre las actuaciones surtidas al interior del proceso objeto de la queja constitucional que nos convoca. <\/p>\n
2. La sociedad Fiduciaria Bogot\u00e1 S.A., indic\u00f3 que la tutela no satisface varios de los requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
3. La sociedad Amarilo SAS, solicit\u00f3 que se deniegue el amparo porque no se vislumbra la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales alegados por los accionantes en la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo de los derechos invocados como vulnerados por la accionante, con fundamento en lo siguiente: <\/p>\n
\u201c4. Tr\u00e1mite respecto del cual se cumplen los presupuestos para la declaratoria de temeridad, seg\u00fan se expone a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
i) Las dos tutelas fueron promovidas por Jos\u00e9 Fernando y Juan Sebasti\u00e1n Beltr\u00e1n Guevara, contra las Salas de Casaci\u00f3n Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Y, aun cuando en la presente, se convoc\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, despu\u00e9s del estudio al libelo, se verifica que en su contra no se exhibi\u00f3 un reclamo en particular, sino que su menci\u00f3n se ofreci\u00f3 en raz\u00f3n de las medidas que han sido adoptadas por los interesados para provocar la revocatoria de las decisiones en sede constitucional sobre las cuales, nuevamente, presentan su descontento. <\/p>\n
ii) En las dos acciones, la carga argumentativa recay\u00f3 fundamentalmente, en las sentencias por medio de las cuales se declar\u00f3 la improcedencia de la demanda de tutela dentro del proceso rad. 2020-03323, en primera y segunda instancia, (CSJ STC11223-2020 y STL3318-2021), por la insatisfacci\u00f3n de la inmediatez y, de manera incidental, en el tr\u00e1mite de recusaci\u00f3n contra un magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, que se calific\u00f3 de irregular. <\/p>\n
Inclusive, en ambos contextos procesales, ponen de presente la existencia de supuestas irregularidades en el proceso civil con radicado 2015-0515 promovido ante el Juzgado 32 Civil del Circuito y la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
(iii) Asimismo, en los dos procedimientos, las pretensiones fundamentalmente se dirigieron a dejar sin efectos las referidas providencias tomadas en sede de tutela por las Salas Civil y Laboral de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed se identifica que el prop\u00f3sito de la parte actora, en los asuntos, se remiti\u00f3 a la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de los promotores y, a consecuencia de ello, se dejen sin efectos las providencias CSJ STC11223-2020 y CSJ STL3318-2021 emitidas por esta Corporaci\u00f3n en sede constitucional, dentro del proceso de tutela 2020-03323. <\/p>\n
5. En tal virtud, no hay duda respecto de la identidad entre la presente demanda y la otra instaurada previamente y, en tal orden de ideas, de conformidad con el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, resulta imperativo declarar improcedente el amparo solicitado por Jos\u00e9 Fernando y Juan Sebasti\u00e1n Beltr\u00e1n Guevara, pues sus inconformidades, como se indic\u00f3, ya fue planteada en otro procedimiento de la misma naturaleza\u201d. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Los accionantes inconformes con la decisi\u00f3n anterior, reiterando los argumentos esgrimidos en la acci\u00f3n de tutela, haciendo especial hincapi\u00e9 en \u201cla H. SALA DE CASACI\u00d3N PENAL por DEFECTO MATERIAL Y SUSTANTIVO se apart\u00f3 del problema a resolver no obstante las pruebas que se allegaron con la presente acci\u00f3n, se neg\u00f3 a calificar la decisi\u00f3n arbitraria del H. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNDINAMARCA violando los Art. 47 y 52 de la Ley 675 de 2001, ignorando el acervo probatorio, [\u2026]\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA SALA <\/p>\n
Atendiendo lo previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo subsidiario y excepcional, tendiente a proteger los derechos fundamentales de las personas, ante la posible amenaza o vulneraci\u00f3n que se derive de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, siempre que carezca de otros medios de defensa judicial. <\/p>\n
Como lo explic\u00f3 el a quo, existe temeridad en la tutela instaurada por los accionantes, toda vez que de la simple lectura del escrito se evidencia la identidad entre la presente demanda y la otra instaurada previamente bajo radicado 116295, la cual fue resuelta en primera instancia, el 4 de mayo de 2021, mediante prove\u00eddo STP5157-2021, por la Sala de Tutelas N\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, en el caso en concreto oper\u00f3 la cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
Es importante recordar que la acci\u00f3n de tutela tuvo g\u00e9nesis en la Carta Pol\u00edtica de 1991 que en su art\u00edculo 86 la consagr\u00f3 como \u201cun procedimiento preferente y sumario\u201d al alcance de cualquier persona para proteger los derechos constitucionales fundamentales vulnerados o amenazados \u201cpor la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica\u201d. <\/p>\n
Por su parte el decreto 2591 de 1991, que reglament\u00f3 dicha figura constitucional, reiter\u00f3 la informalidad que rodea a la solicitud que puede incluso ser presentada en forma verbal, para asegurar con ello que el derecho sustancial prime sobre el procesal. Con todo, a partir de entonces la jurisprudencia constitucional ha fijado ciertos mojones o linderos para que esa ausencia de formalidades no rebase ciertos l\u00edmites especialmente referidos a la clase de derechos que se pueden proteger con ella, a la temporalidad con que debe interponerse especialmente cuando se refiere al debido proceso y adicionalmente a evitar que se convierta en una \u201chistoria sin fin\u201d mediante la utilizaci\u00f3n de la tutela contra tutela. <\/p>\n
Para obviar esta \u00faltima circunstancia, se ha definido, desde anta\u00f1o, que respecto de la acci\u00f3n de tutela se erige la cosa juzgada constitucional con la cual se pretende que por seguridad jur\u00eddica las decisiones de los jueces constitucionales no son objeto de tutela, primero, para defender como se dijo antes la seguridad jur\u00eddica, y en segundo lugar, porque cualquier arbitrariedad o violaci\u00f3n del debido proceso en que pueden incurrir los jueces constitucionales, tienen como escenario procesal \u00fanico el proceso de revisi\u00f3n que lleva a cabo la Corte Constitucional (SU-1219 de 2001, entre otras), de suerte que cuando \u201cla Corte excluye de revisi\u00f3n un caso, o lo escoge y emite la correspondiente sentencia, \u2018\u201dla decisi\u00f3n se torna inmutable y definitivamente vinculante, con lo que est\u00e1 revestida de la calidad de cosa juzgada\u2019\u201d (T-280\/17). <\/p>\n
Ese principio de la cosa juzgada constitucional se rompe cuando las varias acciones de tutela instauradas por un mismo solicitante contienen hechos nuevos que no hab\u00edan sido conocidos previamente por el juez y, al contrario, pueden conducir o no a temeridad cuando confluyen los varios elementos tambi\u00e9n decantados previamente por la jurisprudencia constitucional. <\/p>\n
En este sentido, la Corte Constitucional en un larga l\u00ednea jurisprudencial ha se\u00f1alado que el Juez constitucional no solo tiene la obligaci\u00f3n de rechazar las acciones de tutela cuando se presente multiplicidad en su ejercicio, sino que adem\u00e1s est\u00e1 facultado para imponer sanciones pecuniarias a los responsables, bien sea condenando al peticionario al pago de costas, conforme el art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, o dando aplicaci\u00f3n a la multa de diez (10) o (20) salarios m\u00ednimos mensuales a los que se refieren los art\u00edculos 80 y 81 del C\u00f3digo General del Proceso, siempre y cuando su comportamiento se base en m\u00f3viles o motivos manifiestamente contrarios a la moralidad procesal. <\/p>\n
No es procedente incoar una nueva acci\u00f3n tutelar con base en los mismos hechos y derechos, sin existir argumentos justificados, como los derivados del incumplimiento de una satisfacci\u00f3n extraprocesal. En el mismo sentido, el art\u00edculo 37 del citado Decreto 2591 establece, como requisito adicional, que el demandante en tutela manifieste, bajo juramento, que no ha presentado otra respecto de iguales hechos y derechos, advirtiendo sobre las consecuencias penales del falso testimonio. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el falso testimonio, el art\u00edculo 442 del C\u00f3digo Penal dispone: \u201cARTICULO 442. FALSO TESTIMONIO. <Art\u00edculo modificado por el art\u00edculo 8 de la Ley 890 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:> El que en actuaci\u00f3n judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrir\u00e1 en prisi\u00f3n de seis (6) a doce (12) a\u00f1os.\u201d <\/p>\n
Pues bien, descendiendo al caso en estudio, es evidente que los hechos principales de la tutela corresponden en forma fiel e id\u00e9ntica a los que se han aludido en los escritos de tutela referenciados, lo cual denota la temeridad de los accionantes, a m\u00e1s de incurrir en falso testimonio, pues bajo gravedad de juramento manifiestan no haber presentado acci\u00f3n de tutela por los mismos hechos, siendo que la realidad muestra que han venido utilizando este mecanismo constitucional bajo los mismos fundamentos f\u00e1cticos. <\/p>\n
En esas condiciones, es indudable que, en el caso de la acci\u00f3n de tutela presentada por los accionantes, ha operado ampliamente la cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, lo procedente ser\u00e1 negar el amparo invocado. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
R E S U E L V E: <\/p>\n
Primero. \u2013 Confirmar el fallo impugnado. <\/p>\n
Segundo. – Notificar esta providencia de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Cuarto. -Env\u00edese la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
\u00c1LVARO BARRERO BUITRAGO <\/p>\n
Conjuez Ponente <\/p>\n
JOSE ALBERTO GAIT\u00c1N MART\u00cdNEZ <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
GABRIEL HERN\u00c1NDEZ VILLARREAL <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
EDGAR JAVIER MUNEVAR ARCINIEGAS. <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
JORGE ERNESTO OVIEDO ALB\u00c1N <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
ALEJANDRO VANEGAS FRANCO <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
<\/p>\n
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