STC16567-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16567-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-02085-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Keyla Judith G\u00f3mez Llanos contra la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo, \u00aben conexidad con el libre ejercicio de la profesi\u00f3n\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad convocada, con la demora en la respuesta a la solicitud que formul\u00f3 con el fin de lograr la expedici\u00f3n de la certificaci\u00f3n de la pr\u00e1ctica jur\u00eddica para optar por el t\u00edtulo de abogada. <\/p>\n
Solicita, entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, que \u00aben un t\u00e9rmino prudencial realice el aval de la pr\u00e1ctica jur\u00eddica objeto de este escrito\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo aduce, en s\u00edntesis, que el 24 de noviembre pasado radic\u00f3 ante la entidad accionada solicitud de certificaci\u00f3n de la pr\u00e1ctica jur\u00eddica que realiz\u00f3 como requisito para la obtenci\u00f3n del t\u00edtulo profesional de abogada, sin embargo, a la fecha, ese pedimento no ha sido atendido, por lo que considera se vulneraron las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
3. Mediante auto del 26 de noviembre hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
a.) La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura solicit\u00f3 la desestimaci\u00f3n de la salvaguarda inquirida, luego de esgrimir que la aqu\u00ed interesada \u00absolicit\u00f3 a es[a] Unidad el 24 de noviembre de 2021, v\u00eda correo electr\u00f3nico, el reconocimiento de la pr\u00e1ctica jur\u00eddica, adjuntando los siguientes documentos: Formulario \u00danico de M\u00faltiples Tr\u00e1mites, copia de la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda, certificado de la terminaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de materias expedido por la universidad respectiva, acta de posesi\u00f3n, resoluci\u00f3n de nombramiento y certificado de funciones jur\u00eddicas, cuya copia adjunto\u00bb. <\/p>\n
Que seg\u00fan lo dispuesto en el \u00abart\u00edculo 15 del Acuerdo PSAA10-7543 de 2010, (\u2026) el t\u00e9rmino para proferir el acto administrativo que resuelve la solicitud de reconocimiento de pr\u00e1ctica jur\u00eddica es de diez (10) d\u00edas h\u00e1biles, contados a partir de la fecha en que sean allegados a la solicitud la totalidad de los documentos requeridos para el tr\u00e1mite. As\u00ed mismo, el art\u00edculo 5\u00ba del Decreto 491 de 2020, dispuso ampliar los t\u00e9rminos para resolver peticiones de quince (15) a treinta (30) d\u00edas, el cual rige mientras persista la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional\u00bb, motivo por el cual, al momento de radicaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n tuitiva, hab\u00edan transcurrido tan solo dos (2) d\u00edas \u00abdesde la radicaci\u00f3n de la solicitud (\u2026) y por lo tanto, (\u2026) se encuentra en t\u00e9rmino de resolver la petici\u00f3n y ser\u00e1 tramitada dentro del t\u00e9rmino indicado en la normatividad citada\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, se se\u00f1ala que las solicitudes de pr\u00e1ctica jur\u00eddica est\u00e1n siendo atendidas en estricto orden de llegada, respetando el derecho al turno que le asiste a los usuarios, quienes radicaron sus solicitudes con anterioridad a la fecha en que la accionante present\u00f3 su petici\u00f3n. <\/p>\n
b.) Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades, y eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. El derecho de petici\u00f3n, en consecuencia, tiene una doble dimensi\u00f3n: la posibilidad de acudir ante el destinatario, y, la de obtener una respuesta pronta, congruente y sobre la cuesti\u00f3n planteada, por lo que la esencia de dicha prerrogativa comprende entonces, pronta resoluci\u00f3n, respuesta de fondo, y, notificaci\u00f3n de la respuesta al interesado. <\/p>\n
2. En el presente caso, la accionante acude al presente mecanismo especial de protecci\u00f3n, para que se ordene a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, conteste la petici\u00f3n formulada el 24 de noviembre pasado, y en consecuencia, expida la resoluci\u00f3n que certifique la pr\u00e1ctica jur\u00eddica. <\/p>\n
3. Sin embargo, para la Corte la demanda de amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito de tutela y los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se observa que al momento de la interposici\u00f3n del amparo, no exist\u00eda de parte de aqu\u00e9lla actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna que deba ser enmendada a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, comoquiera que, la petici\u00f3n fue presentada el 24 de noviembre de 2021, mientras que la presente acci\u00f3n constitucional se radic\u00f3 el d\u00eda 25 siguiente, momento para el cual, obviamente, no hab\u00eda transcurrido el t\u00e9rmino de 20 d\u00edas de que trata el ordinal (i) del inciso 3\u00b0 del canon 5\u00b0 del Decreto 491 de 2020, \u00ab[p]or el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atenci\u00f3n y la prestaci\u00f3n de los servicios por parte de las autoridades p\u00fablicas y los particulares que cumplan funciones p\u00fablicas y se toman medidas para la protecci\u00f3n laboral y de los contratistas de prestaci\u00f3n de servicios de las entidades p\u00fablicas, en el marco del Estado de Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica\u00bb, norma que aplica a la fecha, en vista del mentado estado de excepci\u00f3n en el que a\u00fan nos encontramos. <\/p>\n
4. Al punto, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional de tiempo atr\u00e1s ha se\u00f1alado que \u00ab[e]l objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u2018cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad o de los particulares (\u2026)\u2019. As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que \u2018partiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026)\u2019, ya que \u2018sin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u2019. <\/p>\n
Y lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u2018ello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos\u2019\u00bb (STC3695-2021). <\/p>\n
5. Corolario de lo anterior y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone negar la salvaguarda instada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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