STC16616-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16616-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2020-01973-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 9 de diciembre de 2020, que neg\u00f3 la acci\u00f3n constitucional promovida por Ricardo James Castro Ram\u00edrez contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor reclam\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, a no ser discriminado, igualdad, integridad y libertad, presuntamente vulnerados por la autoridad Judicial censurada en el proceso de radicado 2019-00171. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial1y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. El gestor fue condenado con sentencia proferida por el Juzgado \u00fanico Promiscuo Municipal de Altamira (Huila) el 20 de febrero de 2020, a la pena de 12 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n por el delito de violencia intrafamiliar. Manifest\u00f3 su inconformidad con tal decisi\u00f3n, por considerar que su se\u00f1ora madre no tiene testigos que demuestren que \u00e9l la golpeo. Raz\u00f3n por la cual present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, el cual se encuentra en tr\u00e1mite ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva. <\/p>\n
2.2. Adicionalmente, cuestion\u00f3 que su defensa y el ministerio p\u00fablico no realizaron actividad tendiente a salvaguardar sus derechos. <\/p>\n
3. Conforme lo anterior, solicit\u00f3 que se le conceda la libertad inmediata por falta de pruebas. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS. <\/p>\n
1. El Juzgado Municipal de Altamira, inform\u00f3 que el 20 de febrero de 2020 \u00abprodujo el fallo de responsabilidad penal\u2026 y conden\u00f3 al ahora accionante a la pena de 12 a\u00f1os, 6 meses de prisi\u00f3n; a la accesoria de ley, neg\u00f3 el subrogado penal; no hubo condena al pago de perjuicios, en espera de solicitud del incidente reparatorio\u00bb. Inform\u00f3, que en el t\u00e9rmino, el defensor del sentenciado interpuso recurso de apelaci\u00f3n, el cual que no ha sido resuelto. <\/p>\n
2. La Sala Cuarta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, inform\u00f3 que \u00abcon acta de reparto ordinario del 10 de marzo de 2020 la causa adelantada contra el se\u00f1or Ricardo James Castro, por el delito de violencia intrafamiliar, radicado 41026-60-00-588-2019-00171, se asign\u00f3 a esta Sala para resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el fallo condenatorio proferido el pasado 20 de febrero, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Altamira Huila\u00bb. Por lo anterior, afirm\u00f3 que el \u00abrecurso que est\u00e1 en tr\u00e1mite lo que torna improcedente la presente acci\u00f3n de tutela, pues tal decisi\u00f3n no ha cobrado firmeza. Es claro entonces que la queja incumple el principio de subsidiaridad que gobierna esta acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala Tercera del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, manifest\u00f3 que conoci\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n \u00abinterpuesto por la abogada del se\u00f1or CASTRO RAM\u00cdREZ contra la sentencia proferida el 31 de octubre de 2012 por el Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal de Altamira, mediante la cual se conden\u00f3 a dicho se\u00f1or a la pena principal de SETENTA Y DOS (72) MESES DE PRISI\u00d3N, m\u00e1s la accesoria de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por un per\u00edodo igual a la prisi\u00f3n, como autor responsable del delito de violencia intrafamiliar, en el proceso con radicado 41026 60 00 588 2011 8048 01, siendo v\u00edctima su progenitora, se\u00f1ora Trinidad Ram\u00edrez Barrios\u00bb. Sentencia que confirm\u00f3 el 11 de diciembre de 2012. <\/p>\n
4. La Personer\u00eda de Altamira \u2013 Huila, inform\u00f3 que conoci\u00f3 la situaci\u00f3n de maltrato, la puso en conocimiento de la inspecci\u00f3n de polic\u00eda y de la comisaria de familia del Municipio. As\u00ed mismo, remiti\u00f3 copia de la resoluci\u00f3n No. 017 del 4 de julio de 2019, mediante la cual se decret\u00f3 medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar y contra la mujer. <\/p>\n
5. La Fiscal\u00eda 30 Local de Altamira y Tarqui narr\u00f3 que el actor fue investigado, acusado y sentenciado con ocasi\u00f3n de la comisi\u00f3n de un punible de violencia intrafamiliar, del que fuera v\u00edctima su madre, y que fue garante de sus derechos y garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, despu\u00e9s de hacer un recuento de la procedencia de la acci\u00f3n tutelar contra decisiones judiciales, resolvi\u00f3 negar el amparo pretendido, al considerar que \u00ab\u2026la actuaci\u00f3n penal se encuentra en curso, concretamente, est\u00e1 pendiente de emitirse la sentencia de segunda instancia, frente a la cual, de resultar una decisi\u00f3n desfavorable, se podr\u00e1 promover el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, si as\u00ed lo estima conveniente la defensa\u00bb. Por su puesto, destac\u00f3 que \u00abes en ese escenario procesal, donde las partes deben presentar las solicitudes encaminadas a remediar cualquier situaci\u00f3n que estimen desconocedora de sus garant\u00edas. Por tanto, la intervenci\u00f3n del juez constitucional est\u00e1 vedada, pues como se sabe, la acci\u00f3n de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el gestor, quien reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, el actor considera vulnerados sus derechos fundamentales, con ocasi\u00f3n del fallo proferido por el Juzgado cuestionado el 20 de febrero de 2020 – en el proceso de radicado 2019-00171-, con el cual se le conden\u00f3 a una pena de 12 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n por el delito de violencia intrafamiliar. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, en raz\u00f3n a que el ruego implorado deviene prematuro. <\/p>\n
3. Pues bien, del an\u00e1lisis probatorio obrante en el plenario, se observa que la inconformidad del quejoso con la determinaci\u00f3n del 20 de febrero de 2020, radica en que la autoridad enjuiciada lo conden\u00f3 pese a que su madre no cuenta con testigos que afirmen que \u00e9l la agredi\u00f3. No obstante a ello, el actor interpuso recurso de apelaci\u00f3n, el cual se encuentra pendiente de resolverse. <\/p>\n
4. En ese orden, se destaca la improcedencia del ruego incoado, por cuanto resulta prematuro. Toda vez que se est\u00e1 surtiendo el tr\u00e1mite respectivo y a\u00fan el superior no se ha pronunciado sobre la apelaci\u00f3n planteada. As\u00ed las cosas, no le es dable al Juez constitucional sustituir la competencia del juez natural y emitir una decisi\u00f3n anticipada, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual que gobierna la acci\u00f3n tutelar. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (ver recientemente en STC11209-2020, 9 dic. 2020, rad. 2020-00472-01, entre otras). <\/p>\n
De acuerdo con lo expuesto, sin perjuicio de lo decidido en fallo pret\u00e9rito el pasado 9 de diciembre de 2021, esta Sala estima que la petici\u00f3n debe recibirse como prematura, al estar pendiente la determinaci\u00f3n adoptada por el ad-quem. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Folios 1-2. Anexo ESCRITO DE TUTELA.pdf. Subcarpeta 1114030REPARTO.Carpeta 1 11430REPARTO.zip <\/p>\n
<\/p>\n
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