STC16623-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16623-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-00492-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del siete de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (07) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 8 de abril de 2021, con la cual se neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Antony Gomer Rosero Burbano, Ana Patricia Benavidez Ruiz y Eduardo Alfonso Galvis L\u00f3pez, contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, la Laboral del Tribunal Superior de Pasto, y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores, reclamaron la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, seguridad social y \u00abnegociaci\u00f3n colectiva\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades Judiciales cuestionadas en el proceso de radicado 2015-00169-01. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito introductorio1 y las probanzas que obran en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. Los gestores, persiguiendo el reconocimiento de la pensi\u00f3n sanci\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional, adelantaron proceso laboral ordinario en contra del Departamento de Nari\u00f1o \u2013 Fondo Territorial de Pensiones. Del asunto conoci\u00f3 el Juzgado accionado, quien absolvi\u00f3 al ente territorial tras encontrar probada la excepci\u00f3n de inexistencia de sucesi\u00f3n procesal de este frente a la Empresa de Licores de Nari\u00f1o. <\/p>\n
2.2. Inconformes con esa determinaci\u00f3n, los actores impetraron el recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue resuelto por el Tribunal cuestionado el 26 de octubre de 2017, confirmando la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
2.3. En consecuencia, formularon recurso extraordinario de casaci\u00f3n. Sin embargo, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n No. 4 de esta Corporaci\u00f3n, con fallo del 2 de junio de 2020 decidi\u00f3 no casar la sentencia objeto del recurso. <\/p>\n
2.4. Por lo expuesto, alegaron que varios de sus compa\u00f1eros que se encontraban en las mismas condiciones se les otorg\u00f3 dicho beneficio, por lo cual consideran que tienen derecho al reconocimiento de la pensi\u00f3n convencional implorada. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicitaron \u00abDejar sin efectos la decisi\u00f3n proferida por la SALA DE CASACI\u00d3N LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA el d\u00eda 2 de junio de 2020\u2026, que motiva esta acci\u00f3n y en su lugar ordenar A LA ACCIONADA que en el t\u00e9rmino e 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la sentencia de tutela, profiera una nueva sentencia en la cual verifique si los suscritos actores cumplimos los requisitos establecidos para acceder a la pensi\u00f3n demandada, como se estableciera en el precedente contenido en la sentencia T-283 DE 2013 y la sentencia proferida en favor del se\u00f1or FERNANDO ARCENIO CASTRO HIDALGO por la misma SALA DE CASACI\u00d3N LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Magistrado ponente de la Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral2, refiri\u00f3 que con la decisi\u00f3n proferida no se viol\u00f3 el derecho a la igualdad de los accionantes, porque cada proceso en s\u00ed mismo es \u00fanico, con las particularidades de cada caso, y del tr\u00e1mite procesal adelantado. Adem\u00e1s, manifest\u00f3 que \u00abse desestim\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, por considerar que presentaba deficiencias t\u00e9cnicas insalvables\u00bb. Por \u00faltimo, afirm\u00f3 que \u00ablos recurrentes al plantear el cargo, desviaron el ataque, dejando libres los razonamientos del ad quem, desconociendo lo expuesto por esta Sala en la sentencia CSJ SL 42037, 17 may. 2011, seg\u00fan la cual, \u00ab[\u2026] el cargo ha de ser completo en su formulaci\u00f3n, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende\u00bb. <\/p>\n
2. La Magistrada Ponente de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pasto3, en su respuesta, solicit\u00f3 que se denieguen las pretensiones del accionante, teniendo en cuenta que con la decisi\u00f3n del 26 de octubre de 2017, no vulner\u00f3 los derechos fundamentales reclamados. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, despu\u00e9s de relatar las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite debatido, deneg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00abcontrario a lo sostenido por la parte actora, las providencias proferidas por las autoridades accionadas, son razonables y ajustadas a los par\u00e1metros legales y constitucionales\u00bb. Adem\u00e1s, destac\u00f3 que \u00abla parte accionante busca cuestionar el raciocinio jur\u00eddico de la jurisdicci\u00f3n laboral y, con ello, protestar por el sentido de la decisi\u00f3n adoptada por la accionada. Entendiendo, como se sabe, que la acci\u00f3n de tutela no es una herramienta jur\u00eddica complementaria, que en este evento, se convertir\u00eda pr\u00e1cticamente en una instancia adicional, no es adecuado plantear por esta senda la incursi\u00f3n en causales de procedibilidad, originadas en las determinaciones que negaron las pretensiones de la demanda\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales de los gestores, con ocasi\u00f3n de la sentencia proferida el 2 de junio de 2020, que no cas\u00f3 la determinaci\u00f3n proferida por la Sala de Decisi\u00f3n Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto el 26 de octubre de 2017. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que la Corporaci\u00f3n enjuiciada en la sentencia del 2 de junio de 2020, al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, expres\u00f3 los motivos por los cuales no cas\u00f3 la sentencia del 26 de octubre de 2017. Para ello, aclar\u00f3 que en el recurso de casaci\u00f3n se confrontan, directa o indirectamente, las normas pertinentes al caso y la sentencia debatida, m\u00e1s no, los argumentos de quienes actuaron en las instancias. <\/p>\n
Seguidamente, precis\u00f3 que adem\u00e1s de los requisitos formales para la admisi\u00f3n del recurso, se requiere \u00abde un planteamiento y desarrollo l\u00f3gicos, que se muestren acordes con lo propuesto por quien hace valer el recurso, el cual, por la seriedad de los fines que persigue, exige que el recurrente cumpla cabalmente con la carga de demostrar la ilegalidad de la sentencia acusada\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en su an\u00e1lisis, la Sala encontr\u00f3 deficiencias en el recurso presentado. Para ello, destac\u00f3 que \u00abel cargo se orienta por la senda indirecta en la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 60 del CPC (hoy 68 del CGP), 467, 468, 469, 470 y 476 del CST, 4 del Decreto 1296 de 1994 y 336 de la CN, los recurrentes incurren en un contrasentido, pues como es sabido, esta senda gravita en torno a una inconformidad en cuanto a lo f\u00e1ctico, sin embargo en su demostraci\u00f3n, hacen alusi\u00f3n a una violaci\u00f3n por la v\u00eda directa del art. 60 del CPC, hoy 68 del CGP.\u00bb. en consecuencia, coligi\u00f3 que \u00abla censura de manera equivocada mezcla las v\u00edas directas e indirectas de violaci\u00f3n de la ley sustancial, las cuales son excluyentes\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, evidenci\u00f3 que el Ad quem consider\u00f3 que en el caso en concreto no oper\u00f3 la sucesi\u00f3n procesal entre la liquidada -Empresa de Licores y el Departamento de Nari\u00f1o- en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 68 del CGP. <\/p>\n
Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que si hipot\u00e9ticamente el ente territorial fuera sucesor procesal de la liquidada Empresa Licorera de Nari\u00f1o, \u00abno habr\u00eda lugar a despachar en forma favorable las pretensiones, conforme se indic\u00f3 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al tratar un caso similar, como en la sentencia CSJ SL 16746, 5 nov. 2014, porque la terminaci\u00f3n de los contratos laborales fue impartida por la Empresa Licorera de Nari\u00f1o, y no, por el Departamento de Nari\u00f1o, adem\u00e1s, el ente territorial no hizo parte del acuerdo convencional\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, encontr\u00f3 tres errores por parte de los recurrentes que lo condujeron a no casar la sentencia, \u00abel primero concierne, a no dar por demostrado, est\u00e1ndolo, que los demandantes son beneficiarios de la pensi\u00f3n sanci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 35 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo vigente en la Empresa Licorera de Nari\u00f1o liquidada, por haber prestado m\u00e1s de 15 a\u00f1os de servicios a entidades p\u00fablicas, de los cuales 10 o m\u00e1s fueron prestados a la entidad, siendo despedidos sin justa causa en raz\u00f3n a su liquidaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al segundo error, \u00abrelativo a dar por demostrado sin estarlo, que solo los trabajadores que demandaron a la Empresa Licorera de Nari\u00f1o antes de su liquidaci\u00f3n, eran beneficiarios de la sucesi\u00f3n procesal que les permit\u00eda acceder a la pensi\u00f3n sanci\u00f3n establecida en la cl\u00e1usula 35 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo, es un razonamiento de orden jur\u00eddico realizado por el tribunal, que tiene que ver con los presupuestos para que opere la sucesi\u00f3n procesal, y no, de \u00edndole f\u00e1ctico, como lo indicaron los recurrentes, por ende, debi\u00f3 plantearse por la v\u00eda directa.\u00bb <\/p>\n
El tercer error observado, consisti\u00f3 en \u00abno dar por demostrado, est\u00e1ndolo, que a los demandantes se les aplica el precedente de la Corte Constitucional fijado en la sentencia CC T-283-2013, por reunir los mismos presupuestos f\u00e1cticos de los actores de aquella, se tiene, que el colegiado respecto del citado pronunciamiento, lo que consider\u00f3, fue que solo tuvo efectos inter partes, por lo que no pod\u00eda aplicarse en el presente asunto; razonamiento tambi\u00e9n de \u00edndole jur\u00eddico, cuyo cuestionamiento debi\u00f3 avocarse por la v\u00eda directa.\u00bb <\/p>\n
Igualmente, sustent\u00f3 su decisi\u00f3n en sentencias de esta Corporaci\u00f3n, tales como CSJ SL 32195 del 9 de abril de 2008, CSJ SL 16746 del 5 de noviembre de 2014, CSJ SL 41314 del 23 de marzo de 2011, CSJ SL 42037 del 17 de mayo de 2011, CSJ SL 3244-2014, entre otras. <\/p>\n
4. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por lo tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez natural -como ya lo se\u00f1al\u00f3 el a quo constitucional-, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable. Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis jurisprudencial y normativo del tema debatido y de una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas. <\/p>\n
4.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. En el punto, es necesario destacar que el Juez de tutela s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en el sub examine, pues no se observa un juicio il\u00f3gico o contraevidente del material probatorio. <\/p>\n
4.2. En una palabra, esta Sala ha sostenido reiteradamente que el Juez Constitucional, en principio, no se ocupa de la valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de las probanzas, pues, se insiste, ello ata\u00f1e al juez natural -con su respectiva independencia-. Al respecto, <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC8884-2020, 22 oct., rad. 2020-02553-00, STC 2462-2021, 12 de marzo, entre otras). <\/p>\n
6. Finalmente, con relaci\u00f3n a la presunta vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad, se comparte lo decidido en la determinaci\u00f3n constitucional impugnada, en el sentido que \u00ablo aportado en el expediente constitucional no acredita que los interesados hayan sido discriminados por las autoridad accionada, en relaci\u00f3n con otras personas. Cabe precisar al respecto que cada asunto de competencia del juez natural debe ser valorado de manera individual, amparado en los principio de autonom\u00eda individual, consagrados en el art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica, en tanto sus efectos son exclusivamente inter partes\u00bb. Tal como fue valorado en el presente caso. <\/p>\n
7. Por lo razonado en precedencia, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-35, Anexo b16b4294-7da6-4e73-a59d-3f3c75dea639.pdf. Carpeta 1 115671REPARTO <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-4. Anexo Respuesta Rad. 80347.pdf. Subcarpeta RESPUESTAS 115671. OneDrive_2021-08-13 (3) RESPUESTAS.zip. Carpeta 2 115671AVOCA. <\/p>\n
3\u0002 Folio 1-2. Anexo CONTESTACION TUTELA 115671 RADICADO UNICO 11001020400020210049200.pdf. Subcarpeta RESPUESTAS 115671. OneDrive_2021-08-13 (3) RESPUESTAS.zip. Carpeta 2 115671AVOCA <\/p>\n
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