STC16633-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16633-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-01008-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 27 de mayo de 2021, con la cual se rechaz\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Adri\u00e1n Emiro Quesada Cuesta, como agente oficioso de Jhon Fredy Garc\u00eda Viana contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y \u00abprincipio estricto de legalidad\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad judicial acusada en el proceso penal de radicado 2008-80031. <\/p>\n
2. En sustento de su queja, expuso que en su condici\u00f3n de apoderado judicial de Jhon Fredy Garc\u00eda Viana, procesado por la presunta comisi\u00f3n del delito de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir, interpuso recurso de apelaci\u00f3n1 contra la sentencia condenatoria2 proferida en primera instancia por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolomb\u00f3, en el proceso penal referido. <\/p>\n
2.1. Al desatar el recurso, la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, con sentencia del 30 de abril de 2021 declar\u00f3 la nulidad de lo actuado \u00abdesde la presentaci\u00f3n del escrito de acusaci\u00f3n, inclusive\u2026 dado los defectos\u2026que afectan gravemente la estructura del proceso y en especial el derecho de defensa y la v\u00edctima\u00bb. Esto por cuanto \u00abla precariedad descriptiva de la hip\u00f3tesis acusatoria no permite delimitar el componente f\u00e1ctico espec\u00edfico del delito por el cual se adopt\u00f3 la condena\u00bb3. <\/p>\n
2.2. Inconforme con lo resuelto, el actor promovi\u00f3 la presente acci\u00f3n de tutela, pues en su sentir \u00abla nulidad del proceso se advierte manifiestamente inconducente al dirigirse contra un acto procesal de parte, como lo es la acusaci\u00f3n, siendo que esa medida extrema s\u00f3lo procede frente a actuaciones de los funcionarios judiciales\u2026 por lo que la irregularidad de los mismos debe repararse con la anulaci\u00f3n, claro est\u00e1 si ello no fue posible con otros remedios como la correcci\u00f3n de los actos irregulares o la revocatoria de las providencias en sede de impugnaci\u00f3n\u00bb por lo que, \u00aben el presente caso el Tribunal frente a toda duda razonable debi\u00f3 absolver a mi prohijado, por el componente f\u00e1ctico espec\u00edfico del delito por el cual se adopt\u00f3 la condena, la fiscal\u00eda no prob\u00f3 el aspecto temporal de manera precisa\u00bb. Finaliz\u00f3 precisando que, \u00abel escrito de acusaci\u00f3n en su momento cumpli\u00f3 su finalidad respetando las garant\u00edas procesales\u00bb4. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3, conforme a lo relatado, se revoque la \u00ab\u2026sentencia del TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA SALA PENAL DE DECISI\u00d3N, del 30 de abril de dos mil veintiuno, y se emita sentencia absolutoria\u00bb5. <\/p>\n
4. Avocado el conocimiento, el a quo constitucional advirti\u00f3 que \u00abel nombrado abogado interpuso demanda de amparo para la defensa de derechos fundamentales de los que no es titular, sin tener mandato especial para ello, como tampoco se le podr\u00eda aceptar que lo hiciere como agente oficioso\u00bb. Por tanto, lo requiri\u00f3 a efectos que aportara poder especial para actuar o indicara las circunstancias que lo facultaban para obrar como agente oficioso de Jhon Fredy Garc\u00eda Viana, \u00abso pena de ser rechazada la demanda de tutela\u00bb. <\/p>\n
4.1. En oportunidad legal, el gestor manifest\u00f3 que, \u00absi bien dentro del escrito de tutela no existe argumento que obstaculice a Jhon Fredy Garc\u00eda Viana a ejercer de manera directa la acci\u00f3n de tutela, no es menos cierto que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolomb\u00f3 Antioquia, emiti\u00f3 sentencia condenatoria\u2026lo cual oblig\u00f3 a mi prohijado a evadirse de la justicia\u00bb, por tanto, \u00abobrando en mi calidad de apoderado dentro del proceso referido\u00bb y debido a \u00abla imposibilidad de ubicaci\u00f3n del directamente interesado, a trav\u00e9s de familiares y amigos, me oblig\u00f3 a obrar como agente oficioso\u00bb. En consecuencia, solicit\u00f3 que \u00abse le d\u00e9 tr\u00e1mite a la presente acci\u00f3n de tutela6\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal constitucional rechaz\u00f3 el resguardo por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, en raz\u00f3n a que, \u00abcuando se pretende defender intereses de otra persona, como ocurre en este caso\u2026convergen ciertas exigencias indispensables que se demandan para habilitar su accionar\u00bb, las cuales no fueron acreditadas por el memoralista. Esto por cuanto, \u00abla norma legitima para que incoe la acci\u00f3n de amparo solamente a la persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien puede hacerlo de manera directa o por medio de representante, bien que este sea judicial o un agente oficioso\u00bb. <\/p>\n
En ilaci\u00f3n con lo expuesto, determin\u00f3 que \u00abno se ha acreditado situaci\u00f3n alguna que dificulte a Jhon Fredy Garc\u00eda Viana a ejercer de manera directa la acci\u00f3n de tutela\u2026 el propio libelista reconoci\u00f3 que dentro del escrito de tutela no existe argumento que obstaculice\u2026 a ejercer de manera directa la acci\u00f3n de tutela\u00bb. Finalmente, resalt\u00f3 que, \u00abresulta un comportamiento insensato que, frente a una decisi\u00f3n que es contraria a los intereses de Jhon Fredy Garc\u00eda Viana, \u00e9l escape a su acatamiento; y frente a una situaci\u00f3n que eventualmente puede llegar a representar beneficios para \u00e9l, otra persona sea quien busque su amparo judicial, bajo el mandato de la agencia oficiosa, sin encontrarse, se itera, en condici\u00f3n de debilidad manifiesta\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el quejoso, argumentando que \u00abel proceso de tutela es un procedimiento preferente y sumario, en el cual se le otorga plena libertad al juez de tutela para proferir un fallo garantista y proteccionista de los derechos fundamentales de los implicados, a\u00fan prescindiendo de cualquier consideraci\u00f3n formal\u00bb. Igualmente, anex\u00f3 el poder conferido por Jhon Fredy Garc\u00eda Viana y solicit\u00f3 que \u00abse d\u00e9 tr\u00e1mite formal al escrito de tutela tomando una decisi\u00f3n de fondo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales alegados por el accionante, al decretar la nulidad del proceso penal cuestionado desde el escrito de acusaci\u00f3n, inclusive, \u00abpara que se adelante el proceso como es debido\u00bb. Ello pues, a su juicio, el tribunal \u00abfrente a toda duda razonable\u2026debi\u00f3 absolver a mi prohijado\u00bb. <\/p>\n
2. De entrada, es preciso anotar que lo decidido en primer grado por el Tribunal constitucional no se advierte contrario a las demostraciones arrimadas en dicha oportunidad. Sin embargo, se observa que Adri\u00e1n Emiro Quesada Cuesta se encuentra legitimado para representar a Jhon Fredy Garc\u00eda Viana, debido a que ados\u00f3, con el escrito impugnatorio poder que avizora su inter\u00e9s de defender las prerrogativas constitucionales de este \u00faltimo. <\/p>\n
3. Aclarado lo anterior, se indica que el accionante encamina su censura a que se conceda la tutela y se revoque la sentencia que declar\u00f3 la nulidad del proceso penal adelantado en contra de Garc\u00eda Viana, desde el escrito de acusaci\u00f3n y en su lugar se absuelva a su representado. <\/p>\n
4. En ese orden de ideas, la Corte avizora la improcedencia del ruego incoado. Ello pues, se observa que la decisi\u00f3n cuestionada evidencia \u00ablos errores en que incurri\u00f3 la fiscal\u00eda al momento de fijar los hechos jur\u00eddicamente relevantes en los que soport\u00f3 la acusaci\u00f3n\u2026confundi\u00f3\u2026los medios de prueba, los hechos indicadores y los hechos jur\u00eddicamente relevantes\u2026la falta de claridad sobre aspectos determinantes, conllevan a una defectuosa labor probatoria y acusatoria\u00bb Lo expuesto, imposibilitaba el \u00abejercicio pleno del derecho a la defensa, pues indefectiblemente el acusado tendr\u00eda que defenderse de suposiciones totalmente ambiguas sobre un elemento b\u00e1sico de los hechos jur\u00eddicamente relevantes, y que fue tenido en cuenta por el juez de primera instancia para condenar\u00bb. <\/p>\n
A la par precis\u00f3 que, \u00abla fiscal\u00eda efectu\u00f3 una incipiente exposici\u00f3n de los hechos jur\u00eddicamente relevantes, omitiendo entregar datos claros sobre aspectos determinantes de orden sustancial, en concreto, sobre las circunstancias modales y temporales en las que supuestamente se cometi\u00f3 el delito por el que se efectu\u00f3 la acusaci\u00f3n jur\u00eddica, y se conden\u00f3 en primera instancia\u00bb7. En consecuencia, \u00abla decisi\u00f3n de nulidad se hace necesaria dado que los defectos ya relacionados afectan gravemente la estructura del proceso y en especial el derecho de defensa y la v\u00edctima de acuerdo a lo dispuesto en el art\u00edculo 457 del C.P.P.\u00bb. <\/p>\n
5. De lo expuesto se sigue que el estado actual del proceso penal debatido imposibilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. En efecto, est\u00e1 pendiente en el escenario natural lo pertinente frente al debate del juicio oral -etapa en la cual el acusado podr\u00e1 ejercer su leg\u00edtimo derecho de defensa a fin de esclarecer su participaci\u00f3n en la comisi\u00f3n del delito que all\u00ed se le endilga-. <\/p>\n
Por supuesto, dado el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela, se destaca que este no es el escenario apropiado para definir la absoluci\u00f3n de los cargos pretendidos por esta senda por el apoderado de Garc\u00eda Viana. Ello pues, corresponde a un asunto que debe ser alegado al interior de la causa penal, cuya aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n normativa es del resorte exclusivo del juez de conocimiento en la fase del juicio oral. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha sido congruente en se\u00f1alar que, <\/p>\n
\u00ab[E]ste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb. (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01. reiterado en STC3807-2018, 20 mar. 2018, rad. 2018-00327-01; CSJ STC, 2 jun. 2020, rad. 2020-00195-01; CSJ STC5074-2020,7 may. 2021, rad. 2021-00081-01). <\/p>\n
En todo caso, los motivos invocados por el tutelante no justifican acudir directamente a este mecanismo excepcional. M\u00e1xime cuando, it\u00e9rese, se est\u00e1 surtiendo el proceso necesario para resolver lo que pretende por esta v\u00eda. Lo contrario, equivaldr\u00eda a sustituir la competencia atribuida al juez penal de conocimiento, competente para resolver sobre lo pertinente. As\u00ed pues, la tutela no puede converger con v\u00edas judiciales diversas, por cuanto \u00abno es un mecanismo que sea factible de elegir seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo espec\u00edfico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre \u00e9ste y la acci\u00f3n de tutela porque siempre prevalece -con la excepci\u00f3n dicha- la acci\u00f3n ordinaria\u00bb (CC Sentencias C-542-1992, C-132-2018). <\/p>\n
6. Por lo expuesto, el fallo impugnado se deber\u00e1 ratificar, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Buscando la absoluci\u00f3n de su representado Jhon Fredy Garc\u00eda Viana <\/p>\n
2\u0002 De 9 de octubre de 2019 <\/p>\n
3\u0002 Pdf. Prueba. Sentencia de segunda instancia. 30 de abril de 2021. Folio. 10 <\/p>\n
4\u0002 Escrito de tutela. <\/p>\n
5\u0002 Folio. 11. Escrito de tutela. <\/p>\n
6\u0002 Subsanaci\u00f3n de tutela. 21 de mayo de 2021. <\/p>\n
7\u0002 Sentencia de segunda instancia. 30 de abril de 2021. Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia. <\/p>\n
<\/p>\n
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