STC16635-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16635-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01062-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del siete de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 3 de junio de 2021, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por la Fiscal\u00eda 23 Seccional de la Direcci\u00f3n Especializada Contra la Corrupci\u00f3n, frente la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite fueron vinculados: El Juzgado 40 Penal del Circuito de Bogot\u00e1 y las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2019-02252-01. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La autoridad promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad Judicial cuestionada al interior de la referida causa. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito introductorio1 y las probanzas que obran en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. Luis Francisco Perdomo Claros, es acusado en dos investigaciones por el delito de concusi\u00f3n en concurso heterog\u00e9neo con enriquecimiento il\u00edcito de particular, por su actuaci\u00f3n como director del COMEB-PICOTA. <\/p>\n
La primera cursa en el Juzgado 50 Penal del Circuito, con radicado 110016000000201802422, cuyos hechos relevantes est\u00e1n constituidos en la exigencia de dinero a Jos\u00e9 Bayron Piedrahita, privado de la libertad, con el fin \u00abde que permitiera ingresar familiares y amigos que no se encontraban en el sistema vistor con el fin de despedirse antes de ser extraditado a Estados Unidos\u00bb. <\/p>\n
La segunda investigaci\u00f3n, se tramita en el Juzgado 40 Penal del Circuito con radicado 110016000000201902252, relacionado con la solicitud de dinero al se\u00f1or Piedrahita y a su compa\u00f1ero de patio Horacio de Jes\u00fas Triana Romero, quienes aspiraban ser los Jefes o \u00abplumas del patio\u00bb. <\/p>\n
2.2. El apoderado del acusado, solicit\u00f3 la conexidad de los procesos referidos. Sin embargo, dicha petici\u00f3n fue negada el 11 de junio de 2020 por el Juzgado 40 Penal del Circuito. Contra esa determinaci\u00f3n, el acusado interpuso recurso de apelaci\u00f3n. La Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad, el 6 de mayo de 2021 la revoc\u00f3. En su lugar, decret\u00f3 la conexidad solicitada. <\/p>\n
2.3. Inconforme con esa decisi\u00f3n, la autoridad accionante promovi\u00f3 el presente amparo, pues consider\u00f3 que no se dan los requisitos exigidos para decretar la conexidad de dichas investigaciones -se tratan de hechos diferentes en tiempo y modo, as\u00ed como las personas vinculadas en una y otra y los elementos materiales probatorios y evidencia f\u00edsica, \u00ablo que fue distorsionado al momento de tomar la decisi\u00f3n por parte del Tribunal\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abNo se puede err\u00f3neamente indicar que un hecho tan diferente como es la presunta flagrancia cometida por \u00e9l solo, en calidad de AUTOR, sin ayuda de nadie, ocurridos los d\u00edas 14 y 27 de septiembre, de la que adem\u00e1s estaremos seguros, la se\u00f1ora CASTILLO NAVARRO no tuvo conocimiento, pueda decirse que tiene unidad de tiempo y lugar con tres eventos que ocurrieron en diferentes momentos\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales. A su vez, que se revoque la decisi\u00f3n del 6 de mayo de 2021, a fin de no prosperar la conexidad de las investigaciones mencionadas. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Secretar\u00eda del Juzgado 40 Penal del Circuito de Bogot\u00e1, luego de narrar sus actuaciones, inform\u00f3 que se encuentra a la espera de que el Juzgado 50 le remita el expediente con el fin de darle tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. Mary Stella Paternina Parrado, Defensora de Familia del I.C.B.F, expres\u00f3 que \u00abno existe raz\u00f3n jur\u00eddica o f\u00e1ctica para que el ICBF y\/o la suscrita, sea vinculada a la presente Acci\u00f3n de Tutela, puesto que no funjo como Parte ni como Interviniente, testigo, u otra condici\u00f3n en los procesos penales de los Juzgados 40 y 50 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogot\u00e1\u00bb <\/p>\n
3. Jos\u00e9 Antonio Torres, Coordinador del Grupo de Tutelas del INPEC, indic\u00f3 que no ha vulnerado los derechos fundamentales mencionados en la acci\u00f3n tutelar y que la entidad a la que pertenece no es la encargada de dar soluci\u00f3n a lo planteado por la accionante. Raz\u00f3n por la cual pidi\u00f3 que se declare la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
4. Juan Pablo Mancera, apoderado del INPEC, exigi\u00f3 que \u00abse despache favorablemente la acci\u00f3n de tutela de la referencia, por cuanto se evidencia la vulneraci\u00f3n de derecho fundamental al debido proceso, por falta de motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n objeto de reproche\u00bb. <\/p>\n
5. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, manifest\u00f3 que en su actuaci\u00f3n no le desconoci\u00f3 ning\u00fan derecho fundamental a la actora, toda vez que, su decisi\u00f3n est\u00e1 ajustada a la Constituci\u00f3n y la ley. Se\u00f1al\u00f3 que \u00abConforme a lo dispuesto en el art. 51 de la Ley 906 de 2004, la conexidad en manera alguna supone que los hechos de uno y otro caso sean los mismos, como tampoco en este caso se parti\u00f3 de una tal hip\u00f3tesis para decretar la conexidad. Lo que se adujo es que en los dos procesos existe homogeneidad no solo en el modo de actuar de LUIS FRANCISCO PERDOMO CLAROS, sino que adem\u00e1s existe una relaci\u00f3n razonable de lugar y tiempo, a la vez que, inclusive, seg\u00fan lo advirti\u00f3 el Juzgado 40 Penal del Circuito de Conocimiento de la ciudad, hay comunidad de evidencia, todo lo cual, es completamente compatible con la disparidad de hechos, como es apenas entendible\u00bb <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, despu\u00e9s de hacer un an\u00e1lisis de los requisitos de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, neg\u00f3 el amparo. Para ello, consider\u00f3 \u00abrevisada la decisi\u00f3n cuestionada, se observa que la autoridad demandada analiz\u00f3 en debida forma el caso concreto, las disposiciones legales previstas frente a la conexidad procesal y concluy\u00f3 que era procedente declararla\u00bb. Aunado a lo anterior, destac\u00f3 tambi\u00e9n la improcedencia del amparo, pues el proceso penal debatido se encuentra en curso [etapa de juzgamiento]. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la promotora, cuestionando el an\u00e1lisis realizado en la sentencia de primera instancia e insistiendo en los argumentos esbozados en el escrito inaugural. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales de la entidad gestora, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictada el 6 de mayo de 2021, con la cual se decret\u00f3 la conexidad de las causas penales referidas. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que el colegiado encarado mediante prove\u00eddo del 6 de mayo de 2021, expres\u00f3 las razones que lo llevaron a decretar la conexidad de los procesos de radicados 20190225201 y 20180242201. Motivo de inconformidad de la querellante. Para ello, comenz\u00f3 por referirse sobre el marco jur\u00eddico para decretar la conexidad -esto es los art\u00edculos 50, 51 y 52 de la ley 906 de 2004-. <\/p>\n
As\u00ed mismo, sobre los motivos de inconformidad de la quejosa, se evidencia que el Tribunal accionado se ocup\u00f3 de los hechos, al se\u00f1alar que el acusado \u00aben su condici\u00f3n de director del COMEB-PICOTA, le exigi\u00f3 la suma de $68.000.000.oo al interno JOS\u00c9 BAYRON PIEDRAHITA CEBALLOS, quien efectivamente se los entreg\u00f3, a cambio de dejarlo como jefe o pluma del respectivo patio\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, relacion\u00f3 el hecho en que \u00aben otra fecha que la Fiscal\u00eda no indica, por permitirle al nombrado recluso el ingreso de algunos familiares y amigos que quer\u00edan despedirse antes de que fuera extraditado, LUIS FRANCISCO PERDOMO CLAROS le solicito $30.000.000.oo, de los cuales se le entregaron $10.000.000.oo el 14 de septiembre de 2018 y $20.000.000.oo el 27 del mismo mes y a\u00f1o en el restaurante El Corral Gourmet, localizado frente al bunker de la Fiscal\u00eda, donde el acusado fue capturado en flagrancia\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, no pas\u00f3 por alto, que en audiencia preliminar el Juzgado 12 Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1, el 1\u00ba de octubre de 2018 legaliz\u00f3 la captura y se le formularon cargos por los delitos de Concusi\u00f3n y Enriquecimiento il\u00edcito de particulares. <\/p>\n
Por lo anterior concluy\u00f3 que \u00abpara la Sala, es innegable que en los dos procesos existe homogeneidad no solo en el modo de actuar de LUIS FRANCISCO PERDOMO CLAROS, sino que adem\u00e1s existe una relaci\u00f3n razonable de lugar y tiempo, a la vez que, inclusive, seg\u00fan lo advirti\u00f3 el Juzgado 40 Penal del Circuito de conocimiento de la ciudad, hay comunidad de evidencia\u00bb. Motivo por el cual decret\u00f3 la conexidad. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por lo tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez natural -como ya lo se\u00f1al\u00f3 el a quo constitucional-, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable. Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis jurisprudencial y normativo del tema debatido y de una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas. <\/p>\n
3.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. En el punto, es necesario destacar que el Juez de tutela s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en el sub examine, pues no se observa un juicio il\u00f3gico o contraevidente del material probatorio. <\/p>\n
4. En el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la autoridad accionante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia penal a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
5. Sumado a lo anterior, se comparte lo decidido en la determinaci\u00f3n constitucional impugnada, en el sentido que el proceso penal debatido \u00abse encuentra en curso [etapa de juzgamiento], raz\u00f3n suficiente para indicar que mientras la causa est\u00e9 en tr\u00e1mite cualquier solicitud de protecci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales debe hacerse exclusivamente en ese escenario\u00bb, circunstancia que imposibilita la utilizaci\u00f3n de esta acci\u00f3n eminentemente subsidiaria, al tenor de lo establecido en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
6. Por lo expuesto, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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