STC16644-2021 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16644-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01117-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (07) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 15 de junio de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 1 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Rubiela Baquero Novoa contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n y la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n S.A. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso laboral ordinario con radicaci\u00f3n 630013105001201700118. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al m\u00ednimo vital, seguridad social y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La tutelante se\u00f1al\u00f3 que convivi\u00f3 con el se\u00f1or Juan de Dios P\u00e9rez Villamil \u00abdesde el 01 de enero de 1986 hasta la fecha de su fallecimiento, esto es, hasta el d\u00eda 15 de mayo de 2014\u00bb y que present\u00f3 ante Protecci\u00f3n S.A. una petici\u00f3n de reconocimiento y pago de pensi\u00f3n de sobrevivientes, la cual fue negada, por \u00abno tener la calidad de beneficiaria como compa\u00f1era permanente (\u2026) exponiendo que la autoridad competente para determinar dicha calidad de beneficiaria, es el Juez Laboral y no el Juez de Familia\u00bb. <\/p>\n
2.2. El 2 de mayo de 2017 instaur\u00f3 una demanda ordinaria laboral contra Protecci\u00f3n S.A., solicitando el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, asunto que correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia, el cual, por sentencia del 18 de octubre de 2017, accedi\u00f3 a sus pretensiones, al establecer que ten\u00eda \u00abderecho [\u2026] en calidad de compa\u00f1era permanente\u00bb, decisi\u00f3n que fue confirmada por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de la citada ciudad el 12 de junio de 2019. <\/p>\n
2.3. La sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n S.A. interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra dicha determinaci\u00f3n, siendo concedido el 19 de julio de 2019 por el Tribunal, el cual remiti\u00f3 el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte \u00abdesde el 26 de julio de 2019, para que se desatara dicho recurso\u00bb. <\/p>\n
2.4. La accionante advirti\u00f3 que est\u00e1 desempleada y padece de varias patolog\u00edas m\u00e9dicas relacionadas en su historia cl\u00ednica, por las cuales \u00abMedim\u00e1s EPS, emiti\u00f3 concepto de rehabilitaci\u00f3n desfavorable\u00bb y que, al no resolverse la demanda de casaci\u00f3n, se le est\u00e1n vulnerando sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, la promotora pidi\u00f3 que se ordene a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia dar \u00abprelaci\u00f3n a la demanda de casaci\u00f3n presentada por PROTECCI\u00d3N S.A., de tal forma que la Sala Laboral pueda comenzar su estudio y decisi\u00f3n con alta prioridad\u00bb; asimismo, que se imponga a Protecci\u00f3n S.A. que, \u00aben el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho horas, siguientes a la notificaci\u00f3n de dicha sentencia, reconozca y pague, de manera transitoria la pensi\u00f3n de sobrevivientes que me fue reconocida en fallos de primera y segunda instancia (\u2026) hasta que la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casaci\u00f3n Laboral- se pronuncie de manera definitiva frente al recurso extraordinario de casaci\u00f3n, interpuesto por la parte demandada, sin perjuicio de que se realicen los recobros correspondientes\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia manifest\u00f3 que \u00abal litigio se le ha dado impulso oportuno, y si bien, a\u00fan no se ha emitido el fallo correspondiente, ello no obedece a negligencia alguna por parte del despacho, pues por el contrario, los procesos se resuelven en orden de asignaci\u00f3n, conforme lo establece el art\u00edculo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el art\u00edculo 18 de la Ley 446 de 1998, por lo que, como bien lo ha determinado la jurisprudencia nacional, no puede ser la tutela el camino id\u00f3neo para alterar los turnos dispuestos para resolver los procesos, m\u00e1xime cuando la tutelante no ha informado al despacho sobre los quebrantos de salud que expone por esta excepcional v\u00eda\u00bb. <\/p>\n
2. La Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n S.A. indic\u00f3 que la entidad obr\u00f3 conforme \u00abcon las disposiciones constitucionales, legales y jurisprudenciales, raz\u00f3n por la cual, no se ha configurado desconocimiento alguno de los derechos fundamentales de la se\u00f1ora Rubiela Baquero Novoa\u00bb y, en esa medida, estim\u00f3 que deb\u00eda negarse el amparo, toda vez que, \u00aba la fecha el Proceso Ordinario Laboral no ha finalizado y la sentencia de segunda instancia no se encuentra en firme, no existe obligaci\u00f3n de cumplimiento por parte de Protecci\u00f3n S.A., raz\u00f3n por la cual, la presente acci\u00f3n no est\u00e1 llamada a prosperar\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al establecer que \u00abno se puede determinar la tardanza alegada para resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n proferida en segunda instancia dentro del proceso ordinario laboral 2017-00118. Esto, teniendo en cuenta que, la autoridad judicial accionada, ha ido evacuando con prontitud en todas sus etapas el recurso interpuesto (\u2026) siendo as\u00ed, se encuentra a\u00fan el Despacho accionado, en un t\u00e9rmino prudencial para dar respuesta a la demanda de casaci\u00f3n de referencia\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, precis\u00f3 que la promotora \u00abse encuentra a la espera que sea resuelto el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por Protecci\u00f3n S.A. Siendo as\u00ed (\u2026) no puede solicitar la protecci\u00f3n constitucional, pues ello atenta contra los principios de residualidad y subsidiariedad que caracterizan este instrumento\u00bb; adem\u00e1s, que \u00abla actora no se encuentra amparada por alguna situaci\u00f3n excepcional de la cual se derive un perjuicio irremediable, que amerite un trato preferente a su asunto\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la accionante, quien manifest\u00f3 su intenci\u00f3n de impugnar la sentencia, \u00aba efectos que se proteja (sic) mis derechos fundamentales y se proceda el reconocimiento y pago de la prestacion (sic) de manera transitoria\u00bb. <\/p>\n
1. En el caso sub examine, la gestora pretende que se ordene a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral dar \u00abprelaci\u00f3n a la demanda de casaci\u00f3n presentada por PROTECCI\u00d3N S.A.\u00bb y que se imponga a esa entidad que, \u00aben el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho horas, siguientes a la notificaci\u00f3n de dicha sentencia, reconozca y pague, de manera transitoria la pensi\u00f3n de sobrevivientes que me fue reconocida en fallos de primera y segunda instancia\u00bb, mientras se resuelve el recurso extraordinario. <\/p>\n
2. Del escrutinio del decurso procesal se evidencia que el reproche radica en la supuesta tardanza de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por la demandada el 19 de junio de 2019; al respecto, debe traerse a colaci\u00f3n la sentencia T-747 de 2009, en virtud de la cual Corte Constitucional puntualiz\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es pertinente se\u00f1alar que tanto las partes como los terceros en las respectivas actuaciones judiciales deben no s\u00f3lo cumplir con las cargas procesales que impone el ordenamiento jur\u00eddico en cada proceso, sino abstenerse de realizar conductas que dilaten el tr\u00e1mite judicial, pues ello constituye una las formas como se materializa la violaci\u00f3n del deber constitucional de \u2018colaborar para el buen funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia\u2019 (Art. 95-7 C.P.). <\/p>\n
Sobre este aspecto ha expresado la Corte que: \u2018tanto las partes procesales como las autoridades judiciales est\u00e1n obligadas a cumplir en forma exacta y diligente los plazos que la ley consagra para la ejecuci\u00f3n de las distintas actuaciones y diligencias en las diversas fases del proceso. As\u00ed pues, las partes tienen la carga de presentar la demanda, pedir pruebas, controvertir las allegadas al proceso, interponer y sustentar los recursos y, en fin, participar de cualquier otra forma en el proceso dentro de las etapas y t\u00e9rminos establecidos en la ley, as\u00ed como el juez y auxiliares de justicia tienen el deber correlativo de velar por el acatamiento de los t\u00e9rminos procesales\u2019. <\/p>\n
Como lo se\u00f1al\u00f3 esta Corporaci\u00f3n \u2018quien presenta una demanda, interpone un recurso, formula una impugnaci\u00f3n o adelanta cualquier otra actuaci\u00f3n dentro de los t\u00e9rminos legales y estando habilitado por ley para hacerlo, tiene derecho a que se le resuelva del mismo modo, dentro de los t\u00e9rminos legales dispuestos para ello. De lo contrario, se le estar\u00eda desconociendo su derecho fundamental al debido proceso, as\u00ed como el acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u2019. <\/p>\n
En este orden de ideas, la celeridad en los procesos judiciales resulta trascendental para la materializaci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
No obstante, no todo retraso en la soluci\u00f3n de una causa judicial es vulnerador de prerrogativas fundamentales, por lo que la salvaguarda no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales por parte del juez cognoscente. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la mora judicial, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n tiene establecido que los escenarios que abren paso a este excepcional medio de defensa constitucional son aquellos que denotan una abierta y ostensible par\u00e1lisis, esto es, los que sean producto de \u00abun comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (Se subraya) (CSJ STC abr. 29 de 2011, rad. 00094-01, reiterado entre otros, sept. 17 2013, rad. 00168-02 y en CSJ STC6772-2019, mayo 30 de 2019, rad. 2019-01579-00, STC5633-2021 rad. 2021-00299-01). <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha determinado que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuanto la mora judicial es injustificada\u00bb (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 001138-00, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01, citada en STC195-2021 entre otras). <\/p>\n
Ahora, en el caso objeto de estudio, la Sala Laboral manifest\u00f3 que, \u00abel 28 de agosto de 2019, el proceso fue asignado al despacho [\u2026] y el 2 de octubre siguiente, se dispuso la admisi\u00f3n de la demanda, por lo que, previo el curso normal y expedito del asunto, este ingres\u00f3 al despacho para fallo, el 31 de enero de 2020\u00bb, destacando que al proceso se le ha dado impulso oportunamente, que se han evacuado con prontitud todas sus etapas y que el recurso ser\u00eda resuelto en orden de asignaci\u00f3n, de acuerdo con la normativa aplicable, frente a lo cual, adem\u00e1s, enfatiz\u00f3, que \u00abla tutelante no ha informado al despacho sobre los quebrantos de salud que expone por esta excepcional v\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, al realizar la verificaci\u00f3n del estado del proceso en el Sistema de Consulta de la Rama Judicial, se evidencia que, el 19 de julio de 2021, se remiti\u00f3 el expediente a reparto en Descongesti\u00f3n y, el 27 de julio siguiente, se efectu\u00f3 el cambio de ponente y se asign\u00f3 a uno de los Magistrados que integran las Salas de Descongesti\u00f3n de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ingresando el expediente al despacho el 12 de agosto de esta anualidad. <\/p>\n
Bajo las anteriores circunstancias, surge imperioso se\u00f1alar que el juzgador accionado no ha incurrido en un comportamiento \u00abdesidioso, ap\u00e1tico o negligente\u00bb, en los t\u00e9rminos previstos por la jurisprudencia sobre el tema. <\/p>\n
3. Por \u00faltimo, en cuanto a la petici\u00f3n de que se ordene a Protecci\u00f3n S.A. que, \u00aben el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho horas, siguientes a la notificaci\u00f3n de dicha sentencia, reconozca y pague, de manera transitoria la pensi\u00f3n de sobrevivientes que me fue reconocida en fallos de primera y segunda instancia\u00bb, debe precisarse que es el operador de conocimiento, en la oportunidad procesal correspondiente, quien deber\u00e1 resolver sobre el derecho pensional reclamado y no el juez de tutela, pues, aceptar lo contrario, implicar\u00eda reemplazar los instrumentos ordinarios que el legislador dispuso con miras a hacer valer las prerrogativas y derechos ante la autoridad judicial cognoscente. <\/p>\n
Al respecto, ha manifestado la Corte que <\/p>\n
\u00abeste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, Rad. 00312-01. Reiterado en STC3807-2018, 20 mar. 2018, Rad. 2018-00327-01; CSJ STC, 2 jun. 2020, Rad. 2020-00195-01). <\/p>\n
4. De conformidad con lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo objeto de reclamo. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC16644-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC16644-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01117-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., siete (07) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 15 de junio de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60112","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60112","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60112"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60112\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60112"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60112"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60112"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}