STC16646-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16646-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-01344-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 19 de julio de 2021, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Hern\u00e1n Enrique Castillo Lozano contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Cincuenta y cuatro Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la mima ciudad. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, por conducto de su apoderado judicial, procur\u00f3 la salvaguarda de su prerrogativa fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resalta lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Mediante juicio oral adelantado por el Juzgado Cincuenta y Cuatro Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1, el 25 de junio de 2019, Hern\u00e1n Enrique Castillo Lozano, fue condenado a la pena principal de 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n como autor responsable del delito de acto sexual abusivo con menor de catorce a\u00f1os. Decisi\u00f3n que fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad el 16 de enero de 2020. <\/p>\n
2.2. En raz\u00f3n de lo anterior, impetr\u00f3 el presente amparo constitucional, al estimar que en las instancias surtidas por las c\u00e9dulas judiciales accionadas se \u00abvulneraron el derecho fundamental al debido proceso en sus vertientes de contradicci\u00f3n y defensa, pues al confirmar un fallo condenatorio, en este caso el emitido por el Juzgado 54 Penal del Circuito de conocimiento de Bogot\u00e1 contra el se\u00f1or CASTILLO LOZANO\u2026adolece de protuberantes deficiencias en la valoraci\u00f3n probatoria [\u2026]\u00bb. Ello pues, los testimonios de los peritos allegados por la defensa del sentenciado en el desarrollo del juicio oral \u00abni siquiera fue valorada en su justa dimensi\u00f3n\u00bb. Se duele por cuanto, frente a estas pruebas \u00abla \u00fanica consideraci\u00f3n negativa que hizo el fallador de primera instancia fue: \u201c\u2026no puede d\u00e1rsele mayor credibilidad a sus testimonios, pues estos profesionales en salud no tuvieron en manera alguna contacto directo con la menor de edad\u2026\u201d\u00bb <\/p>\n
3. Solicit\u00f3, conforme a lo relatado, se deje \u00absin efecto las sentencias condenatorias de primera y segunda instancias, proferidas por el Juzgado Cincuenta y Cuatro (54) Penal del Circuito de Conocimiento de Bogot\u00e1 de fecha veinticinco (25) de junio de dos mil diecinueve (2019) y la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 de fecha diecis\u00e9is (16) de enero de dos mil veinte (2020)1\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, expuso que \u00abconoci\u00f3 del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la defensa de HERN\u00c1N ENRIQUE CASTILLO LOZANO contra la sentencia proferida, el 25 de junio de 2019, por el Juzgado 54 Penal del Circuito de Bogot\u00e1, en la que lo conden\u00f3 como responsable del delito de actos sexuales con menor de 14 a\u00f1os agravado\u00bb y que la Sala mediante providencia del \u00ab10 de diciembre de 2019\u00bb confirm\u00f3 dicha decisi\u00f3n. Adicion\u00f3 que, \u00abla decisi\u00f3n adoptada por esta Sala fue producto del an\u00e1lisis detallado y concreto de los elementos de juicio incorporados al proceso, sin que se hubiese vislumbrad arbitrariedad violatoria de garant\u00edas fundamentales\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declar\u00f3 improcedente el amparo, toda vez que no se cumplieron los principios de subsidiariedad e inmediatez. Al respecto, explic\u00f3 que \u00abla \u00faltima decisi\u00f3n censurada por el accionante fue proferida hace mas de diecisiete (17) meses, excediendo ampliamente lo que se podr\u00eda considerar como un plazo razonable, sin establecer en su escrito alguna raz\u00f3n que justifique dicha tardanza\u00bb. <\/p>\n
A la par precis\u00f3 que, el gestor no agot\u00f3 el mecanismo id\u00f3neo de defensa para el cumplimiento de sus pretensiones, \u00abesto es, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n en contra de la providencia de segunda instancia\u00bb. Adicionalmente, advirti\u00f3 que \u00abEnrique Castillo Lozano pretende demostrar que, existieron irregularidades en el curso del proceso penal 2013-07213; sin embargo, al revisar las providencias aportadas en su escrito, se puede constatar que en ning\u00fan momento present\u00f3 estos argumentos ante los jueces ordinarios, por lo cual no puede recurrir a la acci\u00f3n de tutela en aras de reabrir debates probatorios que no fueron debidamente aprovechados, pues esta figura no tiene la finalidad de suplir las negligencias de los ciudadanos frente a los elementos de hecho o derecho que hubiesen servido para defender sus intereses\u00bb. Finalmente, se\u00f1al\u00f3 que, \u00absi el accionante considera que posee elementos materiales probatorios que no exist\u00edan al momento de proferirse el proceso penal\u2026tiene la posibilidad de hacer uso de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n establecida en el art\u00edculo 192 y subsiguientes de la Ley 906 de 2004\u00bb. <\/p>\n
En la decisi\u00f3n adoptada, uno de los integrantes de la Sala2 aclar\u00f3 su voto, en el sentido que \u00abaunque concuerda con que no se acceda a la pretensi\u00f3n constitucional por el desconocimiento del requisito de subsidiariedad, en mi criterio la condici\u00f3n de inmediatez como requisito general de procedencia de la tutela contra providencias judiciales se satisface\u00bb. Ello por cuanto, \u00abla razonabilidad del plazo no es un concepto est\u00e1tico y debe atender a las circunstancias de cada caso en concreto\u2026particularmente porque la vulneraci\u00f3n a\u00fan persiste pues ENRIQUE CASTILLO LOZANO fue condenado a 14 a\u00f1os de prisi\u00f3n\u2026pena que se encuentra en ejecuci\u00f3n. As\u00ed las cosas, ha debido atenderse satisfecho el requisito de inmediatez en el ejercicio de la tutela ante la prevalencia de la garant\u00eda fundamental de la libertad\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el apoderado del quejoso, quien se limit\u00f3 a se\u00f1alar \u00abIMPUGNO el fallo calendado el 19 de julio de 2021, mediante el cual se resuelve DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el presente caso, corresponde a la Sala establecer si se vulner\u00f3 el derecho fundamental invocado por el actor, con ocasi\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal accionado el 16 de enero de 2020. Ello pues, en su sentir en el curso del proceso penal se presentaron muchas irregularidades que conllevan a un defecto f\u00e1ctico por indebida valoraci\u00f3n probatoria de las pruebas allegadas al expediente. <\/p>\n
2. Temprano esta Sala advierte que el amparo constitucional deprecado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, la decisi\u00f3n impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, la Corte concluye la improcedencia del ruego, por cuanto no se atiende al presupuesto de inmediatez, el cual ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como necesario para la procedencia de la tutela. Esto es as\u00ed, a causa del lapso transcurrido desde el momento en que se profiri\u00f3 el prove\u00eddo recriminado -16 de enero de 2020\u00bb y, la presentaci\u00f3n del resguardo, \u00abel 30 de junio de 2021\u00bb. Es decir, pasaron m\u00e1s de diecisiete (17) meses despu\u00e9s de haberse proferido la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
Lo dicho resulta relevante, porque pese a no existir t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone promoverla dentro de un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb, sobre todo cuando la urgencia se precisa para predicar lo grave del perjuicio y, justamente, por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. <\/p>\n
En ese orden, un reclamo que supere ese t\u00e9rmino desdice abiertamente de la urgencia y celeridad que caracteriza este instrumento. <\/p>\n
Sin embargo, cabe resaltar que dicho requisito puede ser flexible por razones que justifiquen la inactividad de la actora para impetrar la s\u00faplica, tales como interdicci\u00f3n, incapacidad f\u00edsica, minor\u00eda de edad, entre otras, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de los derechos fundamentales de la peticionaria. As\u00ed lo ha se\u00f1alado la alta Corporaci\u00f3n Constitucional en repetidas ocasiones, entre otras en sentencias, CC T-136\/2007, CC T-647\/2008, CC T-743\/2008, CCT-867\/2009, CC T-037-2013, CC T-033\/2010, en esta \u00faltima, resalt\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sumado a ello, el m\u00e1ximo \u00f3rgano de lo constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb. (Sentencias CC T-410\/2013 y CC T-206\/2014). <\/p>\n
Bajo ese contexto, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado como eximentes del principio de inmediatez, pues las alegadas en el escrito inicial no justifican la tardanza anotada. <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, se destaca que la incuria en la utilizaci\u00f3n de los recursos establecidos para atacar los desacuerdos frente a las determinaciones de los jueces, imposibilitan igualmente el uso de esta senda constitucional, a\u00fan m\u00e1s si se tiene en cuenta que no es la direcci\u00f3n para redimir oportunidades legales fenecidas. Ello pues, no interponerlas o ejercerlas indebidamente, conlleva a que las partes involucradas en la determinaci\u00f3n, est\u00e9n sometidas a sus efectos contrarios, en la medida que son la consecuencia de su dejadez. <\/p>\n
En efecto, se tiene que la decisi\u00f3n cuestionada fue aprobada mediante acta del 10 de diciembre del 2019 con lectura del 16 de enero de 20203 que resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la defensa de Hern\u00e1n Enrique Castillo Lozano y confirm\u00f3 la sentencia proferida por el Juzgado 54 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 el 25 de junio de 2019, que lo conden\u00f3 como responsable del delito de actos sexuales con menor de 14 a\u00f1os. Frente a esta determinaci\u00f3n el actor guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
De esta manera, se refuerza el fracaso de la salvaguarda, por cuanto el accionante no agot\u00f3 los medios de defensa que tenia a su alcance, concretamente el recurso de casaci\u00f3n frente a la determinaci\u00f3n rebatida. Empero, por su propia incuria dej\u00f3 fenecer la oportunidad para hacer valer lo que ahora pretende por esta instancia. <\/p>\n
Por tanto, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el reproche enfilado dado el car\u00e1cter residual de este resguardo que impone el agotamiento previo de los instrumentos de defensa previstos al interior del tr\u00e1mite. De otro modo, se convertir\u00eda en una v\u00eda para remover sin m\u00e1s las presunciones de legalidad y acierto de las providencias judiciales, cuesti\u00f3n que se contrapone a la acci\u00f3n de amparo. <\/p>\n
5. De acuerdo con lo explicado en precedencia, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia prenotada. <\/p>\n
Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Escrito de tutela. Folio 14-15 <\/p>\n
2\u0002 Magistrada Patricia Salazar Cuellar <\/p>\n
3\u0002 Sentencia de segunda instancia. Confirma. Fol 35-48 escrito de tutela <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC16646-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC16646-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-01344-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60114","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60114","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60114"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60114\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60114"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60114"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60114"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}