STC16657-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16657-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-00242-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 29 de julio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Carlos Andr\u00e9s Amado Mej\u00eda le instaur\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, extensiva al Juzgado Veintid\u00f3s Penal del Circuito de esa ciudad y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2009-62181. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderado, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, derecho de defensa y contradicci\u00f3n\u00bb, para que se ordenara \u00abREVOCAR los autos del 21 de agosto y 16 de septiembre de 2020, al tener por extempor\u00e1neo el recurso extraordinario de casaci\u00f3n y no revocar dicha determinaci\u00f3n (\u2026).ORDENAR al Despacho accionado, que proceda a conceder el recurso extraordinario de casaci\u00f3n propuesto el 31 de julio de 2020, contra la sentencia de segunda instancia de fecha 28 de febrero de 2020 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En sustento afirm\u00f3 que el Juzgado Veintid\u00f3s Penal del Circuito de Medell\u00edn lo conden\u00f3 por el delito de homicidio agravado a la pena principal de 400 meses de prisi\u00f3n, determinaci\u00f3n que recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n y fue confirmada por el superior (28 feb. 2020). <\/p>\n
Indic\u00f3 que el 10 de marzo siguiente interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n y el 31 de julio \u00abprocedi\u00f3 a presentar la demanda de casaci\u00f3n, contra el fallo de segunda instancia, en los t\u00e9rminos se\u00f1alados en el art\u00edculo 183 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, presentando a juicio de la defensa, la demanda de casaci\u00f3n dentro de los treinta d\u00edas posteriores comunes\u00bb; sin embargo, fue declarado desierto (21 ag.) y contra esa decisi\u00f3n propuso reposici\u00f3n; empero, el ad quem la mantuvo inc\u00f3lume (16 sep.). <\/p>\n
Sostuvo que \u00abel Acuerdo PCSJA20-11546, para la contabilizaci\u00f3n de los t\u00e9rminos para la presentaci\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, deb\u00eda ser inaplicado en el presente caso por el Magistrado Ponente; al ir en contrav\u00eda de principios de raigambre constitucional, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 4 Superior, por acreditarse situaciones ajenas a la voluntad que impidieron presentar el mentado recurso en los t\u00e9rminos del Magistrado ponente, como quiera que dicha disposici\u00f3n contradec\u00eda las determinaciones adoptadas por el Gobierno Nacional y Distrital de Bogot\u00e1, que imped\u00edan la circulaci\u00f3n de personas, hecho que diera lugar a presentar el recurso de casaci\u00f3n hasta el 31 de julio de 2020 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que \u00ab(\u2026) se torna inaplicable el acuerdo al caso concreto, pues la excepci\u00f3n de la suspensi\u00f3n de los t\u00e9rminos en materia penal, trayendo a colaci\u00f3n el literal b del Art\u00edculo 6, hace menci\u00f3n \u00fanica y exclusivamente a los que ya se dict\u00f3 \u2013 fallo -, no como lo interpret\u00f3, el Magistrado Sustanciador, al decidir que, se except\u00faan los casos en los que ya se dict\u00f3 sentencia. (\u2026) mi representado, no se encuentra en ninguno de ellos, la sentencia que profiri\u00f3 el accionado data 28 de febrero del 2020, mucho antes de empezar la pandemia e inclusive los acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura, es decir que, esas excepciones no le son aplicables al caso de mi agenciado\u00bb. <\/p>\n
Adver\u00f3 que la Corporaci\u00f3n accionada debi\u00f3 aplicar el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 162 de la Ley 906 de 2004, \u00abes decir, indicar la oportunidad de interponer el recurso actualizado, atendiendo la suspensi\u00f3n de los t\u00e9rminos y tasarlos para su eventual presentaci\u00f3n, pero tal situaci\u00f3n, brill\u00f3 por su ausencia, es de resaltar que, este defensor le solicit\u00f3 certificar tal oportunidad, pero el juez demandado, se neg\u00f3 para tal fin\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Medell\u00edn manifest\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela no constituye una instancia adicional o un medio para tratar de desconocer las decisiones del juez natural (\u2026)\u00bb, y la abogada de la v\u00edctima se opuso a la prosperidad del auxilio. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el ruego porque \u00abla parte actora, en estricto sentido, no expone ning\u00fan argumento tendiente a poner en evidencia que dicha Corporaci\u00f3n incurri\u00f3 en un defecto sustantivo o material. Sino que, en la demanda de tutela, reitera, con un poco m\u00e1s de amplitud, los mismos argumentos en que fund\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n contra la providencia que declar\u00f3 desierta la casaci\u00f3n. (\u2026). En el sub lite la Sala Penal del Tribunal de Medell\u00edn fij\u00f3 una postura razonable, que lejos se encuentra de constituir una v\u00eda de hecho, como pasa a verse\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que \u00ab(\u2026) la parte actora en el escrito de tutela adiciona algunas consideraciones en el sentido que, las expresiones \u201csentencia\u201d y \u201cfallo\u201d hace menci\u00f3n a diferentes momentos procesales y que, por tanto, cuando la excepci\u00f3n refiere la de \u201cfallo\u201d debe ser entendida como el acto procesal de \u201canunciaci\u00f3n del fallo\u201d. Dicha conclusi\u00f3n no est\u00e1 llamada a prosperar, pues, para entender esta exclusi\u00f3n no puede acudirse a la literalidad separada de las palabras \u201csentencia\u201d y \u201cfallo\u201d, sino que deben ser le\u00eddas en contexto. En concreto cuando se utiliza la expresi\u00f3n \u201cfallo\u201d, esta debe leerse a partir de la premisa inicial, seg\u00fan la cual, no est\u00e1n incluidos en la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos, los procesos tramitados bajo la Ley 906 de 2004 que se encuentran para proferir sentencia o donde ya se haya expedido la misma. Es decir, aun cuando se emple\u00f3 la expresi\u00f3n \u201cfallo\u201d, lo hizo como sin\u00f3nimo, m\u00e1s no porque la intenci\u00f3n fuera referirse a otro momento procesal. <\/p>\n
Impugn\u00f3 el gestor con las mismas alegaciones inaugurales, adicionando que \u00ab(\u2026) se denota la sencillez para resolver tal aspecto, tild\u00e1ndolo de simple sin\u00f3nimo que, en significados e interpretaciones procesales, son conceptos y etapas distintas. Un poder supra legal, que ostenta los jueces de tutela, fue perdido en esta ocasi\u00f3n en aras de oficiar al Consejo Superior de la Judicatura, para que emitiera un concepto y\/o aclaraci\u00f3n con miras a la conclusi\u00f3n que lleg\u00f3 el juez de primera instancia de tutela, a la luz de la interpretaci\u00f3n del postulado \u201cprocesos de Ley 906 de 2004 que se encuentren para proferir sentencia o en los que ya se dict\u00f3 el fallo\u201d1, subrayado si puede situarse como sin\u00f3nimo o etapas distintas del proceso bajo la \u00e9gida de la Ley 906 de 2004\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, aleg\u00f3 que \u00ab(\u2026) no es de recibo que la carga del numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 162 de la Ley 906 de 2004, no est\u00e9 llamada a imponerse por el Tribunal accionado como as\u00ed lo expuso el A quo, det\u00e1llese que la misma colegiatura en ciudad distinta entera al sujeto procesal de la fecha que ten\u00eda como plazo para presentar la demanda extraordinaria de casaci\u00f3n, carga que, el juez accionado obvi\u00f3 actualizar para garantizar lo establecido en la norma en cita\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Constituye una regla invariable la improcedencia de este instrumento residual para disentir o revisar las resoluciones de los jueces, sendero especial que tan s\u00f3lo se abre paso cuando quien est\u00e1 llamado a dispensar justicia socava o pone en riesgo las garant\u00edas superiores de los litigantes, es decir, frente a un obrar a todas luces arbitrario, grosero o ajeno a la ley, dado que no cualquier animadversi\u00f3n tiene la virtualidad de quebrantar la autonom\u00eda que el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica les asigna. <\/p>\n
As\u00ed lo ha esbozado de tiempo atr\u00e1s esta Sala, al se\u00f1alar que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y, menos a\u00fan, \u00abacometer, bajo ese pretexto, (\u2026) una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC 7 mar. 2008. rad. 2007-00514-01, citada en STC6153-2021), toda vez que debe tenerse en cuenta que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28 mar. 2012, rad. 2012-00022-01, reiterada en STC6153-2021). <\/p>\n
2.- En el caso concreto, se observa que las inconformidades del accionante son con la providencia de 16 de septiembre de 2020, dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn, que resolvi\u00f3 no reponer la de 21 de agosto de ese a\u00f1o, mediante la cual declar\u00f3 \u00abdesierto el recurso de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
No obstante, dicho pronunciamiento no luce antojadizo, ni caprichoso; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario. <\/p>\n
Para llegar a esa decisi\u00f3n, sostuvo que <\/p>\n
\u00ab (\u2026) iniciadas las medidas de suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos por parte del Consejo el 16 de marzo de este a\u00f1o, quedaron faltando 27 d\u00edas para la respectiva sustentaci\u00f3n, puesto que los d\u00edas 11, 12 y 13 de marzo (mi\u00e9rcoles, jueves y viernes) transcurrieron con normalidad, y que conforme al acto administrativo PCSJA20-11546 del 25 de abril de 2020, se estableci\u00f3 en su art\u00edculo 6\u00ba, como excepci\u00f3n a esa suspensi\u00f3n en materia penal, la atenci\u00f3n de: \u201cb. Los procesos de Ley 906 de 2004 que se encuentren para proferir sentencia o en los que ya se dict\u00f3 el fallo\u201d, entre los que se encuentra esta actuaci\u00f3n, por lo que los 27 d\u00edas restantes transcurrieron desde el 27 de abril hasta el 4 de junio de 2020. <\/p>\n
(\u2026) la desatenci\u00f3n por parte del impugnante del acuerdo mencionado es alegada a partir de dos aristas principales, el principio de confianza leg\u00edtima y las restricciones a la movilidad. En ese sentido, como circunstancias excepcionales, se relacionaron tres aspectos esenciales de an\u00e1lisis: (i) que reside en la ciudad de Bogot\u00e1 (sector Tunjuelito), (ii) su lugar de trabajo es diferente al de su domicilio (Santa fe) y (iii) a nivel distrital se adoptaron diversas decisiones que finalmente impidieron su libre circulaci\u00f3n a efectos de acceder a la documentaci\u00f3n que del proceso ten\u00eda en su oficina y que requer\u00eda para poder sustentar la demanda de casaci\u00f3n. Al respecto, el abogado aport\u00f3 los servicios p\u00fablicos de su residencia, certificaci\u00f3n de la representante legal del conjunto residencial y certificaci\u00f3n de arrendamiento de su oficina\u00bb. <\/p>\n
Continu\u00f3 aduciendo que ninguna imposibilidad en la locomoci\u00f3n fue demostrada, pues que si bien es cierto \u00aben casos espec\u00edficos hemos aceptado la posibilidad de que hubiesen existido restricciones a la movilidad de algunos abogados litigantes que demostraron ciertas circunstancias especiales, en este evento ninguna de las normativas mencionadas por el recurrente enuncia alguna limitaci\u00f3n o prohibici\u00f3n en las localidades se\u00f1aladas por el mismo en la ciudad de Bogot\u00e1 para su libre circulaci\u00f3n, en las fechas en las que deb\u00eda ser presentada la demanda\u00bb <\/p>\n
Coligi\u00f3, entonces, que <\/p>\n
\u00abcomo se dijo, el 25 de abril de 2020 el acuerdo PCSJA20-11546, que continu\u00f3 la pr\u00f3rroga de la suspensi\u00f3n de los t\u00e9rminos desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020, en su art\u00edculo 6\u00ba, como excepci\u00f3n a esa suspensi\u00f3n en materia penal, determin\u00f3 la atenci\u00f3n de los procesos en los que ya se hab\u00eda proferido el fallo, sin que se hubiese indicado por el censor alg\u00fan yerro, confusi\u00f3n o desacierto en la decisi\u00f3n. En efecto, al respecto el defensor simplemente enunci\u00f3: (i) la supuesta aplicaci\u00f3n del mismo en sede de primera instancia, sin que ello hubiese sido manifestado en tal acuerdo, y (ii) la existencia de diferentes interpretaciones y decisiones, sin especificar cu\u00e1les. Adem\u00e1s, ninguna explicaci\u00f3n ofreci\u00f3 acerca cu\u00e1les fueron las medidas concretas que a nivel distrital limitaron la posibilidad de que acudiera a su oficina, en ese interregno, porque la cuarentena estricta en los sectores de Tunjuelito y Santa fe tan solo ocurrieron por 14 d\u00edas, esto es, desde el 13 de julio hasta el 26 del mismo mes, es decir cuando ya hab\u00eda fenecido el t\u00e9rmino de interposici\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
Posteriormente, reflexion\u00f3 que, si en gracia de discusi\u00f3n se aceptara que de manera general los abogados litigantes tuvieron restricciones para su \u00ablocomoci\u00f3n\u00bb, resulta evidente que, <\/p>\n
Finalmente, concluy\u00f3 <\/p>\n
\u00abninguna aplicaci\u00f3n tiene el principio de confianza leg\u00edtima al que alude el recurrente. Adem\u00e1s de que el solo estado de excepci\u00f3n decretado por el Gobierno Nacional supone por s\u00ed solo, medidas extraordinarias o fuera de lo habitual y transitorias para conjurar la crisis en este caso de salubridad, se trata de un profesional del derecho cuyas expectativas no pueden ser asimiladas a las de un particular general, no solo porque sus conocimientos b\u00e1sicos le permiten diferenciar tal excepcionalidad, sino porque la sola presentaci\u00f3n del recurso extraordinario en un caso por homicidio agravado le obligaba a estar pendiente de las medidas adoptada por el Consejo Superior de la Judicatura, que por dem\u00e1s es la entidad encargada de establecer los d\u00edas y horas de servicio de los despachos judiciales. <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como lo pretende el sedicente, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera instancia con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC,9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
4. Por otro lado en lo que concierne al descontento del actor, por no haberse oficiado al \u00ab(\u2026) Consejo Superior de la Judicatura, para que emitiera un concepto y\/o aclaraci\u00f3n con miras a la conclusi\u00f3n que lleg\u00f3 el juez de primera instancia de tutela, a la luz de la interpretaci\u00f3n del postulado \u201cprocesos de Ley 906 de 2004 que se encuentren para proferir sentencia o en los que ya se dict\u00f3 el fallo\u201d (\u2026)\u00bb, resulta pertinente advertir que dicha Colegiatura no es un \u00f3rgano consultivo y, por ende, ninguna obligaci\u00f3n tiene al respecto. <\/p>\n
5. Finalmente, en lo relacionado con la \u00abcarga del numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 162 de la Ley 906 de 2004 (\u2026)\u00bb que a criterio del impugnante no cumpli\u00f3 el Tribunal de Medell\u00edn, se le pone de presente que contrario a su dicho, examinado el juicio penal objeto de resguardo en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, se observa la actuaci\u00f3n de 11 de marzo de 2021 denominada \u00abTraslado de 30 d\u00edas h\u00e1biles para casaci\u00f3n a los recurrentes\u00bb, en la que se describi\u00f3 como anotaci\u00f3n \u00ab Conforme a lo establecido en el art\u00edculo 183 de la Ley 906 de 2004, modificado por el art\u00edculo 98 de la Ley 1395 de 2010, el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas h\u00e1biles para la sustentaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, oscila entre el once (11) de marzo y el veintinueve (29) de abril de dos mil veinte (2020), ambas fechas inclusive. (JDIL)\u00bb. <\/p>\n
6. Ergo, se avalar\u00e1 el prove\u00eddo confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC16657-2021 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrado Ponente STC16657-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-00242-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 29 de julio de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60121","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60121","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60121"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60121\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60121"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60121"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60121"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}