STC16658-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16658-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-02056-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del siete de diciembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por M\u00e9lida Oyuela de Porras contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y la Seccional de Risaralda, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso disciplinario 2020-00171. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en su propio nombre, acude a la presente herramienta para reclamar la protecci\u00f3n del derecho fundamental \u00abde la doble instancia\u00bb. <\/p>\n
2. Dice que formul\u00f3 queja disciplinaria contra la Juez Promiscuo del Circuito de Ap\u00eda por presuntas irregularidades ocurridas al interior de un proceso de pertenencia instaurado por ella. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, mediante \u00abfallo de primera instancia\u00bb de 29 de julio de 2020 la desaparecida Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Risaralda \u00abresolvi\u00f3 su denuncia\u00bb diciendo que \u00abno pueden pronunciarse porque ellos no pueden interferir en an\u00e1lisis de pruebas y en los fallos de los jueces, algo que nunca ped\u00ed en mi queja para que se pronunciaran, mi queja fue clara y precisa \u201cla Juez de Ap\u00eda uso en el fallo una norma derogada no vigente\u00bb. <\/p>\n
Afirma que contra dicha determinaci\u00f3n interpuso recurso de apelaci\u00f3n que fue rechazado por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial el pasado 22 de julio, corporaci\u00f3n que, seg\u00fan dice, \u00abtampoco se dign\u00f3 verificar si mi queja era cierta o no para proceder a tomar una decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sostiene que \u00abcomo usuaria de la justicia fui desprotegida por la arbitrariedad de una juez que aplica normas derogadas en los fallos ya que ni siquiera el Consejo Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda [sic]\u2026 se dign\u00f3 verificar si es cierto o no el uso de la norma derogada para proceder a decidir\u00bb, adem\u00e1s que se le violent\u00f3 su garant\u00eda \u00aba la segunda instancia\u2026 ya que en los procesos disciplinarios cuando no se ha hecho una investigaci\u00f3n se debe aceptar la doble instancia\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior solicita \u00abse ordene no rechazar mi recurso de apelaci\u00f3n y se verifique lo dicho en mi queja respecto al proceder de la Juez de Ap\u00eda\u2026 y se ordene abrir la investigaci\u00f3n y verificar en el audio de la audiencia de la sentencia de primera instancia la falta cometida por la funcionaria citada\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El magistrado de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, ponente de la determinaci\u00f3n cuestionada, pidi\u00f3 la denegaci\u00f3n del resguardo por \u00abincumplimiento del requisito general de relevancia constitucional\u00bb al no cumplirse \u00abla carga de explicar y fundamentar la aparente afectaci\u00f3n de sus derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
2. Un magistrado de la Comisi\u00f3n Seccional disciplinaria de Risaralda tambi\u00e9n se opuso a la prosperidad de la salvaguarda dado que \u00abpara proferirse la decisi\u00f3n inhibitoria se expusieron amplios razonamientos tanto de orden legal como constitucional\u00bb al tiempo que \u00abla interpretaci\u00f3n\u2026 efectuada en la providencia en comento, se encuentra dentro del margen de la razonabilidad, resalt\u00e1ndose que en modo alguno las normas y pautas que sirvieron de fundamento fueron interpretadas o valoradas en forma caprichosa o arbitraria\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte dilucidar si la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, lesion\u00f3 las garant\u00edas invocadas por la M\u00e9lida Oyuela de Porras, dentro de la actuaci\u00f3n 2020-00171, al rechazar el recurso de apelaci\u00f3n por ella formulado contra la decisi\u00f3n inhibitoria de 29 de julio de 2020 proferida por la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Risaralda. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 La razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Realizado el estudio pertinente del libelo inicial, de cara al material probatorio recopilado, se advierte la improcedencia del resguardo, comoquiera que las decisiones atacadas, lejos de ser arbitrarias, fueron el resultado de una hermen\u00e9utica razonable del contexto f\u00e1ctico y jur\u00eddico, as\u00ed como de las normas llamadas a gobernar la materia. <\/p>\n
Como se dijo, M\u00e9lida Oyuela de Porras acudi\u00f3 al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso que estima lesionado con el auto del pasado 22 de julio proferido por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial a trav\u00e9s de la cual rechaz\u00f3 por improcedente el recurso de apelaci\u00f3n por ella formulado contra la decisi\u00f3n inhibitoria emanada de la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Risaralda, fechada el 29 de julio de 2020. <\/p>\n
Para adoptar tal determinaci\u00f3n, la alta corporaci\u00f3n indic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En el asunto sub-examine la quejosa present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra el auto\u2026 mediante el cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria\u2026 de Risaralda se inhibi\u00f3 de iniciar actuaci\u00f3n disciplinaria en contra de la\u2026 juez promiscuo del circuito de Ap\u00eda, raz\u00f3n por la cual corresponder\u00eda a esta Comisi\u00f3n pronunciarse al respecto, de no ser porque contra la decisi\u00f3n\u2026 no procede recurso alguno\u2026 <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la procedencia, fines y tr\u00e1mites de la indagaci\u00f3n preliminar, el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 150 de la Ley 734 de 2002 dispone\u2026 <\/p>\n
(\u2026) a la luz de la citada norma, la autoridad judicial est\u00e1 facultada para inhibirse de iniciar actuaci\u00f3n disciplinaria cuando se presenten diversos eventos\u2026 <\/p>\n
(\u2026) el problema jur\u00eddico del asunto radica en la posibilidad de recurrir este tipo de decisiones inhibitorias que se abstienen de iniciar investigaciones disciplinarias; en tal sentido, resulta necesario analizar lo dispuesto en el art\u00edculo 115 ibidem el cual establece la procedencia del recurso de apelaci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
Por \u00faltimo, se precisa que la decisi\u00f3n adoptada por la primera instancia no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, atendiendo a que no se decidi\u00f3 de fondo el asunto\u2026 por lo que si posteriormente los mismos hechos son presentados en debida forma podr\u00e1n investigarse seg\u00fan corresponda (\u2026)\u00bb <\/p>\n
El anterior prove\u00eddo se encuentra debidamente sustentado y contiene un criterio razonable, en tanto que en \u00e9l se expusieron los fundamentos jur\u00eddicos que sirvieron de soporte para rechazar el recurso de apelaci\u00f3n formulado por la accionante (quejosa en el tr\u00e1mite disciplinario) contra el auto por medio del cual la antigua Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Risaralda se inhibi\u00f3 de abrir investigaci\u00f3n formal contra la Juez Promiscuo del Circuito de Ap\u00eda, comoquiera que tal providencia no se encuentra enlistada como susceptible de la impugnaci\u00f3n vertical consagrada en el art\u00edculo 115 de la Ley 734 de 2002. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se impone negar el amparo porque la providencia censurada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda y lo pretendido por la demandante es desconocer la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, al buscar imponer su particular comprensi\u00f3n jur\u00eddica, sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnada esta determinaci\u00f3n, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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