STC16667-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16667-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 76001-22-03-000-2021-00318-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (07) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Superior de Cali el 2 de noviembre de 2021, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Jhon Jairo Duque Puerta contra el Juzgado Quince Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la presente queja constitucional. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El peticionario, por conducto de apoderado judicial, pidi\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Apuntal\u00f3 su petici\u00f3n en los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Narr\u00f3 que era propietario del \u00abrodante de servicio `p\u00fablico de placas VBC 572, afiliado a la empresa Blanco y Negro; sufri\u00f3 perjuicios, en virtud del decomiso de su veh\u00edculo, diligencias de secuestro [\u2026] que comenzaron el 23 de noviembre de 2009 y terminaron el 18 de marzo de 2010, y s\u00f3lo hasta el 16 de diciembre del 2010, le fue entregado [\u2026] en raz\u00f3n a la oposici\u00f3n que present\u00f3 el d\u00eda 22 de noviembre del 2010\u00bb. <\/p>\n
2.2. Refiri\u00f3 que tal oposici\u00f3n fue promovida al interior del incidente de regulaci\u00f3n de perjuicios1 de radicado n\u00ba 012-2006-00828 formulado por \u00e9l en contra de Leasing Bol\u00edvar S.A. -hoy Banco Davivienda S.A.- ante el Juzgado Doce Civil Municipal de Cali. En audiencia del 6 de noviembre de 2019, \u00abobtuvo a su favor en el incidente de liquidaci\u00f3n de perjuicios, condenas en suma por valor de $ 202.049.000 de pesos que indexada solicito\u0301 por valor de $290.356.278, con fundamento en prueba pericial de oficio\u00bb. <\/p>\n
2.3. No conforme, Leasing Bol\u00edvar S.A. promovi\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. Por reparto, le correspondi\u00f3 conocer la alzada al Juzgado Quince Civil del Circuito de Cali, quien revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo mediante prove\u00eddo del 20 de abril de 2021, \u00abprincipalmente por considerar insuficiente la prueba pericial de oficio del incidente de liquidaci\u00f3n de perjuicios, la cual califico\u0301 como incompleta y contradictoria\u00bb. <\/p>\n
2.4. Por lo anterior, sostuvo que el proceder del estrado enjuiciado configur\u00f3 una v\u00eda de hecho, al omitir \u00abhacer uso de las herramientas que le prev\u00e9\u0301 la normativa y el procedimiento, como es el poder oficioso que tiene, el cual como lo ha reiterado la jurisprudencia m\u00e1s que una facultad es un deber, con el fin de garantizare el acceso a la justicia a personas que como en este caso son la parte d\u00e9bil de la relaci\u00f3n, en virtud de lo cual la regla general del operador judicial debe ser hacer efectiva la igualdad de armas y la carga din\u00e1mica de la prueba en el proceso civil\u00bb. Ello pues, si estim\u00f3 que no quedo demostrada la cuantificaci\u00f3n o comprobaci\u00f3n de los perjuicios materiales, pod\u00eda decretar las pruebas de oficio que estimare necesarias, conforme a los art\u00edculos 179 y 327 del C.G.P. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3, conforme a lo relatado, \u00abse DECLARE LA NULIDAD DE LAS DECISIONES CONTENIDAS EN AUTO INTERLOCUTORIO del 20 de abril de 2021, emitido por el Juez Quine Civil del Circuito de Santiago de Cali\u00bb. Asimismo, exhort\u00f3 \u00abal Juzgado Quince Civil del Circuito de Santiago de Cali que haga uso de su facultad oficiosa y tome antes de fallar, las medidas que considere necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia, informaci\u00f3n y datos que reposan en la empresa Blanco Y Negro, como cualquiera otra informaci\u00f3n que crea pertinente, con el fin de permitir el acceso a la justicia de mi representado\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Doce Civil Municipal de Cali, manifest\u00f3 que conoci\u00f3 del tr\u00e1mite, \u00abal cual se le imparti\u00f3\u0301 el curso normativo que para la \u00e9poca regia, las partes actuaron mediante apoderado judicial y dentro del t\u00e9rmino hicieron uso de los recursos legales contra las providencias emitidas, se duele el tutelante en consecuencia de la providencia que desat\u00f3 la apelaci\u00f3n contra el auto que resolvi\u00f3\u0301 el incidente, por las razones que el esboza en su escrito, sin que se encuentren reparos de su parte contra las actuaciones aqu\u00ed\u0301 seguidas, reitero que este despacho se atuvo en un todo a las pruebas legal y oportunamente allegadas, la cuales gozaron de su contradicci\u00f3n. As\u00ed\u0301 las cosas, el despacho que regento cumpli\u00f3\u0301 con todos y cada uno de los presupuestos procesales para finiquitar el proceso divisorio sin que encuentre vulneraci\u00f3n alguna en ello, motivo por el cual de manera respetuosa le solicito se desvincule de la acci\u00f3n constitucional de marras\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Quince Civil del Circuito, as\u00ed como los vinculados, guardaron silencio. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Cali neg\u00f3 el amparo, al estimar que \u00abno se evidencia las pregonadas \u201cv\u00eda de hecho\u201d que se\u00f1ala el accionante, dest\u00e1quese que esta es entendida como la desconexi\u00f3n manifiesta entre lo previsto por el ordenamiento jur\u00eddico y la actuaci\u00f3n del funcionario, ya que de la revisi\u00f3n de la providencia atacada surge incuestionable que la decisi\u00f3n fue tomada con observancia de los elementos de juicio con que contaba la funcionaria al momento de resolver y la fundamento\u0301 de acuerdo con su interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de la normatividad rectora sin que sus consideraciones resulten caprichosas o arbitrarias\u00bb. <\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el mandatario judicial del gestor, quien se opuso a lo dispuesto por el a quo constitucional. En concreto, insisti\u00f3 que \u00abel objeto de esta acci\u00f3n de tutela consiste en que la mencionada operadora judicial accionada no hizo uso de su facultad oficiosa debiendo hacerlo para el caso espec\u00edfico la situaci\u00f3n del se\u00f1or JHON JAIRO DUQUE PUERTA, quien no se encuentra en un mismo plano de igualdad con su contraparte Leasing Bol\u00edvar \/HOY\/ BANCO DAVIVIENDA S.A.; vocaci\u00f3n oficiosa que para casos como este no es un facultad o potestad sino un verdadero deber con el fin de salvaguardar la igualdad de armas y garantizar el derecho al acceso de la justicia; a quien se le reconoce que efectivamente sufri\u00f3\u0301 un perjuicio; m\u00e1xime que se trat\u00f3\u0301 de una prueba de oficio\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor se duele de la providencia proferida por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Cali el 20 de abril de 2021, que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n emanada por el Juzgado Doce Civil Municipal el 6 de noviembre de 2019, por no haber acreditado los detrimentos patrimoniales de la medida cautelar que recay\u00f3 sobre su veh\u00edculo. Ello pues, consider\u00f3 que tal proceder vulner\u00f3 sus derechos fundamentales. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que la autoridad judicial accionada, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n, expres\u00f3 los motivos por los cuales consider\u00f3 que se habr\u00eda paso a revocar la providencia del a quo. Para ello, comenz\u00f3 por explicar el r\u00e9gimen del da\u00f1o y la reclamaci\u00f3n de perjuicios. En tal sentido, apuntal\u00f3 que, \u00abes evidente que quien la promueve tiene una carga que cumplir, que es la de acreditar que efectivamente se le causo\u0301 un da\u00f1o espec\u00edfico, y no solo eso, sino tambi\u00e9n su monto, partiendo de un supuesto claro: que el da\u00f1o, entendido como el \u201cmenoscabo a las facultades jur\u00eddicas que tiene una persona para disfrutar de un bien patrimonial o extrapatrimonial\u201d es indemnizable en la medida en que \u201cen forma il\u00edcita es causado por alguien diferente a la v\u00edctima\u201d, adem\u00e1s de que debe ser cierto, es decir, que la conducta o la omisi\u00f3n generante del mismo se haya producido, porque esta no puede ser futura o eventual\u00bb. <\/p>\n
En l\u00ednea con lo dicho, trajo de presente sentencias de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado tendientes a afirmar \u00abque no se presumen los perjuicios por interposici\u00f3n de medidas cautelares dentro de un proceso ejecutivo\u00bb. Lo anterior, por ser \u00abnecesario [\u2026] demostrar que la interposici\u00f3n de las medidas se derivaron perjuicios; que, para el caso en concreto, el embargo y posterior decomiso del veh\u00edculo automotor VBC572 que se determin\u00f3 que el se\u00f1or Jhon Duque era poseedor del mencionado bien objeto de cautela\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, afirm\u00f3 que, \u00abesta\u0301 claro que efectivamente existi\u00f3\u0301 un da\u00f1o consistente en la aprehensi\u00f3n injusta del veh\u00edculo bajo posesi\u00f3n del incidentante, pues como quedo\u0301 probado aquel no deb\u00eda soportar dicha medida cautelar al no existir vinculo legal que lo llevara a responder por la obligaci\u00f3n que dio g\u00e9nesis a la misma\u00bb. De suerte que, \u00abel an\u00e1lisis de este caso queda reducido a un solo aspecto: la comprobaci\u00f3n y cuantificaci\u00f3n de los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, derivados a lo dejado de producir por el veh\u00edculo automotor Bus de transporte p\u00fablico identificado con placas VBC572, ante la imposibilidad de poderlo utilizar, durante el tiempo en que estuvo aprisionado por causa del secuestro en los a\u00f1os 2008 a 2010\u00bb. <\/p>\n
A este respecto, analiz\u00f3 los medios probatorios allegados al plenario, a fin de constatar s\u00ed, en efecto, se cumplieron los elementos necesarios para probar una afectaci\u00f3n patrimonial directa -da\u00f1o indemnizable-. As\u00ed, determin\u00f3 que \u00abla valoraci\u00f3n que atribuye el juez de primera instancia a las declaraciones del se\u00f1or Jhon Jairo Duque y Mar\u00eda Aracelly, no se comparten en esta instancia, porque ser\u00eda tanto como permitir que el beneficiario con la condena al pago de perjuicios y la se\u00f1ora Mar\u00eda Aracelly fabricaran la prueba para acreditar el perjuicio de lucro cesante que aquel padeci\u00f3\u0301 con la retenci\u00f3n de su automotor\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto que, \u00abno puede, del mismo interrogatorio del incidentista, en el que nada aporta para soportar la liquidaci\u00f3n indicada en su escrito petitorio de perjuicios, porque en ninguna de las dos declaraciones permite sin reparo alguno derivar cuanto era el producido que devengaba el bus del se\u00f1or Jhon Jairo, cuantos eran los pasajeros que transportaba el se\u00f1or Jhon Jairo en su bus, cu\u00e1l era la frecuencia con la que recorr\u00eda las rutas asignadas por la empresa blanco y negro al cual estaba afiliado el veh\u00edculo automotor\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, analiz\u00f3 el valor probatorio otorgado por el Despacho al dictamen pericial aportado por el incidentalista y decretado de oficio, por valor de $202.049.000. Ello, pues estim\u00f3 que el mismo \u00abes contradictorio, pues por un lado admite que seg\u00fan la informaci\u00f3n recolectada el bus plurimencionado trabajaba por periodos variables en donde trabajaba en una quincena 8 d\u00edas, en otra quincena 13 d\u00edas, haciendo menci\u00f3n a que hab\u00edan quincenas de 15, 10, 13 y hasta 9 d\u00edas etc., y a pesar de eso elaboro\u0301 un dictamen sobre 15 d\u00edas laborados de manera constante a partir del 15 de octubre de 2008, perdiendo de vista la fluctuaci\u00f3n que fue mencionada por ella misma; hecho que resta claridad y consecuencia l\u00f3gica a los fundamentos de la experticia, pues acompasado con los dichos del mismo incidentalista se advierte que este indico\u0301 que el dinero lo recib\u00eda directamente y no a trav\u00e9s de la empresa Blanco y Negro, entonces surge la duda co\u0301mo la perito dice haber proyectado esas ganancias compar\u00e1ndolo con otro veh\u00edculos similares, si a la luz de los dichos del incidentalista la empresa Blanco y Negro no tendr\u00eda conocimiento del producido de cada veh\u00edculo, por no recibir dineros de pasajes en sus arcas\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, indic\u00f3 que el dictamen \u00abno cuenta con un respaldo probatorio s\u00f3lido, que permita inferir que la suma mencionada corresponde realmente a lo que dejo\u0301 de producir el rodante de placas VBC572, ante la imposibilidad de ser utilizado, y por ende no ofrece certeza pues sus conclusiones no se exhiben basadas en fundamentos t\u00e9cnicos, y a la postre carece de eficacia probatoria para cuantificar el da\u00f1o causado\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, el estrado judicial rememor\u00f3 que, el aqu\u00ed accionante desempe\u00f1aba una actividad mercantil -transporte de personas-, \u00abraz\u00f3n por la cual y conforme a lo dispuesto por el C\u00f3digo de Comercio estaba obligado a llevar libros de contabilidad, registros contables, inventarios y estados financieros, que hubieran podido servir a la perito para emitir su dictamen en relaci\u00f3n con el lucro cesante o al menos haber aportado dichos documentos como prueba documental, pero nada de ello obra en el plenario [\u2026] Las razones anterior resultan suficientes para que esta instancia se aparte del dictamen rendido por la perito, en torno a la cuantificaci\u00f3n de los perjuicios\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por lo tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez natural -como ya lo se\u00f1al\u00f3 el a quo constitucional-, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable.2 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis jurisprudencial y normativo del tema debatido y de una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas. <\/p>\n
3.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. En el punto, es necesario destacar que el Juez de tutela s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en el sub examine, pues no se observa un juicio il\u00f3gico o contraevidente del material probatorio.3 <\/p>\n
3.2. En una palabra, esta Sala ha sostenido reiteradamente4 que el Juez Constitucional, en principio, no se ocupa de la valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de las probanzas, pues, se insiste, ello ata\u00f1e al juez natural -con su respectiva independencia-. Al respecto, <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC8884-2020, 22 oct., rad. 2020-02553-00, STC 2462-2021, 12 de marzo, entre otras). <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la gestora. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia penal a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Frente al proceso ejecutivo rad. n\u00ba 2006-00828-00. <\/p>\n
2\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
3\u0002 Esto es, en el caso concreto, no se advierte ni defecto f\u00e1ctico en su dimensi\u00f3n positiva (CC T 916 -2008), ni defecto f\u00e1ctico en su dimensi\u00f3n negativa (por un lado, CC sentencias C-548 de 1997, C-874 de 2003 y C- 102 de 2005, por otro, CC T 949-003 y CC T 264-2009). <\/p>\n
4\u0002 CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 492-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 5632-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 10575-2021, CSJ STC 8446-2021, CSJ STC 8187-2021, entre otras. <\/p>\n
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