STC16670-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC16670-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02119-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 26 de octubre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado le instaur\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva a los Juzgados Cincuenta y Uno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, Cuarenta y Seis Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas, ambos de esta capital, a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 11001600010120190041501. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb para que: (i) Se revocara la determinaci\u00f3n de 29 de abril de 2021 emitida por la Magistratura censurada y, (ii) Se le reconociera su intervenci\u00f3n en calidad de v\u00edctima y las dem\u00e1s \u00abfacultades procesales (\u2026) atribuidas legalmente a las entidades p\u00fablicas vinculadas como v\u00edctimas en el proceso, conforme a lo previsto por el par\u00e1grafo 1 del art\u00edculo 610 de la ley 1564 de 2012\u00bb. <\/p>\n
En compendio sostuvo que el Juzgado Cincuenta y Uno Penal del Circuito conoce el escrito de acusaci\u00f3n que la Fiscal\u00eda 26 Seccional de la Direcci\u00f3n Especializada contra la Corrupci\u00f3n interpuso en contra de Mario Ballesteros Mej\u00eda y Jos\u00e9 Fernando Ceballos Arroyave por los delitos de \u00abinter\u00e9s indebido en la celebraci\u00f3n de contratos\u00bb (10 nov. 2020), posteriormente aclarado para presentarla como \u00abtercera v\u00edctima de los delitos imputados\u00bb. <\/p>\n
Adujo que en audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n (25 feb. 2021) se le \u00abreconoci\u00f3\u00bb la citada condici\u00f3n junto a la Agencia Nacional Minera y la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica; sin embargo, el ad quem le revoc\u00f3 tal calidad (29 abr.). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, de conformidad con los art\u00edculos 610 del C\u00f3digo General del Proceso y el 3\u00ba del Decreto Ley 4085 de 2011, puede \u00abintervenir en procesos de cualquier jurisdicci\u00f3n cuando considere necesario defender los intereses patrimoniales del Estado\u00bb; no obstante, en el interlocutorio fustigado se afirm\u00f3 que el delito, aunque tiene efectos patrimoniales, el \u00abinter\u00e9s le asiste a la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica\u00bb, no a ella, \u00abbrind\u00e1ndose un trato desigual\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala Penal del Tribunal de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 la legalidad de lo actuado, para lo cual destac\u00f3 que \u00abla raz\u00f3n por la cual se neg\u00f3 la calidad de v\u00edctima a esa agencia estatal obedeci\u00f3 a la argumentaci\u00f3n gen\u00e9rica que se expuso para el efecto, de la que solo pudo colegirse un da\u00f1o eventual en contraposici\u00f3n del perjuicio real y concret\u00f3 que debi\u00f3 acreditarse para que se le otorgara la condici\u00f3n procesal que extra\u00f1a\u00bb y, que \u00abse reconoci\u00f3 como v\u00edctima a la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica que tambi\u00e9n persigue el mismo inter\u00e9s patrimonial de la entidad ac\u00e1 accionante\u00bb. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n manifest\u00f3 que \u00abluego de un nuevo an\u00e1lisis del da\u00f1o a la ANDJE, que surge de lo puesto de presente en la demanda de tutela, la afectaci\u00f3n no se explica ni directa o indirecta, o como lo indica la Corte, no se aprecia \u201cel se\u00f1alamiento de la afectaci\u00f3n real y concreta causada por el delito (\u2026)\u201d. Por el contrario, de la lectura de la demanda, lo que se evidencia es que su presencia en el proceso penal corresponde a las responsabilidades misionales de la agencia y no a una afectaci\u00f3n a causa del delito\u00bb. <\/p>\n
La Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica indic\u00f3 que \u00abno encuentra un inter\u00e9s en espec\u00edfico para pronunciarse frente a la acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo deneg\u00f3 el ruego por incumplimiento del principio de subsidiariedad, porque \u00abLa falta de explicaci\u00f3n de los motivos que habilitaban a la AGENCIA intervenir como v\u00edctima del delito fue lo que impidi\u00f3 al Tribunal reconocer a la entidad hoy accionante tal calidad. Por ende, tiene la posibilidad de acudir nuevamente ante el juez cognoscente y elevar tal postulaci\u00f3n de nuevo, bajo motivos que verdaderamente funden su postulaci\u00f3n\u00bb. Adem\u00e1s, porque \u00aben el caso, la causa penal de la referencia se encuentra vigente, pues el Juzgado 51 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 adelanta la audiencia preparatoria, por lo que la accionante tiene la oportunidad de solicitar el reconocimiento como v\u00edctima al interior de la actuaci\u00f3n, pues la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, en la que la accionante ejercit\u00f3 su derecho, no es el \u00fanico momento procesal para elevar tal postulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Y, aclar\u00f3 que: \u00abaunque el art. 610 del C\u00f3digo General del Proceso autoriza que la AGENCIA DE DEFENSA JUR\u00cdDICA DEL ESTADO intervenga \u00aben los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicci\u00f3n\u00bb \u201cen cualquier estado del proceso\u201d en los asuntos \u00abdonde sea parte una entidad p\u00fablica\u00bb o donde se considere necesario defender los intereses patrimoniales del Estado, contando con \u00ablas mismas facultades atribuidas legalmente a la entidad o entidades p\u00fablicas vinculadas como parte en el respectivo proceso\u00bb, tal autorizaci\u00f3n legal no implica, que deba disponerse, per se, su reconocimiento como v\u00edctima en el proceso penal, con prescindencia de las cargas argumentativas que le corresponden en punto de tal postulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.- Impugn\u00f3 el precursor iterando los argumentos inaugurales, insistiendo en que ostenta la facultad legal \u00abindependientemente de que en determinados procesos penales se hubiere causado un perjuicio o da\u00f1o a [su] patrimonio o a su reputaci\u00f3n\u00bb; que agot\u00f3 los recursos ordinarios en la causa penal y que \u00abno hay otro medio judicial eficaz para salvaguardar [sus] derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente \u00absubsidiaria\u00bb y residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de \u00abdefensa judicial\u00bb o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio especial, a menos que la salvaguarda se interponga de forma transitoria para evitar un detrimento irremediable. <\/p>\n
Al efecto, esta Corporaci\u00f3n ha predicado que: <\/p>\n
2.- En el sub lite de entrada se colige la desestimaci\u00f3n del ruego y la consiguiente ratificaci\u00f3n de lo opugnado, de un lado, porque lo acreditado en el infolio y extractado de lo aducido por la gestora, es que la petici\u00f3n de reconocimiento fue impetrada por la Fiscal\u00eda 26 Seccional Especializada -hecho 3 del libelo- y no por quien implora el auxilio, y de otro, porque las inquietudes planteadas se deben poner en conocimiento del juez competente para que se pronuncie al respecto, ya que \u00e9ste sendero no puede suplir las cargas argumentativas propias de las partes para favorecerse de los supuestos normativos tal como lo coligi\u00f3 al a quo constitucional. <\/p>\n
Las anteriores circunstancias ponen de presente la posibilidad y existencia de otro medio id\u00f3neo para obtener la satisfacci\u00f3n de las prerrogativas invocadas, todo, en atenci\u00f3n a que en esta senda no se pueden asumir potestades que corresponden a otro funcionario. <\/p>\n
Ello, porque la accionante tiene a\u00fan vigente el mecanismo ordinario donde puede y debe acreditar el da\u00f1o cierto, real y concreto, no bastando para ello la simple enunciaci\u00f3n de \u00abreglamentaciones particulares que establece su \u00abnaturaleza\u00bb y \u00abcompetencias\u00bb, como se edific\u00f3 en el libelo tutelar. <\/p>\n
S\u00famese a lo dicho, como lo esboz\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal, que: <\/p>\n
\u00ab[\u2026]si bien es en la audiencia de acusaci\u00f3n \u00aben donde se formaliza la intervenci\u00f3n de la v\u00edctima mediante la determinaci\u00f3n de su condici\u00f3n y el reconocimiento de su representaci\u00f3n legal, su participaci\u00f3n, directa o mediante apoderado, se encuentra garantizada a\u00fan desde la fase de investigaci\u00f3n.\u00bb (Sentencia C-516 de 2007), postura consolidada que desvirt\u00faa la alegaci\u00f3n del recurrente, descartando que sea esa audiencia la \u00fanica oportunidad para su intervenci\u00f3n, como tampoco la primera, ni la \u00faltima para hacerlo. <\/p>\n
Si ello es as\u00ed, a fortiori debe entenderse que con posterioridad al momento procesal en que se traba el contradictorio \u2013acusaci\u00f3n-, las v\u00edctimas pueden acudir a solicitar su reconocimiento y por ende, participar en las audiencias para satisfacer sus perspectivas de verdad y justicia, pues, solo de esa manera, lograr\u00e1n llegar al estadio que les permitir\u00e1 discutir el componente de reparaci\u00f3n que, como principal presupuesto procesal, exige la existencia de una sentencia de car\u00e1cter condenatorio. <\/p>\n
Y si bien una lectura exeg\u00e9tica del contenido del art\u00edculo 340 del C\u00f3digo Procesal del a\u00f1o 2004, podr\u00eda llevar a sostener que solo a partir de la audiencia de acusaci\u00f3n la v\u00edctima acceder\u00e1 a la administraci\u00f3n de justicia, sin embargo, una interpretaci\u00f3n semejante qued\u00f3 desechada por completo con la sentencia de constitucionalidad del a\u00f1o 2007 en precedencia comentada. Pero, adem\u00e1s, desde ninguna l\u00f3gica ser\u00eda factible conjeturar, que pierde su derecho a intervenir en la actuaci\u00f3n penal, de no hacer uso de \u00e9l en la audiencia de acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Dicho de otro modo, el \u00fanico l\u00edmite temporal que establece la Ley 906 de 2004 y que se erige como momento a partir del cual precluye la oportunidad para que las v\u00edctimas acudan al proceso penal, se encuentra en el art\u00edculo 106 ibidem, modificado por la Ley 1395 de 2010, (CSJ AP1238, 11, Mar. 2015, Rad. 45.339 reiterada en CSJ AP2543 \u2013 2021. Negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Recuerda esta Colegiatura, que es en el escenario natural, donde se debe abrir el debate de proporcionalidad y razonabilidad de las \u00abdeclaraciones\u00bb aqu\u00ed discutidas, y que iniciada una Litis, compete y es \u00abcarga\u00bb de los interesados, desarrollarlos en uso de los elementos instituidos en el ordenamiento legal. <\/p>\n
3.- Ergo, se avalar\u00e1 el prove\u00eddo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s \u00e1gil a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC16670-2021 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC16670-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02119-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 26 de octubre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60133","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60133","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60133"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60133\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60133"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60133"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60133"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}