STC16681-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16681-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01984-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Iliana Fernanda Oyola Valencia frente al fallo proferido el 10 de diciembre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela instaurada por ella contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Cuarenta y Ocho Penal del Circuito de esa ciudad y la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n, presuntamente vulnerados por las sedes judiciales acusadas al emitir sentencia condenatoria en la causa penal seguida en su contra. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar a la Colegiatura convocada revocar \u00abla sentencia de\u2026 7 de noviembre de 2019, y en su lugar se precluya la investigaci\u00f3n en [su] favor\u2026, por haber operado una causal objetiva de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb. <\/p>\n
2. Los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso son los que a continuaci\u00f3n se sintetizan: <\/p>\n
2.1. Con sentencia del 7 de noviembre de 2019 el Tribunal acusado confirm\u00f3 la dictada el 11 de marzo anterior por el Juzgado accionado, en la cual se conden\u00f3 a la quejosa a 72 meses de prisi\u00f3n, \u00abcomo autora responsable del delito de omisi\u00f3n del agente retenedor o recaudador, en concurso homog\u00e9neo y sucesivo\u00bb. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, en concreto, aleg\u00f3 la censora que en dicha actuaci\u00f3n debi\u00f3 declararse la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, porque demostr\u00f3 el pago de los tributos por los periodos por los cuales se le investig\u00f3 y tanto ella como su empresa \u00abhab\u00edan deprecado la iniciaci\u00f3n de un proceso de reestructuraci\u00f3n de deudas o de insolvencia\u00bb, el cual estaba en curso; adem\u00e1s, para el momento en que se emitieron las sentencias, \u00abla acci\u00f3n penal se encontraba prescrita\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, bajo esos supuestos, \u00ab[s]e afecta el fundamental derecho a la libertad del procesado PEDRAZA GARZON (sic)\u2026, por cuanto\u2026 se encuentra huyendo de manera leg\u00edtima ante la irregular orden de captura emitida por el Tribunal\u00bb, motivo mismo que le imposibilita trabajar, procurarse su sustento y el de su familia; y no cuenta con un mecanismo judicial de defensa m\u00e1s expedito que \u00e9ste. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales rog\u00f3 el despacho adverso de la solicitud de protecci\u00f3n porque \u00abcon el actuar judicial no se vulner\u00f3 derecho fundamental alguno, as\u00ed como denota la ausencia de perjuicio irremediable del accionante, vislumbr\u00e1ndose \u00fanicamente un recuento de los eventos suscitados durante el tr\u00e1mite judicial; entendi\u00e9ndose\u2026 que lo que se busca\u2026 es utilizar la tutela como mecanismo extraordinario de tercera instancia para debatir nuevamente los mismos hechos y eventos previamente examinados, que gozan del car\u00e1cter prevalente de la figura de cosa juzgada\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que \u00abno se le desconoci\u00f3 ning\u00fan derecho constitucional fundamental a la accionante, en la medida en que la decisi\u00f3n se emiti\u00f3 conforme a la ley\u00bb. <\/p>\n
EL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte neg\u00f3 la protecci\u00f3n al hallar insatisfechos los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad; lo primero, porque \u00abla decisi\u00f3n censurada por la accionante fue proferida hace m\u00e1s de 1 a\u00f1o\u00bb; mientras que, lo segundo, porque frente a \u00e9sta no se agotaron el recurso extraordinario de casaci\u00f3n ni la acci\u00f3n de revisi\u00f3n. <\/p>\n
ste ue s que, lo segundo, ciadoad de Palmira icio criticado. <\/p>\n
nte y\/o hecho exclusivo de un tercero como causal de ausencia de r <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la quejosa sosteniendo que s\u00ed satisfizo el presupuesto de la inmediatez porque, adem\u00e1s de que el mismo no constituye un requisito legal sino jurisprudencial, fue un hecho notorio la pandemia que en el a\u00f1o 2020 \u00abparaliz\u00f3 el aparato judicial por m\u00e1s de cuatro meses\u00bb y el da\u00f1o derivado de las decisiones que cuestiona \u00aba\u00fan se viene produciendo\u00bb porque permanece privada de su libertad, as\u00ed sea de forma domiciliaria; de otro lado, respecto a los recursos referidos por el a-quo constitucional como desperdiciados, dijo que debi\u00f3 observarse que no se mostraban id\u00f3neos y eficaces para resolver su problem\u00e1tica, a m\u00e1s que \u00abno fue informada de la posibilidad de interponer el\u2026 de casaci\u00f3n y cuando se le explic\u00f3 esto, los costos de la demanda\u2026 superaban su presupuesto, de manera que no pudo asumir esa v[\u00ed]a judicial ordinaria\u00bb, y \u00ab[e]n relaci\u00f3n con la revisi\u00f3n\u2026, es claro que, incoar[la]\u2026 no suspende el cumplimiento de la pena, \u2026supone desvirtuar la cosa juzgada, por manera que la decisi\u00f3n objeto de revisi\u00f3n mantiene su vigencia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitada ante la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este asunto se critic\u00f3 la causa penal clausurada con la providencia de 7 de noviembre de 2019, a trav\u00e9s del cual el Tribunal convocado confirm\u00f3 la condenatoria emitida el 11 de marzo anterior por el Juzgado enjuiciado. <\/p>\n
2.1. Puestas as\u00ed las cosas, patente era la inviabilidad de la petici\u00f3n de amparo, toda vez que carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que entre la fecha de expedici\u00f3n de la \u00faltima de las providencias referidas y la de interposici\u00f3n de la demanda de tutela del ep\u00edgrafe transcurri\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o, super\u00e1ndose ostensiblemente el lapso de seis (6) meses que ha fijado la consistente jurisprudencia de la Corte como razonable y proporcional para que la persona afectada en sus prerrogativas esenciales ejerza esta acci\u00f3n supralegal, sin que la quejosa demostrara motivo v\u00e1lido alguno para justificar tal tardanza. <\/p>\n
En la materia, se ha sostenido que: <\/p>\n
\u2026si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido…, adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
2.2. Aunado a ello, muy a pesar de las alegaciones de la quejosa, es evidente que la solicitud de resguardo tampoco satisfac\u00eda el presupuesto de la subsidiariedad, comoquiera que a su alcance estuvo el recurso extraordinario de casaci\u00f3n y la acci\u00f3n de revisi\u00f3n para exponer ante el juzgador natural las quejas aqu\u00ed planteadas, mecanismos de los que no hizo uso. <\/p>\n
De ese modo, el reclamo actual tambi\u00e9n resulta improcedente porque el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n al interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si la gestora de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
…es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables…-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
2.3. Por ese sendero, como de vieja data se tiene por sentado, se recuerda que la ausencia de los presupuestos en cuesti\u00f3n impide al fallador de tutela ocuparse del fondo del asunto sometido a su consideraci\u00f3n, lo que de suyo derruye todas las alegaciones de la impugnante, de no olvidar que, como se ha dicho en diferentes oportunidades, el lapso al que se refiere el requisito de la inmediatez \u00abse contabiliza a partir de la decisi\u00f3n censurada\u00bb (STC11140-2018, 31 ag., rad. 2018-01150-01), en tanto que, en casos como \u00e9ste, la afectaci\u00f3n aducida deriva de su emisi\u00f3n; las medidas adoptadas con ocasi\u00f3n de la emergencia sanitaria por el Covid-19 no implicaron la suspensi\u00f3n de los t\u00e9rminos respecto a la interposici\u00f3n de acciones como la que aqu\u00ed se resuelve; y finalmente, frente al argumento de la tutelante en punto a que carec\u00eda de recursos econ\u00f3micos para contratar un profesional del derecho que la asistiera en la referida causa penal, ello tampoco es suficiente para el buen suceso de la salvaguarda, comoquiera que el ordenamiento procesal penal establece mecanismos id\u00f3neos para superar dichos inconvenientes, como el acceso a los servicios de la Defensor\u00eda del Pueblo, para que all\u00ed le sea asignado un profesional del derecho de oficio que promueva las actuaciones legales pertinentes, sin que est\u00e9 probado que hubiese acudido a dicha entidad y que \u00e9sta se negara a representarla en el juicio fustigado o en la eventual acci\u00f3n de revisi\u00f3n (ver CSJ STC, 18 abr. 2013, rad. 2013-00171-01; reiterada en STC, 30 abr. 2014, rad. 2014-00499-01; y STC 7512-2014; entre otras). <\/p>\n
3. Lo dicho impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que para el tr\u00e1mite de la presente impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte hasta el pasado 13 de julio, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a la Secretar\u00eda de esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 11 de noviembre \u00faltimo, donde se radic\u00f3 y reparti\u00f3 el d\u00eda siguiente y el 16 posterior ingres\u00f3 al despacho. <\/p>\n
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