STC16689-2021 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16689-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04440-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., siete (07) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Eduardo Enrique Gargioli Piedriz contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ci\u00e9naga y los intervinientes en el ejecutivo n\u00b0 2021-00020. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos de petici\u00f3n y a un debido proceso, los cuales estima trasgredidos por la demora de la magistratura accionada en resolver el recurso de apelaci\u00f3n que \u00e9l interpuso contra el auto mediante el cual se rechaz\u00f3 su demanda ejecutiva (impugnaci\u00f3n repartida a la colegiatura el 16 de abril de 2021) y las solicitudes de impulso procesal que elev\u00f3 los d\u00edas 10 de septiembre y 5 de octubre pasados. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se ordene resolver la alzada, revocando el rechazo de su demanda. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Primera Civil del Circuito de Ci\u00e9naga hizo un breve recuento del litigio sobre el que versa la solicitud de amparo y defendi\u00f3 la legalidad de su proceder en esa tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
2. La magistratura encartada manifest\u00f3 que, por auto de 6 de diciembre de 2021, se resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n formulado por el accionante contra el prove\u00eddo mediante el cual se rechaz\u00f3 su demanda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el sustrato f\u00e1ctico de la solicitud de amparo involucra una trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas all\u00ed invocadas que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar, como lo ha sostenido esta Sala al precisar que para la procedencia de este instrumento se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
3.1 A la luz de las pautas reci\u00e9n expuestas, es forzoso colegir la improcedencia de las pretensiones que elev\u00f3 el accionante con fundamento en su derecho de petici\u00f3n, porque, en forma reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado la inviabilidad de la mencionada prerrogativa trat\u00e1ndose de tr\u00e1mites judiciales (salvo en el caso de temas de car\u00e1cter administrativo) en raz\u00f3n a que aqu\u00e9llos est\u00e1n sometidos a etapas o fases reguladas por el ordenamiento jur\u00eddico procesal de imperiosa aplicaci\u00f3n, cuyo desconocimiento eventualmente dar\u00eda lugar a quebrantar prerrogativas esenciales de igual linaje. Sobre este particular, la Sala ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, Rad. 4822; y 20 mar. 2000, Rad. 4867, reiterada en otras en STC2408-2019, 28 feb. 2019, rad. 2018-02638-01) <\/p>\n
En igual sentido, se precisa, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (CSJ STC 2 ago. 2002, Rad. 00199-01; reiterada en STC9838-2019, 24 jul., rad. 2019-00158). <\/p>\n
As\u00ed, cuando por v\u00eda de tutela se aduce el desconocimiento del precepto 23 de la Carta Pol\u00edtica por parte de una autoridad jurisdiccional, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto vinculado a la litis y, si se determina lo primero, el amparo devendr\u00e1 improcedente, por las razones expuestas. <\/p>\n
En el presente asunto, es claro que la referida petici\u00f3n se orient\u00f3 en forma expresa a impulsar la resoluci\u00f3n de un recurso de alzada, lo cual resulta improcedente dada la naturaleza judicial del tr\u00e1mite en el cual dicho pedimento fue elevado. <\/p>\n
3.2. Tampoco la solicitud de amparo en estudio resulta apta para conjurar la eventual mora judicial que all\u00ed se le atribuy\u00f3 a la magistratura encartada, puesto que, durante esta tramitaci\u00f3n constitucional, dicha colegiatura emiti\u00f3 el auto de 6 de diciembre de 2021, mediante el cual resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n que el hoy accionante formul\u00f3 contra el auto que rechaz\u00f3 su demanda. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la eventual mora que se le hubiera podido atribuir a la corporaci\u00f3n encartada, ya se super\u00f3 en virtud del rese\u00f1ado prove\u00eddo, resultando inocua cualquier manifestaci\u00f3n que pudiere hacerse frente a la situaci\u00f3n descrita en el libelo introductor. <\/p>\n
En tal virtud, se configura la carencia actual de objeto, perdiendo el auxilio su raz\u00f3n de ser, por sustracci\u00f3n de materia, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Frente a lo anterior, esta Sala ha precisado que \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 02211-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 00194-01, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Como consecuencia de lo analizado, se denegar\u00e1 la pretendida protecci\u00f3n, dado que ya fue superada la situaci\u00f3n de hecho que la motiv\u00f3. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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