STC16690-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16690-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04354-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Furel SA contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por la autoridad acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se le ordene al Tribunal convocado \u00abresolver dentro de las 48 horas siguientes el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto de fecha 13 de julio de 2021, que present\u00f3 el demandado desde el 16 de julio de 2021\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Banco Colpatria Mutibanca Colpatria SA promovi\u00f3 juicio ejecutivo contra Furel SA, Promotora Moreno & CIA SCA, Hern\u00e1n Moreno Perez y Marta Leticia Gonz\u00e1lez Mendez, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Trece Civil del Circuito de Medell\u00edn, el que dict\u00f3 sentencia el 10 de marzo de 2020 disponiendo seguir adelante con la ejecuci\u00f3n <\/p>\n
2.2. Mediante auto de 29 de abril de 2021 se decretaron unas medidas cautelares, decisi\u00f3n Furel SA recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y subsidio apelaci\u00f3n, por lo que con auto de 13 de julio de los corrientes, el referido estrado del circuito mantuvo la decisi\u00f3n y concedi\u00f3 la alzada. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la sociedad accionante que el proceso fue remitido al Tribunal el 6 de agosto y radicado el 8 de octubre siguiente; que si bien solamente hab\u00edan trasncurrido 40 d\u00edas desde que fue asignado el proceso, a la fecha no se hab\u00eda resuelto el asunto, lo que configuraba una mora y era preocupante, en tanto que el tema a resolver era el decreto de unas medidas cautelares que \u00abfueron mal argumentadas por el Juzgado de conocimiento\u00bb. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que no hab\u00eda sido notificada de ning\u00fan pronunciamiento que justificara la tardanza; que se incurr\u00eda en mora judicial y se faltaba al deber de administrar justicia efectiva a las partes procesales; y que el art\u00edculo 588 del C\u00f3digo General del Proceso dispon\u00eda que la resoluci\u00f3n de las medidas cautelares deb\u00eda efectuarse a m\u00e1s tardar al d\u00eda siguiente. <\/p>\n
2.5. Adujo que no exist\u00eda motivo razonable que justificara dicha demora, pues desde el 16 de julio de los corrientes present\u00f3 la apelaci\u00f3n, tiempo suficiente para que todo despacho se ponga al d\u00eda con sus pendientes; que hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de 90 d\u00edas desde la formulaci\u00f3n del aludido recurso sin que se resolviera; que no contaba con otro mecanismo de defensa judicial; y que la compa\u00f1\u00eda ven\u00eda atravesando una situaci\u00f3n precaria. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn se\u00f1al\u00f3 que el proceso fue ingresado el 8 de octubre de los corrientes; que el t\u00e9rmino transcurrido no pod\u00eda considerarse como injustificado, si en el mes de octubre y en lo corrido de noviembre hab\u00eda recibido 10 procesos de apelaci\u00f3n de sentencia y 8 de auto, 1 acci\u00f3n popular, 3 consultas de desacato, 11 acciones de tutela y 24 impugnaciones, adem\u00e1s del tr\u00e1mite, las revisiones de asuntos de otros despachos y los temas administrativos; que procuraba resolver las apelaciones de autos en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de 3 meses, respetando los turnos de ingreso; y que antes del proceso criticado, exist\u00edan 9 pendientes de decisi\u00f3n. <\/p>\n
2. Juan Gabriel Varela Alonso, quien dice actuar en su condici\u00f3n de apoderado de Gian Carlo Ciocca Montoya, alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que lo habilite para representar a vinculado. <\/p>\n
3. El Juzgado Trece Civil del Circuito de Medell\u00edn realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que se remit\u00eda a las mismas. Remiti\u00f3 copia del expediente criticado. <\/p>\n
4. Scotiabank Colpatria SA refiri\u00f3 que cedi\u00f3 los derechos del cr\u00e9dito a Gian Carlo Ciocca Montoya, por lo que no era acreedor ni parte dentro del proceso y carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. Solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
5. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte la queja constitucional se circunscribe a la demora del Tribunal acusado en resolver la alzada interpuesta frente al auto que decret\u00f3 medidas cautelares. <\/p>\n
3. Al respecto, preciso resulta se\u00f1alar que los elementos de convicci\u00f3n militantes en el diligenciamiento tutelar dan cuenta de la improcedencia del amparo reclamado, habida cuenta de que no se observa una tardanza abiertamente injustificada en resolver la alzada. <\/p>\n
Sobre la demora en las actuaciones judiciales, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
\u2026la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 sep. de 2008, rad. 2008-01138-00; reiterada en STC, 25 feb. 2013, rad 2013-00003-01; STC, 5 feb. 2014, rad. 2014-00549-01; STC10755-2015, 11 ago., rad. 2015-01287; y STC12572-2015, 17 sep., rad. 00231-01). <\/p>\n
En un asunto que guarda alguna simetr\u00eda con el actual, esta Colegiatura con fundamento en la jurisprudencia constitucional, consign\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la Corte Constitucional\u2026 ha precisado que \u00abrespecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. \u2026\u00bb (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00; reiterada en CSJ STC, 6 feb. 2015, rad. 2014-01948-03). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC16690-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16690-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04354-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Furel SA contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60148","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60148","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60148"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60148\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60148"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60148"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60148"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}