STC16696-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16696-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04408-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez contra la Sala de Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado 13 Civil del Circuito de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su prerrogativas al debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n, que dice vulneradas por las autoridades judiciales accionadas, por lo que pidi\u00f3 \u00abdecretar la nulidad de todo lo actuado -desde la admisi\u00f3n de la tutela 2021-00309- por la falta de notificaci\u00f3n a la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez como parte accionada\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Jos\u00e9 Efr\u00e9n Burbano Zambrano promovi\u00f3 una primera acci\u00f3n de tutela contra la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez, que fue negada con sentencia del 9 de septiembre de 2021, decisi\u00f3n que impugn\u00f3 el promotor, siendo revocada por el Tribunal convocado con providencia del 11 de octubre siguiente, para en su lugar, conceder el amparo que se reclam\u00f3, por lo que dej\u00f3 sin efectos \u00abel dictamen No.16706149-15445 emitido\u2026 el 25-08-21\u00bb y, por tanto, orden\u00f3 a la all\u00ed enjuiciada que \u00abdentro del t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la presente decisi\u00f3n, profiera un nuevo dictamen\u00bb. <\/p>\n
2.2. Cumplido lo anterior, el gestor del citado resguardo promovi\u00f3 incidente de desacato, al que le dio tr\u00e1mite el juzgado accionado con auto del 29 de octubre de 2021. <\/p>\n
2.3. Enterada la accionada sobre la existencia del incidente de desacato, mediante misiva remitida el 4 de noviembre de los corrientes, expres\u00f3 al fallador de primera instancia \u00ablos operadores judiciales que conocieron en primera y segunda instancia la tutela de referencia 2021-00309 vulneraron el debido proceso y el derecho de defensa que le asiste a esta entidad\u00bb, comoquiera que \u00abno se recibi\u00f3 en el correo habilitado por la entidad para tal fin, ninguna notificaci\u00f3n por parte del Juzgado Trece Civil del Circuito de Cali de la admisi\u00f3n de la tutela, como tampoco del fallo proferido en primera y segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
2.5. Remitido el expediente al superior, para surtir el grado jurisdiccional de consulta respecto de la decisi\u00f3n sancionatoria, el Tribunal convocado, con prove\u00eddo del 18 de noviembre siguiente, decret\u00f3 la nulidad de todo lo actuado en el incidente de desacato. <\/p>\n
2.6. En cumplimiento de lo anterior, se dio tr\u00e1mite a un nuevo incidente de desacato, a trav\u00e9s de auto del 24 de noviembre de 2021, del cual se corri\u00f3 traslado a \u00abDiana Elizabeth Cuervo \u2013 M\u00e9dico-, Margoth Rojas Rodr\u00edguez \u2013 Terapeuta Ocupacional-, Carlota Rosas Ropain \u2013 M\u00e9dico- y, Mary Pach\u00f3n Pach\u00f3n \u2013 Abogada Principal, quienes hacen parte de la Sala de Decisi\u00f3n N\u00famero Dos de la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez\u00bb. <\/p>\n
2.7. Seguidamente, mediante providencia del 30 de noviembre siguiente, el juzgado accionado se abstuvo de decretar pruebas y, ejecutoriada tal decisi\u00f3n, con determinaci\u00f3n del primero de diciembre sancion\u00f3 por desacato a \u00abDiana Elizabeth Cuervo \u2013 M\u00e9dico-, Margoth Rojas Rodr\u00edguez \u2013 Terapeuta Ocupacional-, Carlota Rosas Ropain \u2013 M\u00e9dico- y, Mary Pach\u00f3n Pach\u00f3n \u2013 Abogada Principal-, quienes hacen parte de la Sala de Decisi\u00f3n N\u00famero Dos de la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez\u00bb, con cinco d\u00edas de arresto y multa de tres salarios m\u00ednimos legales mensuales vigente. <\/p>\n
2.8. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que \u00abno fue debidamente notificada de la admisi\u00f3n de tutela 2021-309\u00bb, comoquiera que las comunicaciones remitidas para esos efectos, por los falladores de ambas instancias, se enviaron a un correo electr\u00f3nico \u00abque se utiliza de manera masiva para enviar los dict\u00e1menes que son emitidos por la entidad a todas las partes interesadas, y, por lo tanto, no est\u00e1 habilitado para recibir ning\u00fan tipo de mensaje\u00bb. <\/p>\n
2.9. Agreg\u00f3 que el juzgado convocado, en el prove\u00eddo que resolvi\u00f3 el incidente de desacato, \u00abno realiz\u00f3 pronunciamiento de fondo respecto de las manifestaciones realizadas por esa entidad en el sentido de que nunca fue notificada del auto admisorio ni de los fallos proferidos en primera y segunda instancia\u00bb, as\u00ed como tampoco se pronunci\u00f3 sobre las actuaciones adelantadas en procura de acatar la orden constitucional; y que si bien el \u00abauto en el que se orden\u00f3 la sanci\u00f3n\u2026 fue declarado nulo\u2026\u00bb por parte del Tribunal querellado, lo cierto que dicha sede judicial \u00abtampoco\u2026 hizo referencia alguna\u2026 a las manifestaciones realizadas por esa entidad referentes a la vulneraci\u00f3n del debido proceso y derecho de contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez del Valle del Cauca precis\u00f3 que \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno; cumpli\u00f3 con el debido proceso y con los t\u00e9rminos establecidos en la normatividad vigente en la calificaci\u00f3n ya emitida sin que a la fecha se encuentre nuevo tr\u00e1mite administrativo pendiente de decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado 13 Civil del Circuito de Cali manifest\u00f3 que \u00abtodas las actuaciones han sido debidamente notificadas a las partes, por lo que se ha garantizado el derecho de defensa y el debido proceso de todas las partes vinculadas en el tr\u00e1mite constitucional\u00bb. <\/p>\n
3. N\u00e9stor Arturo Nieva Amaya, en condici\u00f3n de agente oficioso de Jos\u00e9 Efr\u00e9n Burbano Zambrano, defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n censurada. <\/p>\n
4. La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
5. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC 11 may. 2001, rad. n\u00ba 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, examinada la demanda de tutela, se evidencia que la queja de la promotora se circunscribe a que, en el tr\u00e1mite del incidente de desacato cuestionado, los falladores omitieron pronunciarse sobre la ausencia de notificaci\u00f3n que esgrimi\u00f3, as\u00ed como tambi\u00e9n sobre las actuaciones que ha adelantado en procura de cumplir la orden de tutela que se pregona desatendida. <\/p>\n
Con base en tal premisa, advierte la Corte que el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que se torna prematuro, en la medida en que, revisados los elementos de juicio aportados al plenario, se verifica que el referido tr\u00e1mite incidental a\u00fan se encuentra en curso, habida cuenta que el primero de diciembre de 2021 (despu\u00e9s de presentada la tutela – 25 de noviembre de 2021), el juzgado accionado dict\u00f3 auto sancionatorio, decisi\u00f3n que ser\u00e1 sometida a grado jurisdiccional de consulta, escenario en el cual el Tribunal accionado a\u00fan puede resolver sobre las circunstancias an\u00f3malas que esgrimi\u00f3 la quejosa (falta de enteramiento de la existencia de la tutela y ausencia de pronunciamiento sobre las gestiones que adelant\u00f3 para el cumplimiento del resguardo concedido). <\/p>\n
Lo anterior traduce que como la situaci\u00f3n objeto de reproche no se ha consolidado, el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que ello equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia. <\/p>\n
Al respecto, reiteradamente ha sostenido la Sala que: <\/p>\n
\u2026 resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CJS STC6999, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
3. Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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