STC16700-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16700-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2021-00635-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 18 de noviembre de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Nubia Esperanza Contreras Su\u00e1rez contra los Juzgados Promiscuo Municipal de Sabana de Torres y Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por las autoridades judiciales convocadas, por lo que pidi\u00f3 que se les ordene \u00abdejar sin efectos las decisiones adoptadas [con] los fallos proferidos [el] 19 de marzo del a\u00f1o 2020 y 18 de mayo de 2021, respectivamente, dentro del proceso [criticado]\u00bb; en consecuencia, dispongan \u00abla pr\u00e1ctica del testimonio de Arturo Angarita Garc\u00eda y, con fundamento en lo expuesto por el testigo y las dem\u00e1s pruebas recopiladas, [profieran] nuevamente fallo que ponga termino al [litigio]\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Carlos Jaime Tiojo Caranton promovi\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva contra Nubia Esperanza Contreras Su\u00e1rez, con la finalidad de obtener el pago de dos letras de cambio. <\/p>\n
2.2. Librado el mandamiento de pago y enterada la demandada, quien formul\u00f3 una excepci\u00f3n de m\u00e9rito, se dict\u00f3 sentencia el 19 de marzo de 2020, que desestim\u00f3 el referido mecanismo defensivo, por lo que se orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la enjuiciada, siendo confirmada con providencia del 18 de mayo de 2021. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del amparo que los fallos dictados por las sedes judiciales acusadas \u00abcarecen de fundamentaci\u00f3n\u00bb y \u00abomiten\u2026 el\u2026 material probatorio que se encuentra en diligencias, en especial, la prueba testimonial e interrogatorios absueltos por las partes\u00bb, que daban cuenta de la existencia del pago de los t\u00edtulos valores objeto del asunto criticado; as\u00ed como tambi\u00e9n destac\u00f3 que los falladores criticados no hicieron uso \u00abde las facultades oficiosas [en materia probatoria]\u2026, pues a pesar que dentro de las diligencias se hab\u00eda nombrado a\u2026 Arturo Angarita Garc\u00eda como conocedor del pago del importe de los t\u00edtulos valores objeto de cobro en sede de instancia, por haberlo efectuado en nombre de la ejecutada, no ordenaron la pr\u00e1ctica de dicho testimonio\u2026\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja, tras rese\u00f1ar las actuaciones que adelant\u00f3 en el juicio criticado, precis\u00f3 que \u00abno se vulner\u00f3 ning\u00fan derecho fundamental a la actora\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Sabana de Torres manifest\u00f3 que \u00ablas decisiones de [esa] operadora judicial se han proferido a fin de no vulnerar los derechos fundamentales de ninguna de las partes\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, por cuanto \u00abla determinaci\u00f3n adoptada\u2026 por\u2026 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja, en sentencia del 18 de mayo de 2021, se fund\u00f3 en premisas jur\u00eddicas respetables que distan de ser caprichosas o antojadizas\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La gestora reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, enfiladas a cuestionar la valoraci\u00f3n probatoria efectuada en las sentencias criticadas y, adicionalmente, esgrimi\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 la actuaci\u00f3n de los estrados judiciales increpados no tiene un fundamento factico y normativo adecuado, pues habi\u00e9ndose planteado al interior del proceso ejecutivo la posibilidad de obtener una prueba m\u00e1s, como es, el testimonio de Arturo Angarita Garc\u00eda, para esclarecer completamente los hechos relacionados con el pago total de la obligaci\u00f3n que [hizo] al ejecutante a trav\u00e9s de este se\u00f1or, pero por falta de una defensa t\u00e9cnica adecuada no lo solicit\u00e9 en su momento, los despachos judiciales accionados no lo hicieron pese a que legalmente les obliga ejercer sus poderes oficiosos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC 11 may. 2001, rad. n\u00ba 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
3. Bajo esa \u00f3ptica, se advierte que el amparo no est\u00e1 llamado a prosperar, comoquiera que la citada decisi\u00f3n de 18 de mayo anterior no denota arbitrariedad, porque el estrado querellado expres\u00f3 las razones por las que resultaba inviable reconocer el pago que aleg\u00f3 la demandada en la ejecuci\u00f3n atacada, sobre lo cual precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026, en el marco del proceso, la demandada en [el] interrogatorio rendido, afirm\u00f3 que hab\u00eda realizado el pago total de las obligaciones contenidas en los t\u00edtulos base de recaudo; adem\u00e1s, acerc\u00f3 pruebas documentales con las que pretend\u00eda acreditar dicha situaci\u00f3n. <\/p>\n
El Juez en primera instancia, dentro del fundamento jur\u00eddico y consideraciones, analiz\u00f3 si esta excepci\u00f3n podr\u00eda prosperar, pero finalmente, concluy\u00f3 que no hay pruebas que acrediten tal aseveraci\u00f3n. <\/p>\n
En ese sentido, la demandada a trav\u00e9s de la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n invocado, solicita la prosperidad de la excepci\u00f3n por pago total de la obligaci\u00f3n, conforme a lo dispuesto en el art. 282 del C.G.P. <\/p>\n
Por lo anterior, no se analizar\u00e1 la excepci\u00f3n de fondo propuesta en la contestaci\u00f3n de la demanda, ya que la recurrente centra su inconformidad, en torno al presunto pago total de las obligaciones contenidas en las letras de cambio que se ejecutan dentro de este proceso. <\/p>\n
Para tal efecto, se estudiar\u00e1n las pruebas documentales y testimoniales allegadas por la parte demandada. <\/p>\n
En primer lugar, se analiza la contestaci\u00f3n de la demanda (\u2026), en respuesta a los hechos expuestos en el escrito de demanda\u2026, Nubia Esperanza Contreras, manifiesta que son todos ciertos, incluyendo, el hecho 4\u00b0, el cual indica que el plazo se encuentra vencido y los demandados no han cancelado ni capital, ni intereses, siendo renuentes al pago de las obligaciones, aunado a lo anterior, se observa que, como \u00fanica excepci\u00f3n, propone \u201cILEGALIDAD DEL T\u00cdTULO VALOR (LETRA DE CAMBIO) POR FALTA DE LOS REQUISITOS QUE LA LEY EXIGE PARA TODOS LOS T\u00cdTULOS VALORES\u201d, pero ni en los hechos, ni pretensiones, ni dentro de los fundamentos de oposici\u00f3n, indica la cancelaci\u00f3n total de los dineros contenidos en las letras de cambio ejecutadas en este proceso. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no acerca al plenario, alg\u00fan documento de paz y salvo, firmado por el ejecutante, como se\u00f1al de pago u abono a las obligaciones. <\/p>\n
En segundo lugar, solo hasta [la declaraci\u00f3n] rendida por la demandada (\u2026), la misma, pone de presente el hecho de que cancel\u00f3 la totalidad de los dineros adeudados al [ejecutante]. <\/p>\n
En ese sentido, afirma que pag\u00f3 primero la suma de $40.000.000.oo millones de pesos, y despu\u00e9s $10.000.000.oo millones de pesos m\u00e1s, a trav\u00e9s de su esposo\u2026 Arturo Angarita. <\/p>\n
Como prueba de tal aseveraci\u00f3n, acerca en interrogatorio, una declaraci\u00f3n extra juicio rendida por\u2026 Antonio Fuentes Oyola y un documento firmado por\u2026 Diana Cuentas el 17 de septiembre de 2013, el cual indica que recibi\u00f3 la suma de $10.000.000.oo millones de pesos, por parte de\u2026 Arturo Angarita (esposo de la demandada) (\u2026). <\/p>\n
En cuanto a la declaraci\u00f3n extrajuicio rendida por Fuentes Oyola, el mismo manifiesta que se encontraba presente el d\u00eda en que Arturo Angarita le entreg\u00f3 la suma de $40.000.000.oo millones de pesos como abono de la obligaci\u00f3n al demandante (\u2026). <\/p>\n
Cabe se\u00f1alar, que en ese momento el Juez de primera instancia, orden\u00f3 la declaraci\u00f3n de Diana Cuentas y Antonio Fuentes Oyola, con el fin de esclarecer los hechos expuestos por la demandada. <\/p>\n
En tercer lugar, al revisar el testimonio rendido por Antonio Fuentes Oyola (\u2026), se observa una ratificaci\u00f3n en lo ya expuesto dentro de la declaraci\u00f3n extrajuicio. <\/p>\n
En cuarto lugar, se desprende de la declaraci\u00f3n rendida por\u2026 Diana Cuentas Sep\u00falveda, que la misma s\u00ed recibi\u00f3 y suscribi\u00f3 el documento en el cual el demandante recib\u00eda la suma de $10.000.000.oo millones de pesos por parte de Arturo Angarita, pero es clara en indicar que desconoc\u00eda el destino y concepto de los pagos realizados por este \u00faltimo a\u2026 Carlos Jaime Tijo Carant\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, asegura que\u2026 Arturo Angarita no se acerc\u00f3 a reclamar las letras objeto del presente recaudo, tal y como lo manifest\u00f3\u2026 Antonio Fuentes Oyola en su testimonio. <\/p>\n
En quinto lugar, es claro para este Despacho que, entre las partes intervinientes en este proceso y\u2026 Arturo Angarita (esposo de la demandada), exist\u00edan negocios concernientes al pr\u00e9stamo de dineros, tal es as\u00ed, que el demandante adelant\u00f3 otras demandas ejecutivas radicadas bajo los No. 2013-275 y 2013-276, tambi\u00e9n conocidas por el a-quo. <\/p>\n
Se infiere de los hechos analizados, que si la parte demandada cancel\u00f3 la totalidad de las obligaciones contenidas en las letras de cambio No. 004 y 001, \u00bfPor qu\u00e9 no ten\u00edan en su poder documento que acreditara dicho pago? o en su defecto \u00bfPor qu\u00e9 no le solicitaron al demandante la devoluci\u00f3n de las letras de cambio? <\/p>\n
Si en gracia de discusi\u00f3n, el demandante se hubiera negado a devolver las letras de cambio o a suscribir alg\u00fan recibo o paz y salvo, \u00bfpor qu\u00e9 dicha situaci\u00f3n no fue manifestada dentro de la contestaci\u00f3n de la demanda?, y solo hasta la declaraci\u00f3n la demandada, teniendo como sustento una declaraci\u00f3n extrajuicio y un documento firmado por la secretaria del demandante sin mayor detalle, pretende probar dicha afirmaci\u00f3n. <\/p>\n
Este Despacho concluye que la parte demandada no despleg\u00f3 una defensa s\u00f3lida dentro de la contestaci\u00f3n de la demanda, no acerc\u00f3 documentos id\u00f3neos que fortalecieran su argumento, ni tampoco solicit\u00f3 como pruebas testimoniales al se\u00f1or Antonio Fuentes Oyola, ni a Diana Cuentas, y mucho menos a su esposo, persona que presuntamente realiz\u00f3 los abonos al demandante; adem\u00e1s, no resulta l\u00f3gico que si ten\u00eda el convencimiento de que hab\u00eda pagado la totalidad de la obligaci\u00f3n, no propusiera esta excepci\u00f3n desde el momento en que hizo su pronunciamiento, pues solo se limit\u00f3 a plantear la ya indicada\u2026 <\/p>\n
Bajo ese horizonte, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la gestora no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la autoridad criticada valor\u00f3 las pruebas que se recaudaron en el proceso cuestionado y concluy\u00f3 que no se demostr\u00f3 que el pago que aleg\u00f3 la enjuiciada, pues los elementos de juicio recaudados resultaban insuficientes para probarlo. <\/p>\n
Tal deducci\u00f3n no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
As\u00ed como tampoco se verifica la falta de motivaci\u00f3n que denunci\u00f3 el impugnante, pues de las anotadas consideraciones se extractan, sin lugar a dudas, las razones por las cuales el juzgado accionado no tuvo en cuenta el pago que realiz\u00f3 a Alberto Tom\u00e1s Vanegas Lora, como causal de extinci\u00f3n del cr\u00e9dito que se reclam\u00f3 en el tr\u00e1mite acusado, seg\u00fan qued\u00f3 expuesto en antelaci\u00f3n. <\/p>\n
4. En cuanto a la otra de las inconformidades que plante\u00f3 la quejosa, ha de resaltarse que, sobre la facultad de decretar pruebas de oficio, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u2026 aunque es lo cierto que los jueces tienen la facultad de decretar pruebas de oficio en procura de llegar a la verdad material dentro de los asuntos sometidos a su conocimiento, tambi\u00e9n lo es que su contribuci\u00f3n en el proceso no puede llegar hasta el punto de suplantar el inter\u00e9s de las partes, am\u00e9n de que esa herramienta dispositiva no tiene como fin enmendar las deficiencias que resultan de no asumir en toda su extensi\u00f3n la carga probatoria contemplada en los art\u00edculos 177 del C. de P. C. y 1757 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Precisamente, en un evento similar al aqu\u00ed tratado, la Corte tuvo la oportunidad de expresar que: <\/p>\n
\u2026no aflora la ocurrencia de una v\u00eda de hecho como la que se atribuye al Tribunal, y menos si se observa que el argumento medular de su fallo parte de criterios razonables que tienen que ver, en un todo, con el principio de la carga de la prueba, mismo que fue desatendido por quien en su momento debi\u00f3 conducir al juzgador a la certeza … De hecho, resulta desafortunada la acusaci\u00f3n achacada al Tribunal por no decretar pruebas de oficio, cuando bien sabido es que la finalidad de esa facultad en cabeza de los juzgadores de instancia no es la de suplir las deficiencias demostrativas de las partes (CSJ STC 12 Sep. 2005, rad. 2005-01070-00, citada, entre otras, CSJ STC 16. Mar. 2006, rad. 2005-00442-01). (CSJ STC14226-2014) <\/p>\n
5. En consecuencia, se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
8 <\/p>\n
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