STC16702-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16702-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 41001-22-14-000-2021-00240-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 11 de noviembre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora de Salud Subsidiada \u2013 Comparta EPS-S en liquidaci\u00f3n contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron convocados los intervinientes en el ejecutivo n\u00ba 2019-00006. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada, al no levantar cautelas ni entregar dep\u00f3sitos judiciales generados al interior del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que cuando la entidad a\u00fan no estaba en liquidaci\u00f3n, fue demandada por la Sociedad Cl\u00ednica Cardiovascular Coraz\u00f3n Joven S.A., para el cobro ejecutivo \u00abde ciertas sumas de dinero\u00bb, correspondiendo adelantar su tr\u00e1mite al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva, quien embarg\u00f3 \u00abla suma de $228.140.144, de las acreencias que por esfuerzos propios el departamento del Huila adeudaba a Comparta ES-S (hoy en liquidaci\u00f3n)\u00bb, la cual \u00aba la fecha actual, los dineros puestos a \u00f3rdenes del Juzgado contin\u00faan en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales [seg\u00fan] respuesta dada por el Banco Agrario de Colombia a un derecho de petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel 26 de julio de 2021, la Superintendencia Nacional de Salud emiti\u00f3 la resoluci\u00f3n 20215100124996 de la misma fecha, en la que orden\u00f3 la toma de posesi\u00f3n inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervenci\u00f3n forzosa administrativa para liquidar la Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora de Salud Subsidiada Comparta EPS-S\u00bb, y como consecuencia, orden\u00f3 \u00abla entrega de t\u00edtulos judiciales que existieren en los diversos procesos ejecutivos y coactivos en contra de Comparta EPS-S (hoy en liquidaci\u00f3n), a \u00f3rdenes del Liquidador de la entidad intervenida [y] se orden\u00f3 que toda entidad judicial o administrativa deb\u00eda llevar a cabo la remisi\u00f3n de los expedientes de los procesos de cobro al Liquidador de la entidad intervenida\u00bb. <\/p>\n
Que el 26 de agosto de 2021, el juzgado \u00aborden\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente a la Superintendencia Nacional de Salud y no al liquidador (\u2026), y en una nueva contradicci\u00f3n a lo dispuesto por la resoluci\u00f3n (\u2026), no llev\u00f3 a cabo la entrega de los t\u00edtulos judiciales generados en el proceso aludido\u00bb, porque en su criterio \u00abdeb\u00eda ser la misma Superintendencia la encargada de solicitar al despacho la entrega del t\u00edtulo judicial\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel 12 de octubre de 2021, se present\u00f3 solicitud por parte de Comparta EPS-S en liquidaci\u00f3n dentro del proceso ejecutivo (\u2026), destinada a la fijaci\u00f3n de fecha y hora para llevar a cabo el retiro efectivo de los t\u00edtulos judiciales all\u00ed generados. No obstante, a la fecha actual, esta solicitud no ha sido resuelta y el titulo no ha sido entregado\u00bb, incurriendo con ello en \u00abuna v\u00eda de hecho por defecto procedimental absoluto, en vista de que el juzgador ha desconocido una norma procedimental aplicable para la entrega del t\u00edtulo aludido, y de paso, ha creado una exigencia inexistente en el ordenamiento jur\u00eddico (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que se proceda a \u00abordenar al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva la entrega a la accionante de los t\u00edtulos judiciales que existieren en el expediente [2019-00006]\u00bb; igualmente, que se disponga \u00abel levantamiento de todas las medidas cautelares que fueren solicitadas, decretadas y\/o practicadas en el proceso ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El titular de la agencia judicial querellada, inform\u00f3 que atendiendo la resoluci\u00f3n que dispuso \u00abla toma de posesi\u00f3n inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervenci\u00f3n forzada administrativa para su liquidaci\u00f3n\u00bb, envi\u00f3 la ejecuci\u00f3n \u00abprevia suspensi\u00f3n de la actividad procesal\u00bb, y en cuanto a los \u00abdep\u00f3sitos judiciales retenidos a la entidad demandada por valor de $228.140.144 (\u2026), mediante providencia de la fecha [28 de octubre de 2021] se ordenan colocar a disposici\u00f3n de la Superintendencia Nacional de Salud, para que hagan parte del tr\u00e1mite liquidatorio\u00bb, decisi\u00f3n que corrigi\u00f3 con auto del 5 de noviembre de 2021, para en su lugar, levantar las cautelas decretadas en el ejecutivo y ordenar \u00abla conversi\u00f3n de los dep\u00f3sitos judiciales, hacia la cuenta de ahorros No. 0-603-27-00677-3 del Banco Agrario, a nombre de Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora, Nit. 804.002.105-0\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 \u00abimprocedente\u00bb el auxilio al encontrar que \u00abcarece de objeto, toda vez que, seg\u00fan reposa en el plenario, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva, mediante prove\u00eddo [d]el 5 de noviembre del presente a\u00f1o, dispuso el levantamiento de las medidas decretadas dentro del proceso ejecutivo 2019-00006-00, as\u00ed como la conversi\u00f3n de los dep\u00f3sitos judiciales solicitados y existentes dentro del mencionado ejecutivo, a la cuenta suministrada por la apoderada del agente liquidador de Comparta\u00bb; por tanto, \u00abcualquier pronunciamiento al respecto resulta inocuo, toda vez que ces\u00f3 la vulneraci\u00f3n deprecada dentro del curso de la presente acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la querellante para refutar que se declarara carencia actual de objeto por hecho superado, ya que \u00aba pesar que el [accionado] dict\u00f3 providencia por medio de la cual accedi\u00f3 a las peticiones realizadas en la acci\u00f3n de tutela que present\u00f3 Comparta EPS-S en liquidaci\u00f3n, no realiz\u00f3 la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales constituidos dentro del proceso ejecutivo\u00bb, y que por ello, el tribunal \u00abdeja de lado el hecho que el juzgado no ha ejercido la totalidad de acciones que permitan conjurar la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva, vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por la convocante, porque dentro del ejecutivo n\u00b0 2019-00006, no ha dado cumplimiento a las medidas dispuestas como consecuencia de la intervenci\u00f3n forzosa administrativa para liquidar la entidad accionante. <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada entre otras en STC12157-2021, 16 sep. 2021, rad. 00723-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n que se efect\u00faa a los argumentos de la queja constitucional, a la informaci\u00f3n proporcionada por el despacho judicial accionado y a la que se desprende de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo, en raz\u00f3n a la carencia actual de objeto por hecho superado. <\/p>\n
Ello, porque la queja constitucional radic\u00f3 en que, de cara a la intervenci\u00f3n forzada administrativa para liquidar la entidad promotora de salud ac\u00e1 accionante, el juzgado no hab\u00eda cancelado las cautelas decretadas en el proceso ejecutivo, ni puesto a disposici\u00f3n del liquidatorio los dep\u00f3sitos judiciales constituidos en la referida ejecuci\u00f3n; no obstante, la Corte establece -como en su momento lo hizo el tribunal a-quo-, que tales omisiones fueron corregidas durante el curso de la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, notificada la autoridad accionada la admisi\u00f3n del amparo -lo cual tuvo lugar el 28 de octubre de 2021-, procedi\u00f3, con prove\u00eddo del 5 de noviembre de 2021, a \u00ablevantar las medidas cautelares decretadas al interior [del ejecutivo n\u00b0 2019-00006] contra Comparta EPS S.A. hoy en liquidaci\u00f3n, consistente en las medidas de embargo y retenci\u00f3n de los dineros que a cualquier t\u00edtulo posea la demandada (\u2026)\u00bb, atendiendo as\u00ed lo resuelto \u00aben el art\u00edculo tercero, numeral 1, literales f) y g) de la resoluci\u00f3n 202151000124996 del 26 de julio de 2021, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, y el art\u00edculo 116 literal d) y e), del estatuto org\u00e1nico del sistema financiero, al estar en curso el tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n\u00bb; y dispuso \u00abla conversi\u00f3n de [6] dep\u00f3sitos judiciales [por valor de $38\u00b4023.358, cada uno, para un total de $228\u00b4140.144], hacia la cuenta de ahorros No. 0-603-27-00677-3 del Banco Agrario, a nombre de Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo anterior, al haberse ya impartido las \u00f3rdenes echadas de menos por la accionante, resta para su materializaci\u00f3n que -con su colaboraci\u00f3n-, se diligencien los oficios encaminados a cancelar los grav\u00e1menes y la ubicaci\u00f3n de los dep\u00f3sitos en la cuenta del liquidatorio, para que, al tenor del ordenamiento jur\u00eddico aplicable, se avance en el proceso de intervenci\u00f3n forzosa administrativa por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. <\/p>\n
En las circunstancias descritas, por cuanto la autoridad convocada, durante el tr\u00e1mite de la presente salvaguarda, acredit\u00f3 haber atendido las peticiones elevadas por la aqu\u00ed reclamante y de esa manera impulsar el tr\u00e1mite cuya omisi\u00f3n motiv\u00f3 la instauraci\u00f3n del auxilio, esta acci\u00f3n resulta inviable al constituir una situaci\u00f3n de carencia actual de objeto por hecho superado, respecto de la cual la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que \u00abse da cuando entre el momento de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensi\u00f3n contenida en la demanda de amparo\u00bb (CC T-533\/09), es decir, cuando estando en curso el resguardo \u00abse evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se elimin\u00f3 la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acci\u00f3n o abstenci\u00f3n) y, por tanto, (i) se super\u00f3 la afectaci\u00f3n y (ii) resulta inocua cualquier intervenci\u00f3n que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protecci\u00f3n de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer\u00bb (CC T-481\/16). <\/p>\n
En similar sentido esta Sala ha dicho que: \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se impone ratificar la denegaci\u00f3n de la protecci\u00f3n implorada, porque las circunstancias descritas como vulneradoras de las prerrogativas invocadas fueron superadas durante el diligenciamiento de la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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