STC16704-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16704-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68679-22-14-000-2021-00057-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 26 de octubre de 2021 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel Dar\u00edo Mart\u00ednez Bustamante contra el Juzgado Civil del Circuito de Puente Nacional; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, confianza leg\u00edtima, buena fe y \u00abacceso de justicia\u00bb, que dice vulneradas por la autoridad judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 \u00abse decrete la nulidad del auto del 30 de septiembre de 2021 mediante el cual se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso [criticado] por desistimiento t\u00e1cito\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Miguel Dar\u00edo Mart\u00ednez promovi\u00f3 proceso de reorganizaci\u00f3n de pasivos de persona natural comerciante, que fue admitido con prove\u00eddo del 3 de febrero de 2020. <\/p>\n
2.2. Mediante prove\u00eddo del 20 de agosto de 2020, el juzgado accionado requiri\u00f3 al demandante para que cumpliera la carga \u00abordenada en el auto de apertura, comoquiera que no se evidencia ni las notificaciones a sus acreedores y tampoco la presentaci\u00f3n de la propuesta de reorganizaci\u00f3n ordenada en el auto en menci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.3. Cumplido lo anterior, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 30 de septiembre de 2021, se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso criticado, por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que la sede judicial accionada desconoci\u00f3 que \u00abprocedi\u00f3 a la ejecuci\u00f3n de sus obligaciones procesales, tales como la notificaci\u00f3n de todos y cada uno de los acreedores concursales en los t\u00e9rminos que establece el r\u00e9gimen de insolvencia\u00bb; y que omiti\u00f3 \u00abdar traslado a los dem\u00e1s acreedores de la informaci\u00f3n financiera y contable allegada por \u00e9l\u2026, as\u00ed como tampoco corri\u00f3 traslado de la graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y determinaci\u00f3n de derechos de voto allegada al expediente en el escrito de demanda inicial\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que el estrado enjuiciado decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, \u00abdecisi\u00f3n\u2026 contraria a lo desarrollado a nivel jurisprudencial\u2026, ya que la figura procesal del desistimiento t\u00e1cito no es aplicable en los procesos de tipo concursal o de concordato\u00bb; y que \u00ablas demoras del proceso no solamente son imputables\u2026 al deudor\u2026, sino que\u2026 las demoras en el proceso ocurrieron por la negligencia del juzgado y falta de conocimiento de la Ley, especialmente por no correr el traslado del que habla el Art\u00edculo 29 de la Ley 1116 de 2006\u2026\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
2. La Superintendencia de Sociedades solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, comoquiera que \u00abno [se] ha adelantado ante esa Superintendencia\u2026 ning\u00fan proceso de insolvencia y su proceso de Reorganizaci\u00f3n radicado bajo el n\u00famero 2019-119, no cursa, ni curs\u00f3 ante la Delegatura de Procedimientos de insolvencia de esa Entidad\u00bb. <\/p>\n
3. La C\u00e1mara de Comercio de Bucaramanga y la Gobernaci\u00f3n de Santander rindieron informe. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo porque \u00abel accionante no hizo uso oportuno y adecuado de los remedios procesales para la defensa de sus intereses\u00bb, toda vez que omiti\u00f3 interponer el recurso de reposici\u00f3n que proced\u00eda contra el prove\u00eddo que decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso criticado por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor manifest\u00f3 que el fallador de primera instancia \u00abno hizo un an\u00e1lisis profundo de los hechos\u2026 que dieron origen a la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales [invocados], sino que\u2026 se limit\u00f3 a hacer una distinci\u00f3n del hecho de no haber agotado los mecanismos procesales para contradecir la providencia que aqu\u00ed se pretende atacar\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, reiter\u00f3 que el juzgado accionado incumpli\u00f3 las cargas que le correspond\u00edan, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 29 de la ley 1116 de 2006, como lo era \u00abdar traslado a los acreedores de la informaci\u00f3n financiera y contable incluida en los documentos graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto\u00bb, por lo que resultaba improcedente decretar la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
Adem\u00e1s, destac\u00f3 que la Corte Constitucional \u00abha enfatizado en numerosas oportunidades jurisprudenciales que la acci\u00f3n de tutela si bien tiene par\u00e1metros y reglas que la rigen, no existe limitaci\u00f3n o restricci\u00f3n alguna para su presentaci\u00f3n y sustentaci\u00f3n cuando se est\u00e1 ante un da\u00f1o inminente e irreparable\u00bb, como en su caso, pues su \u00fanico patrimonio se encuentra en riesgo, pues al no proseguirse con el proceso de reorganizaci\u00f3n \u00abse reiniciar\u00eda o continuar\u00eda un proceso ejecutivo hipotecario iniciado por Coopservivelez Ltda. [en su] contra\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, expres\u00f3 que el a quo \u00abno hizo menci\u00f3n jur\u00eddica alguna del por qu\u00e9 se aparta de la l\u00ednea legal y jurisprudencial que ha trazado la\u2026 Corte Constitucional respecto a la prohibici\u00f3n o limitaci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n de la figura procesal del desistimiento t\u00e1cito en los procesos concursales de reorganizaci\u00f3n de pasivos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Bajo esa \u00f3ptica, se concluye que, conforme lo estim\u00f3 el a quo, la solicitud de resguardo es inviable, habida cuenta que el tutelante omiti\u00f3 censurar, a trav\u00e9s de reposici\u00f3n, el prove\u00eddo de 30 de septiembre de 2021, que decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del tr\u00e1mite censurado por desistimiento t\u00e1cito, siendo ese el mecanismo propicio para cuestionar la ausencia de los presupuestos necesarios para la aplicaci\u00f3n de tal figura. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el querellante desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
3. Por lo dem\u00e1s, dest\u00e1quese que no son de recibo para la Corte los argumentos que esgrimi\u00f3 el impugnante para excusar la citada incuria, pues el perjuicio del que aquel se duele proviene de su propio descuido, al no hacer uso de las herramientas que tuvo a su alcance para cuestionar el prove\u00eddo que considera lesivo de sus derechos, mecanismo que, valga anotar, resultaba eficaz para controvertir dicha decisi\u00f3n y conjurar la situaci\u00f3n an\u00f3mala que denunci\u00f3 por v\u00eda constitucional. <\/p>\n
4. Baste lo dicho para confirmar la sentencia de primer grado, sin que sea procedente entrar a analizar el fondo de la controversia planteada en sede constitucional, pues al no reunirse los requisitos de procedencia establecidos para esos efectos, le es imposible al juez de tutela pronunciarse sobre tal debate. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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