STC16718-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16718-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2021-00609-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 20 de octubre de 2021, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Promedical del Caribe S.A.S. contra el Juzgado Segundo Civil Circuito de la citada ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las dem\u00e1s partes e intervinientes dentro del proceso aqu\u00ed criticado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
Pidi\u00f3, en concreto, \u201crevocar los autos objeto de este amparo constitucional, orden\u00e1ndose la inadmisi\u00f3n de la cesi\u00f3n de derechos litigiosos debatida\u201d. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Aduce la gestora que, ante el Juzgado tutelado, inco\u00f3 juicio ejecutivo contra el Distrito de Cartagena, asunto dentro del cual present\u00f3 memorial el 18 de noviembre de 2020, mediante el cual revocaba \u201cel poder otorgado a la abogada JORLEY ISABEL RESTREPO VARGAS\u201d y, como consecuencia de ello, anulaba, \u00edntegramente, \u201cla cesi\u00f3n de agencias en derecho, costas y perjuicios\u201d se\u00f1alados en el mandato otorgado a la referida profesional para dar inicio al comentado decurso. <\/p>\n
2.2. Asevera que, el despacho criticado, en auto de 14 de abril de 2021, acept\u00f3 la \u201ccesi\u00f3n del cr\u00e9dito\u201d realizada por la mencionada togada \u201ca favor de GERM\u00c1N PERCY GONZ\u00c1LEZ\u201d, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n; empero, el 19 de mayo siguiente, el convocado desestim\u00f3 el remedio horizontal y neg\u00f3 la alzada por improcedente. <\/p>\n
2.3. Indica que el 16 de septiembre de 2021, el ad quem declar\u00f3 bien denegado el referido recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Manifiesta que el juzgado fustigado incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, al desconocer que \u201cla supuesta cedente de los derechos litigiosos carece de legitimaci\u00f3n para disponer, en todo o en parte, del objeto del litigio, pues dicha facultad est\u00e1 reservada para las partes del proceso\u201d. <\/p>\n
2.5. Acota que el tutelado pas\u00f3 por alto que \u201cla supuesta cesi\u00f3n de costas judiciales que la abogada JORLEY ISABEL RESTREPO VARGAS invoc[\u00f3] a su favor con base en el poder que le fue otorgado para iniciar el presente proceso, fue revocado\u201d; adem\u00e1s, no tuvo en cuenta \u201cel incumplimiento de lo se\u00f1alado en los art\u00edculos 1969 al 1972 del C\u00f3digo Civil, en la medida en que no se indic[\u00f3] en el contrato de cesi\u00f3n si [el] mismo es a t\u00edtulo oneroso o a t\u00edtulo gratuito\u201d. <\/p>\n
2.6. Critica a la autoridad judicial por resolver el aludido tema como una \u201ccesi\u00f3n de cr\u00e9dito\u201d, aun cuando las partes indicaron que lo cedido versaba sobre \u201cderechos litigiosos\u201d. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL CONVOCADO <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo tras considerar: <\/p>\n
\u201c[A]certado est\u00e1 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena en aceptar la cesi\u00f3n que hiciera JORLEY ISABEL RESTREPO a favor de GERM\u00c1N PERCY GONZ\u00c1LEZ y mantener la decisi\u00f3n a pesar de los recursos planteados por el accionante que, dicho sea de paso, cumple con las normas que regulan la materia y en ese sentido no puede intentarse cuestionar su actuaci\u00f3n por medio de la acci\u00f3n de tutela. De hecho, es evidente que se pretende reabrir la controversia de la aceptaci\u00f3n de la cesi\u00f3n de cr\u00e9dito de derechos litigiosos que ya fue objeto de pronunciamiento. La tutela en este caso se convertir\u00eda en un mecanismo que atentar\u00eda contra el principio de seguridad jur\u00eddica y se desnaturalizar\u00eda el prop\u00f3sito mismo de la acci\u00f3n constitucional de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la actora insistiendo en los argumentos de disenso expuestos en el libelo genitor, e indicando que en el caso bajo estudio existe una \u201cindebida interpretaci\u00f3n de los efectos de un contrato\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre de paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Verificados los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se anticipa el fracaso de la salvaguarda propuesta, porque no luce arbitrario el prove\u00eddo 19 de mayo de 2021, a trav\u00e9s del cual el juzgado fustigado confirm\u00f3 su decisi\u00f3n de aceptar la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito realizada por Jorley Isabel Restrepo Vargas a favor de Germ\u00e1n Percy Gonz\u00e1lez, dentro del caso subex\u00e1mine. <\/p>\n
2.1. En efecto, auscultada esa providencia se evidencia que el tutelado, resalt\u00f3: <\/p>\n
\u201c[N]o est\u00e1 sujeto a discusi\u00f3n que la sociedad PROMEDICAL DEL CARIBE, demandante principal en el proceso, a trav\u00e9s del documento contentivo del poder conferido a la abogada JORLE ISABEL RESTREPO VARGAS, otorgado en fecha 23 de septiembre de 2019 ante la Notar\u00eda Sexta del C\u00edrculo de Cartagena, adem\u00e1s de las facultades extendidas para que ejerciera su representaci\u00f3n en el proceso, se\u00f1al\u00f3 lo siguiente:\u201d <\/p>\n
\u201cCedo a mi apoderada el valor se\u00f1alado a t\u00edtulo de Agencias en Derecho, Costas y Perjuicios en el evento de obtener fallo favorable\u201d. <\/p>\n
\u201cNo obstante, esto \u00faltimo, en virtud de la autonom\u00eda de la voluntad, y de la libertad contractual, nada impide que estas sean cedidas al vocero jur\u00eddico para efectos de satisfacer en todo o en parte, los honorarios causados debido [a] la labor representativa emprendida por dicho apoderado\u201d. <\/p>\n
\u201cEs as\u00ed, que dicha cesi\u00f3n, no hace parte ni es elemento esencial o de la naturaleza del poder conferido, lo cual, si se quiere, puede ir incluida en el mismo documento o en otra parte, lo cual tiene efectos entre los contratantes, sin necesidad de aval judicial, pues ello, en \u00faltimas, nada tiene que ver con el litigio puesto en conocimiento de la jurisdicci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cEn este caso en concreto, como bien se dijo, la demandante principal en el poder concedido a la primigenia apoderada se\u00f1al\u00f3 que ced\u00eda las Agencias en Derecho, Costas y Perjuicios en el evento de obtener fallo favorable. Empero, y posterior a las diferentes actuaciones adelantadas por la apoderada, en memorial radicado el 18 de noviembre de 2020, su mandante decide revocar el poder\u201d. <\/p>\n
\u201cFrente a esto \u00faltimo, preciso es destacar, que la revocatoria de poder seg\u00fan las voces del art. 76 del CGP, dispone que con la radicaci\u00f3n en la secretar\u00eda del escrito en virtud del cual se revoque o se designe otro apoderado, termina el poder, a menos que el nuevo poder se hubiese otorgado para recursos o gestiones determinadas dentro del proceso\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) De tal manera, que para este despacho no es de recibo lo arg\u00fcido por el censor, respecto a que los efectos de la revocatoria tambi\u00e9n se extienden a la cesi\u00f3n prevista en el mismo memorial poder, lo cual se descarta para efectos de enervar la providencia combatida\u201d. <\/p>\n
\u201cEn cuanto a la falta de legitimaci\u00f3n que le irroga a cedente, para disponer del derecho en litigio, es claro, y sin lugar a disertaci\u00f3n alguna, que el derecho que le corresponde a la sociedad ejecutora de ninguna manera puede ser cedido por su apoderada, pero s\u00ed las costas del proceso que le vienen cedidas por la titular de dicha condena\u201d. <\/p>\n
\u201cY en el subex\u00e1mine, la cesi\u00f3n, seg\u00fan se advierte, estaba sujeta a que obtuviera fallo favorable al demandante, lo cual se fragu\u00f3 con el auto que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n de fecha 2 de octubre de 2020, quedando pendiente la concreci\u00f3n del pago de la obligaci\u00f3n por parte de la ejecutada, lo cual conduce a concluir que s\u00ed estaba habilitada la citada apoderada para solicitar el pago de las costas procesales qye le fueron cedidas a su mandante, conforme a los t\u00e9rminos pactados con la misma\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]o acordado por las partes se trata de una cesi\u00f3n de cr\u00e9dito y no de derecho litigioso, dado lo anotado por el mismo recurrente, al referir que esta \u00faltima facultad est\u00e1 reservada exclusivamente a las partes del proceso, y cuya disciplina jur\u00eddica viene regulada por el art\u00edculo 1959 del C\u00f3digo Civil, negocio jur\u00eddico que se celebra inter partes, entre el cedente y el cesionario, de tal forma que las reglas particulares de la cesi\u00f3n de derechos litigiosos aludidas por el peticionario estatuidos en los art. 1969 al 1972, no son aplicables al caso que nos ocupa, por ser ajena a la figura con la cual viene amparada la cesi\u00f3n cuestionada\u201d. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la quejosa es una diferencia de criterio acerca de la manera como la autoridad acusada, con apoyo en las normas que regulan la materia, concluy\u00f3, muy a pesar de las alegaciones de la recurrente, que era procedente la cesi\u00f3n de cr\u00e9dito acaecida dentro del compulsivo criticado, la cual reca\u00eda, \u00fanicamente, sobre las \u201cagencias en derecho y costas\u201d que previamente hab\u00edan sido cedidas a favor de la abogada Jorley Isabel Restrepo Vargas; en cuyo caso tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u201cm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juzgador constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u201d (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
N\u00f3tese, por dem\u00e1s, que en ninguna irregularidad incurri\u00f3 el convocado al resolver el caso como una enejenaci\u00f3n de cr\u00e9dito aun cuando el escrito allegado se titulaba como una cesi\u00f3n de derechos litigiosos, pues, en casos como el ac\u00e1 expuesto, era imperioso para el juzgador ir m\u00e1s all\u00e1 del tenor literal del contrato. <\/p>\n
Al respecto, esta Corte ha indicado: <\/p>\n
\u201cAhora bien, el criterio basilar en esta materia \u2013m\u00e1s no el \u00fanico, \u00fatil es memorarlo- es, pues, el se\u00f1alado en el art\u00edculo 1618 del C\u00f3digo Civil, seg\u00fan el cual, \u201cconocida claramente la intenci\u00f3n de los contratantes, debe estarse a ella m\u00e1s que a lo literal de las palabras\u201d, en cuya puesta en pr\u00e1ctica sirve de fundamento, entre otras pautas o reglas, la prevista en el inciso final del art\u00edculo 1622 ib., a cuyo tenor las cl\u00e1usulas de un contrato se interpretar\u00e1n \u201cpor la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica que hayan hecho ambas partes, o una de las partes con aprobaci\u00f3n de la otra\u201d. <\/p>\n
\u201cEsa b\u00fasqueda \u2013o rastreo ex post- de la intenci\u00f3n com\u00fan, por lo dem\u00e1s, no debe ser erradicada por el hecho de que las palabras usadas por los contratantes reflejen, prima facie, claridad y precisi\u00f3n, pues no hay que olvidar que si la voluntad com\u00fan de las partes es diferente y se conoce, a ella hay que plegarse m\u00e1s que al tenor literal, el que, in radice, en precisas circunstancias, puede llegar a eclipsar y, por ende, desfigurar, la verdadera voluntad de los convencionistas, ratio medular del labor\u00edo hermen\u00e9utico. No en vano, como bien lo se\u00f1ala la antigua m\u00e1xima, \u201cla letra mata, y el esp\u00edritu vivifica\u00bb. (CSJ, Sala Civil, 28 de febrero de 2005, Exp 7504)\u201d (negrillas propias). (SC5250 de 26 de noviembre de 2021. Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-31-03-001-2015-00687-01) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se ha dicho de forma reiterada que \u201cno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u201d (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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