STC16734-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16734-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 41001-22-14-000-2020-00017-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Liliana Hern\u00e1ndez Salas frente al fallo proferido el 27 de octubre de 2021 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra el Juzgado Primero Civil Municipal de Garz\u00f3n y el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados la Unidad Administrativa de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, Indira Marlody S\u00e1nchez Espa\u00f1a y las \u00abpersonas que conforman el registro de elegibles para el cargo de secretario municipal nominado – seccional Huila, como resultado del concurso de m\u00e9ritos no. 3 de empleados de tribunales, juzgados y centro de servicios\u00bb. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, \u00abm\u00e9rito y carrera\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas al no accederse a su solicitud de traslado como Secretaria de Juzgado Municipal. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al Juzgado convocado revocar \u00abla Resoluci\u00f3n No. 001 del 13 de enero de 2020\u00bb y pronunciarse nuevamente \u00abdando aplicaci\u00f3n a [lo] ordenado en la sentencia C-295 de 202 (sic), \u2026motivando\u2026, aplicando los factores objetivos de \u201cantig\u00fcedad\u201d, \u201cevaluaci\u00f3n de servicios\u201d y los \u201cresultados obtenidos en los concursos p\u00fablicos para el acceso a la Rama Judicial\u201d\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir el presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. La accionante relat\u00f3 que se vincul\u00f3 a la Rama Judicial desde el 14 de octubre de 2009 como escribiente municipal nominado, en propiedad, del Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal de Teruel; luego, el 10 de junio siguiente fue nombrada como oficial mayor, en provisionalidad, del Juzgado Segundo Civil Municipal de Neiva, donde tambi\u00e9n se desempe\u00f1\u00f3 como Secretaria hasta el 31 de agosto de 2016; y desde el 12 de septiembre siguiente se encuentra como \u00absecretaria nominada en propiedad\u00bb en el Juzgado Octavo Civil Municipal de la capital huilense -hoy Quinto de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de ese lugar-. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 que, tras obtener concepto favorable de parte del Consejo Seccional de la Judicatura de Huila, pidi\u00f3 al estrado convocado aceptar su traslado de aquella sede judicial a \u00e9sta, a lo que el Juzgado destinatario no accedi\u00f3 mediante Resoluci\u00f3n Nro. 020 del 31 de octubre de 2019, determinaci\u00f3n que mantuvo con Resoluci\u00f3n Nro. 001 del 13 de enero de 2020. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Consejo Seccional de la Judicatura del Huila pidi\u00f3 desestimar el ruego porque era il\u00f3gico afirmar que conculc\u00f3 los derechos de la accionante por cuanto, precisamente, en apego a las normas sobre la materia, emiti\u00f3 concepto favorable frente a su petici\u00f3n solicitud de traslado. <\/p>\n
2. La Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Neiva tambi\u00e9n rog\u00f3 desestimar la salvaguarda porque \u00abno ha incurrido en acci\u00f3n u omisi\u00f3n que trasgreda derechos fundamentales o que siquiera los amenace\u00bb, en tanto que \u00ab[l]a decisi\u00f3n adoptada corresponde al ponderado y mesurado an\u00e1lisis de la procedencia o no de la solicitud de traslado invocada y al irrestricto acatamiento a la reglamentaci\u00f3n que gobierna la materia\u00bb. <\/p>\n
3. La Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial deprec\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite constitucional por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva o, en su defecto, la denegaci\u00f3n del amparo ante la inexistencia de \u00abamenaza o vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado Primero Civil Municipal de Garz\u00f3n indic\u00f3 que el resguardo deb\u00eda declararse improcedente porque \u00abla negativa de la aceptaci\u00f3n del traslado[,] contrario a lo se\u00f1alado por la accionante[,] obedeci\u00f3 a aspectos objetivos en cuanto el desempe\u00f1o de [su] funci\u00f3n\u00bb; que realizar \u00abuna interpretaci\u00f3n al contrario ser\u00eda proveer de obligatoriedad al concepto favorable, connotaci\u00f3n que no se [ha] otorgado legal ni reglamentariamente y las competencias del nominador\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abno se vulneran los derechos fundamentales alegados por la accionante, quien si considera que existe una motivaci\u00f3n insuficiente o una desviaci\u00f3n de poder al momento de emitirse los autos administrativos que neg\u00f3 (sic) su traslado como su reposici\u00f3n, cuenta con el medio de control de la nulidad del acto administrativo establecido en el numeral 1 del art\u00edculo 137 del CPACA, con la posibilidad de proponer la suspensi\u00f3n provisional de la resoluci\u00f3n como medida cautelar\u00bb; aunado a que no acredit\u00f3 \u00abla existencia de un perjuicio irremediable, pues\u2026 contin\u00faa en el r\u00e9gimen de carrera, dispone de otras alternativas para su traslado\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo, en sala mayoritaria, deneg\u00f3 la protecci\u00f3n al concluir que al alcance de la inconforme estuvo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho frente a los actos administrativos reprochados, el cual no agot\u00f3. <\/p>\n
Tambi\u00e9n sostuvo que, en todo caso, no hall\u00f3 \u00abirregularidad lesiva o protuberante al interior de la actuaci\u00f3n administrativa que se adelant\u00f3 y que permita la intervenci\u00f3n del juez constitucional, pues la decisi\u00f3n objeto de controversia estuvo precedida de argumentaci\u00f3n que no es arbitraria, ilegal o desproporcionada, m\u00e1xime cuando la sentencia C 295 de 2002 de la Corte Constitucional precis\u00f3 que el concepto favorable no es vinculante a la autoridad nominadora que es a quien le compete decidir finalmente quien ocupar\u00e1 la vacante, excepto en los eventos de salud o seguridad que no ocurre en este asunto, y de los que encuentra sustento en pro del inter\u00e9s general y el adecuado funcionamiento del servicio p\u00fablico de administraci\u00f3n de justicia (art\u00edculo 1, 228 y 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica); es pertinente aclarar que la intervenci\u00f3n de juez constitucional solo ha procedido en los eventos de salud, seguridad o ausente motivaci\u00f3n, as\u00ed se indic\u00f3 en la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia sentencia STC 247 de 2020, presupuestos que no se satisfacen en esta acci\u00f3n, pues por el contrario, aqu\u00ed se refutan las motivaciones que corresponden a su an\u00e1lisis de fondo y asumir funciones de legalidad que solo le competen al pluricitado medio de control ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que tampoco \u00abse acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio grave, inminente o irremediable, para habilitar la intervenci\u00f3n del juez de tutela, por cuanto la actora tiene garantizado su m\u00ednimo vital y el de su familia, se encuentra inscrita en carrera judicial, fungiendo en la actualidad como secretaria\u2026 del Juzgado Octavo Civil Municipal hoy Quinto de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Neiva\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la quejosa insistiendo en sus planteamientos iniciales, especialmente en cuanto a la carencia de motivaci\u00f3n de los actos administrativos reprochados; enfatiz\u00f3 que la acci\u00f3n contenciosa no era id\u00f3nea y eficaz para resolver su problem\u00e1tica, que los precedentes seguidos por el a-quo constitucional eran inaplicables a su caso, por la falta de identidad f\u00e1ctica, siendo pertinente acudir a la sentencia STC247-2020, en la que esta Corte, en su sentir, en un caso sim\u00e9trico accedi\u00f3 al ruego tutelar. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De entrada, se muestra necesario anotar que esta Corte es competente para definir este caso aunque est\u00e1 relacionado con la negativa frente a una solicitud de traslado de una empleada de la jurisdicci\u00f3n ordinaria de la Rama Judicial, comoquiera que aqu\u00ed no es aplicable la regla de remisi\u00f3n a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo que trae el nov\u00edsimo numeral 8\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el canon 1\u00ba del Decreto 333 de 2021), en tanto que la tutela se formul\u00f3 en vigencia del Decreto 1983 de 2017, el cual no la contemplaba. <\/p>\n
3. Zanjado lo anterior, de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias se anticipa el fracaso de la impugnaci\u00f3n propuesta, dada la improcedibilidad del resguardo impetrado, comoquiera que Liliana Hern\u00e1ndez Salas cont\u00f3 con otro mecanismo de defensa para cuestionar las Resoluciones Nros. 020 del 31 de octubre de 2019 y 001 del 13 de enero de 2020, mediante las cuales el Juzgado Primero Civil Municipal de Garz\u00f3n, en su orden, no accedi\u00f3 a su solicitud de traslado y mantuvo esa determinaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, esta acci\u00f3n excepcional no es la v\u00eda adecuada para censurar determinaciones como la referida a espacio, pues muy a pesar de sus alegaciones, la gestora tuvo la posibilidad de acudir a la jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa para deprecar su nulidad, conforme al art\u00edculo 1381 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, siendo ese el escenario id\u00f3neo para discutir la legalidad de tales actos y, en espec\u00edfico, su motivaci\u00f3n, as\u00ed como las circunstancias que alude fueron desatendidas all\u00ed; situaci\u00f3n que configura, entonces, la causal de improcedencia contemplada en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en concordancia con el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, en tanto que el reclamo actual resulta improcedente porque el descuido en el empleo de los medios regulares de protecci\u00f3n, establecidos por el legislador, impide al juez de tutela interferir las actuaciones respectivas, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de defensa previstos en el orden jur\u00eddico, como aqu\u00ed ocurri\u00f3, los involucrados quedan vinculados a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
4. Aunado a ello, contando la actora con la acci\u00f3n atr\u00e1s referida, la solicitud del ep\u00edgrafe tampoco se abr\u00eda paso como mecanismo transitorio, pues era indiscutible que en ese escenario tuvo la oportunidad de reclamar, en cualquier tiempo, el decreto de medidas provisionales encaminadas a mitigar el hipot\u00e9tico agravi\u00f3 que se le causaba, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 229 a 231 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. <\/p>\n
\u2026dentro del tr\u00e1mite judicial al que se ha hecho referencia, es posible reclamar la suspensi\u00f3n provisional del acto administrativo, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 231 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, medida sobre la cual, desde su consagraci\u00f3n en la codificaci\u00f3n precedente, se tiene establecido que \u201cde hallarse fundada es suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado\u201d. (Sentencias de 18 de octubre de 2007, exp. 2007-00321-01; 21 de mayo de 2008, exp. 2008-00107-01 y 14 de octubre de 2011, exp. 2011-00201-01, entre otras.) (CSJ STC, 13 sep. 2013, rad. 2013-00057-01). <\/p>\n
Asimismo, reiteradamente ha dicho la Sala que \u00abla alegaci\u00f3n de[l] inconforme respecto a que \u00fanicamente cuenta con este mecanismo para hacer valer su derecho de manera urgente e id\u00f3nea, queda desvirtuado, pues, se itera, all\u00ed es procedente la adopci\u00f3n de medidas cautelares e inmediatas con miras a la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas\u00bb (CSJ STC4654-2016, 15 abr. 2016, rad. 2016-00013-01). <\/p>\n
5. Por ese sendero, en un caso con alguna simetr\u00eda al aqu\u00ed tratado, que mutatis mutandis resulta aplicable al de ahora, con posterioridad a la emisi\u00f3n del precedente invocado por la opugnante (CSJ STC247-2020, 23 en., rad. 2019-04228-00), para denegar el resguardo solicitado en esa ocasi\u00f3n, dej\u00f3 dicho esta Sala: <\/p>\n
2. Delanteramente, se precisa, tal como lo consider\u00f3 el a quo constitucional, el fracaso de la salvaguarda reclamada, por el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad porque la interesada debe proponer sus reparos contra las refutadas decisiones, ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, a trav\u00e9s del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, establecido en la regla 138 de la Ley 1437 de 2011, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jur\u00eddica, podr\u00e1 pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; tambi\u00e9n podr\u00e1 solicitar que se le repare el da\u00f1o. La nulidad proceder\u00e1 por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del art\u00edculo anterior (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Igualmente podr\u00e1 pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicaci\u00f3n. Si existe un acto intermedio, de ejecuci\u00f3n o cumplimiento del acto general, el t\u00e9rmino anterior se contar\u00e1 a partir de la notificaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, el referido tr\u00e1mite judicial es procedente cuando el acto criticado ha sido expedido: (i) con infracci\u00f3n de las normas en que deber\u00eda fundarse; (ii) sin competencia; (iii) en forma irregular; (iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa; (v) mediante falsa motivaci\u00f3n; o (vi) con desviaci\u00f3n de las atribuciones propias de quien lo profiri\u00f3. <\/p>\n
3. S\u00famese, en el eventual proceso, la promotora puede pedir el decreto de las medidas cautelares que estime pertinentes, a fin de conjurar un posible perjuicio irremediable, con sustento en el precepto 229 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, seg\u00fan el cual: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las medidas cautelares podr\u00e1n ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensi\u00f3n, y deber\u00e1n tener relaci\u00f3n directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podr\u00e1 decretar una o varias de las siguientes medidas: <\/p>\n
\u201c1. Ordenar que se mantenga la situaci\u00f3n, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible\u201d. <\/p>\n
\u201c2. Suspender un procedimiento o actuaci\u00f3n administrativa, inclusive de car\u00e1cter contractual. A esta medida solo acudir\u00e1 el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situaci\u00f3n que d\u00e9 lugar a su adopci\u00f3n y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicar\u00e1 las condiciones o se\u00f1alar\u00e1 las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuaci\u00f3n sobre la cual recaiga la medida\u201d. <\/p>\n
\u201c3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo\u201d. <\/p>\n
\u201c4. Ordenar la adopci\u00f3n de una decisi\u00f3n administrativa, o la realizaci\u00f3n o demolici\u00f3n de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravaci\u00f3n de sus efectos\u201d. <\/p>\n
\u201c5. Impartir \u00f3rdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Frente a lo discurrido, en pret\u00e9rita oportunidad precis\u00f3 esta Colegiatura: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [P]or tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces especializados competentes, a trav\u00e9s de las acciones previstas en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que a juicio de la persona interesada, experiment\u00f3 la situaci\u00f3n que gener\u00f3 lo resuelto por la administraci\u00f3n y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho o la reparaci\u00f3n directa a que hubiere lugar (\u2026)\u201d . <\/p>\n
4. Al margen de lo discurrido, la peticionaria no acredit\u00f3 ni aleg\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable, de caracter\u00edsticas graves, inminentes, impostergables y urgentes, que faculten la intervenci\u00f3n de esta excepcional justicia. <\/p>\n
Sobre el tema, la jurisprudencia de la Sala se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u201d (CSJ8698-2020, 19 oct., rad. 2020-00513-01). <\/p>\n
6. Finalmente, n\u00f3tese que la flexibilizaci\u00f3n del presupuesto de la subsidiariedad en el asunto decidido con fallo STC247-2020, se edific\u00f3, seg\u00fan se consign\u00f3 all\u00ed, en la abierta v\u00eda de hecho ante la total carencia de motivaci\u00f3n del acto administrativo que desech\u00f3 la petici\u00f3n de traslado, lo que aqu\u00ed no aconteci\u00f3, a tal punto que lo que cuestion\u00f3 la accionante, como acertadamente lo refiri\u00f3 el Tribunal a-quo, precisamente fueron las diferentes razones que exterioriz\u00f3 el fallador cuestionado para decidir en la forma en que lo hizo, lo que, sin duda, torna inaplicable aquel precedente en este caso y hac\u00eda evidente la necesidad de que la discusi\u00f3n hubiese sido propuesta, en la oportunidad debida, ante el juez natural competente para dilucidarla, lo que, como se dijo, no ocurri\u00f3 por el proceder incurioso de la solicitante. <\/p>\n
7. Lo dicho impone ratificar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 138, Ley 1437 de 2011: Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jur\u00eddica, podr\u00e1 pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; tambi\u00e9n podr\u00e1 solicitar que se le repare el da\u00f1o. La nulidad proceder\u00e1 por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del art\u00edculo anterior. <\/p>\n
<\/p>\n
Igualmente podr\u00e1 pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicaci\u00f3n. Si existe un acto intermedio, de ejecuci\u00f3n o cumplimiento del acto general, el t\u00e9rmino anterior se contar\u00e1 a partir de la notificaci\u00f3n de aquel. <\/p>\n
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STC16734-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16734-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 41001-22-14-000-2020-00017-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Liliana Hern\u00e1ndez Salas frente al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60171","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60171","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60171"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60171\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60171"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60171"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60171"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}