STC16741-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16741-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-03-000-2021-00339-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de 18 de noviembre de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Fernanda Jim\u00e9nez Puerta contra el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio de insolvencia de la Ley 1116 de 2006 n.\u00b02007-00085-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la accionante reclama la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
Refiere que, en su condici\u00f3n de acreedora, solicit\u00f3, en repetidas ocasiones, impulsar las actuaciones y requerir a la liquidadora para que rindiera cuentas de su gesti\u00f3n, sin obtener respuesta alguna. <\/p>\n
3. Solicita, disponer dar curso al procedimiento criticado y \u00abcontinu[ar] con la vigilancia\u00bb del tr\u00e1mite atacado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El juzgado del circuito acusado manifest\u00f3 que, en determinaci\u00f3n de 8 de noviembre de 2021, dio traslado de las objeciones al proyecto de graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos planteadas por la gestora e, igualmente, orden\u00f3 a la liquidadora emitir un informe de sus actividades. Enfatiz\u00f3 que la tardanza alegada por la petente no es producto de su incuria, porque ha afrontado dificultades t\u00e9cnicas relacionados con la digitalizaci\u00f3n de los expedientes \u00aby al encontrarse el proceso desordenado en la plataforma mercurio, ha sido necesario que [las diligencias sean] trabajad[as] en f\u00edsico para su proyecci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, relat\u00f3 que la vacunaci\u00f3n de algunos empleados no ha sido completa y \u00abla carga diaria de acciones constitucionales (tutelas e incidentes por desacato -primera y segunda instancia), los procesos nuevos que han ingresado por reparto, as\u00ed como los recursos, los estados electr\u00f3nicos, el tr\u00e1mite de audiencias de manera virtual y los fallos tramitados bajo el C.G.P, han impedido darle el tr\u00e1mite con mayor celeridad a los procesos bajo el tr\u00e1mite escritural como el [materia de controversia]\u00bb. <\/p>\n
2. La Caja de Compensaci\u00f3n Familiar del Valle del Cauca -Comfamiliar Andi- y la Cruz Roja Colombiana de ese departamento, adujeron, por separado, carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. La Cl\u00ednica Oftalmol\u00f3gica de Cali se limit\u00f3 a indicar que funge como acreedora en el asunto censurado. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el auxilio, al estimar que se configur\u00f3 carencia actual de objeto por hecho superado, por cuanto la sede judicial convocada \u00abatendi\u00f3 las solicitudes pendientes que (\u2026) elev[\u00f3] la actora con el \u00e1nimo de darle curso a algunas etapas procesales estancadas y, al recibir el aval del [d]espacho, la situaci\u00f3n conflictiva se super\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Con todo, \u00abconmin[\u00f3] al [estrado] accionado para que de manera oportuna res[iera] las solicitudes puestas a su consideraci\u00f3n, en un plazo razonable a fin de evitar que las mismas permanezcan indefinidamente sin resoluci\u00f3n, en detrimento del derecho fundamental al debido proceso de quienes acceden a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Adem\u00e1s, la afectaci\u00f3n por la tardanza injustificada se manten\u00eda latente, por cuanto se requer\u00eda de una gesti\u00f3n m\u00e1s activa para asegurar que los bienes de la empresa en liquidaci\u00f3n no se esfumasen, siendo insuficiente el exhorto efectuado por el a quo constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a esta Corporaci\u00f3n establecer, si en el asunto bajo examen, se presenta carencia actual de objeto por hecho superado o, si, por el contrario, persiste la amenaza a las garant\u00edas fundamentales de la actora en virtud de la alegada mora judicial injustificada en el tr\u00e1mite reprochado. <\/p>\n
2. La carencia actual de objeto y el hecho superado. <\/p>\n
La Corte ha se\u00f1alado sobre el tema que la decisi\u00f3n del juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situaci\u00f3n expuesta en la demanda, que hab\u00eda dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acci\u00f3n, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o da\u00f1o a los derechos fundamentales; ello por cuanto, <\/p>\n
\u00ab(…) ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas totalmente diferentes a las iniciales (\u2026) El \u2018hecho superado o la carencia de objeto\u2019 (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC de 13 mar. 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre otras en STC9365 de 11 jul. 2016). <\/p>\n
<\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
2.1. Cabe destacar que frente a este tema solo resulta procedente la injerencia del juez constitucional cuando sea manifiesta y notoria la desidia o abandono de la autoridad vinculada, m\u00e1s no cuando \u00e9sta obedezca a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas. <\/p>\n
Dicha postura fue desarrollada de vieja data por la jurisprudencia constitucional, que precis\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se infiere que a fin de que proceda la acci\u00f3n de tutela, es indispensable que determinada dilaci\u00f3n o mora judicial sean injustificadas, pues el mero incumplimiento de los t\u00e9rminos dentro de un proceso, no constituye per se una violaci\u00f3n al debido proceso [ver sentencia T-604 de 1995, M.P. Carlos Gaviria D\u00edaz], salvo que el peticionario se encuentre ante un perjuicio irremediable. As\u00ed entonces, la mora judicial s\u00f3lo se justifica si la autoridad correspondiente, a pesar de actuar con diligencia y celeridad, se encuentra ante situaciones \u2018imprevisibles e ineludibles\u2019, tal como, el exceso de trabajo, que no le permitan cumplir con los t\u00e9rminos se\u00f1alados por la ley\u00bb (CC T-357\/07). <\/p>\n
Entre tanto, esta Corporaci\u00f3n, al abordar el estudio de acciones de tutela que cuestionaron la dilaci\u00f3n en la definici\u00f3n de los procesos, indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abAhora bien, cuando se presenta un incumplimiento de los t\u00e9rminos procesales, la prosperidad del amparo se somete a que el funcionario haya incurrido en mora judicial injustificada y que se est\u00e9 ante la posibilidad de materializar un da\u00f1o, generando un perjuicio que no pueda ser subsanado. Corresponde al juez de tutela examinar, en cada caso concreto, las condiciones espec\u00edficas del asunto sometido a decisi\u00f3n judicial y evaluar si existe o no una justificaci\u00f3n que explique la mora\u00bb (CSJ STP16417-2016, 9 de nov. 2015, rad. 88998) <\/p>\n
Y en otra ocasi\u00f3n, esta Sala precis\u00f3 que el examen de la presunta actitud omisiva, deb\u00eda evaluarse a partir de la situaci\u00f3n individual del despacho accionado, considerando adem\u00e1s el sistema de turnos de resoluci\u00f3n de los casos al que se encuentra sujeto, al respecto se dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [L]a tutela no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, porque la accionada le dio el tr\u00e1mite legal correspondiente al recurso y no es dable ordenarle a la Sala tutelada que desate el conflicto antes del turno que le corresponde, porque tal como lo precis\u00f3 el juez constitucional de primer grado, se desconocer\u00eda el deber que le imponen los art\u00edculos 37, numeral 6\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 18 de la Ley 446 de 1998 y se vulnerar\u00eda derechos fundamentales de las partes e intervinientes en los otros procesos a su cargo, que por orden de ingreso al despacho deber\u00edan ser primeramente resueltos\u00bb (CSJ. STC de 5 de agosto de 2011, exp. 1359-01, reiterada en STC10755 del 12 de agosto de 2015). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
3.1. Realizado el estudio pertinente a lo aducido por la gestora, con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, la normativa y jurisprudencia aplicable, la Sala establece que habr\u00e1 de ratificarse la decisi\u00f3n adoptada por el a quo constitucional, pues frente a la tardanza de impulsar las actuaciones pendientes de definici\u00f3n, se configura el fen\u00f3meno de la carencia actual de objeto por hecho superado. <\/p>\n
En efecto, en el transcurso de esta salvaguarda, el despacho acusado en auto de 8 de noviembre de 2021, dispuso dar traslado de las objeciones al proyecto de graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos formulados por la tutelante e, igualmente, requiri\u00f3 a la liquidadora para que diera cuentas de su gesti\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden, teniendo en cuenta que la demanda de amparo se fund\u00f3 en la mora del juzgado recriminado en atender sus peticiones y, como las mismas ya se resolvieron, el supuesto f\u00e1ctico sobre el cual se fund\u00f3 el ataque se ha disipado y, por ello, resulta inane emitir orden alguna en torno a la tem\u00e1tica en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
3.2. En cuanto a la queja de la querellante, seg\u00fan la cual, todav\u00eda existe una amenaza a sus garant\u00edas fundamentales, dada la falta de claridad del t\u00e9rmino para que la liquidadora rinda las cuentas correspondientes, y la ausencia de actividades para salvaguardar los bienes de la sociedad concursada, el resguardo tampoco procede, dado que la petente puede pedirle al despacho demandado lo que estime pertinente respecto de establecer un plazo para dicho prop\u00f3sito y, a su vez, una vez rendidas las cuentas exponer los reparos que estime pertinentes frente a las mismas ante el funcionario de conocimiento. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo anteriormente discurrido, se ratificar\u00e1 la improcedencia del resguardo implorado al verificarse la carencia actual de objeto por hecho superado, al igual que la exhortaci\u00f3n al despacho convocado para que imprima celeridad al procedimiento reprochado. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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