STC16745-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16745-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-03-000-2021-00561-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 17 de noviembre de 2021 que concedi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c1lvaro Eduardo y Andr\u00e9s Felipe Arenas Villegas contra el Juzgado Octavo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio n\u00ba 2015-00436 y el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de esa urbe. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, la parte actora reclama la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales al debido proceso, igualdad, y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, supuestamente conculcadas por la autoridad convocada, en desarrollo del litigio n\u00ba 2015-00436-04, al declarar desierta la apelaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la resoluci\u00f3n del resguardo los siguientes: <\/p>\n
2.1. \u00c1lvaro Eduardo y Andr\u00e9s Felipe Arenas Villegas llamaron a juicio a Enrique Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez y Mar\u00eda del Pilar Rodr\u00edguez Acosta, pretendiendo la restituci\u00f3n de un inmueble arrendado, asunto que fue asignado por reparto al Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Medell\u00edn quien mediante fallo de 12 de febrero de 2021 resolvi\u00f3 desfavorablemente las pretensiones. <\/p>\n
2.2. Frente a la anterior determinaci\u00f3n el extremo demandante formul\u00f3 apelaci\u00f3n, precisando los reparos concretos, y \u00abdentro de los tres d\u00edas siguientes conforme lo prescribe la ley, por intermedio de [su] apoderado, se sustent\u00f3 por escrito en debida forma el recurso de apelaci\u00f3n, el cual, se detall\u00f3 pormenorizadamente cada aspecto, cada punto con el cual hab\u00eda discrepancia respecto del fallo de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
2.3. El Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn, mediante prove\u00eddo de 26 de mayo hoga\u00f1o admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n conforme a lo reglado en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
2.4. El 9 de julio anterior, la precitada autoridad declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n, en tanto que, la parte recurrente no sustent\u00f3 el recurso dentro de la oportunidad conferida para el efecto. Decisi\u00f3n que fue censurada por parte de los interesados, no obstante, en auto de 11 de octubre hoga\u00f1o se mantuvo inc\u00f3lume. <\/p>\n
2.6. En desacuerdo con lo esbozado, los gestores promueven la presente solicitud de amparo, destacando en s\u00edntesis, que (i) no tuvieron conocimiento de las actuaciones surtidas en segunda instancia, en tanto que \u00abla falta de comunicaci\u00f3n oficial por parte del juzgado sin enviar e informar de sus actuaciones por los canales virtuales habilitados y suministrados comporta una omisi\u00f3n a lo prescrito por el decreto 806 de 2020, que en busca de garantizar la publicidad de las actuaciones judiciales\u00bb; y (ii) el estrado acusado debi\u00f3 desatar la apelaci\u00f3n porque ya se hab\u00eda cumplido con la carga de la sustentaci\u00f3n ante el juez de primera de instancia. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretenden que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo se disponga \u00abDEJAR SIN EFECTOS las providencias de fecha Julio 09 de 2021, mediante el cual, se declara desierto el recurso de apelaci\u00f3n, y el auto de octubre 11 de 2021 que niega el recurso de s\u00faplica ,proferidas por el JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLIN, dentro del radicado No. 05001400302120150043604, a fin que el despacho judicial accionado proceda a adoptar los correctivos correspondientes, dar tr\u00e1mite a apelaci\u00f3n presentada por parte del accionante y continuar con el tr\u00e1mite procesal correspondiente, procediendo a dar traslado a la parte no apelante del recurso de apelaci\u00f3n o en su defecto, concediendo el t\u00e9rmino a la apelante para sustentarlo nuevamente\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La titular del Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn, hizo un amplio recuento de las actuaciones que ha adelantado en virtud del litigio que origina el reclamo constitucional, defendi\u00f3 su proceder, asegurando que los prove\u00eddos que se han emitido han sido notificados a trav\u00e9s de estados electr\u00f3nicos, conforme a lo previsto en el Decreto 806 de 2020; en cuanto a la deserci\u00f3n de la apelaci\u00f3n hizo referencia a un fallo de tutela en el que se precisa que \u00ablas fases de interposici\u00f3n y sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n de sentencias son distintas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Fernando Enrique Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez se opuso a la prosperidad del resguardo \u00abhabida cuenta que, a m\u00e1s de la cantidad de imprecisiones, falsedades, afirmaciones ama\u00f1adas sin ning\u00fan contexto y a la cita imprecisa y vaga de extractos jurisprudenciales, encontrar\u00e1 el Despacho que no se re\u00fanen los requisitos establecidos por la Corte Constitucional para que resulte procedente la citada tutela contra providencia judicial\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo otorg\u00f3 el auxilio, dispuso dejar sin efecto el auto de 9 de julio de 2021 que declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n proferido en virtud del litigio n\u00ba 2015-00436, y orden\u00f3 al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn que \u00ab(\u2026) en las 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, proceda a resolver nuevamente el recurso de reposici\u00f3n (sic) propuesto por los aqu\u00ed accionantes, a trav\u00e9s de apoderado judicial, contra la sentencia de primer grado\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACIONES <\/p>\n
1. Mar\u00eda del Pilar Rodr\u00edguez Acosta se\u00f1al\u00f3 que \u00abel Juez de primera instancia al conceder el amparo solicitado, viola el debido proceso y por tal, el derecho de defensa de los demandados en el proceso judicial que se adelanta ante el Juez 8 Civil del Circuito de Medell\u00edn. Yerra el Juez de Primera Instancia al otorgarle prelaci\u00f3n al Derecho al debido proceso de una parte sobre la otra parte. Esta inclinaci\u00f3n de la balanza judicial para a favor de los accionantes demandante; pone el (sic) desventaja jur\u00eddica a los accionados demandados dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado. Adem\u00e1s que le otorga a los accionantes un tiempo mayor al establecido en las normas, violando la preclusi\u00f3n de las etapas procesales\u00bb. <\/p>\n
2. Fernando Enrique Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez, manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que \u00abno se present\u00f3 un exceso ritual manifiesto, como quiera que el apoderado de los demandantes ten\u00eda pleno conocimiento que la sustentaci\u00f3n de su recurso deb\u00eda hacerse ante el juez de segundo grado, tal y como \u00e9l mismo lo reconoci\u00f3 en la audiencia en que se dio lectura de fallo e interpuso recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que aunque los accionantes aseguraron que s\u00ed cumplieron con la carga de sustentar el recurso ante el juez de primera instancia \u00abno puede patrocinar lo anterior la H. Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta que, por una parte, el t\u00e9rmino de tres d\u00edas al que hacen referencia los accionantes-establecido en el art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso\u2013hace referencia al t\u00e9rmino que se tiene para PRESENTAR la apelaci\u00f3n y para PRECISAR los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n; no as\u00ed para SUSTENTAR el recurso de apelaci\u00f3n; y por la otra parte, es claro el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 al establecer que una vez ejecutoriado el auto que admite el recurso, el apelante debe sustentar el recurso dentro de los cinco d\u00edas siguientes\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn vulner\u00f3 las garant\u00edas reclamadas al declarar la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia proferida, el 12 de febrero de 2021, por el Juzgado Veintiuno Municipal de esa ciudad, en virtud del juicio de restituci\u00f3n de inmueble arrendado n\u00ba 2015-00436. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, esta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Sobre el deber de sustentar en segunda instancia el recurso de apelaci\u00f3n, a la luz del Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
El Decreto 806 de 2020 \u00abpor el cual se adoptan medidas para implementar las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atenci\u00f3n a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica\u00bb, regula en el art\u00edculo 14 el tr\u00e1mite para adelantar la apelaci\u00f3n de sentencias en los procesos civiles y de familia, preceptuando que: <\/p>\n
\u00abSin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas, dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria del auto que admite la apelaci\u00f3n, las partes podr\u00e1n pedir la pr\u00e1ctica de pruebas y el juez las decretar\u00e1 \u00fanicamente en los casos se\u00f1alados en el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso. El juez se pronunciar\u00e1 dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. <\/p>\n
Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. De la sustentaci\u00f3n se correr\u00e1 traslado a la parte contraria por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas. Vencido el t\u00e9rmino de traslado se proferir\u00e1 sentencia escrita que se notificar\u00e1 por estado. Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto. <\/p>\n
Si se decretan pruebas, el juez fijar\u00e1 fecha y hora para la realizaci\u00f3n de la audiencia en la que se practicaran, se escucharan alegatos y se dictar\u00e1 sentencia. La sentencia se dictar\u00e1 en los t\u00e9rminos establecidos en el C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (Negrilla a prop\u00f3sito). <\/p>\n
Lo anterior, da cuenta de que a la luz del citado decreto el tr\u00e1mite de la segunda instancia estar\u00e1 regido por la escrituralidad, y no, como ocurre en el r\u00e9gimen de oralidad propio del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En raz\u00f3n de lo esbozado, resulta imperioso abordar el debate en torno a la factibilidad de declarar la deserci\u00f3n de la apelaci\u00f3n de sentencias cuando el recurso se hubiere sustentado por escrito, antes de la oportunidad se\u00f1alada en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, puesto que, finalmente, lo que se pretende dilucidar es si el recurrente cumpli\u00f3 con la carga argumentativa que se le impone, no obstante, lo hubiese hecho, como ya se indic\u00f3, de manera anticipada al t\u00e9rmino reglado en el referido precepto. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala, mayoritariamente, ha indicado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) a pesar de que las condiciones de tiempo y modo establecidas en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 se muestran estimables frente a libertad de configuraci\u00f3n del legislador, a la hora de observar la tem\u00e1tica en el plano supralegal y en relaci\u00f3n con los casos concretos, no es admisible la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica e irreflexiva de la sanci\u00f3n que contempla la norma en el caso de que se sustente por escrito de forma prematura, esto es, antes de que inicie el conteo de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite el recurso o niega la pr\u00e1ctica de pruebas; pues, esa tarea debe estar soportada en un an\u00e1lisis ponderado en aras de establecer si las particularidades del caso permiten concluir que la sustentaci\u00f3n anticipada era suficiente para la resoluci\u00f3n de la alzada, sin que lo adelantado en esa gesti\u00f3n conlleve a sancionar al litigante de forma tan dr\u00e1stica como es el cercenamiento de la segunda instancia. <\/p>\n
En efecto, en el panorama actual (escrito) la desatenci\u00f3n de la parte en relaci\u00f3n con el momento preliminar en que sustenta su inconformidad no muestra implicaciones mayores que justifiquen la abstenci\u00f3n del ad- quem de decidir de fondo, ya que, como la misiva contentiva de dicha sustentaci\u00f3n ya est\u00e1 al alcance del juez, resulta excesivo aplicar sin detenimiento la deserci\u00f3n\u00bb (Negrilla a prop\u00f3sito). (STC5790-2021; rad. n\u00ba 2021-00975-00, de 24 de mayo de 2021). <\/p>\n
Significa, lo anterior, que aunque se discrepe de la pretemporaneidad en la sustentaci\u00f3n del recurso, es decir, que se allegue previo a la oportunidad que se\u00f1ala el canon 14 del citado decreto, no se puede desconocer que ese escrito cumple con la carga de sustentar la apelaci\u00f3n, por lo tanto, resulta improcedente que se imponga como sanci\u00f3n la deserci\u00f3n del mismo, lo cual, ineludiblemente, conduce a la p\u00e9rdida del derecho constitucional a impugnar la decisi\u00f3n que concluy\u00f3 la primera instancia. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n, en un caso similar precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[a]hora, no es que la Corte se est\u00e9 contradiciendo con las pautas que traz\u00f3 en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso en virtud de la carga del recurrente de sustentar ante el superior y en audiencia, pues all\u00e1, en el contexto de la oralidad y de la prohibici\u00f3n de sustituir las intervenciones orales por escrito, no luc\u00eda desmesurado sancionar al recurrente con la deserci\u00f3n del recurso, puesto que al no existir otro momento en el que el censor pod\u00eda proponer sus argumentos de inconformidad verbalmente, el no asistir a la vista p\u00fablica destinada para el efecto conllevaba la no sustentaci\u00f3n del acto de impugnaci\u00f3n; pero, en estos tiempos, en el panorama de la escritura, cuando la formalidad a la que est\u00e1 ligada el ejercicio del derecho fundamental a la doble instancia y de impugnaci\u00f3n ha cumplido su finalidad, pese a su cumplimiento imperfecto por parte del recurrente, la imposici\u00f3n de esa consecuencia parece desproporcionada. <\/p>\n
En suma, el recurso de apelaci\u00f3n de sentencias, en vigencia del Decreto 806 de 2020, deber\u00e1 sustentarse ante el superior por escrito y dentro del t\u00e9rmino de traslado indicado en el art\u00edculo 14 de esa norma. Toda sustentaci\u00f3n posterior a ese lapso o la omisi\u00f3n del acto procesal desemboca, sin duda, en la deserci\u00f3n de la opugnaci\u00f3n. Sin embargo, no ocurre lo mismo respecto de aquellas que se realicen con anterioridad a ese l\u00edmite temporal, comoquiera que, aun cuando resulta ser una actuaci\u00f3n inesperada y errada del censor, de todos modos se cumple con el acto procesal aludido y el juzgador de segundo grado, en \u00faltimas, ya conoce de los argumentos de inconformidad que le dan competencia para resolver, sin que ello implique ninguna afectaci\u00f3n a los derechos del no recurrente, pues el apelante no guard\u00f3 silencio, no super\u00f3 los t\u00e9rminos establecidos para el efecto, as\u00ed como \u00abno se causa dilaci\u00f3n en los tr\u00e1mites, ni se sorprende a la contraparte, ni se vulneran sus derechos, ni implica acortamiento de los t\u00e9rminos\u00bb. Lo contrario, provoca incurrir en un exceso ritual manifiesto en el asunto concreto\u00bb (STC5790-2021; rad. n\u00ba 2021-00975-00, de 24 de mayo de 2021). <\/p>\n
4. El caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n que la Sala realiza del asunto sometido a su escrutinio y con vista en la informaci\u00f3n sobre la actuaci\u00f3n procesal que se encuentra adosada al expediente, se establece que el fallo de primera instancia habr\u00e1 de ser confirmado, comoquiera que el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn, al interior del juicio n\u00b0 2015-00436-04-01 ha incurrido en un exceso ritual manifiesto susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional senda. <\/p>\n
En efecto, la autoridad convocada declar\u00f3 la deserci\u00f3n de la apelaci\u00f3n que formularon \u00c1lvaro Eduardo y Andr\u00e9s Felipe Arenas Villegas, desconociendo que los interesados hab\u00edan cumplido con la carga de sustentar el recurso con anterioridad a los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n, el 26 de mayo de 2021, lo cual trunc\u00f3 su derecho a la doble instancia. <\/p>\n
N\u00f3tese, que mediante escrito allegado ante el juez a quo, el 17 de febrero de 2021, los demandantes reprocharon el fallo proferido por el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Medell\u00edn, el 12 de mayo de esta anualidad, cuestionando, en s\u00edntesis, la valoraci\u00f3n probatoria desplegada en esa instancia, raz\u00f3n por la cual, se impone conceder el resguardo a fin de que la autoridad acusada proceda a dar tr\u00e1mite al recurso propuesto por los aqu\u00ed accionantes, pues en el referido escrito reposan los motivos de inconformidad de los recurrentes frente al fallo impugnado. <\/p>\n
El yerro en cuesti\u00f3n \u2013y con ello la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia por ver frustrada la segunda instancia\u2013 se configura cuando el juez \u00ab(i) aplica disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-031\/16), tambi\u00e9n, cuando \u00abpor un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (CC T-234\/17). <\/p>\n
Cabe recordar que este defecto de procedibilidad est\u00e1 \u00edntimamente ligado a lo previsto en el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, referido a la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del principio de prevalencia del derecho sustancial, que establece que \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, aunado a que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar el fallo impugnado para que el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn desate la apelaci\u00f3n propuesta por \u00c1lvaro Eduardo y Andr\u00e9s Felipe Arenas Villegas en virtud del proceso n\u00ba 2015-00436-04, lo anterior, teniendo como sustentaci\u00f3n del recurso, el memorial allegado al proceso el 17 de febrero de 2021. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-03-000-2021-00561-01 <\/p>\n
Con el acostumbrado respeto por las mayor\u00edas, a continuaci\u00f3n, expreso los motivos de mi discrepancia con la soluci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
La Sala mayoritaria confirm\u00f3 el fallo proferido el 17 de noviembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, que concedi\u00f3 el amparo tutelar reclamado por \u00c1lvaro Eduardo y Andr\u00e9s Felipe Arenas Villegas contra el Juzgado Octavo Civil del Circuito de esa ciudad, dispuso dejar sin efecto el auto de 9 de julio de 2021 que declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n de la sentencia y le orden\u00f3 al estrado accionado \u00ab(\u2026) resolver nuevamente el recurso de reposici\u00f3n (sic) propuesto por los aqu\u00ed accionantes, a trav\u00e9s de apoderado judicial, contra la sentencia de primer grado\u00bb. Ello, con ocasi\u00f3n del proceso de restituci\u00f3n de inmueble que los precursores promovieron contra Enrique Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez y Mar\u00eda del Pilar Rodr\u00edguez Acosta (rad. 2015-00436). <\/p>\n
Criterio que, aplicado al caso concreto, la llev\u00f3 a concluir que, \u00abDe la revisi\u00f3n que la Sala realiza del asunto sometido a su escrutinio y con vista en la informaci\u00f3n sobre la actuaci\u00f3n procesal que se encuentra adosada al expediente, se establece que el fallo de primera instancia habr\u00e1 de ser confirmado, comoquiera que el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn, al interior del juicio n\u00b0 2015-00436-04-01 ha incurrido en un exceso ritual manifiesto susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional senda (\u2026) En efecto, la autoridad convocada declar\u00f3 la deserci\u00f3n de la apelaci\u00f3n que formularon \u00c1lvaro Eduardo y Andr\u00e9s Felipe Arenas Villegas, desconociendo que los interesados hab\u00edan cumplido con la carga de sustentar el recurso con anterioridad a los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n, el 26 de mayo de 2021, lo cual trunc\u00f3 su derecho a la doble instancia (\u2026) N\u00f3tese, que mediante escrito allegado ante el juez a quo, el 17 de febrero de 2021, los demandantes reprocharon el fallo proferido por el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Medell\u00edn, el 12 de mayo de esta anualidad, cuestionando, en s\u00edntesis, la valoraci\u00f3n probatoria desplegada en esa instancia, raz\u00f3n por la cual, se impone conceder el resguardo a fin de que la autoridad acusada proceda a dar tr\u00e1mite al recurso propuesto por los aqu\u00ed accionantes, pues en el referido escrito reposan los motivos de inconformidad de los recurrentes frente al fallo impugnado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
No comparto la decisi\u00f3n, principalmente, porque la protecci\u00f3n no deb\u00eda ser concedida en tanto creo que el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn no incurri\u00f3 en excesivo ritual manifiesto que vulnerara los derechos fundamentales de los tutelantes. Son mis razones las siguientes: <\/p>\n
1.- Conforme con los arts. 322 y 327 del CGP, la tramitaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n contra providencias judiciales comprende dos momentos que deben ser desarrollados en etapas bien definidas: Uno ante el juez de primera instancia – interposici\u00f3n y reparos – y, otro ante el de segunda – admisi\u00f3n, sustentaci\u00f3n y decisi\u00f3n -. <\/p>\n
Sobre el primero, el Decreto 806 de 2020 en su art\u00edculo 14 no estableci\u00f3 modificaci\u00f3n alguna mientras que para el siguiente s\u00ed, respecto de la sustentaci\u00f3n, la que en sentido estricto solo comporta la forma de hacer conocer al juez de segunda instancia los argumentos que soportan los \u201creparos\u201d expresados ante el a quo, ya no oralmente en audiencia sino por escrito, pero en todo caso, una vez \u201cejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n\u201d, competencia adscrita al ad quem y no al a quo. <\/p>\n
En otras palabras, tales modificaciones privilegiaron lo escrito sobre lo oral en la segunda instancia, cuya finalidad no es otra que \u00abevitar el desplazamiento de los usuarios y funcionarios de la administraci\u00f3n de justicia a los despachos judiciales y notar\u00edas y, de esta forma, proteger su salud\u00bb, tambi\u00e9n permiten afirmar que la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la resoluci\u00f3n apelada y, las consecuencias de su desatenci\u00f3n adem\u00e1s que no han variado, no se extendieron a la obligaci\u00f3n misma de \u00absustentar la apelaci\u00f3n\u00bb ante el juez competente, que lo es el ad quem, sino que, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Tampoco exoner\u00f3 del deber de \u00absustentar\u00bb dentro del t\u00e9rmino all\u00ed previsto, esto es, a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite la alzada, que de no atenderlo acarrea la declaratoria de deserci\u00f3n y, por ende, por su propia omisi\u00f3n, la imposibilidad de acceder a la segunda instancia lo que aleja irreflexividad en la interpretaci\u00f3n, o exceso manifiesto en el rito o, desproporcionalidad en la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Por el contrario, pone de presente el acatamiento de la forma prevista, tambi\u00e9n integradora del derecho fundamental al debido proceso, el cual debe ser aplicado por todos los sujetos procesales, a \u201ctodas las actuaciones\u201d del proceso en coherencia con el precepto conforme al cual este \u201cdebe adelantarse en la forma establecida en la ley\u201d\u2013arts. 29 CN; 7, 13 y 14 Ley 1564 de 2012-; y, hace visible el principio de preclusi\u00f3n, \u201cfundamental del derecho procesal en cuyo desarrollo se establecen las diferentes etapas que han de cumplirse en los diferentes procesos, asi como la oportunidad en que en cada una de ellas deben llevarse a cabo los actos procesales que le son propios, transcurrida la cual no pueden adelantarse\u201d(Corte Constitucional A 232-2001). Subrayado fuera de texto. <\/p>\n
2.- Con independencia de la extensi\u00f3n de los reparos \u2013 breves o extensos \u2013 no puede equipararse la expresi\u00f3n de las inconformidades \u2013 discrepancia o con qu\u00e9 no est\u00e1 de acuerdo – con los argumentos que las soportan \u2013 por qu\u00e9 discrepa o no est\u00e1 de acuerdo -. Aquellas se expresan ante el a quo y \u00e9stos ante el ad quem. As\u00ed lo dispone el legislador ahora de manera clara \u2013 art. 14 D. 806 de 2020-, se consider\u00f3 constitucional antes \u2013 SU 418 de 2019 \u2013, previ\u00f3 el legislador antes de la ley 1564 de 2012 \u2013 art. 360 C.P.C \u2013 y, esta Corporaci\u00f3n con fundamento en esta norma, estim\u00f3 como el momento para fundamentar la alzada \u2013 v. gr. SC 4855 de 2014, STL 2791 de 2021 y STL 9267-2021-. <\/p>\n
3.- Tampoco se trata de cumplimiento anticipado de la carga de sustentaci\u00f3n si atendemos que el legislador previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. Por lo tanto, podr\u00eda aceptarse que se anticipa cuando el acto se realiza ante el juez competente antes del momento previsto legalmente para su realizaci\u00f3n, esto es, durante el tr\u00e1mite de segunda instancia, pero no, cuando se realiza en primera instancia. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n: Estoy convencida que el amparo solicitado no debi\u00f3 ser concedido en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, corresponde a la desatenci\u00f3n por los recurrentes de la carga de sustentaci\u00f3n ante el juez competente y, en la oportunidad se\u00f1alada por el legislador. <\/p>\n
Con el debido respeto, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
9 <\/p>\n
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