STC16747-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16747-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01988-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 7 de octubre de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00c1ngel Eulises Cely Barreto contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta y el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Descongesti\u00f3n de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2008-00084. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y \u00abprincipio de favorabilidad\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Se extrae de la demanda y anexos que, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Descongesti\u00f3n C\u00facuta, en decisi\u00f3n del 5 de noviembre de 2010, impuso al ac\u00e1 accionante la pena de 40 a\u00f1os de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abhomicidio agravado en concierto heterog\u00e9neo porte o tenencia de armas de fuego con concierto para la conformaci\u00f3n de grupos armados al margen de la ley y constre\u00f1imiento ilegal\u00bb, condena ratificada por el Tribunal Superior de ese Distrito Judicial mediante fallo del 7 de diciembre de 2011. <\/p>\n
Aunque su defensor manifest\u00f3 interponer el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la providencia del ad quem, no alleg\u00f3 la sustentaci\u00f3n de la demanda correspondiente, por lo que el tribunal con auto del 29 de marzo de 2012 lo declar\u00f3 desierto. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 las decisiones que lo condenaron, las que califica de \u00abinjustas\u00bb, pues asever\u00f3 que la fiscal\u00eda no aport\u00f3 las pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad, sobre todo respecto del punible de tenencia de arma de fuego y que no logr\u00f3 comprobar su pertenencia a un \u00abgrupo paramilitar\u00bb; adujo tambi\u00e9n que la sentencia de primer grado, \u00abcambi\u00f3 el tiempo, modo y lugar de los hechos\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, aleg\u00f3 que fue condenado por el homicidio de una segunda persona, que le signific\u00f3 un monto adicional de 15 a\u00f1os de sanci\u00f3n, \u00abpese a que no existi\u00f3 ni denuncia ni evidencias sobre aqu\u00e9l hecho\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, manifest\u00f3 que en la instrucci\u00f3n n\u00ba 59596 radicado \u00ab326\/07\u00bb fue investigado por los mismos hechos, siendo absuelto por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado Adjunto de C\u00facuta, el 4 de noviembre de 2010. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide que se revoque la sentencia que increment\u00f3 su pena en 15 a\u00f1os de prisi\u00f3n, por la que \u00abinjustamente fue condenado sin ninguna denuncia en mi contra\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta por intermedio de uno de sus magistrados, sin pronunciarse frente a las pretensiones del actor, se\u00f1al\u00f3 que, en efecto, esa corporaci\u00f3n conoci\u00f3 del recurso de apelaci\u00f3n que interpuso la defensa de Cely Barreto contra la sentencia de primera instancia que lo conden\u00f3, la cual decidi\u00f3 confirmar mediante fallo del 7 de diciembre de 2011. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de esa ciudad inform\u00f3 que, recibi\u00f3 la carga del mencionado Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Descongesti\u00f3n y que respecto del actor registran dos procesos, el radicado 2007-00326 que culmin\u00f3 con sentencia absolutoria y el 2008-00084 el que es ahora objeto de reproche, donde se profiri\u00f3 condena el 5 de noviembre de 2010. Sostuvo que en esa actuaci\u00f3n se respetaron todas las garant\u00edas procesales y no existi\u00f3 v\u00eda de hecho. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda al advertir que desatiende los par\u00e1metros de subsidiariedad e inmediatez; el primero porque, \u00ab(\u2026) contra la sentencia que se ataca v\u00eda tutela, el accionante debi\u00f3 emplear de forma efectiva los mecanismos extra ordinarios de defensa judicial que el procedimiento penal le habilitaba, particularmente, el de casaci\u00f3n. Instrumento a trav\u00e9s del cual, ten\u00eda la posibilidad de exponer sus alegaciones y as\u00ed propiciar un pronunciamiento al interior del cauce natural del diligenciamiento (\u2026)\u00bb; y, respecto del segundo requisito, \u00ab(\u2026) comoquiera que la \u00faltima decisi\u00f3n registrada en el proceso penal que se adelant\u00f3 en su contra fue emitida el 29 de marzo de 2012 \u2013 por medio de la cual declar\u00f3 desierto el recurso de casaci\u00f3n \u2013 y la demanda de tutela interpuesta antes del 17 de septiembre de 2021\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El quejoso manifest\u00f3 impugnar el fallo de primera instancia sin presentar argumentaci\u00f3n adicional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente y si se cumple con el requisito de la subsidiariedad; de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas por el querellante con las sentencias de 5 de noviembre de 2010 y 7 de diciembre de 2011, de primera y segunda instancia, respectivamente, mediante las cuales fue condenado a la pena de 40 a\u00f1os de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abhomicidio agravado en concierto heterog\u00e9neo porte o tenencia de armas de fuego con concierto para la conformaci\u00f3n de grupos armados al margen de la ley y constre\u00f1imiento ilegal\u00bb, incurriendo, supuestamente, en v\u00eda de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria, pues alega que \u00abno se demostr\u00f3 su culpabilidad en los hechos\u00bb. <\/p>\n
2. Requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La Corte ha se\u00f1alado que la tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos. <\/p>\n
En ese sentido, se ha destacado la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido en la tutela, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n en esta sede de naturaleza excepcional. Tambi\u00e9n ha insistido la Corte en que a falta de cualquiera de los aludidos presupuestos debe negarse la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
3. De la inmediatez. <\/p>\n
En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se advierte el incumplimiento del primero de los presupuestos atr\u00e1s referenciados, concretamente el de la oportunidad respecto del ataque dirigido contra las providencias que condenaron penalmente al aqu\u00ed quejoso. <\/p>\n
En efecto, la sentencia proferida por el tribunal accionado en segunda instancia data del 7 de diciembre de 2011, mientras que la interposici\u00f3n de la presente salvaguarda tuvo lugar el 17 de septiembre de 2021 revel\u00e1ndose suficientemente tard\u00edo el ejercicio de la acci\u00f3n constitucional; e incluso, aun partiendo de la \u00faltima determinaci\u00f3n que se emiti\u00f3 en la actuaci\u00f3n, esto es, el auto del 29 de marzo de 2012 que declar\u00f3 desierto el recurso de casaci\u00f3n, igualmente el plazo que la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n considera prudente y razonable para acudir al amparo, se supera con amplitud. <\/p>\n
Frente a la tempestividad en la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada entre muchas en STC5268-2016, 28 ab. rad. 2016-00048-01). <\/p>\n
Adicionalmente, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que la verificaci\u00f3n de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s y examinarse con mayor rigor cuando la censura constitucional se dirige contra decisiones judiciales. <\/p>\n
De otra parte, tampoco se demostr\u00f3 en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al se\u00f1alado principio, pues, si bien es cierto puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, dichas circunstancias no fueron acreditadas. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Entonces, bajo ese contexto, no observa la Sala la concurrencia de alguno de los eximentes del presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
4. De la incuria. <\/p>\n
Como raz\u00f3n adicional del fracaso del auxilio, especial menci\u00f3n debe efectuarse al descuido que se advierte del gestor y su defensor relativo al agotamiento del recurso de casaci\u00f3n, que bien pudo formular contra la sentencia del ad quem, mecanismo id\u00f3neo con que contaba para alegar ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n las irregularidades que se\u00f1ala respecto de la valoraci\u00f3n probatoria y en concreto, de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos por los cuales fue condenado. <\/p>\n
Seg\u00fan se verific\u00f3, la sentencia de segundo grado adquiri\u00f3 ejecutoria porque, pese a que la defensa del procesado manifest\u00f3 interponer el remedio extraordinario, no present\u00f3 la respectiva demanda de sustentaci\u00f3n dentro del t\u00e9rmino legal, lo que dio paso a la declaratoria de deserci\u00f3n del recurso por parte de la colegiatura tutelada. <\/p>\n
As\u00ed entonces, en ese sentido esta Corte ha sostenido que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.) <\/p>\n
Igualmente ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala. <\/p>\n
De manera que, ante el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que exist\u00edan al interior del juicio penal no puede esta justicia excepcional erigirse como remedio \u00faltimo para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los recursos o los medios de defensa judiciales legalmente establecidos, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
En definitiva, el car\u00e1cter intempestivo de la s\u00faplica y el desperdicio de los medios de defensa legalmente previstos por el ordenamiento, requisitos generales de la protecci\u00f3n rogada, son criterios suficientes que conducen indefectiblemente a ratificar su improcedencia, por lo cual, no hace falta an\u00e1lisis en relaci\u00f3n con otras tem\u00e1ticas, sin duda condicionadas a la superaci\u00f3n de estos presupuestos. <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
5.1. Se confirma la improcedencia del auxilio porque, el afectado debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n criticada, sin que se advierta una raz\u00f3n que justifique dicha tardanza. <\/p>\n
5.2. Adicionalmente, el tutelante actu\u00f3 con incuria porque no recurri\u00f3 por v\u00eda de casaci\u00f3n la providencia que en segunda instancia confirm\u00f3 la condena, desaprovechando la posibilidad de plantear las alegaciones que por este mecanismo propone ante el \u00f3rgano de cierre de la justicia penal. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Remitido a esta Sala para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 26 de noviembre de 2021. <\/p>\n
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