STC16748-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16748-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2021-00205-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del siete de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales el pasado 17 de noviembre, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por el Municipio de Palestina contra el Juzgado Civil del Circuito de Chinchin\u00e1, extensiva a las partes e intervinientes en el juicio ejecutivo 2017-00067, la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado, la Gobernaci\u00f3n de Caldas, el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, Findeter, Coopmunicipios, la Defensor\u00eda del Pueblo, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica y la Personer\u00eda Municipal de Palestina. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El ente territorial accionante, obrando por conducto de apoderado, acude al presente instrumento con el fin de reclamar la protecci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales \u00abal debido proceso, acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia\u2026 y los relacionados con la protecci\u00f3n constitucional al adulto mayor de los ciudadanos que habitan en el Centro de Bienestar del Anciano \u201cSan Cayetano\u201d de Palestina, Caldas\u00bb <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente, se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
2.1. En el lote de terreno distinguido con matr\u00edcula inmobiliaria 100-7079 y ubicado en la calle 8 n\u00b0 18-55 del municipio de Palestina, propiedad del Centro de Bienestar del Anciano \u00abSan Cayetano\u00bb, funciona el hogar geri\u00e1trico del mismo nombre, en el cual la alcald\u00eda de dicha municipalidad efectu\u00f3 mejoras con recursos entregados por el Findeter y ejecutados integralmente a trav\u00e9s de la Administradora P\u00fablica Cooperativa de Municipios. <\/p>\n
2.2. Ante el Juzgado Civil del Circuito de Chinchin\u00e1 se adelanta el proceso ejecutivo hipotecario 2017-00067, interpuesto por Gonzalo Albeiro Restrepo Ceballos contra el aludido Centro de Bienestar, dentro del cual se dispuso el embargo y el secuestro del bien relacionado en el p\u00e1rrafo anterior y, en firme la decisi\u00f3n de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, su venta en p\u00fablica subasta. <\/p>\n
2.4. El 7 de mayo de 2019, el municipio de Palestina se opuso a la celebraci\u00f3n del remate programado dentro del compulsivo, aduciendo la circunstancia esbozada en el numeral precedente, por lo que la actuaci\u00f3n se suspendi\u00f3 hasta el mes de septiembre aquel a\u00f1o, mes en el que el juzgado de conocimiento orden\u00f3 su reanudaci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. El 23 de abril de a\u00f1o en curso el ente territorial solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso ejecutivo aduciendo prejudicialidad con el asunto contencioso administrativo y present\u00f3 algunos reparos frente al aval\u00fao del bien a subastar. <\/p>\n
2.6. Con auto del pasado 8 de septiembre, la c\u00e9lula judicial cognoscente neg\u00f3 la solicitud de suspensi\u00f3n, decisi\u00f3n que mantuvo el 14 de octubre siguiente al resolver el recurso de reposici\u00f3n incoado por el ente municipal. <\/p>\n
3. Para el accionante se torna necesario disponer la suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite ejecutivo, hasta tanto no se resuelva el medio de control ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa dado que \u00abse busca evitar la transferencia de un bien de uso p\u00fablico a manos de particulares y garantizar los derechos fundamentales de la poblaci\u00f3n adulta mayor\u00bb, al tiempo que considera que el despacho de conocimiento \u00abdebe\u2026 ordenar la realizaci\u00f3n de un nuevo aval\u00fao sobre el bien inmueble\u2026 toda vez que este debe considerar \u00fanicamente el lote\u2026 y no la casa de habitaci\u00f3n que resulta ser una mejora de propiedad del municipio de Palestina\u2026\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, se\u00f1ala que la autoridad judicial \u00abinaplic\u00f3 la norma y la jurisprudencia atinente a las caracter\u00edsticas y atributos de los bienes fiscales [y] embarg\u00f3 una mejora que le pertenece al municipio de Palestina sin ser este el deudor dentro del proceso ejecutivo hipotecario, ni tampoco consider\u00f3 las consecuencias desastrosas que el remate\u2026 genera en la poblaci\u00f3n de especial protecci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
4. Estima, que las determinaciones por medio de las cuales se neg\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso y no se resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n carecen de una adecuada motivaci\u00f3n, desconocen el precedente jurisprudencial y violan directamente la constituci\u00f3n por lo que solicita remover sus efectos jur\u00eddicos y que se ordene al juzgado convocad \u00abemitir una nueva providencia en donde se acaten las consideraciones de la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb ordenando la suspensi\u00f3n del compulsivo hasta la culminaci\u00f3n del proceso de reparaci\u00f3n directa y que una vez reanudado, \u00abse rehaga la diligencia de secuestro del inmueble para que el municipio de Palestina pueda participar\u2026 decrete la pr\u00e1ctica de un nuevo aval\u00fao\u2026 en donde \u00fanicamente se tenga el cuenta el valor del lote de terreno y n la casa de habitaci\u00f3n\u2026 notifique en debida forma al municipio\u2026 de todas las actuaciones que se surtan en el curso del proceso ejecutivo\u2026\u00bb <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El titular del despacho convocado se opuso a la prosperidad del resguardo dado que el asunto objeto de escrutinio \u00abse ha tramitado siguiendo los tr\u00e1mites propios de los procesos ejecutivos para la efectividad de la garant\u00eda real, sin que se hayan violentado derechos constitucionales fundamentales de las partes\u00bb. <\/p>\n
2. Gonzalo Albeiro Restrepo Ceballos, vinculado al tr\u00e1mite dada su condici\u00f3n de ejecutante en el tr\u00e1mite ordinario, solicit\u00f3 desestimar la protecci\u00f3n pues aduce \u00abestar cobrando\u2026 un derecho leg\u00edtimo\u2026 siempre ha actuado de buena fe, sin culpa, exento de dolo\u00bb y se\u00f1ala ser ajeno a \u00ablos malos manejos de la administraci\u00f3n de los recursos\u2026 y tampoco se ha beneficiado de los mismos\u00bb adem\u00e1s de desconocer que la entidad territorial hubiere \u00abdonado\u00bb dineros para realizar construcciones en el inmueble sobre el que recae la hipoteca. <\/p>\n
3. El personero municipal de Palestina dijo que corresponde al juez constitucional verificar y establecer la naturaleza jur\u00eddica del inmueble que se pretende subastar, pues, si bien se dice que su titular es un particular, en el mismo se presta un servicio p\u00fablico cual es la atenci\u00f3n de la poblaci\u00f3n adulta mayor de aquella localidad, en condiciones de extrema vulnerabilidad. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, no se opuso a la solicitud de suspensi\u00f3n del proceso ejecutivo a fin de evitar un perjuicio irremediable que se consumar\u00eda con el traslado \u00abde los 48 abuelos residentes en el inmueble del CBA\u2026 en cuanto no se cuentan con otro tipo de bienes inmuebles para la reubicaci\u00f3n inmediata\u00bb. <\/p>\n
4. El Defensor Regional del Pueblo de Caldas solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de esa entidad; empero, manifest\u00f3 \u00abcoadyuvar las necesidades de las personas mayores que puedan resultar afectadas con las decisiones judiciales, exhortando par que, ante todo, se protejan y garanticen los derechos de las 48 personas que viven en el Centro de Bienestar San Cayetano\u00bb. <\/p>\n
5. El representante legal de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A. (Findeter) confirm\u00f3 que a trav\u00e9s del convenio interadministrativo de apoyo financiero n\u00famero 174 de 5 de abril de 2002 gir\u00f3 unos recursos al municipio de Palestina para el desarrollo del proyecto \u00abConstrucci\u00f3n del Centro de Bienestar del Anciano San Cayetano\u00bb el cual fue ejecutado \u00edntegramente por Coopmunicipios. <\/p>\n
6. Finalmente, un funcionario adscrito a la Procuradur\u00eda Regional de Caldas, el contralor delegado para el Sector Justicia, el contralor general de Caldas, la jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado y la directora territorial de Caldas del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi solicitaron la desvinculaci\u00f3n de las respectivas entidades, por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva en tanto que la presunta trasgresi\u00f3n del derecho fundamental se atribuye a una autoridad diferente. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal de Manizales declar\u00f3 improcedente la protecci\u00f3n solicitada por el municipio de Palestina contra el Juzgado Civil del Circuito de Chinchin\u00e1 en cuanto a la presunta trasgresi\u00f3n del derecho al debido proceso por no acceder a la suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite ejecutivo hipotecario, pues desatendi\u00f3 los presupuestos de la subsidiariedad por v\u00eda de incuria e inmediatez dado que contra los autos de 16 de mayo y 31 de julio de 2019 en que el despacho cognoscente resolvi\u00f3 inicialmente tal pedimento, la entidad accionante no interpuso recurso alguno, con lo que mostr\u00f3 su conformidad. <\/p>\n
Al margen de ello, resalt\u00f3 que \u00ablos argumentos expuestos en el prove\u00eddo atacado no pueden ser calificados de absurdos o arbitrarios, pues como soporte de su decisi\u00f3n el Funcionario Judicial censurado se bas\u00f3 en el canon 161 CGP, cuyos supuestos de hecho son taxativos en cuanto a la configuraci\u00f3n de la suspensi\u00f3n del proceso\u00bb resolviendo, adem\u00e1s, con apoyo de las pruebas decretadas oficiosamente a efectos de determinar la naturaleza jur\u00eddica del bien. <\/p>\n
Sin embargo; ampar\u00f3 las garant\u00edas fundamentales a la vida y vivienda digna de los adultos mayores habitantes del inmueble sobre el que recae el compulsivo, para lo cual orden\u00f3 a la alcald\u00eda municipal de Palestina proceder a la reubicaci\u00f3n del Centro de Bienestar del Anciano San Cayetano, con el acompa\u00f1amiento de la Procuradur\u00eda Regional de Caldas y la Personer\u00eda de dicha municipalidad. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Adem\u00e1s, manifest\u00f3 que la orden de reubicaci\u00f3n de los habitantes del inmueble \u00abvulnera irremediablemente el derecho fundamental al debido proceso del municipio\u2026 y del Centro de Bienestar del Anciano\u00bb dado que dicha medida no protege de ninguna forma los derechos de los adultos mayores sino que, por el contrario, afecta su derecho a una vivienda digna y limita la propiedad privada de las entidades involucradas en el asunto pues les \u00abimpide\u2026 participar en la diligencia de remate\u2026 a efectos de adquirirlo y garantizar la misma vivienda\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, por una parte, si el Juzgado Civil del Circuito de Chinchin\u00e1 lesion\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el municipio de Palestina, al no acceder a suspender el proceso ejecutivo hipotecario 2017-00067 y, por otra, si fue acertado que el Tribunal Superior de Manizales ordenara la reubicaci\u00f3n de los adultos mayores que habitan en el inmueble donde funciona el Centro de Bienestar \u00abSan Cayetano\u00bb. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir a esta herramienta supralegal para debatir la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Del caso concreto. Razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Efectuado el an\u00e1lisis pertinente a la queja constitucional y con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala establece que habr\u00e1 de confirmar el fallo de primer grado mediante el cual se deneg\u00f3 el resguardo, toda vez que la decisi\u00f3n adoptada por la colegiatura acusada no constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad que conlleve su revisi\u00f3n, sino que, por el contrario, obedece a un criterio jur\u00eddicamente fundamentado. <\/p>\n
En efecto, para que el juzgado cognoscente no accediera a la solicitud de suspensi\u00f3n del proceso, formulada en t\u00e9rminos similares a este resguardo, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Como fundamento de tal solicitud, se inform\u00f3 que el municipio de Palestina\u2026 adelanta un proceso de reparaci\u00f3n directa contra el Centro de Bienestar del Anciano San Cayetano, ante el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Manizales, contencioso radicado bajo el n\u00famero \u20262020-00276-00. <\/p>\n
Dicho medio de control pretende obtener la restituci\u00f3n del bien inmueble identificado con folio de matr\u00edcula\u2026 100-7079 y de manera subsidiaria, condenar al ancianato a pagar a favor del ente territorial, de manera indexada, las mejoras realizadas a dicho inmueble con recursos del presupuesto nacional\u2026 <\/p>\n
\u2026 se arguye que el aval\u00fao que actualmente obra sobre el bien\u2026 resulta desproporcionado pues este se calcula con el lote de terreno, pero tambi\u00e9n con la edificaci\u00f3n construida y de propiedad del municipio\u2026 <\/p>\n
(\u2026) Clarificado lo anterior, importa recordar que la suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad, seg\u00fan las voces del art. 161 del estatuto adjetivo general, s\u00f3lo procede cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial que verse sobre cuesti\u00f3n que sea imposible de ventilar en aquel como excepci\u00f3n o mediante demanda de reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
Significa lo expuesto\u2026 que en juicios ejecutivos hipotecarios\u2026 en el estadio procesal que nos encontramos no es procedente alegar prejudicialidad, pues nos encontramos ya en tr\u00e1mite posterior a la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, no habiendo sentencia alguna pendiente por dictar. A\u00fan si hipot\u00e9ticamente hablando se aceptare que debe dictarse decisi\u00f3n que ponga fin a la instancia, debe evocarse que la suspensi\u00f3n por prejudicialidad solo procede \u201cuna vez que el proceso que debe suspenderse se encuentre en estado de dictar sentencia de segunda o \u00fanica instancia\u201d (art. 162 del C.G.P.) <\/p>\n
Contra tal determinaci\u00f3n el apoderado del ente territorial interpuso recurso de reposici\u00f3n insistiendo en el alegato de que, si bien la titularidad del predio est\u00e1 en cabeza de un particular, la edificaci\u00f3n construida en \u00e9l pertenece al municipio, luego se trata de un bien fiscal que no puede ser objeto de medida cautelar y menos rematado, adem\u00e1s que all\u00ed se ejecuta una actividad de inter\u00e9s p\u00fablico como lo es la atenci\u00f3n a la poblaci\u00f3n adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad. <\/p>\n
Frente a dicha impugnaci\u00f3n, con auto del pasado 14 de octubre el juzgado de conocimiento indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) delanteramente, el despacho manifiesta que el recurso\u2026 no saldr\u00e1 avante puesto que los argumentos expuestos por el ente territorial interviniente no logran derruir lo expuesto\u2026 por la pot\u00edsima raz\u00f3n que [la solicitud de prejudicialidad] no cumple las exigencias de los arts. 161 y 162 del C.G.P., raz\u00f3n por la cual, pensar lo contrario, ser\u00eda revelarse contra la norma adjetiva que resulta di\u00e1fana en su aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
No puede sostenerse en modo alguno que si el Despacho contin\u00faa adelante con la diligencia de remate causar\u00e1 graves perjuicios a los adultos mayores del municipio de Palestina\u2026 puesto que lo \u00fanico que hace este judicial es tramitar con apego a la ley procesal el contencioso ejecutivo hipotecario\u2026 el cual se ha rituado en debida forma. <\/p>\n
No puede alegar pues el recurrente que no ha tenido la oportunidad de oponerse, pues bien pudo hacerlo en la diligencia de secuestro\u2026 y promover el incidente respectivo en la oportunidad procesal correspondiente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en la misma providencia, y en ejercicio de la facultad consagrada en el art\u00edculo 132 del Estatuto Procesal General efectu\u00f3 control de legalidad a la actuaci\u00f3n, concluyendo que \u00abno [se] encuentra ninguna anomal\u00eda que acarree nulidad o pronunciamiento alguno encaminado a sanear la actuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En tales condiciones, se ha dicho que mientras las providencias cuestionadas no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible conceder la tutela, pues la sola divergencia conceptual no es fuente de la demanda de amparo, porque, m\u00e1s all\u00e1 de que se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador, \u00ab(\u2026) ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada entre otras en STC2293-2018, 22 feb. 2018, rad. 2017-00427-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha sostenido que al juez del auxilio \u00ab(\u2026) le est\u00e1 vedado inmiscuirse en ese an\u00e1lisis tanto f\u00e1ctico como jur\u00eddico, para entrar a reexaminar sin reatos la prueba en que se bas\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada o sopesar los razonamientos esgrimidos, pues mal podr\u00eda interponerse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica). En estas condiciones, resulta palmario que el peticionario pretende, a trav\u00e9s de este mecanismo, revivir el debate propuesto en el referido asunto, desconociendo el car\u00e1cter residual y subsidiario de esta acci\u00f3n, as\u00ed como que la misma no est\u00e1 llamada a servir de soporte para retomar o promover discusiones definidas por el juez natural, conforme a unas reglas de tr\u00e1mite preestablecidas y de acuerdo con la asignaci\u00f3n legal de competencias\u00bb (CSJ STC9556-2014, 22 jul. 2014, rad. 01097-01, reiterada entre otras en STC6066-2018, 10 may. 2018, rad. 00102-01). <\/p>\n
As\u00ed, el hecho de que la querellante disienta de la postura que ataca, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional, pues no es suficiente una decisi\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que \u00e9sta se encuentre afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, es decir, que desborden el orden jur\u00eddico, situaci\u00f3n que no ocurre en el presente asunto. <\/p>\n
4. Consideraciones finales <\/p>\n
4.1. Ahora bien, frente a los insistentes alegatos, relativos al quebranto por parte del juzgado querellado del derecho al debido proceso, en su faceta de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, por (i) tener en consideraci\u00f3n un aval\u00fao \u00abdesproporcionado\u00bb del bien sobre el que recae la medida cautelar y (ii) por, supuestamente, no notificar en debida forma al ente territorial de la existencia del proceso, debe indicarse que se comparte lo considerado por el tribunal a quo en el sentido que tales objeciones han debido ser propuestas al interior de la actuaci\u00f3n en los diferentes estadios procesales previstos para tal efecto y no a trav\u00e9s de este instrumento constitucional pues no es una herramienta de protecci\u00f3n alternativa ni supletoria de los medios de defensa ordinarios y menos puede ser utilizado para rescatar oportunidades desperdiciadas por la incuria de la parte. <\/p>\n
4.2. Por \u00faltimo, estima la Corte que la corporaci\u00f3n de primer grado acert\u00f3 al haber ordenado al municipio de Palestina gestionar el traslado del Centro de Bienestar del Anciano \u00abSan Cayetano\u00bb y sus residentes a un inmueble donde se les contin\u00fae brindando la atenci\u00f3n integral que requieren. <\/p>\n
As\u00ed, las consideraciones esbozadas por el impugnante para atacar tal disposici\u00f3n no tienen la entidad suficiente para derruirla, pues adem\u00e1s de ser apreciaciones totalmente subjetivas, carecen de asidero probatorio y jur\u00eddico, dado que no acredit\u00f3 c\u00f3mo dicho movimiento afectar\u00eda las condiciones de vida y vivienda digna de las personas de la tercera edad beneficiarias del servicio, siendo que es obligaci\u00f3n del ente territorial brindarles asistencia con independencia del lugar donde habiten y, por otro lado, no es claro c\u00f3mo tal situaci\u00f3n afectar\u00eda la posibilidad del municipio de Palestina o del mismo hogar geri\u00e1trico de participar en la diligencia de remate, pues en nada influye el lugar donde funcione el establecimiento respecto de los derechos o facultades inherentes a las partes o intervinientes en el proceso ejecutivo. <\/p>\n
Empero, a juicio de la Sala deber\u00e1 modularse el ordinal quinto del fallo impugnado en el sentido que, el traslado de las personas que habitan el Centro de Bienestar del Anciano debe ser coordinado no solo con la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Personer\u00eda Municipal de Palestina, sino tambi\u00e9n con sus familiares, las entidades estatales responsables del bienestar de la poblaci\u00f3n vulnerable y aquellas empresas encargadas de prestar el servicio de salud. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
5.1. Se ratificar\u00e1 la sentencia objeto de revisi\u00f3n en tanto la decisi\u00f3n censurada no comporta desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, adem\u00e1s de que no es posible, a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, censurar la hermen\u00e9utica del funcionario cognoscente, comoquiera que no se trata de una instancia adicional o paralela a las establecidas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
5.2. Por otra parte, se modificar\u00e1 el ordinal quinto del fallo de primer grado en el sentido de que el municipio de Palestina deber\u00e1 coordinar el traslado de las personas residentes en el Centro de Bienestar del Anciano con la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Personer\u00eda Municipal de Palestina, pero tambi\u00e9n vincular a dicha gesti\u00f3n a los familiares de aquellos, las entidades estatales responsables del bienestar de la poblaci\u00f3n vulnerable y aquellas empresas encargadas de prestar el servicio de salud. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal quinto del fallo impugnado en el sentido de que municipio de Palestina deber\u00e1 coordinar el traslado de las personas residentes en el el Centro de Bienestar del Anciano con la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Personer\u00eda Municipal de Palestina, pero tambi\u00e9n vincular a dicha gesti\u00f3n a los familiares de aquellos, las entidades estatales responsables del bienestar de la poblaci\u00f3n vulnerable y aquellas empresas encargadas de prestar el servicio de salud. <\/p>\n
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo dem\u00e1s la sentencia confutada. <\/p>\n
TERCERO: A trav\u00e9s de la secretar\u00eda de la Sala, COMUNICAR por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la colegiatura a quo y, en oportunidad, remitir las diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC16748-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC16748-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2021-00205-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del siete de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60181","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60181","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60181"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60181\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60181"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60181"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60181"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}